El 10 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho público un pronunciamiento en el que señala cuáles son los riesgos a los derechos humanos en el contexto de la pandemia del coronavirus y recomienda que los Estados deben divulgar de manera proactiva información relacionada con la propagación del COVID-19, incluyendo el número de casos, su distribución geográfica, cifras de mortandad y recuperación, así como las políticas del gobierno y los esfuerzos de la respuesta.

Es decir, hace énfasis en como la libertad de expresión se encuentra amenazada si los gobiernos no toman las decisiones adecuadas para manejar la información. Lo mismo señala Article 19 en su documento “Mentiras virales: la desinformación y el coronavirus”, en el que indica que una buena práctica es el libre flujo de información que atienda las necesidades informativas de la población.

En Guanajuato ello no sucede, ya que la estrategia de comunicación sobre la pandemia se estableció sobre una estructura preexistente de control informativo a través de la publicidad oficial y una política de comunicación del gobierno del estado con prácticas de bloqueo a medios críticos. Ello aunado a las 18 agresiones a periodistas en el estado que Article 19 documentó durante 2019 en las que son funcionarias y funcionarios del sector público quienes atacan periodistas, limitando su trabajo.

En este contexto, más de 40 periodistas y personas defensoras de derechos humanos han entregado una carta al Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en la que, retomando el ejemplo de Sinaloa, exigen se realicen ruedas de prensa diarias, que sean públicas para garantizar el derecho a la información de la sociedad y que se establezcan criterios homologados para informar. Hay que señalar que periodistas de Sinaloa plantearon una iniciativa similar y el Gobernador ha accedido, lo que implica reconocer la necesidad de ir más allá de actualizar cifras en un portal, sino atender las dudas e inquietudes que directamente las y los periodistas en Guanajuato quieren plantear.

Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la democratización del estado, y en este caso, en el acceso a la información sobre el avance de la pandemia en la entidad. La CIDH ha señalado a la letra que los Estados “deben incluir compromisos de transparencia y divulgación de información”.

Seleccionar preguntas “cómodas”, distribuir discrecionalmente información o sencillamente bloquear a medios críticos puede configurar como censura previa, así que el Gobierno de Guanajuato debe acceder a la petición del Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato y de 40 adherentes a la petición.

El “mándame las preguntas antes”, “Primero TV4 porque es el canal oficial” y negar o retrasar visitas a hospitales públicos son parte de las malas prácticas que el Gobierno del Estado está obligado a corregir.