Organizaciones civiles y defensoras que forman parte de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Guanajuato acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer las condiciones de riesgo que están enfrentando en el estado y el país.

Uno de los casos más recientes es el de Karla Martínez, quien está al frente de la Brigada Independiente de Búsqueda de Personas, colectivo que fue obligado a detener sus labores por un mes ante la falta de garantías para esta actividad, luego de una nueva amenaza en contra de Karla, la séptima que recibe.

La exposición de éste y otros casos, entre ellos la desaparición de Lorenza Cano, buscadora de Salamanca, serán presentados en ocasión del 189 periodo de sesiones de la CIDH, el miércoles 28 de febrero.

Además del temor y de afectaciones como ansiedad o depresión, los familiares de quienes integran la Brigada les han pedido que ya no salgan. Pero la necesidad de encontrar a sus familiares pudo más, y decidieron reanudar sus actividades.

Pero antes, al conmemorar el tercer aniversario del colectivo Hasta Encontrarte -el 11 de febrero- sus integrantes marcharon por las calles de Irapuato para exigir al gobierno paz, y a la delincuencia “no nos maten”.

Juan Valentín, hermano de Karla, cumplió 4 años desaparecido, y ella lo busca para cumplir la promesa de encontrarlo. En el 2020 se enfrentó a esta realidad, obligada por la falta de respuesta y omisiones de la autoridad y se convirtió en buscadora junto a la Brigada integrada mayormente por mujeres y enfocadas a la búsqueda en vida y búsqueda forense de personas desaparecidas.

No ha sido la primera amenaza que ha recibido Karla, “pero sí la que más me ha puesto en riesgo, estoy en completo riesgo por el contexto de esta amenaza”, señaló en entrevista con Poplab, días después de recibir el amago que la obligó a encerrarse en su casa.

Y como ocurrió ante las seis amenazas que recibió antes (a lo largo de cuatro años), tuvo que dejar su vivienda y se desplazó con sus pertenencias para buscar otro lugar seguro. La estadía en esta nueva casa será incierta mientras prevalezca la amenaza, reconoció.

El 22 de febrero, la Brigada reactivó las búsquedas y en el municipio de León localizó un cuerpo en una zona que una semana antes personal de la Fiscalía General del estado había revisado sin éxito.

En un aljibe las buscadoras encontraron el cuerpo de un hombre originario de León que en diciembre del 2023 fue reportado como desaparecido.

Mecanismos para todas las buscadoras

En la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se realizará el 28 de febrero, denominada “Protección a Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas en México”, Bibiana Mendoza, del colectivo Hasta Encontrarte, exigirá protección para todas las buscadoras y en específico para la Brigada Independiente ante la amenaza contra Karla.

Esta participación a la que asistirán colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos que los acompañan en varios estados se logró a petición de la Plataforma por La Paz y Justicia en Guanajuato, frente al peligro que corren las mujeres y las buscadoras en Guanajuato y el país de ser asesinadas o privadas de su libertad.

También participarán colectivos como Buscadoras y la Unión Regional de Búsqueda del Bajío, que agrupa a colectivos de esta zona del país.

Según cifras oficiales, en Guanajuato hay 4,025 personas desaparecidas y miles de cuerpos sin identificar en el Servicio Médico Forense (Semefo) explicó Mendoza, quien además agradeció a la ciudadanía que ha informado de las fosas clandestinas en donde la Brigada ha realizado los hallazgos.

“Guanajuato es el claro reflejo, han levantado a mujeres que buscaban a un desaparecido o han sido víctimas de feminicidio. Nuestra coordinadora de la Brigada ha sufrido amenazas y estamos preocupadas por su integridad”, explicó.

En la presentación, Bibiana explicará a las autoridades internacionales el contexto de violencia y desaparición en Guanajuato y en el país. “Algunas autoridades a veces trabajan con el crimen organizado”, sostuvo.

Estas voces llevarán peticiones específicas que sean funcionales porque el mecanismo no sirve y pocos privilegiados logran acceder, dijo Bibiana, al señalar que Karla esperó más de una semana después de la amenaza para tener este derecho “que debe de tener cada persona que corra riesgo”.

