De: Pompeyo García Rosillo(*)

Las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus que causa el COVID-19 deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos, así lo ha resuelto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Órgano de la Organización de los Estados Americanos creado en 1959), en su resolución 1/2020 adoptada apenas el pasado 10 de abril.

La CIDH ha recomendado entre otras cosas, que se adopten de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia, todas las medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de quienes se encuentren en sus jurisdicciones frente al riesgo que presenta esta pandemia, desde luego atendiendo a la mejor evidencia científica, en concordancia con el Reglamento Sanitario Internacional y las recomendaciones de las Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud en lo que fueren aplicables; además que los planes para la recuperación social y económica que adopten los Estados deben estar apegados al respeto irrestricto de los estándares interamericanos e internacionales en materia de derechos humanos.

En su trabajo, la Comisión Interamericana ha tomado en cuenta que América es la región más desigual del planeta, caracterizada por profundas brechas sociales en que la pobreza y la pobreza extrema constituyen un problema transversal a todos los Estados de la región; así como por la falta o precariedad en el acceso al agua potable y al saneamiento; la inseguridad alimentaria, las situaciones de contaminación ambiental y la falta de viviendas o de hábitat adecuado. Además de las altas tasas de informalidad laboral y de trabajo e ingresos precarios que afectan a un gran número de personas y que hacen aún más preocupante el impacto socioeconómico del COVID-19, lo que dificulta o de plano impide a millones de personas tomar medidas básicas de prevención contra la enfermedad, en especial cuando afecta a grupos en situación de especial vulnerabilidad.

También se destaca los altos índices de violencia generalizada, especialmente violencia por razones de género, de raza o etnia; así como la persistencia de flagelos tales como la corrupción y la impunidad. Hacen notar de igual manera que en esta región del mundo el ejercicio del derecho a la protesta social se da en un contexto de represión mediante el uso desproporcionado de la fuerza, así como de actos de violencia y vandalismo; graves crisis penitenciarias, la extensión del fenómeno de la migración y del desplazamiento forzado interno, de personas refugiadas y apátridas.

Por estas razones y sin perder de vista que existirán impactos sobre todos los derechos humanos frente a los diversos contextos que ocasiona esta pandemia, ha recomendado también a los Estados miembros guiar su actuación de conformidad con principios y obligaciones generales tales como: cumplir compromisos internacionales en materia de derechos humanos; garantizar que todo lo que determinen atendiendo las particulares necesidades de protección de las personas y todo lo que organicen debe ser asegurando jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

Diseño: Juan José Plascencia

Para el caso extremo y excepcional en donde se suspendan determinados derechos, no deben pasar por alto requisitos del derecho internacional como el de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad para que esas medidas no sean utilizadas de manera ilegal, abusiva y desproporcionada. Nada que viole derechos humanos ni afecte el sistema democrático de gobierno.

En relación a las personas privadas de libertad se recomienda:

¿Qué de todo esto ha observado el Gobierno del Estado?

* Pompeyo García Rosillo es licenciado en Derecho y Notario Público por la Universidad de Guanajuato, con maestría en Ciencias Jurídico Penales. Diplomado en Derecho Procesal Civil y Mercantil por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho. Entre sus cargos públicos ha estado el de secretario del Ayuntamiento de Acámbaro y asesor en el Congreso de Guanajuato.