Por Raymundo Sandoval

El 09 de noviembre el periodista Israel Vázquez recibió cerca de 10 impactos de bala cuando cubría un reporte sobre el abandono de restos humanos en la vía pública en el municipio de Salamanca. Los hechos sucedieron en la madrugada de ese fatídico lunes; después de la agresión, Israel estuvo cerca de 30 minutos en la cinta asfáltica sin atención médica, según la alerta emitida por la organización internacional ARTICLE 19.

No es la primera ocasión en la que se presume que la labor periodística está relacionada como móvil de un asesinato. Así Gerardo Nieto (Cortazar, 2015), Rodolfo García (Valle de Santiago, 2018) y Elihú Ojeda (Guanajuato, 2020) son periodistas que también han sido asesinado en la entidad, en los dos primeros casos la Fiscalía General de Justicia y el Gobierno de Guanajuato (FGJEG) hicieron una labor política para deslindar su trabajo periodístico como móvil de los asesinatos, incluso un grupo de periodistas con una perspectiva restrictiva señaló que Rodolfo no era periodista. En el caso de Elihú, integrante del área de comunicación social de la Fiscalía de Justicia, si bien no trabajaba en un medio de comunicación, sí impactó duramente al gremio.

El Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato propuso un Comunicado que fue firmado por 30 medios de comunicación y más de 120 periodistas en un par de días. En éste se establece que el asesinato de Israel es responsabilidad de los tres niveles de Gobierno.

¿Quién deja un cuerpo desmembrado en plena vía pública?, se preguntan las y los periodistas en el Comunicado, de hecho, interpelaron al Fiscal General lanzándole la misma interrogante. Él contestó que sí, que efectivamente esa era una línea de investigación. No dio más información sobre el móvil del crimen, pero aseguró que está analizando su práctica periodística.

Clausura simbólica de la Fiscalía General de Guanajuato. Fotos: Juan José Plascencia.

Más de 50 periodistas se reunieron también con el Secretario de Gobierno, quien se comprometió a tener una reunión con el Gobernador la semana del 16 de noviembre. Al Secretario se le señalaron las omisiones durante los años de su administración: presupuesto insuficiente y poca estructura del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas han sido la regla del Gobierno de Diego Sinhue. Verónica Espinosa hizo una autocrítica como integrante y señaló que el Consejo ha quedado a deber, sobre todo por la falta de apoyo de la Secretaría de Gobierno, que lo preside.

Atlas de riesgos, política pública preventiva y protocolos de actuación están en la Ley, pero no se han puesto en marcha.

Y es que hace falta dimensionar el tamaño de la violencia que vive la prensa en la entidad. ARTICLE 19 ha señalado que durante 2018 y 2019 se cometieron 43 agresiones, mientras el mismo Consejo registró 30 eventos contra la prensa de abril de 2018 a la fecha. Personas periodistas en calidad de desplazamiento, desaparecidas y ahora, ejecutadas; zonas silenciadas, autocensura y control de la línea editorial están presentes en Guanajuato.

Las balas de la delincuencia organizada hirieron y asesinaron a Israel, pero la omisión institucional de los 3 niveles de Gobierno generó las condiciones para que eso sucediera.

“Hemos dejado de hacer cosas”, dijo el Secretario de Gobierno. Exigimos entonces que las hagan: presupuesto y estructura suficiente para la Secretaría Técnica del Consejo Estatal y planes de reacción inmediata. Al Gobierno federal le corresponde asignar recursos al Mecanismo Federal de Protección a Personas Periodistas y Defensores, que después de la extinción de los Fideicomisos quedó prácticamente extinto.