La Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos de Guanajuato (Pedhg) inició de manera oficiosa una investigación por el asesinato del joven Leonardo García, abatido por elementos de la policía estatal en un presunto enfrentamiento en la carretera Celaya-Villagrán; sin embargo, Raquel Aguilar, madre del joven ha pedido que sea directamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la que revise el caso.

Aunque fue desde el pasado jueves que la oficina de Raúl Montero de Alba pidió un informe sobre los sucesos del jueves a las autoridades estatales, hasta el miércoles se abrió la queja de manera oficiosa cuando se hicieron públicas las contradicciones entre la versión oficial de la muerte de Leonardo y la denuncia de la familia.

También, desde el Congreso local se hizo el llamado para que la Fiscalía General investigue la actuación de los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública, después de que la familia de Leonardo denunciara que el cuerpo del joven fue entregado con signos de tortura.

El periodista Humberto Padgett documentó para el noticiero “Por la Mañana”, conducido por Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, las contradicciones entre la versión oficial y lo que muestran una serie de fotografías proporcionadas por la familia, en las que se puede apreciar que el joven fue golpeado y baleado por la espalda, lo que ocasionó su muerte.

Denuncia familia ejecución extrajudicial

En las fotografías que ha difundido la familia se muestra el cuerpo sin vida de Leonardo con un disparo en la espalda, moretones en la cara y quemaduras en el pecho y brazo derecho, lo que contradice a la versión oficial del Gobierno de Guanajuato, que informó que los elementos de la policía estatal solo repelieron la agresión durante la persecución de una camioneta con reporte de robo en la que viajaba el joven.

Los hechos ocurrieron el jueves 11 de julio. Tras el enfrentamiento, la carretera fue bloqueada por habitantes de la comunidad Santa Rosa de Lima. Las autoridades locales informaron de la detención de ocho personas que fueron acusados de terrorismo por parte de la Fiscalía General del Estado, mientras la familia del joven que murió exigía la intervención de las autoridades federales al revelar anomalías en la actuación de los policías estatales.

Fotografía que circuló en Twitter

En medio de la denuncia de la familia de Leonardo García, la Fiscalía General informó de la vinculación a proceso de los ocho detenidos durante la jornada del jueves 11 de julio.

Los cuatro hombres y cuatro mujeres acusados de terrorismo, lesiones y daños a patrullas fueron señalados por la Fiscalía como responsables de producir alarma, temor y terror en la población por perturbar la paz social.

Los imputados fueron identificados como Diana “N” de 20, Leticia “N” de 45, Josefina “N” de 35, Roberto “N” de 33 años, José “N” de 26 años, Juan “N” de 41 años, Araceli “N” de 40 años y Carlos “N” de 19 años.

Por lo que respecta al menor de 17 años, quien fue herido durante la persecución, se realizó la correspondiente Incompetencia a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Justicia Penal para Adolescentes.

La desconfianza en la PEDHG

Aunque la Procuraduría Estatal tiene abierto el expediente 142/19-C de manera oficiosa, la madre de Leonardo ha dicho al personal de Derechos Humanos que no tiene interés en ratificar la queja en Guanajuato, porque busca que sea directamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la que revise el tema.

El vocero de la Procuraduría de Derechos Humanos confirmó que cuando el personal de la región C visitó a la mamá de Leonardo, ésta les comentó que busca que sea la CNDH la que investigue la actuación de los elementos de la policía estatal.

La oficina de Raúl Montero de Alba, procurador de los Derechos Humanos en el estado, ha mostrado lenidad en investigaciones de este tipo, tal es el caso del asesinato extrajudicial de otro joven también de nombre Leonardo pero apellido Reyes, ocurrido en el municipio de San Miguel de Allende en diciembre pasado.

Han pasado siete meses desde que Leo Reyes, joven migrante de San Miguel de Allende, fue asesinado por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, sin que a la fecha se tenga el resultado de la investigación que abrió la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos. En este caso el Gobierno de Guanajuato también aseguró que la muerte de Leo fue el resultado de un enfrentamiento entre el joven migrante y elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública.

Piden diputados investigación autónoma

Desde el Congreso del Estado diputadas de oposición han hecho el llamado para que las investigaciones se realicen con total autonomía.

En medio del clima de violencia que se vive en Guanajuato, la diputada y presidenta del PRI estatal, Celeste Gómez Fragoso, insistió en la necesidad de que se conforme una unidad servicios periciales ajena a la Fiscalía General del Estado, ante la desconfianza que genera en la población la instancia a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre.

La presidenta de la comisión de Derechos Humanos en el Congreso de Guanajuato, la perredista Claudia Silva Campos también pidió al gobierno del panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para que se revisen los protocolos de actuación de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.