El Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato (Consejo) presentó su informe sobre la situación estatal que incluye los meses comprendidos entre abril de 2019 y marzo de 2020; en éste, que es el primer estado de la cuestión emitido por una instancia oficial, se documentan 45 agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Guanajuato durante el periodo señalado.

El Consejo señala que atendió 16 solicitudes de intervención en el ámbito de sus competencias y describe las acciones realizadas, e indica que 29 casos fueron canalizados al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo). Estos datos, que deberían haber sido difundidos bajo el principio de máxima publicidad, pasaron desapercibidos debido a que, al parecer, la Secretaría de Gobierno no estuvo interesada en reconocer públicamente la situación en la que se encuentran las personas defensoras y las personas periodistas en la entidad, así como el dato más importante: son funcionarias y funcionarios públicos quienes agreden a estas poblaciones limitando la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos, por ejemplo, en el caso de los municipios panistas.

Foto: Soy Barrio

Su contraparte federal, es decir, el Mecanismo, presentó su informe 2019 elaborado con datos abiertos, en el que señala que Guanajuato tuvo documentadas en medios públicos 5 agresiones durante este periodo. Por su lado, la organización Article 19 está por publicar su informe anual, en el que documentó 18 agresiones sólo a periodistas de enero a diciembre de 2019.

Como puede observarse en este gráfico, una de cada dos agresiones en Guanajuato documentada por el Consejo es una amenaza directa. ¡Periodistas y personas defensoras, bajo amenaza!

Agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos atendidas por el Consejo Estatal de Protección, de abril de 2019 a marzo de 2020. Fuente: Informe anual del Consejo Estatal

Ahora bien, los municipios donde se documentaron más agresiones son Irapuato, San Miguel de Allende y León, todos ellos municipios panistas; resalta el caso de San Miguel de Allende en el que el mismo Consejo Estatal emitió un pronunciamiento después de que el alcalde de dicho municipio agredió físicamente a periodistas locales.

Municipios donde el Consejo Estatal documentó agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, de abril de 2019 a marzo de 2020. Fuente: Informe anual del Consejo Estatal.

Es importante señalar que el Consejo Estatal reconoce que 1 de cada 2 agresiones viene de un funcionario público y que al menos 2 de éstas, provienen del crimen organizado, en el resto de los casos, los perpetradores no fueron identificados. Es decir, somos víctimas del funcionariado, del narco y de desconocidos.

A tres años de aprobada la Ley de Protección en el Estado ya hay elementos suficientes para hacer un balance de su cumplimiento. Hay que recordar que el Gobierno del Estado retrasó más de un año la puesta en marcha del Consejo y que ahora está incumpliendo con la publicación del Protocolo de Autoprotección. También el Consejo incumple el artículo 34 del Reglamento de la Ley respecto a la publicidad del informe. ¿Y el atlas de riesgo?, ¿para cuándo?

Qué decir de que el Secretario Técnico del Consejo cumple otras funciones y no se dedica de tiempo completo a las labores que le asignan tanto la Ley como el Reglamento, lo que pone en riesgo el cumplimiento, la protección y hace inoperantes las políticas públicas establecidas en la Ley.

Son bienvenidas las capacitaciones y la puesta en marcha de un mecanismo preventivo, pero ello no es suficiente para atender la crisis que se enfrenta en el estado: zonas silenciadas, periodistas en situación de desplazamiento y cerca de 30 casos atendidos por la federación.

Enfrentamos campañas de desprestigio en redes sociales, amenazas del crimen organizado y el poder de funcionarios autoritarios, como el alcalde de San Miguel de Allende; para atender el fondo, el Gobierno del Estado debe romper con el pacto político partidista que el PAN establece con sus funcionarios afines. Debe actuar más como Gobierno y menos como partido.

45 personas defensoras de derechos humanos y periodistas agredidas demandan justicia y medidas de no repetición, BASTA de simulación.