Dentro de la división clásica de los poderes de cualquier estado moderno, el Poder Judicial se caracteriza por ser el que tiene a su cargo esencialmente la impartición de justicia, y se creó al igual que los otros dos poderes, para que funcionaran como contrapesos a fin de evitar excesos en el ejercicio del poder; en el caso de nuestro país, al ser un estado federal, cada entidad federativa cuenta con sus propios poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, en un réplica del modelo del gobierno federal.

En el caso de Guanajuato, el Poder Judicial del Estado se conforma de jueces y magistrados, los primeros deben de cursar toda una carrera judicial para poder llegar al puesto a través de concursos de oposición, cursos de actualización en conocimientos y evaluaciones a su desempeño, de tal suerte que, hoy día para llegar a ser juez en Guanajuato, se requiere además de vocación, una formación sólida.

En el caso de los magistrados, existe un método alternativo para llegar al puesto, en donde el 50% de los magistrados provienen de carrera judicial, es decir, se trata de juzgadores que, a través de un proceso de selección, compitieron para poder conformar una terna y que ésta sea propuesta al Congreso del Estado; los requisitos son bastante exigentes, se necesita: I. No haber sido sujeto de suspensión en los últimos tres años; II**.** Tener promedio mínimo de calificación de ochenta puntos en las evaluaciones continúas realizadas por el Consejo del Poder Judicial en los últimos tres años; y III. Haber cumplido con los cursos de actualización del último año.

Una vez que la propuesta es planteada al Congreso del Estado, se elige a quien ocupará el puesto, aunque no siempre lo ocupa el que obtenga las mejores puntuaciones y es aquí en donde entra un juego político para poder valorar cuál de los tres candidatos resulta idóneo para el puesto y sobre todo, cual resulta cómodo para el partido en el poder, a fin de evitar que se pueda sustraer de la influencia del Poder Ejecutivo.

El otro 50% de los magistrados se integra por personajes que no cursaron la carrera judicial, es decir, no emanan de ningún procedimiento de oposición por lo que no hay forma de saber sus capacidades, de tal suerte que puede llegar cualquier personaje que reúna una serie de requisitos muy genéricos y en los que cabe casi cualquier persona que tenga un título de Licenciado en Derecho, aunque sea en una universidad o instituto de dudosa seriedad académica, tales son: I. Ser ciudadano mexicano y guanajuatense en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de la designación; III. Tener título de Abogado o Licenciado en Derecho expedido por institución legalmente facultada para ello y por lo menos diez años de ejercicio en alguna de las ramas de la profesión jurídica; IV. Haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes en el ejercicio de la profesión jurídica o ser Juez de Partido y haber satisfecho los requerimientos de la carrera judicial en los términos que establezca la Ley; V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de libertad de más de un año; pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama pública quedará inhabilitado para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y VI. Haber residido en el Estado durante los últimos cinco años, salvo el caso de ausencia en el servicio de la República o del Estado.

Ilustración: Pinche Einnar.

Para la designación de magistrados a propuesta del Gobernador del Estado, la injerencia del titular del ejecutivo resulta indefendible, sobre todo por los siguientes aspectos: porque no existe una justificación para que el Poder Ejecutivo siga manteniendo un control sobre el Poder Judicial si queremos transitar a una auténtica democracia, necesitamos que los contrapesos funcionen y un poder subordinado a otro no funciona como contrapeso, mientras el Gobernador siga definiendo a la mitad de los magistrados del Poder Judicial, difícilmente –a manera de ejemplo– podremos ver algún funcionario público de alto nivel siendo juzgado por estos magistrados, porque precisamente la lealtad estará en quienes los han designado para el puesto.

