Ignorada por el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y pese al dolor que ha tenido que enfrentar por la pérdida de Leonardo, joven migrante que fue ejecutado por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la familia sigue en busca de justicia. Ahora, ha pedido directamente la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mientras las autoridades de Guanajuato han optado por no escuchar la exigencia.

Durante 10 meses familiares de Leo Reyes, quien tenía 23 años de edad y apenas dos días de haber llegado a su tierra natal cuando fue asesinado por agentes de FSPE, han tocado puertas en instituciones estatales que han limitado sus respuestas a declaraciones en las que criminalizan al migrante que se dedicaba a la construcción en Dallas, Texas, y que había viajado a San Miguel de Allende para pasar las fiestas decembrinas en familia.

A prácticamente ocho meses de que el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se comprometió a que se investigaría el caso, siguen sin presentarse avances. Sin confianza en las autoridades de Guanajuato, la exigencia se dirige directamente al presidente de la República.

En entrevista para Sin Censura con Vicente Serrano, Guadalupe Cayente, madre de Leo Reyes Cayente, pidió la intevención del Gobierno Federal para que la muerte de su hijo no quede impune.

Guadalupe manifestó que fue desde el pasado 25 de febrero, durante una gira de Diego Sinhue Rodríguez por Dallas, que se plantaron con pancartas en el consulado para exigir justicia. Ese día, frente a la familia, el gobernador reconoció que su vocera para temas de seguridad, Sophia Huett López, hizo un “juicio de valor adelantado” al criminalizar a Leo señalándolo como delincuente.

“Con el gobernador ya hablamos, pero no tenemos ninguna respuesta, ahora yo quisiera pedirles de favor que si el presidente (López Obrador) puede, que nos ayude. Él (Leonardo) no era un delincuente, que no quede impune, es una persona buena como todos nosotros. Yo estoy dando la cara, pidiendo ayuda porque no nos dan ninguna respuesta”.

Fotografías Especiales

La ejecución de Leo

En la segunda semana de diciembre de 2018 llegó a la comunidad Corralejo de Abajo, en el municipio de San Miguel de Allende, Leonardo con sus padres. Como miles de guanajuatenses, Leo y su familia decidieron regresar de Estados Unidos para pasar las fiestas decembrinas en la tierra natal.

Apenas unos días después de haber llegado a San Miguel de Allende, Leo fue asesinado por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, cuando salió por la noche para buscar señal en el celular.

La versión oficial de las autoridades de Guanajuato fue que el joven migrante, sin antecendentes penales ni en México ni en el EUA, había atacado a los elementos de policía junto con otros jóvenes, sin que a la fecha se tengan identificados al resto de los supuestos partícipes en el ataque a policías.

Desde el primer día, la familia de Leo comenzó a exigir a las autoridades de Guanajuato que se iniciara una investigación por la ejecución extrajudicial del joven migrante, sin éxito.

Entre lágrimas durante la entrevista con Serrano, Guadalupe recordó que sin investigar lo ocurrido durante la noche del 13 de diciembre, la versión oficial se enfocó en manejar que el joven migrante, trabajador y con sueños por cumplir, era un delincuente que había atentado contra un grupo de élite de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

“La manera en que me lo dejaron cuando no era un delincuente, yo no le deseo esto a nadie, mi hijo tenía un vida por delante, pensamientos muy buenos. Él no era un delincuente, por eso estoy al frente pidiendo de favor que digan el por qué lo hicieron, que digan la verdad no mentiras como todo lo que hicieron por él”.

Después de jugar un partido de futbol en la comunidad Tlaxcalilla, Leo regresó a su casa, intentó comunicarse con su novia pero al no tener señal en el teléfono celular tomó la camioneta para buscar un sitio donde pudiera comunicarse.

Sin embargo, lo que Leonardo encontró fue la muerte a manos de elementos de la policía estatal, que lo señalaron como un presunto asaltante de carreteras.

De acuerdo con la versión narrada a medios de comunicación un tío de Leo, la noche de ese miércoles se escucharon disparos en ráfaga, vio las torretas prendidas a lo lejos y una camioneta parecida a la de su hijo, al llegar al lugar se encontró con el vehículo de su sobrino.

La familia acusa que la escena fue alterada, pues los mismos elementos acomodaron la camioneta para que simulara un choque.

“Los policías dijeron que mi hijo un asaltante de carretera, tenían dos días de haber llegado cuando lo asesinaron, ahora yo temo por mi vida, por mi familia, como estoy hablando a lo mejor a ellos no les parece, tengo mi familia en México”, dijo Guadalupe en la reciente entrevista para Sin Censura.

Calla Secretaría de Seguridad, Fiscalía y Derechos Humanos

Sin respuesta a la petición de una investigación imparcial desde lo local por el asesinato de Leo, la familia Reyes Cayente ha buscado la asesoría legal para exigir a las autoridades justicia.

10 meses han pasado, con el compromiso roto del gobernador, ni la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría de los Derechos Humanos han atendido las peticiones de familiares.

Aunque la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos anunció que abriría una investigación, tras las denuncias de los familiares, ha pasado casi un año sin que existan resultados.

Desde el pasado mes de marzo, es decir, hace casi siete meses, el procurador de los Derechos Humanos, Raúl Montero de Alba, declaró que estaban por concluir la investigación.

Sin dar mayores explicaciones, Montero de Alba ha postergado la resolución de la investigación durante meses.

Ante la lenidad con la que se ha manejado el caso, el abogado migrante y activista que ha acompañado a la familia, Omar Silva, insistió en la urgente necesidad de que la Fiscalía General de la República intervenga en la investigación.

Durante la entrevista con Vicente Serrano, Silva también recordó que ya se pidió la intervención de las senadoras de Morena por Guanajuato: Antares Vázquez y Malú Mícher para que el tema se investigue desde el ámbito federal.

“Le pido al gobernador que abra los oídos, (Leo) no era un delincuente, la manera en la que quisieron ponerlo fue que era un delincuente, nos afecta a todos los migrantes. No voy a dar paso atrás. Se va a seguir hasta donde llegue”, sentenció el abogado y activista.