“No llegaba la seguridad solicitada, ni la necesaria que estuviera a las alturas”, además de que la respuesta del mecanismo para Karla llegó gracias a personas solidarias que les ayudaron a coordinarse con funcionarios federales de manera más directa. “¿Pero qué pasa con los que no tienen un puente de diálogo con autoridades estatales y federales?”, acotó.

Como antecedente, la situación de los derechos humanos en México fue revisada en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas por cuarta vez, incluyendo al desplazamiento forzado en distintos puntos del país.

Del 2020 a marzo del 2022, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó en diversos comunicados la preocupación por la seguridad de las familias de los ausentes.

El EPU de manera periódica revisa el historial de derechos humanos de 47 estados que lo conforman, pero sus 193 estados miembros pueden participar en el examen a cada país. Este año son 14 estados revisados, entre ellos México.

Como parte de un colectivo de un centenar de organizaciones defensoras agrupadas como EPUmx, la Plataforma por La Paz y la Justicia en Guanajuato incluyó en un informe previo a dicha comparecencia un capítulo titulado “Fenómenos emergentes: El desplazamiento de víctimas indirectas de la desaparición” donde se reconocen siete casos de Guanajuato, particularmente de buscadoras y sus familias, que han tenido que salir del estado o abandonar sus lugares de origen por amenazas debido a su actividad de búsqueda de familiares desaparecidos.

“Organizaciones locales han pugnado por considerar estos desplazamientos como represalias por la búsqueda de personas desaparecidas, con la intención de reconocer la responsabilidad del Estado Mexicano en la revictimización de las familias de las personas desaparecidas que han tenido que enfrentar estos desplazamientos. Son al menos 7 casos documentados, podrían ser muchos más en casos”, se expuso en este informe.

Por ello, se solicitó al Estado Mexicano que realice un diagnóstico y establezca medidas para reconocer el fenómeno.

El diagnóstico que presentó La Plataforma por La Paz y la Justicia en Guanajuato revela la sistematización de casos de “desplazamiento interno de familias de personas desaparecidas que habían recibido amenazas o ataques directos”, en dicha entidad.

Dentro de este informe, el colectivo EPUmx hizo cuatro recomendaciones al Estado Mexicano:

1.- Que se considere que el Estado Mexicano no ha eliminado las amenazas presentes en el contexto local, que cumplan con su obligación y responsabilidad de establecer condiciones que permitan el regreso voluntario, seguro y digno a sus hogares.

2.- Que se recomiende al Estado Mexicano la participación de actores internacionales que ofrezcan apoyo humanitario a las personas y a las familias que se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno producto de la violencia en Guanajuato.

3.- Que se considere que las personas desplazadas son defensoras de derechos humanos debido a que pertenecen a Colectivos de búsqueda y a que buscan a otras personas desaparecidas, además de a sus propios familiares. Además, muchas de las acciones de visibilidad que éstas realizan, tienen como consecuencia, amenazas directas.

Búsqueda y amenazas

El Mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas del gobierno federal es la instancia responsable de proteger a las personas defensoras de los derechos humanos que han sido agredidas por su labor o se encuentran en riesgo.

Desde hace 3 años, Karla Martínez forma parte del mecanismo. Tiene un “botón de pánico”, que es un dispositivo que, al momento de que la persona se sienta amenazada lo activa; el aparato envía una señal de alerta y ubicación a la autoridad, que debe contactar y verificar el estado de la persona.

“Necesitaba utilizar (el botón pánico), no funcionó, nunca dio la ubicación, estábamos en una balacera una compañera y yo, y nunca pudieron localizarnos por medio del botón de pánico, no contestaban”. Esto sucedió cuando realizaban una búsqueda en campo, hace dos años.

Por eso, Karla dice que las medidas que se ofrecen a las buscadoras deben revisarse y mejorarse, pues no son prácticas. “Si me están levantando, descuartizando, como voy a decir si estoy bien!”, explicó.

