Por Raymundo Sandoval *

En los últimos dos años, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato ha enviado varias comunicaciones a los denominados Procedimientos Especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para evidenciar las condiciones de riesgo que enfrentan las mujeres que buscan a sus familiares que han sido desaparecidos, éstas van de la represión de la protesta, la utilización del derecho penal en su contra (criminalización), hasta la tortura y el asesinato.

De esta manera, el “Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias”; la “Relatoría Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión”; la “Relatoría sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación”; la “Relatoría sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos”; y, la “Relatoría sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias”, se han pronunciado sobre casos específicos en Guanajuato en los que se han afectado los derechos de las familias de personas desaparecidas. Es decir, al menos 5 Procedimientos Especiales han externado su preocupación sobre la situación de riesgo que representa buscar a las personas desaparecidas en la entidad en un lapso de menos de dos años.

Foto: especial.

La primera comunicación, iniciada estratégicamente por el Centro Prodh, es la relativa a las violaciones a los derechos a la libertad, a la seguridad personal, a la libertad de reunión pacífica, de asociación y las garantías de debido proceso, cometidas en el contexto de la protesta realizada por familias de personas desaparecidas el 10 de julio de 2020 en la glorieta de Santa Fe en Guanajuato capital (Ver comunicación acá).

Posteriormente, el 15 de julio de 2021, los Procedimientos Especiales presentaron una segunda comunicación relacionada con la seguridad de las buscadoras en Guanajuato (ver) señalando especialmente las amenazas contra Angélica Zamudio y Norma Patricia Barrón, así como los asesinatos de Rosario Zavala y Francisco Javier Barajas. Cabe señalar que la organización internacional Front Line Defenders acaba de entregar un premio a Javier Barajas y a María del Tránsito Piña, padre y madre de Guadalupe y Francisco Javier Barajas, tal como el Centro Prodh lo relata en esta opinión, en un acto de reconocimiento internacional a su trabajo.

La tercera comunicación es la emitida el 10 de octubre del mismo año, pidiendo se investigue el allanamiento y el hostigamiento contra Paula Rojas del “Colectivo Buscadoras Guanajuato” (ver). La cuarta y última se acaba de hacer pública por los Procedimientos Especiales el 09 de marzo de 2022 y es la relativa a la presunta detención arbitraria, tortura y encarcelamiento arbitrario de integrantes del Colectivo “Una promesa por cumplir” (ver). Las tres comunicaciones anteriores fueron impulsadas por la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, que ha concentrado parte de su acompañamiento reciente en la agenda internacional.

Cabe señalar que el ESTADO MEXICANO en su conjunto dejó sin respuesta estas comunicaciones. ¿Ese es el interés que muestra el Gobierno de México respecto a las condiciones de seguridad de las buscadoras en Guanajuato? ¿Qué papel juega el Gobierno de Guanajuato en esta falta de respuesta?

Más allá de las Comunicaciones que fueron ignoradas, lo que está de fondo es que existen violaciones a la libertad de expresión, de asociación, se ha criminalizado la protesta social, se ha amenazado a buscadoras, al grado de allanar domicilios y torturarlas para obtener información sobre sus búsquedas independientes. Y qué decir de los asesinatos de Rosario Zavala en octubre de 2020 (que sigue impune) y de Francisco Javier Barajas en mayo de 2021. En Guanajuato se asesinan a buscadoras y a buscadores en contextos de impunidad absoluta.

No hay tampoco reparación del daño ni medidas de no repetición, así que el Gobierno de Guanajuato ha quedado mucho a deber en la respuesta integral a estos casos de agresión, y en el establecimiento de políticas públicas para prevenir y atender las desapariciones. Tanto el Gobierno panista de Guanajuato como el morenista a nivel federal son corresponsables de estas condiciones. Exigimos seguridad para las buscadoras y para quienes les acompañamos, 4 comunicaciones en menos de dos años, ¿No son suficientes para el Estado Mexicano?

* Raymundo Sandoval es profesor universitario, doctor en ciencias políticas y sociales, defensor de derechos humanos, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato