Los indicadores sobre los mercados de telecomunicaciones, Internet y televisión muestran que el poder de los principales grupos económicos sigue intacto o, incluso, se ha acrecentado en algunos casos. También hay nuevos actores transnacionales que agudizan la concentración en uno de estos sectores.

Un estudio elaborado en el marco del Proyecto de Concentración Global de Medios e Internet (GMICP) de la Universidad de Carleton, bajo la coordinación en México de Rodrigo Gómez, profesor e investigador de la UAM-Cuajimalpa, revela cifras contundentes: más del 90% del mercado de telefonía móvil está controlado por dos empresas, Telcel y AT&T, siendo la primera la dominante con casi el 70%.

En televisión de paga, Grupo Televisa conserva una cuota de mercado superior al 60%, mientras que en Internet fijo también lidera con un 50%. El índice Hirschman-Herfindahl (HHI) en estos servicios alcanza cifras alarmantes, con 4,164 puntos en telefonía móvil y 4,444 en televisión de paga, indicadores de una competencia limitada y de altos niveles de concentración. También Televisa continúa siendo agente económico preponderante en radiodifusión al tener más del 50% de los ingresos del mercado y de la audiencia, no obstante que hay más jugadores en televisión abierta.

El informe también destaca el dominio de gigantes tecnológicos extranjeros en servicios digitales. Los datos son reveladores, pero a la vez preocupantes.

Spotify controla el 84% del mercado de música en streaming, mientras que Netflix concentra el 60% del video bajo demanda. En publicidad digital, Alphabet (Google) y Meta (Facebook) acaparan el 82% de los ingresos.

Las plataformas digitales han redefinido la competencia en los mercados de contenidos en el país y en el mundo. Sin embargo, como vemos, estas empresas también han generado nuevos problemas de concentración y desequilibrios en nuestro país, por ejemplo, para medios locales o comunitarios que no cuentan con recursos para alcanzar más audiencias o lectores, a diferencia de quienes sí pagan para ello.

Estas plataformas son, además, muy influyentes y destinan millones de dólares en cabildeo para evitar regulaciones que dañen sus intereses.

El cambio en el diseño institucional del Estado, que trasladará las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) al Ejecutivo federal, obliga a replantear la estrategia regulatoria en el cambiante ecosistema mediático y digital.

Quienes asumirán estas responsabilidades en el llamado "segundo piso de la transformación" tienen una tarea monumental.

No solo deben demostrar que pueden realizar un trabajo más eficiente que el del IFT y la CFCE, sino también garantizar que las nuevas estructuras no se conviertan en herramientas al servicio de las poderosas empresas u otros intereses.

Esto implica desarrollar una legislación acorde a los cambios del entorno digital, que contemple la competencia económica y otros aspectos clave como la neutralidad de la red, la protección de datos personales y especialmente la regulación de plataformas digitales.

De igual manera, en la nueva ley deben reforzarse los derechos de las audiencias ante estos fenómenos de concentración y el incremento del consumo de contenidos audiovisuales en plataformas digitales, donde no hay regulación al respecto. Recordemos que pese a que la reforma en telecomunicaciones de 2013 estableció avances importantes, como la creación de defensorías de audiencias, estos mecanismos han quedado relegados en la práctica, por la litigiosidad de empresas reguladas (con Televisa y Televisión Azteca a la cabeza), el desinterés en el tema de los partidos políticos que dominan el Congreso y la débil defensa del IFT de sus atribuciones en este terreno.

Se requiere, pues, un enfoque integral que contemple tanto las dinámicas del mercado tradicional como las de la economía digital y su poderosa presencia en México.

¿Qué se ha hecho al respecto en otros países? Por ejemplo, en la Unión Europea se cuenta con una Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), en la que se imponen restricciones a las grandes plataformas tecnológicas, les obliga a compartir datos con competidores y garantizar condiciones equitativas para otras empresas en el mercado.

En Australia, el Código de Negociación de Medios obliga a plataformas como Facebook y Google a pagar a los medios de comunicación por el contenido noticioso que aparece en sus sitios, lo cual contribuye a redistribuir los ingresos de publicidad y fortalecer a los medios locales.

Además de lo anterior, se encuentra el bochornoso tema de las obligaciones fiscales ante las grandes ganancias de estas grandes corporaciones en la región. México debe sumarse de manera más decidida a los esfuerzos internacionales para garantizar que las plataformas digitales paguen impuestos justos y contribuyan al desarrollo de la infraestructura digital y la inclusión.

Frente a estos desafíos ¿quién llevará la batuta para resolverlos? ¿la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)? ¿la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones? ¿algún liderazgo de Morena en el Congreso? ¿el nuevo ente de competencia económica que dependerá de la Secretaría de Economía? ¿hay claridad sobre estos nuevos escenarios?

La transformación digital impone retos distintos a los del siglo pasado.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, con un Congreso que comparte la misma visión, tiene una valiosa oportunidad para corregir el rumbo y establecer un modelo de regulación que priorice los derechos humanos: de la ciudadanía, de las audiencias y consumidores sobre los intereses de un puñado de empresas.

Las estrategias gubernamentales deben traducirse en acciones concretas, contundentes, que reduzcan la concentración, fortalezcan la competencia y la pluralidad (en PopLab ya hemos expuesto la relevancia de los medios comunitarios y de los medios públicos), amplíen las oportunidades de acceso, garanticen la inclusión digital y los derechos. Solo así se podrá cumplir con la expectativa de un México más justo, democrático y equitativo en el terreno de los medios, Internet y las telecomunicaciones.

NAVENGANDO POR EL ÉTER

Y ya que hablamos de medios públicos, la presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia mañanera que el gobierno federal tienes planes para apoyar a estos medios, al igual que al cine nacional y a las escuelas del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Esperamos que los recursos extra que se destinarán a los medios públicos sean equitativos, parejos, a diferencia de lo que ha ocurrido en años anteriores. Particular atención requiere el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas (SRCI) del Instituto Nacional Indigenista (INI), donde los rezagos tecnológicos son graves… El maestro Bernardo Barranco recibió el reconocimiento del Club de Periodistas en trayectoria. Al actual director general del Sistema Mexiquense de Medios Públicos lo respalda una larga carrera como articulista en La Jornada, Milenio y la revista Proceso. Durante casi dos décadas condujo el exitoso programa Religiones del Mundo, en Radio Red, y desde hace una década Sacro y Profano en Once TV. Su obra en torno de la religión, la política y los procesos electorales es amplia y ampliamente reconocida. ¡Muchas felicidades!... Continúan los cambios en la titularidad de medios públicos. Fernando Chamizo, exdirector de Radio UNAM y quien lanzó el proyecto de Altavoz Radio en el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), fue nombrado titular del Instituto Mexicano de la Radio (IMER). Su lugar lo ocupa ahora Georgina Tapia, exdirectora de la radio del Instituto Politécnico Nacional y quien colaboraba con Chamizo en el SPR.