Otro de los mecanismos a los que logró acceder fue a la instalación de una chapa de seguridad para su domicilio. “Y cuando hablo con la persona de qué tan segura es, me dice que sí porque tiene varios dientitos, pero le digo ‘¿resiste que le peguen con un marro, con un martillo?’, voltea a ver y me dice que no hay ninguna chapa que lo resista… deben analizar por regiones qué tipo de seguridad necesitan las buscadoras”, señaló.

Ante la más reciente amenaza a Karla, el gobierno municipal de Irapuato respondió con resguardo policiaco, después de que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas le solicitó el apoyo. El Gobierno federal tardó más tiempo, pero finalmente le ha brindado protección.

Protocolos de seguridad para todas las buscadoras

Con la violencia que se vive en el estado, y debido a que todas las integrantes de la Brigada Independiente realizan la misma labor y también están en riesgo, Karla exigió a las autoridades (que) analicen cada caso y se determinen las medidas de protección para todas.

“No soy la única persona; están más madres, hermanas, hijas que salen junto conmigo. Somos un equipo y también ellas están en riesgo, revisen el contexto de estas familias, de cómo se encuentran y también sean protegidas”.

La amenaza que recibió Karla dejó en evidencia el lento proceder de la Fiscalía general de Guanajuato, dice, pues la falta de atención de esa instancia en la búsqueda e identificación forense de personas desaparecidas es lo que las ha obligado a salir a hacer esa tarea. “Nos están parando porque ellos de manera indirecta no nos están protegiendo”.

FGG no responde

Después de la amenaza, el fiscal general de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre en su visita a la zona militar del 19 de febrero fue cuestionado por el número de carpetas de investigación iniciadas por amenazas en contra buscadoras y sus avances. “Lo verificamos y hacemos llegar el dato” dijo, pero ya no hubo respuesta de la dependencia.

En agosto del 2023, la Secretaría de Seguridad Pública del estado, a cargo de Alvar Cabeza de Vaca Appendini, le retiró a la brigada los policías que las acompañaban, al condicionarles la seguridad a cambio de que trabajaran sólo con la Comisión Estatal de Búsqueda. Las buscadoras no accedieron y siguieron con su labor sin acompañamiento del estado, aunque con resguardo de la policía local y algunos apoyos del municipio.

Desde ese entonces, las buscadoras hicieron un llamado a la delincuencia: “no nos hagan daño, no buscamos culpables”.

Buscar a Juan Valentín fue la promesa

“Por el amor que yo le tengo (a mi hermano, Juan Valentín) me corresponde buscarlo, como fue mi promesa desde un principio… buscarlo todos los días hasta que lo pueda regresar a casa”, dijo Karla.

Juan Valentín cumplió 4 años desaparecido el 18 de febrero. A las cuatro de la madrugada de ese día del 2020, hombres armados ingresaron a su casa en Irapuato y se lo llevaron. A las 9 de la mañana su hermana presentó una denuncia.

Quince días después y ante autoridades inmóviles, ingresó a un colectivo de búsqueda de personas. “Ahí me doy cuenta que hay más personas desaparecidas, familias que están buscando a sus seres queridos”.

La desesperación persistió porque nadie buscaba a los ausentes y en el 2021 junto a otras familias creó el colectivo “Hasta Encontrarte”, y fue con las integrantes de este colectivo que en el 2022 conformó la Brigada Independiente de Búsqueda de Personas, por la “necesidad de salir a las buscar, caminar, recorrer, de buscarlo, encontrarlo enterrado, porque desafortunadamente como pasan los días, los meses, los años, mi hermano ya no va a estar vivo; porque mi hermano ya se hubiera comunicado si estuviera vivo”.

La Brigada acordó reanudar las búsquedas en febrero, aunque con un número reducido de integrantes; ahora ya no realizarán prospecciones en la noche, se establecerán horarios y las salidas se reducirán a 2 o 3 días por semana.

Además, no harán transmisiones en vivo desde los puntos donde cumplen esta actividad en sus redes sociales.

