Al medio día de este 27 de febrero, policías estatales, municipales, personal de migración e integrantes de la Guardia Nacional, irrumpieron armados y con violencia en un refugio para personas de la diversidad sexual y que viven con VIH, ubicado cerca del primer cuadro de la capital de Aguascalientes.

La denuncia fue dada a conocer por al menos una decena de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos y activistas independientes. El albergue es administrado por el Centro de Atención Vive Aguascalientes A.C. (CAVA) y atiende a personas LGBTQ+, y a quienes viven con VIH, además, es el único albergue en el estado para migrantes de la diversidad sexual.

“Personas uniformadas llevando consigo armas largas, quienes no se identificaron, pero haciendo uso de la intimidación verbal e institucional, pues se trasladaban en vehículos con rótulos que decían Gobernación, Policía Estatal y Municipal de Aguascalientes y una camioneta de migración, entre otros vehículos, entraron en las instalaciones de CAVA sin tener una orden judicial o algún documento escrito que justificara su presencia. Solo refirieron que los mandaba la licenciada Tere Jiménez, bajo el argumento de que iban a hacer un censo”, dijo Angélica Contreras, integrante de la organización civil Cultivando Género, quien dio lectura al comunicado oficial de las organizaciones.

Fotografía del operativo tomada por las cámaras de seguridad de CAVA.

Los aproximadamente 12 hombres que ingresaron con violencia al refugio, quebrantaron la seguridad de las instalaciones, tomaron fotos de los espacios y vulneraron la confidencialidad de las personas que ahí se albergan, a quienes fotografiaron sin su permiso. Incluso, a uno de ellos, que dormía, lo levantaron “con pistola en mano” y revisaron sus pertenencias. Al momento de los hechos, tres personas estaban refugiadas en el albergue.

“A todos los interrogaron, revisaron cajones, colchones, camas y todos los rincones de la organización. Preguntaban según se les fuera ocurriendo, sobre los medicamentos, sobre la cantidad de personas que asisten y colaboran, siendo en todo momento intimidatorios. Después se fueron sin más. No encontraron nada fuera de la ilegalidad”, agregó Contreras.

Tras el hecho, las organizaciones presentaron una denuncia contra quien resulte responsable del violento operativo ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHA), y se preparan para presentar una denuncia penal. Durante la rueda de prensa, responsabilizaron al estado de cualquier cosa que le suceda a integrantes de CAVA o de las organizaciones que respaldan al albergue.

“Entraron violentando el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, causando además un estado de zozobra en las personas que se encontraban en la organización. Realizaron un cateo sin considerar que, como lo marca el artículo 62 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberían de tener una orden para tal fin. Hicieron caso omiso de lo que marca el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, al no identificarse. Violaron el derecho a la confidencialidad de las personas que se encontraban en la organización al tomarles fotografías sin su permiso. (...) Exigimos respeto y apoyo a los, las y les compañeres de CAVA. Reprobamos tajantemente cualquier intimidación, limitación u obstaculización por parte del Estado a nuestro trabajo”, se lee en el comunicado de las organizaciones.

Organizaciones y activistas exigieron a las autoridades federales, y al gobierno de la panista Teresa Jiménez, fundar y motivar la intervención que realizaron en el refugio.

“Les recordamos a las autoridades que las organizaciones de la sociedad civil hacemos el trabajo que no hace el gobierno. Cubrimos necesidades que la población vulnerada lo requiere y que está en nuestro objeto social. Hacemos incidencia política justo donde encontramos áreas de oportunidad para mejorar la garantía de los derechos humanos de la población”, dijo Sofía Ortiz, de la Clínica de la Diversidad Sexual (SURA).

Efraín Muro, coordinador de CAVA, afirmó que desde la administración del también panista Martín Orozco, tanto él como la organización que representa, sufrieron el acoso de elementos de seguridad del Estado.

“Ha habido amenazas, intimidaciones, compañeros hemos tenido patrullas afuera de nuestras casas, a veces pensamos que es para cuidarnos, pero al grado de ayer no había pasado y es lamentable porque ahí estaban los chicos, porque ustedes saben que ahí viven personas que están en una situación vulnerable y que llegaran de esa manera, yo todavía no lo creo”, dijo en rueda de prensa.

Muro también lanzó una consigna: hago un llamado público a la gobernadora del Estado para que aclare los hechos, para que nos diga por qué, con orden de quién entraron a CAVA.

Sofía Ortiz, de la Clínica de la Diversidad Sexual (SURA); Efraín Muro, coordinador de CAVA; y Angélica Contreras, integrante de Cultivando Género A.C.

Por ahora, el gobierno de Teresa Jiménez no se ha posicionado sobre el tema.

Las organizaciones que respaldaron y acompañarán a CAVA en el proceso son: Comunidad para la Diversidad de los Derechos y la Ciudadanía, VIHDA, LGBT Rights, Cultivando Género, El Diario Aguascalientes, Mexicanas en Acción Positiva y Clínica de la Diversidad Sexual (SURA). Así como activistas independientes.