Escribí indolente, pero pude haber escrito represor, cómplice o encubridor. Me refiero específicamente a que en dos ocasiones el Fiscal General ha ignorado las convocatorias que la Secretaría de Gobierno y la propia oficina del Gobernador han hecho para reunirse con familiares de personas desaparecidas en la entidad. La indolencia humana implica que no se conmueve con el dolor ajeno y en este caso, el dolor se administra políticamente a conveniencia de su imagen y su proyecto político.

“El Fiscal se disculpa porque por cuestión de agenda no pudo estar con ustedes”, señaló una de las Fiscales especializadas asistentes a la reunión. La primera reunión en la que después de trabajo previo se pudo firmar un compromiso por escrito con el Secretario de Gobierno. Sencillamente al Fiscal no le interesa establecer políticas públicas para la investigación, la búsqueda y la identificación de las personas desaparecidas.

En octubre de 2019 las mismas personeras del Fiscal General fueron al Congreso de Guanajuato a decir con total cinismo, la mentira de que sólo tenían 11 carpetas de personas desaparecidas, debido a que, incumpliendo Leyes generales, clasificaba los casos como personas no localizadas. Mentiras que después de meses son insostenibles. El mismo camino tendrán las fosas, no puede seguir negando que existen y debe cumplir el Protocolo Homologado recientemente creado que establece definiciones obligatorias para la Fiscalía General en esta materia.

El necropoder y la necropolítica describen los mecanismos en los que se establece y se mantiene un control sobre quién puede vivir y quién debe morir. El necropoder de la Fiscalía implica decirle a una víctima indirecta que los restos de su esposo no están en el servicio forense y a los dos días entregárselo en otro municipio; o el Agente de Investigación Criminal que le muestra fotos de su celular a la mamá de un desaparecido, que identifica su cuerpo horas después, también en otro municipio.

El artículo 95 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato define a la Fiscalía como un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonios propios. Pues parece que este Fiscal es autónomo hasta del Gobernador que lo impuso; ni el propio Secretario de Gobierno puede sentarlo en una reunión para establecer los mínimos de una política pública en el contexto de la desaparición.

Los acuerdos escritos que implican la elaboración del Reglamento y la elaboración del Programa, así como la atención a víctimas corresponden a Secretaría de Gobierno; en cambio a la Fiscalía General le corresponde el trabajo ministerial, incluidos los planes de búsqueda y la acción forense, es decir, los aspectos básicos de la investigación, la identificación y la búsqueda de más de 2 mil 400 personas desaparecidas. Ahora nos enteramos que “es probable” que el Centro de Identificación Forense presentado en febrero esté en operación hasta el mes de diciembre, una vez más, se presentan resultados con una intencionalidad política y los resultados se dejan para después.

Más allá de la negativa para presentarse a las reuniones con las familias de personas desaparecidas a las que le convoca el Ejecutivo, lo que se muestra es la indolencia humana del Fiscal General y la falta de voluntad institucional para actuar apegado a estándares de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

Necropoder en lugar de políticas públicas, y ello es responsabilidad de Diego por haberlo impuesto.

Ilustración: Pinche Einnar