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Acoso laboral a trabajadoras, la incongruencia del Instituto de las Mujeres de León
Crisis al interior de la paramunicipal responsable de atender a mujeres víctimas de agresiones llega a diversas instancias del gobierno de Alejandra Gutiérrez, quien niega abusos
A pocos días de que la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos deba abandonar el cargo para buscar la reelección del municipio de León, una crisis institucional estalló en la paramunicipal encargada de defender y promover los derechos humanos de las mujeres de este municipio.
En León la violencia contra las mujeres en todas sus formas deja más víctimas que en años anteriores -con más de 2 mil 646 carpetas iniciadas por el delito de violencia familiar, cinco por feminicidio y cinco mujeres víctimas de homicidio doloso-.
Mientras, el papel del Instituto en la prevención y atención ha pasado a segundo plano luego de que un grupo de excolaboradoras denunciaron haber sido víctimas de violencia y hostigamiento laboral durante su paso por la paramunicipal.
Entre 2021 y 2023 más de veintiún denuncias y quejas han sido presentadas ante distintas instancias- entre la Contraloría Municipal, el Tribunal Burocrático y la Procuraduría de los Derechos Humanos- por supuestos actos de violencia laboral cometidos por funcionarias adscritas a distintas coordinaciones encargadas de la atención a mujeres.
La respuesta de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez y de la titular del Instituto, Mónica Maciel Méndez, ha sido una reiterada negativa a que exista una crisis en la paramunicipal.
Los testimonios de abusos dentro del Instituto -en su mayoría anónimos- salieron a la luz el pasado 29 de noviembre, mediante una protesta en la que la fachada del lugar fue tapizada de cartulinas que contenían señalamientos por hostigamiento laboral ejercidos por funcionarias de alto rango y omisiones ante estas violencias de la directora Mónica Maciel Méndez Morales, quien ha ocupado el cargo desde hace siete años.
Entre las funcionarias señaladas de ejercer directamente estos abusos fueron mencionadas la directora de atención integral, Rosalía Padilla García; la directora de Análisis, Articulación y Formación con Perspectiva de Género, Denisse Rosas Aranda; y la subdirectora de Atenciones, Erika Alejandra Reyna Rivera.
“Mujeres violentadas que acompañan a otras mujeres violentadas”. Así definen al menos ocho excolaboradoras del Instituto Municipal de la Mujer de León su experiencia dentro de la paramunicipal desde donde se han lanzado programas emblema de la administración de Alejandra Gutiérrez Campos, como “Mujer a Salvo” y “Espacio Seguro”.
De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, Guanajuato es la entidad más peligrosa para las mujeres, con más de 350 homicidios dolosos en los que este grupo poblacional.
Cifras del INEGI de 2021 aseveran que más del 70 por ciento de las mujeres mayores de 15 años han experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida.
Según información proporcionada por la propia dependencia, hasta el 3 de diciembre de este año el Instituto Municipal de las Mujeres (IMMujeres) ha brindado 14 mil 108 atenciones a mujeres leonesas. El acompañamiento va desde trabajo social, asesoría legal y atención psicológica, así como de vinculación laboral.
No es la primera vez que se señalan violencias y omisiones en el Instituto. En octubre de 2021, a días del cierre de la administración de Héctor López Santillana, en un escrito difundido por colectivas feministas se denunció el uso de más de 1 millón de pesos para liquidar a una tercera parte del personal de la paramunicipal con motivo de una “reestructuración”.
Fue en febrero de este año cuando una investigación por irregularidades fue abierta en la Contraloría contra el Instituto de la Mujer. El día 14 de aquel mes, Abril de 22 años, murió asesinada a manos de su pareja, un hombre identificado como Guillermo, de 50 años. Meses antes del feminicidio, Abril buscó ayuda y acompañamiento en la paramunicipal y denunció a su agresor por violencia familiar. Pero algo en el andamiaje de protección falló.
La investigación finalmente fue archivada en el mes de junio por falta de elementos.
En el tendedero del pasado 29 de noviembre, en las cartulinas que contenían los testimonios, las extrabajadoras señalaron haber sido blanco de gritos, insultos, hostigamiento dentro y fuera de los espacios de trabajo, así como de despidos injustificados.
También quedaron en evidencia las supuestas condiciones laborales del personal operativo que acompaña a mujeres víctimas de violencia, con horarios extenuantes de trabajo sin pago de horas extras, con contratos que se renuevan mensualmente, el uso de sus propios medios para desplazarse y comunicarse con las víctimas, así como diligencias sin protección de seguridad pública en casos de riesgo de feminicidio.
