La premura en licitar y la información otorgada por la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del estado, desincentivaron a las empresas interesadas en la concesión de las autopistas de cuota Guanajuato- Silao y Silao - San Felipe, y aumentaron las percepciones de riesgo sobre su viabilidad, consideran especialistas y ejecutivos de compañías constructoras.

Preocupa además la participación de la española Rubau, asociada al local VISE, como único consorcio licitante, dada la conflictividad mostrada por esta empresa tanto en su país de origen como en México.

La información de aforos históricos y proyecciones por los 30 años de la concesión y el plazo limitado para armar la propuesta, alimentaron las dudas de los participantes sobre la viabilidad económica del proyecto, según trascendió por parte de algunas de las empresas interesadas.

La apresurada licitación podría constituir un riesgo para futuras administraciones estatales que podrían enfrentarse a la amenaza de una renegociación o, incluso, una eventual cancelación del proyecto. El primer obstáculo a superar sería obtener el financiamiento de parte de una institución de crédito, que tendría que aprobar las proyecciones que no convencieron a casi todas las empresas originalmente interesadas.

Cinco de las diez empresas que adquirieron las bases para la concesión conjunta de la carretera Silao - San Miguel Allende y la autopista de cuota Guanajuato - Silao, enviaron cartas de disculpa, cuatro más no se presentaron y la única oferta fue de la constructora guanajuatense VISE, asociada con la española Rubau.

Este viernes 30 de agosto se realizará la asignación de la concesión por parte de la SICOM, encabezada por el panista jalisciense Tarcisio Rodríguez. El gobierno del que forma parte este funcionario, encabezado por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, concluye su encargo el próximo 26 de septiembre.

La única oferta es la del consorcio VISE-Rubau que plantea una contraprestación de 107 millones de pesos y un costo de inversión total de 5 mil 400 millones de pesos. Un ejecutivo de una de las empresas declinantes que pidió el anonimato señaló que llama mucho la atención esa cifra, pues es al menos 20 por ciento inferior a la inversión requerida, de acuerdo a las necesidades técnicas planteadas por SICOM.

Además, se critican los plazos otorgados por la dependencia estatal para armar la propuesta, apenas 77 días, ya que la licitación se convocó a fines de mayo y la presentación de ofertas se definió para el 12 de agosto. “Un proyecto de esta naturaleza, que requiere estudios técnicos, financieros y legales para soportar su viabilidad, necesitaría al menos 120 días, aunque lo habitual son 180 días”, dijo el entrevistado.

Con un plazo limitado, que ya mostró su primera consecuencia con el retiro de todos los interesados menos uno, plantea el riesgo de recibir propuestas débiles: “un estudio insuficiente, con lagunas o vicios ocultos, puede propiciar reclamos de renegociación en el mediano plazo, que afectarán a posteriores gobiernos”, apuntó un ex funcionario vinculado a las áreas de obra pública.

Entre las empresas que presentaron cartas de disculpa se encuentran: Ideal, La Peninsular, Grupo México, Calzada Construcciones y Cointer, todos ellos consorcios de primer nivel. Los otros cuatro licitantes ni siquiera se presentaron.

Las cifras no cuadran

De acuerdo a los aforos presentados por SICOM, la autopista Guanajuato-Silao cerró 2023 con un tráfico diario promedio de 20 mil 381 vehículos. Las proyecciones entregadas a los compradores de las bases prevén un crecimiento a 24 mil 877 vehículos en 2030; 34 mil 852 en 2040 y cierra en 45 mil 800 en 2055, cuando vence la concesión.

Sin embargo, las previsiones son muy inferiores para la nueva carretera Silao-San Miguel: de 6 mil 600 vehículos contabilizados en 2023 subiría a 8 mil 285 en 2030; 11 mil 656 en 2040 y concluir la concesión en 2055 con 15 mil 363 autos y camiones al día.

Esos aforos, en opinión de los especialistas consultados, no garantizan la tasa de retorno para que la administración de ambas vías se convierta en un negocio viable. Incluso existen serias dudas de que un banco se interese en financiar el proyecto.

La premura en licitar, la debilidad de los datos técnicos para una obra de gran magnitud y el hecho de que la decisión política esté en manos de un gobierno al que le quedan escasamente cuatro semanas de ejercicio, significa una gigantesca bandera roja que debería alertar a la próxima administración estatal, coinciden observadores políticos consultados.

Un experto en asociaciones público privadas que pidió no ser citado, calificó como relevante la preocupación de que el aforo vehicular no sea suficiente para el éxito del proyecto. “Eso puede llevar a retrasos y aumento de costo, además de deterioro en el mantenimiento y hasta ampliación de la concesión.”

En este tipo de procesos hace falta la mayor transparencia para garantizar que prevalezca el interés público, tanto por el impacto de la obra como por el cuidado de los recursos públicos a futuro, subrayó.

Rubau, historial de conflictos

La empresa española Construcciones Rubau, perteneciente al grupo del mismo nombre y asociada con la mexicana VISE en negocios como la concesión del Libramiento Bicentenario de Celaya, tiene un vasto historial de conflictos legales y de polémicas públicas.

En 2012 se vio involucrada, junta con otra docena de empresas, en una trama de financiamientos ilegales al Partido Popular, conocida como el caso Bárcenas, por el tesorero de ese partido, Luis Bárcenas.

Rubau fue una de las empresas a las que se les detectó una concentración de aportaciones a ese partido, que coincidía con los momentos en que recibían “el mayor volumen de contratación” por parte de administraciones públicas de ese partido político.

El escándalo persiguió por varios años a la constructora, cuando participaba en nuevos proyectos, como fue una licitación para el mantenimiento del metro de Madrid. Sus directivos tuvieron que hacer aclaraciones en el sentido de que el apoderado que había participado en la trama de corrupción, Antonio Vilela, ya había sido dado de baja.

Ya en México, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Rubau fue objeto de observaciones junto con otras empresas asociadas, por un posible perjuicio a la hacienda pública de 38 millones de pesos, en la construcción de las cocheras y talleres del Tren Interurbano México-Toluca, una obra que quedó inconclusa en esa administración.

A mediados de 2022, Construcciones Rubau y Grupo VISE vendieron (Biva) el 90 por ciento de sus acciones en la Concesionaria Bicentenario, operadora del libramiento de Celaya, al fideicomiso de inversión Xinfra Fibra-E, conservando ambas empresas una participación del 10 por ciento.