Del 27 al 31 de mayo se conmemora desde hace más de 40 años la “Semana Internacional del Detenido Desaparecido” para exigir justicia por las víctimas de estos dos crímenes que tienen un fuerte componente de violencia de Estado. El Comité Cerezo desde hace 10 años organiza la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, como una exigencia de miles de familiares víctimas que demandan un alto a las desapariciones forzadas, que constituyen un crimen de lesa humanidad.

En Guanajuato se presenta como una oportunidad para ubicar las desapariciones de personas en un contexto histórico más amplio y para diferenciar las desapariciones en las que participa una autoridad de manera activa, de aquellas cometidas por particulares en las que existe una omisión institucional. Además, para ubicar las omisiones de las diferentes autoridades en el proceso de investigación penal y de atención a víctimas.

Ya en otros espacios, he referido desde hace años el caso de Juan Flores Solorio, un penjamense desaparecido por fuerzas militares en 2015 como uno de los casos paradigmáticos señalados en informes de organizaciones internacionales, como WOLA. Y es que en 2016 la Jueza Karla Macías Lovera del Juzgado 9.º de Distrito emitió una sentencia donde estima que en el caso de Juan Flores existió una violación grave a derechos humanos derivada de su desaparición forzada por miembros del Ejército mexicano y señala que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ahora FGR y las autoridades estatales inobservaron la obligación de investigar de manera efectiva y pronta dicha desaparición. En este caso se evidencian las violaciones múltiples y cómo en la cadena de eventos participan diferentes autoridades, a saber, federales, municipales y estatales, en ese orden.

¿Qué pasó con el señor Juan Flores Solorio?

Según la descripción del Poder Judicial de la Federación, el 25 de noviembre de 2015 un grupo de soldados del 8.º Regimiento Militar Blindado de Reconocimiento en Irapuato, adscrito a la base de operaciones de Pénjamo ingresó al domicilio de Juan Flores sin que existiera orden de cateo o delito flagrante. Dos horas después lo presentaron a la Dirección de Seguridad Pública de Pénjamo por cometer faltas administrativas consistentes en insultar a los militares.

Al terminar su detención seis horas después, Jesús es detenido por un grupo de militares bajo la instrucción de un Teniente de Arma Blindada. Hasta la fecha se desconoce el paradero y se reconoce como víctima de desaparición forzada cometida por militares.

Foto: especial

Lo relevante del caso es que en la sentencia de 2016 la Jueza Karla Macías concedió el amparo y protección de la justicia federal a fin de que las autoridades responsables investiguen de manera seria y exhaustiva la desaparición del quejoso y se permita su búsqueda en las instalaciones del ejército mexicano, y se deslinden responsabilidades en el ámbito penal.

Al ser una violación a derechos humanos de carácter continuado, no se considerará cumplido el amparo hasta que se localice al quejoso con vida o se encuentren sus restos mortales. Lo cual hasta la fecha no ha sucedido.

¿Qué ha pasado con el caso?

Según la Ley General de Víctimas, (y ahora también en Guanajuato) se considera víctima indirecta a la esposa del señor Juan Solorio. Debido al amparo y al seguimiento realizado, se le incluyó en el Registro Nacional de Víctimas, pero los apoyos económicos a los que la familia tiene derecho han sido constantemente incumplidos, con lo que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) viola el derecho a la atención integral y a la asistencia a los familiares.

Todavía en los meses recientes la Fiscalía General de Justicia del Estado ha presentado informes sobre las actuaciones que ha realizado para ayudar a la eventual identificación de algún cuerpo que corresponda al cadáver de Juan Flores Solorio, sin resultado alguno. En diciembre de 2019 la Fiscalía señaló contar con 83 cuerpos sin identificar.

Como en otros casos de carácter federal, la colaboración de las autoridades estatales es importante para la búsqueda y la identificación de las personas desaparecidas.

En conclusión, en la Semana del detenido–desaparecido queda mucho por reflexionar los casos históricos que se han dado en la entidad (o fuera de ella, pero donde existen guanajuatenses involucrados), tales como el de los cazadores desaparecidos en Zacatecas y los migrantes de San Luis de la Paz; también queda pendiente profundizar en la cadena de responsabilidades entre los tres poderes de Gobierno en las desapariciones y la manera en la que las desapariciones forzadas cometidas por el Estado coexisten con las cometidas por particulares.

Y, ¿dónde está Juan Flores Solorio?