A la par de que los testimonios fueron expuestos, la titular del Instituto, Mónica Maciel, y la alcaldesa Alejandra Gutiérrez celebraban en la UNIVA la firma de nuevos convenios para ampliar la red de espacios seguros para mujeres víctimas de violencia.
Silenciadas
“Estamos dispuestos a escuchar, pero hasta ahora no hay denuncias de manera formal”, fue la respuesta de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos al tendedero de denuncias el pasado 30 de noviembre, durante una declaración a medios en la que no ahondó en el caso.
En esa misma fecha, la contralora municipal, Viridiana Márquez Moreno también negó que en este órgano se tuviera registro de denuncias relacionadas a acoso y hostigamiento. “Se han abierto algunas por supuestas irregularidades”, dijo en entrevista, y aclaró que se abrió una investigación de oficio (CM/DCS/155/2023) tras las notas periodísticas del tendedero publicadas el 30 de noviembre.
Sin embargo, en un posicionamiento anónimo, el movimiento que agrupa a varias víctimas de abuso laboral denominado “No +Violencia León”, difundió un listado de las quejas y denuncias presentadas hasta este momento, con 12 quejas en la Contraloría Municipal, cuatro expedientes en la Prodheg, y cinco denuncias en el Tribunal Burocrático del Estado de Guanajuato, entre 2021 y 2023.
Cuestionada por este medio, la titular del Instituto, Mónica Maciel Méndez Morales, sobre quien pesan señalamientos de omisión ante los supuestos actos de hostigamiento y violencia, manifestó que las bajas en el Instituto han ocurrido por mutuo acuerdo o terminación de contrato.
“Me preocupa y ocupa, estamos revisando para implementar acciones y fortalecer las que ya se han hecho como la contención, por el tema que trabajamos y la carga emocional que puede generar, y si encontramos algo, claro que lo vamos a resolver”, comentó acerca de las denuncias.
“¿Qué ocurre dentro de este Instituto y por qué no se toman cartas en el asunto?”, fue el cuestionamiento que la regidora de MC, Lucía Verdín Limón dejó sobre la mesa en la sesión del ayuntamiento del pasado 30 de noviembre. La edil que preside la comisión de igualdad de género, también pidió que las funcionarias señaladas sean separadas de sus funciones durante el proceso de investigación de la Contraloría.
Pero más allá del posicionamiento público, dos excolaboradoras del Instituto aseguraron haber buscado el apoyo de la regidora emecista meses atrás, sin una respuesta favorable de su parte.
“Creo que esta ya es la tercera vez que se manifiestan esas mujeres, y sería preciso escucharlas verdaderamente, porque lo único que vemos aquí es ausencia de material de acciones a favor de las mujeres de este municipio, ahora ellas son señaladas, están acorraladas y tienen miedo de manifestarse y lo han hecho”, exhortó la regidora morenista Gabriela Echeverría en la misma sesión.
Entre las denuncias anónimas colgadas en la fachada del Instituto de la Mujer y testimonios recabados por esta reportera, en lo que va de 2023 más de una decena de colaboradoras fueron presuntamente despedidas de manera injustificada de la paramunicipal. En algunos casos, fueron obligadas a firmar su renuncia para acceder a su liquidación, y los procesos ocurrieron a través de un abogado externo que no ha sido identificado.
Desde diciembre de 2022, desde el Instituto fueron contratados los servicios de litigios de medios de defensa jurídica laboral, consultoría en el área laboral, auditoría, blindaje laboral básico y estrategia legal en el área laboral al abogado Héctor Enríque Ruíz Durón.
Sin condiciones para acompañar mujeres
“Me pedían que enviara a compañeras a mi cargo a hacer visitas domiciliarias de alto riesgo sin resguardo de seguridad pública”, narró en entrevista una de las excolaboradoras del Instituto de la Mujer a POPLab, quien durante su paso por la paramunicipal estuvo adscrita al área de Atención a la Violencia Feminicida.
En aquel momento, dependía de Denisse Rosas Aranda, quien en medio de la pandemia y por videoconferencia, cuestionó a la víctima acerca de sus “capacidades” para ejercer su cargo después del parto, pues ésta estaba a unos días de convertirse en madre.
“Me dijo que pensara bien si la maternidad iba a interferir con las decisiones que yo pudiera tomar”, y que si “alguna vez llegas a fallar, se te va a sancionar”, recordó esta última amenaza, expresada por Rosalía García Padilla, actual directora de atención integral.
Tras ver mermado su derecho a ejercer su maternidad y conservar su trabajo, la excolaboradora decidió presentar su renuncia.
