/d* Con información de POPLab

El Congreso del estado de Guanajuato ha estado trabajando en 2019 y en 2020 en la formulación de las Leyes estatales de Víctimas y en Materia de Desaparición de Persona, mandatadas por las correspondientes Leyes Generales.

A nivel federal, La Ley en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda entró en vigor en noviembre de 2017, así que Guanajuato tiene más de dos años de retraso y es una de las tres entidades que no ha hecho lo suyo y no ha creado una Comisión Estatal de Búsqueda de Personas desaparecidas. La Ley General de Víctimas, en cambio, es del año 2013 y prevé la creación de las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas, entre otros mecanismos, lo cual tampoco se ha hecho en Guanajuato, acumulando un retraso de siete años en la materia.

Ahora que lamentablemente la violencia, la militarización de las políticas de seguridad, la crisis policiaca y las desigualdades sociales han crecido, de la mano de las disputas económicas, territoriales, simbólicas y militares entre grupos criminales y paramilitarizados, esta agenda legislativa se ha vuelto apremiante para la sociedad, las víctimas y el medio político, siendo un campo de lucha política a nivel local y federal. Fueron, de hecho, reiteradas las insistencias del Poder Ejecutivo estatal al Legislativo para acelerar la aprobación de las dos leyes, más la Ley de Declaración Especial de Ausencia para personas desaparecidas que las complementa, así como las llamadas de atención al gabinete guanajuatense por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda, de Gobernación y otras instancias federales.

Cualquier foro es bueno para exponer la urgencia de encontrar a un ser querido. Foto: archivo / Carmen Pizano

Por otro lado, la sociedad civil organizada y el movimiento guanajuatense de familiares de personas desaparecidas han estado presionando para que las Leyes sean discutidas y compartidas amplia y profundamente, mediante mecanismos de Parlamento Abierto, como ya se ha hecho en otras entidades y como lo prevén las Leyes Generales y la lucha del movimiento nacional. No se trata de mesas y discusiones tan solo con expertos y mediante un lenguaje técnico, sino que la capacidad de legisladores y asesores debe ser justamente la de traducir en ley lo que se expresa desde la sociedad.

Así que el retraso del proceso legislativo y las presiones externas no deberían justificar la prisa en la aprobación de leyes tan trascendentes, ya que se han consolidado interlocutores válidos para mejorar las propuestas y sí está disponible el apoyo por parte de organizaciones y expertos de ONU-Derechos Humanos y de Cruz Roja Internacional, por mencionar un par de ejemplos. A estas alturas, más vale esperar pocas semanas más, mostrar abiertamente cómo y en qué se está trabajando junto con las familias y las organizaciones, y finalmente sacar leyes ejemplares que puedan constituir un marco de inicio real, una semilla en terreno fértil, para la creación de instituciones sólidas a favor de las víctimas y de la sociedad en su conjunto.

No son “la solución”, sino un pasito necesario que, sin embargo, ha de concretarse junto con familias y sociedad civil. El Congreso de Guanajuato ha habilitado una liga para descargar y comentar, mediante un formulario, las iniciativas de ley, sin embargo, sería más eficaz y abierta la convocatoria de mesas de trabajo “artículo por artículo” o la metodología del parlamento abierto, es decir, un diálogo. Toma algo más de tiempo, pero garantiza consenso y, sobre todo, una legislación más efectiva.

De nuestros vecinos

Jalisco está viviendo prácticamente el mismo proceso, así que vale la pena retomar las declaraciones muy lúcidas de Jorge Verástegui, defensor de derechos humanos y familiar de personas desaparecidas en Coahuila, quien acompaña a colectivos de Jalisco en el marco de las mesas de trabajo sobre las mismas leyes que se discuten en Guanajuato.

Como reporta el portal ZonaDocs, el pasado 29 de enero el activista invitó a entender cuál es el proceso de una “verdadera consulta” y mesas de trabajo, que no se reduzca a un par de foros y a una “simulación”, luego “criticó que la iniciativa de Ley de Personas Desaparecidas fue presentada en el mes de octubre sin un proceso previo de consulta adecuada, por lo que señaló que la iniciativa que se pretende discutir es una réplica de la ley federal”, además de advertir que esta “pierde la lógica de lo que es un sistema nacional de búsqueda” y “diluye la importancia de la búsqueda y de la dotación de la comisión local de todas”, por lo que tampoco desarrolla cosas básicas como el trabajo dentro de los municipios y su coordinación para la búsqueda, incluso a nivel nacional, y las responsabilidades de los funcionarios públicos.

