Por Kennia Velázquez y Elizabeth Rosales

La Coca Cola es habitual en la vida de los mexicanos: en sus alimentos de cada día, en sus festejos e, incluso, en los altares para recordar a sus muertos. Después de Estados Unidos, México es el mercado más importante para esta firma refresquera: del volumen total de refrescos destinados a América Latina, un 47 por ciento es comprado en este país.

The Coca Cola Company presta especial atención a sus 120 millones de clientes mexicanos y le preocupan las políticas públicas que se implementan en el país. Incluso, en sus informes anuales hace análisis sobre las medidas que plantean los distintos gobiernos; también proyecta ante sus socios la manera en que éstas afectarán sus operaciones y, sobre todo, sus ganancias. Por eso, en México lleva a cabo estrategias con el fin de prevenir, retrasar o debilitar las regulaciones que restringen sus actividades.

El fichaje de políticos es uno de sus métodos. Su modus operandi es sumar expresidentes, exsecretarios de Estado y otro tipo de servidores públicos a sus filas con el fin de obtener beneficios debido a sus relaciones y a su influencia en el ámbito político. A este movimiento de funcionarios de alto nivel que dejan la función pública para entrar al sector privado y viceversa se le conoce como “puertas giratorias”.

México “es el país donde las redes entre las élites empresariales están más unidas en el mundo, gracias a asociaciones como el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Gracias a iniciativas incluso alentadas por el propio Estado, los grandes empresarios de México fueron tejiendo muchas redes entre ellos”, explica Julián Cárdenas, investigador de la Universidad de Valencia, quien ha analizado particularmente este fenómeno, así como los vínculos entre empresas y servicio público.

Vicente Fox es quien más ha hablado sobre su relación con la empresa. Fue empleado de Coca Cola durante 14 años antes de ingresar a la política. Para llegar a la presidencia, buscó apoyo de todos los sectores. En 1998, creó la asociación civil Amigos de Fox, con ayuda de excompañeros suyos en la embotelladora, como Lino Korrodi –su coordinador de campaña electoral– y José Luis González González, “El Bigotón”, quien había sido presidente de Coca Cola México. De hecho, Coca Cola fue quien dio los primeros donativos al expresidente para su campaña, según confesó él mismo, en 2018, alpodcast Household name.

Una vez en el poder, Fox sumó a su equipo a Cristóbal Jaime Jaquez, quien laboró en la refresquera por 12 años. Lo puso como director de la Comisión Nacional del Agua; durante esa gestión se triplicaron las concesiones de agua que tenían subsidiarios de Coca Cola y Nestlé. El expresidente también invitó como secretario de Energía a Fernando Elizondo Barragán, nieto de Manuel Barragán Escamilla, fundador de Arca Continental, la segunda embotelladora de Coca Cola más grande de América Latina.

El caso de Fox no es único. Ernesto Zedillo (1994-2000) también se sumó como consejero a las filas de The Coca Cola Company. Lo hizo justo después de dejar la presidencia. Durante su gobierno había permitido que la publicidad de alimentos y bebidas fuera autorregulada por la propia industria. Algunos de sus excolaboradores siguieron sus pasos y se sumaron a Coca Cola. Uno de ellos, Genaro Borrego, había dirigido el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); otro, Roberto Campa Cifrián, había sido secretario del Trabajo y Previsión Social, subsecretario de Gobernación y procurador federal del consumidor.

Uno más que estableció vínculos con Coca Cola fue Luis Téllez Kuenzler, jefe de oficina de la presidencia de Zedillo y luego secretario de Energía. Fue consejero de FEMSA hasta 2005. Un año después se incorporó al gobierno del expresidente Felipe Calderón como secretario de Comunicaciones y Transportes.

“Las preferencias personales y políticas de los presidentes en la formulación de políticas de salud, los lazos históricos de la presidencia mexicana y los intereses creados en el avance de la prosperidad continua de Coca Cola” han jugado un papel importante, dice Eduardo J. Gómez, académico del King’s College London, quien ha realizado estudios sobre la influencia política de Coca Cola en México.

En 2012, Enrique Peña Nieto se convirtió en presidente de este país e invitó como secretaria de Salud a Mercedes Juan López. Había sido presidenta ejecutiva de Funsalud, organización civil patrocinada por las principales empresas farmacéuticas, hospitalarias, de alimentos y bebidas en México; también había sido consejera de Coca Cola. Ya como funcionaria, se opuso fuertemente a que se estableciera un impuesto a bebidas azucaradas.

Durante la administración de Peña Nieto, decenas de grandes empresas recibieron condonaciones y cancelaciones de impuestos; entre ellas, la cadena de tiendas Oxxo, que es parte del conglomerado de FEMSA, el embotellador más grande de productos Coca Cola en el mundo, por volumen de ventas. Según reportes de la organización civil Fundar, se le condonaron alrededor de 60 millones de pesos (296 mil dólares) de impuestos entre 2015 y 2019.

En mayo de 2020, FEMSA informó que había acordado con el Servicio de Administración Tributaria de México “finalizar diferencias de interpretación” que existían sobre impuestos pagados en el extranjero sin recurrir a instancias judiciales. Desembolsó 8,790 millones de pesos (43 millones de dólares).

El más reciente fichaje de The Coca Cola Company es Patricio Caso Prado, exfuncionario de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) y del IMSS durante el sexenio de Peña Nieto. Tres años después de terminar su labor como servidor público, se sumó a las filas de la empresa como Senior Director of Government Affairs, según se lee en su cuenta de LinkedIn.

Él fue uno de los diseñadores de un polémico etiquetado frontal de alimentos que se implementó entre 2015 y 2020, pese las críticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como de investigadores, médicos y defensores de la salud alimentaria, pues argumentaban que beneficiaba a la industria refresquera y propiciaba un mayor consumo de azúcares.

Recientemente, la OMS publicó un documento en el que juzga este tipo de prácticas. Las define como "determinantes comerciales de la salud", porque se trata de actividades de la iniciativa privada que afectan el bienestar de la población y que, en el caso de las bebidas azucaradas, pueden ser factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y problemas dentales.

El tema es de gran relevancia porque las bebidas azucaradas han tenido un papel fundamental en la precarización de la salud de los mexicanos. Son responsables de más de 24 mil muertes cada año, según reportó el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en 2020. Además, entre hombres y mujeres menores de 45 años, causan 22 y 33%, respectivamente, del total de muertes vinculadas con los males antes mencionados.

Sobre la contratación de exfuncionarios, The Coca Cola Company respondió mediante un correo electrónico a POPLab lo siguiente: “Al ser una empresa multinacional, con estándares y políticas de empleo globales, nos aseguramos de atraer y retener al mejor talento. De manera permanente cuidamos que nuestros procesos de selección y contratación de talento sean objetivos e imparciales y de tener una representación diversa, incluyente y equitativa, así como de impulsar el acceso de las personas a la igualdad de oportunidades, sin importar quiénes sean o de dónde vengan”.