Otra víctima, también adscrita a la misma unidad entre 2021 y 2023, denunció que en aquel momento ella y otras compañeras que brindaban atención directa a mujeres en situación de alto riesgo sin estar basificadas, además de demoras de hasta un mes y medio en los pagos de sus honorarios.
“El no tener prestaciones implicaba que no tuvieras uniforme, que no tuvieras gafete, que no hubiera una pertenencia al instituto, y es el programa emblema del organismo”, relató la excolaboradora que pidió proteger su identidad.
Además de ver vulnerados algunos de sus derechos y no contar con sus prestaciones de ley, las funcionarias que pasaron por la unidad de Atención a la Violencia Feminicida, las excolaboradoras refirieron haber sido expuestas a situaciones de riesgo durante los acompañamientos.
“Tienes que ir a un acompañamiento a las 3 de la mañana al Ministerio Público en nuestros vehículos particulares, nos exponían a que los agresores nos identificaran. En ese momento yo pensaba que no estaba haciendo el trabajo por el Instituto, yo estaba convencida de que estaba haciendo el trabajo por las mujeres y para las mujeres”, narró a POPLab.
Otra extrabajadora del Instituto contó que, si alguna de las trabajadoras que dan atención directa a las víctimas emitía comentarios acerca de los tratos que sus coordinadoras ejercían sobre ellas, les valía el término de su contrato sin renovación para un nuevo periodo.
“¿Por qué me pides que defienda los derechos de las mujeres y te enojas cuando defiendo los míos?”, recuerda haberse defendido de una reprimenda de la licenciada Ericka Reyna. Días después se enteró de que su contrato no fue renovado.
De acuerdo con los testimonios recabados por POPLab, la titular del Instituto tenía conocimiento de que en la paramunicipal el ambiente laboral era hostil. Las víctimas aseguraron haber hecho de conocimiento de Mónica Maciel Méndez varias situaciones de violencia que involucraron a sus más cercanas colaboradoras. Pero no hubo respuesta.
“Mónica Maciel es omisa y ese también es un delito”, señaló otra víctima que laboró durante una década en el Instituto, hasta que el 2022 “la situación fue insostenible”.
Este medio solicitó una entrevista con las funcionarias señaladas de ejercer violencia a través de la titular del Instituto, pero estas se negaron a dar una declaración.
Un llamado de atención: Las Libres
Rosalía Cruz, integrante de la organización defensora de los derechos de las mujeres Las Libres, advirtió que el cúmulo de denuncias contra coordinadoras del Instituto por parte de sus subordinadas es una señal clara de que las instituciones han fallado en ser espacios seguros para las mujeres.
“Una de las premisas es creer en las mujeres, y si ellas han manifestado que han sido víctimas de algún tipo de violencia es una situación preocupante, porque entonces es un síntoma de que algo está pasando. Éso nos tiene que poner como en alerta a todo mundo de pensar que finalmente no hemos sido capaces como sociedad como o integrantes de ningún sector de la población de generar espacios, totalmente libres de violencia para ellas”, declaró en entrevista para POPLab.
La defensora y ex consejera del Instituto (2019-2022) recalcó que las trabajadoras que dan atención a mujeres víctimas de violencia deben tener la capacidad y oportunidad de pelear por sus propios derechos, pues “si no desde dónde estarían acompañando a otras mujeres víctimas de violencia”.
“Como ex integrante del consejo pues también pensar en que no tuvimos los consejos anteriores la capacidad suficiente de marcar las pautas para que existiera la confianza de que las mismas trabajadoras manifestarán lo que lo que estaba pasando”, asumió la defensora.
Rosalía Cruz hizo un llamado al actual consejo del Instituto a establecer las condiciones las personas colaboradoras de la paramunicipal, en aras de que el acompañamiento que brindan a las mujeres víctimas de violencia “sea de la manera más positiva”.
La magnitud de la crisis de violencia contra las mujeres “tiene rebasadas” a las autoridades encargadas de dar atención y acompañamiento, explicó Cruz Sánchez, quien dijo que no es un tema exclusivo del Instituto, pues desde se ha abandonado la prevención del problema.
“No se ha asumido la responsabilidad del tema de la prevención y la atención a las mujeres en situación de violencia, cualquiera que ésta sea siempre va a ser un tema que nos va a rebasar en algún momento. Nunca vamos a tener la capacidad suficiente para responder a toda la problemática que existe, porque es mucha y hay cosas que se tienen que hacer para ir avanzando mucho más rápido e ir abarcando a gran escala”.
14 de diciembre de 2023, 13:38
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