Y no es precisamente cualquier puesto burocrático, se trata de servidores públicos que toman decisiones de gran trascendencia, puesto que son los encargados esencialmente de revisar y sentenciar en apelación, los asuntos civiles, mercantiles y penales, son quienes definen las políticas para el funcionamiento del Poder Judicial, a la par de estas trascendentes atribuciones que tienen, son servidores públicos de los mejor pagados en Guanajuato, pues cada magistrado y cada consejero tiene una percepción mensual bruta de $196,663.32 (ciento noventa y seis mil seiscientos sesenta y tres pesos 32/100) para el año 2020, y el presidente, una percepción bruta de $225,072.76 (doscientos veinticinco mil setenta y dos pesos 76/100 M.N.), en esencia, se trata de la burocracia dorada de Guanajuato; además del abundante sueldo que perciben, también se les asigna un vehículo oficial y otro tipo de prebendas, todo con cargo al erario.

He tenido la oportunidad a lo largo de los años de dialogar con varios de esos candidatos a este tipo de puestos y han conformado las famosas ternas, la mecánica es la siguiente: al integrarse una terna ya está definido quién va a ser el que va a ganar la designación, y directamente de la Secretaría de Gobierno o de la Secretaría Particular del Gobernador se negocia al ganador del puesto, y se habla con quienes harán la comparsa o simulación de aparecer en la “terna” pero que saben que no van a ganar, desde un principio se les da a conocer que aparecerán en la terna pero sin posibilidad alguna, y hay desgraciadamente bastantes personas que aceptan el juego.

Quienes desde un principio ya están designados como próximos magistrados son personas muy cercanas al poder, que garantizan gobernabilidad a través de la simulación, porque si bien es cierto que impartirán justicia al ejercer el puesto, es evidente que hay dos tipos de justicia en Guanajuato, la primera, que es un tipo de justicia privilegiada para el gobernador en turno, ex gobernadores y personajes cercanos a este núcleo, y la otra justicia para el resto de los mortales.

A manera de ejemplo, de personajes que han sido parte de este juego de manera totalmente evidente tenemos al ex magistrado Miguel Valadez Reyes, quien ha sido magistrado varias veces, quien en sus dos últimos nombramientos, primero fue magistrado y presidente del Poder Judicial (1997-2000) (2000-2001) respectivamente, luego se convirtió en Procurador General de Justicia (2001-2004), finalmente renunció a este puesto y se convirtió en asesor del gobernador Juan Carlos Romero Hicks por un corto periodo, en espera de un espacio para nuevamente ser magistrado, siendo nuevamente designado (2006-2013) y reelecto para un segundo periodo (2013-2020); quienes iban en la terna con el señor Miguel Valadez estaban perfectamente enterados que no iban a llegar jamás a ese puesto porque la designación estaba más que negociada.

Otro ejemplo es del exprocurador de los Derechos Humanos Gustavo Rodríguez Junquera, a quien se le prometió una magistratura por parte de Miguel Márquez Márquez y el cumplimiento de este compromiso corrió a cargo de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de igual forma, quienes le acompañaban en la terna únicamente sirvieron de adorno, y así en cada una de las ternas, es factible identificar quién es el elegido y quiénes son los que indignamente se prestan a la simulación.

Sin menoscabar los méritos de los dos profesionales antes mencionados y del resto de quien han arribado al puesto de esta forma, lo cuestionable es que son producto de un procedimiento simulado y la designación en el puesto se la deben al poder (Gobernador, Diputados y Partidos Políticos) que en su momento realizaron todas las negociaciones para que llegaran al cargo y se mantuvieran.

En las más recientes designaciones, nuevamente el Gobernador del Estado continuó con inercia de simular el procedimiento de selección, y nuevamente se enviaron ternas previamente negociadas y acordadas:

La primera estuvo conformada por Alma Delia Camacho Patlán, María Guadalupe de la Paz Rangel Armenta y Carlos Vicente Muñoz Jiménez; La segunda terna quedó conformada por J. Jesús Ricardo Santos Hernández, José de Jesús Maciel Quiroz y J. Jesús Morales Fernández; mientras que la tercera estuvo integrada por Edith Patricia Calzada Guerrero, Arcelia María González González y José Federico Ruiz Chávez; y la última terna, para la designación de un integrante del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, se integró por Juan Carlos Luna Pérez, Humberto Espitia Arredondo y Arturo Razo Tapia.