Otros temas sensibles, débiles en las propuestas de Jalisco y Guanajuato y que deberían incorporarse, son la erradicación del concepto de “persona no-localizada”, como lo ha señalado Anna Karolina Chimiak, coordinadora del Área de Incidencia del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), refiriéndose a los debates que hubo en el Estado de México y Ciudad de México, y la garantía de que “el Consejo Ciudadano de Búsqueda cuente con la debida representatividad de los colectivos de familiares en toda la entidad; además de prever un mecanismo de rendición de cuentas, transparencia y máxima publicidad para el cumplimiento de las recomendaciones que este haga al Sistema Estatal de Búsqueda y sus dependencias”.

Con la ventaja de quien llega por último pero así puede aprovechar la experiencia de los predecesores, también sería conveniente tener en cuenta en Guanajuato el debate que, a nivel nacional, se está dando sobre búsqueda, investigación, institutos forenses y beneficios carcelarios. En el ITESO de Guadalajara, por ejemplo, en el Foro de Reflexión y Propuestas sobre la Desaparición del Personas en Jalisco, que concluyó el pasado 31 de enero, el panel “Retos en los Sistemas de Búsqueda, Localización, Identificación y Entrega de Restos”, en el que participó la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, destacó estos temas fundamentales: “Beneficios por colaboración especial a presos, dotar de mayores capacidades a los institutos forenses, obligar a las entidades federativas a proporcionar datos de desapariciones y que las comisiones de búsqueda también tengan atribuciones de investigación” (enlace a nota). Son asuntos que deberían ser discutidos e incluidos en las Leyes Estatales en la materia.

Fabrizio Lorusso (der.), con familias de desaparecidos. Foto: Edith Domínguez.

Comparaciones y conclusiones sobre el anteproyecto de la Ley

A partir de un análisis comparativo preliminar entre el anteproyecto de Ley de Guanajuato (enlace a PDF) en Materia de Desaparición y la misma Ley vigente en Veracruz (enlace a PDF), que es reconocida por su enfoque a favor de las víctimas, y la Ley General de 2017 (enlace a PDF), evidenció cierta preocupación por lo que excluye la primera (la de Gto), en términos de derechos de las víctimas y las familias, de control ciudadano y rendición de cuentas, y de cooperación con instancias federales. Este es simplemente un ejercicio, mejorable sin duda, que tiene el objetivo de demostrar que se requiere cierto tiempo y apoyo de expertos, como la ONU, Cruz Roja, organizaciones, familias, y academia para contar con leyes de avanzada en este campo.

Las conclusiones preliminares que se derivan del documento comparativo que se adjunta a continuación son que la Ley de Guanajuato, si bien se apega al texto de la Ley General, no lo mejora creativamente, aunque podría hacerlo, atendiendo los consejos de expertos nacionales e internacionales y organizaciones con años de experiencia en la materia.

Al contrario, el texto refleja, de manera más o menos explícita, lo siguiente:

• La tónica general del documento va en la dirección de reducir las responsabilidades del Estado, especialmente de sus órganos de gobierno y de la Fiscalía, y por otro lado limitar las posibilidades de intervención, control rendición de cuentas, incidencia y cooperación con familias, organizaciones, expertos, e instancias federales e inter-estatales o externas. Por eso se recomienda un proceso de discusión y revisión a detalle sobre esta Ley. Y, por separado, sobre las Leyes de Víctimas (no analizada en este documento) y de Declaración de Ausencia.
• Hay retrocesos o limitaciones en el ejercicio del control ciudadano sobre los órganos creados por la Ley, como el Sistema Estatal de Búsqueda y la Comisión Estatal de Búsqueda
• Limitantes injustificadas a la participación concreta, directa, amplia de las familias, sus colectivos, y en general de la sociedad civil en la toma de decisiones
• No se amarra en la Ley del presupuesto para la Comisión de Búsqueda que, entonces, quedaría expuesta a vaivenes y negociaciones anuales
• Renuencia a establecer controles externos, consultas, asesorías y/o colaboraciones (necesarias y previstas en la Ley General o en la de otras entidades) con la Comisión Nacional de Búsqueda (que es federal) y con la Fiscalía General de la República, entre otras, y con las instancias de investigación y búsqueda de otros estados, para una mejor operación del Sistema, de la Comisión, de la Fiscalía Especializada en Desapariciones
• No se logra superar o de alguna manera matizar y mejorar la categoría de “persona no-localizada”, a favor de la de “persona desaparecida”, aunque esto se haya prestado a confusiones y manipulaciones por parte de Fiscalías, medios de comunicación, instituciones prepuestas al análisis de cifras y contextos
• Se eliminan explícitamente prerrogativas del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de Búsqueda, mismas que, al contrario, se deben reforzar y ampliar, siendo esto permitido en el marco de la Ley General
• El Sistema Estatal de Búsqueda no incluye a actores que son relevantes, como la Secretaría de Finanzas o de Salud, y se eliminó el artículo que prevé que se invite a la Comisión Nacional de Búsqueda a estar en sus sesiones
• Aparecen débiles los criterios y mecanismos para la elección de la/el comisionada/o de búsqueda en la entidad, así como sus competencias en tema de comprensión de la “complejidad” (histórica, social, multidimensional, contextual, etc…) de la desaparición
• Falta definir mejor el tema de las “fosas comunes o clandestinas”, negado por la Fiscalía reiteradamente con argumentos técnico-churriguerescos. La Comisión de Búsqueda tiene facultad de opinar sobre ciertos procesos relacionados con las fosas, por lo que es importante su definición, así como sucede con el tema de “no-localizados” o “desaparecidos”
• Queda más desdibujado el tema de la protección a los migrantes desaparecidos
• La definición de “familiar” y “parentesco” podría quedar limitada a los casos previstos por el código civil estatal, que restringe parcialmente las posibilidades, así que sería mejor despejar cualquier duda con un texto inclusivo y explícito
• Para mayores detalles, artículo por artículo, y comentarios, remito al anexo (Enlace a PDF y Scribd):

#Sinlasfamiliasno, llaman colectivos a no caer en simulaciones

Los colectivos “A tu encuentro” y “Justicia y esperanza” entregaron este martes una carta a los diputados y diputadas del Congreso de Guanajuato, donde los exhortan a incorporar las propuestas y a destinar espacios para que las familias participen en todo el proceso de discusión de las iniciativas de las tres leyes: desaparición, víctimas y declaración de ausencia, de los cuales hay ya predictámenes en las Comisiones Unidas, sin que se haya suficientes aportaciones de las familias y de otras instancias externas convocadas.

“Es importante no caer en simulaciones y aceptar el rol de las familias en el proceso legislativo desde el inicio”, fue el exhorto.

Recordaron los encuentros que tuvieron los colectivos a finales de noviembre con las comisiones unidas de Gobernación y Puntos constitucionales y de Derechos Humanos y Atención a grupos vulnerables, donde se presentaron testimonios y propuestas para estas leyes que se discuten en el congreso.

Asimismo, se refirieron a las propuestas presentadas a los legisladores donde se habla de aplicar estándares internacionales, fortalecer el acompañamiento de las víctimas y un modelo para la coordinación con los municipios en el marco de la ley de personas desaparecidas, así como de perfiles para aquellos que integrarán tanto la Comisión de Búsqueda como la de Atención a Víctimas; al respecto, las comisiones legislativas comunicarían los acuerdos sobre dichas propuestas, lo cual no sucedió.

“Consideramos que la partición participación de las familias debe ser el origen de la ley, el que las víctimas podamos colaborar con ustedes como legislatura es imprescindible”, en el marco de los principios del Parlamento Abierto, así como en lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

En el comunicado también se hace referencia al interés mostrado por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, a través de la Secretaría de gobierno, con la propuesta de instalar “a la brevedad” la Comisión Estatal de Búsqueda por la vía del decreto, lo cual apoyan ambos colectivos, mientras se discute a profundidad la manera de incorporar las iniciativas, los aportes técnicos de las familias, las organizaciones nacionales, los organismos internacionales y las instancias federales interesadas en participar.

“Lo que está en juego en este proceso es el reconocimiento de responsabilidad estatal en búsqueda de nuestros nuestros seres queridos, así como el fortalecimiento institucional para responder al fenómeno de la violencia en Guanajuato”. El texto completo de la carta puede leerse en este enlace.

Entrega de la carta dirigida a los diputados. Foto: Carmen Pizano.