Karla solicitó a la fiscalía general de Guanajuato y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas que no dejen de investigar y explorar aquellos puntos que tengan como posibles fosas. La buscadora recordó que estas instancias pueden hacerlo puesto que tienen la tecnología, personal y vehículos para hacer esta tarea.

“Un desaparecido tiene el derecho de ser buscado…Hay lugares que sabemos que hay fosas clandestinas y estamos atadas de mano, puede haber (desaparecidos), mi hermano puede estar enterrado y no puedo ir a buscarlo, es un sentimiento de culpa que no me deja, estoy en la espada y la pared… (las autoridades) son investigadores expertos, tienen contextos, líneas de investigación, hipótesis…(sólo es) tener ganas de investigarlo, tienen las posibilidades de buscar a nuestros familiares”.

A la fecha, la Brigada Independiente ha localizado 200 cuerpos en al menos 80 fosas clandestinas en Guanajuato, el 95% hombres y el 5% restante mujeres. De ellos, entre 25 y 30 han sido entregados a sus familiares. Este dato se tiene gracias a que los mismos familiares se contactan con el colectivo para informarles y agradecerles, puesto que la Fiscalía general no les proporciona esa información.

Después de los hallazgos, las colectivas a través de sus redes sociales informan de las características, tatuajes, ropa y zapatos localizados en los sitios de inhumación clandestina.

Karla señaló que la FGE tampoco les ha llamado para hacer seguimiento de aquellas carpetas de investigación iniciadas por desaparición que involucran al colectivo, y que una vez localizados los cuerpos, se convierten en investigaciones por homicidio.

La amenaza contra Karla en Irapuato, llegó días después de la desaparición de la buscadora Lorenza Cano Flores en Salamanca, quien fue privada de su libertad después de los asesinatos de su hijo y esposo y sigue sin ser localizada.

A pesar de la palabra empeñada por el gobernador Diego Sinhue Rodriguez Vallejo de que la fiscalía general de Guanajuato a cargo de Carlos Zamarripa “va a dar resultados” en el caso de Lorenza, hoy no hay detenidos por estos delitos. Incluso, el juez que avaló la detención de los dos presuntos responsables fue el mismo que los dejó en libertad por falta de pruebas.

Buscadoras piden que no las maten

“Hoy venimos a exigirle al gobierno paz, no queremos más sangre…a diferencia de otros años (hoy) venimos con el corazón en la mano a pedirle a la gente que ya basta de amenazas de muerte en contra de las mujeres buscadoras”, señaló Bibiana Mendoza el 11 de febrero, al marchar para conmemorar el tercer aniversario del colectivo Hasta Encontrarte. “Para el colectivo los únicos responsables son el gobierno Federal y estatal” acotó.

Esta vez las palas, los picos y varillas no golpearon en el pavimento, pero se escuchó la exigencia de paz; “no pedimos estar en medio de esta violencia, no fuimos nosotros los que abrimos la puerta a esta realidad tan violenta”, pero “la realidad es que se los está llevando y los están dejando hechos pedazos en fosas clandestinas”, dijo.

En las pancartas y letreros en sus espaldas se leía “Ya encontré a mi hermana. No quiero ser asesinada”, “¿Qué pedimos?, seguridad para las buscadoras”, “No pedimos ser amenazadas ni asesinadas, lo que queremos es buscar a los desaparecidos” y “No buscamos culpables”, mientras al unísono gritaban “no, no es normal, a las mujeres que buscamos nos están asesinando”.

Pero también alertó sobre una alerta cruzada:

“Todo mundo nos ha enseñado a revictimizar, quieren a la víctima perfecta”, y la sociedad se ha vuelto cruel en ese aspecto; “si saben que la persona desaparecida tenía 18 años, pero consumía o tenía tatuajes, la gente la hace meritoria de la desaparición y es como cegarnos a la realidad”, dijo.

El consumo de sustancias es algo de lo que las autoridades no quieren hablar, señaló.

Hay colonias en Guanajuato en las que niños desde los 11 y 12 años están consumiendo de manera activa, y las autoridades y la sociedad “se ciegan, los criminalizan” pero no resuelven el problema.