De los candidatos propuestos, en la primera fue designada Alma Delia Camacho Patlán, en la segunda José de Jesús Maciel Quiroz, en la tercera Arcelia María González González y como consejero, Arturo Razo Tapia; de estos candidatos ha de decirse que sólo la primera tiene una amplia trayectoria como jurista y de hecho ya ha fungido como magistrada supernumeraria, por lo que se trata de alguien con un buen perfil, pero la diferencia está en el resto; en cuanto al segundo, se trata de un conocido militante panista sin mayores antecedentes, ni experiencia probada en materia judicial; en cuanto a la tercera se trata de una ex diputada priista, sin experiencia previa en materia judicial o en litigio y que llegó al cargo por alguna negociación llevada a cabo entre el Partido Revolucionario Institucional y el de Acción Nacional en los temas álgidos que fueron tocados en la sesión del Congreso del 17 de diciembre del 2020, entre los cuales estuvo el nombramiento de un Procurador de los Derechos Humanos que también carecía de perfil y la aprobación de un nuevo endeudamiento por 5 mil millones de pesos a pagar por todos los guanajuatenses; finalmente, en cuanto al consejero, se trata de un abogado que es cercano al poder, y cuyo más reciente puesto, fue como director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, que es una dependencia del Gobernador del Estado.

Pero, ¿por qué hay simulación en este procedimiento?, adicional a que las ternas están previamente negociadas y los tres participantes ya saben claramente quién de los tres es el elegido, lo más grave, es que no se está designando a quienes realmente tienen la capacidad y el perfil para llegar a ese puesto, tampoco se está respetando lo establecido en el artículo 36 de la Constitución del Estado de Guanajuato en cuanto a que los Poderes del Estado deben regirse por los principios de gobierno abierto y parlamento abierto, ya que jamás hubo transparencia, ni participación ciudadana, ni menos rendición de cuentas en las designaciones ya apuntadas.

La rapidez con la que se llevó a cabo ese tipo de nombramientos es prueba evidente de que no había la intención siquiera de permitir una adecuada revisión de los propuestos a ocupar las magistraturas, tan es así que las propuestas de ternas se emiten por el Gobernador el día 8 de diciembre y se presentan el día 10 ante el Congreso, se radican y son analizadas por la Comisión de Justicia el día 15 y para el día jueves 17 de diciembre -que fue la última semana de labores- se votan en el pleno y curiosamente en todas, se eligieron por mayoría de votos, jamás hubo una motivación, ni por parte de la Comisión de Justicia, ni por parte del Pleno, en el que explicara a la sociedad por qué elegía a quienes previamente ya estaban destinados a ocupar esos cargos.

El Gobernador del Estado es una persona bienintencionada, conocí de cerca su faceta de candidato y mostraba una frescura que tanto le hacía falta al partido en el poder, las intenciones de cambiar en serio eran posibles, pero ya una vez en el poder, esas buenas intenciones quedaron en el pasado y fue dominado por las malas prácticas que arrastran quienes gobiernan, la ambición del poder por el poder y de tener todo bajo control.

Lo mejor que nos puede pasar como sociedad es que se reforme la Constitución para que el Gobernador se abstenga de intervenir en la designación de Magistrados y Consejeros del Poder Judicial; que al igual que en otros sistemas jurídicos más desarrollados, se genere un concurso de oposición abierto, para que los mejores perfiles lleguen a conformar las ternas y a partir de ahí, el Congreso lleve a cabo una verdadera evaluación con objetividad, transparencia y sobretodo, con participación ciudadana, para que los designados, en verdad sean personas que fortalezcan el Poder Judicial y no sólo personajes a modo, que agradecen y deben el puesto a quién los designó y no a la sociedad.

En Guanajuato no hay una verdadera división de poderes, las directrices de todo el Gobierno del Estado, emanan del Poder Ejecutivo y los demás poderes dependen y se subordinan al Gobernador en turno, es una pena que nuevamente se deje pasar la oportunidad de consolidar una verdadera democracia, mientras tanto, sólo nos queda observar y combatir con las pocas herramientas jurídicas que tenemos este tipo de simulaciones y malas prácticas, propias de un país subdesarrollado.