Las obras que realiza el Modelo Integral de Agua de Aguascalientes (MIAA) para extraer agua de El Malacate, comunidad situada en una zona de recarga natural al sur-oriente de la capital del estado, servirán para dotar de agua potable a un megaproyecto inmobiliario conocido como “Territorio de Gigantes”, con el que el gobierno busca la construcción de más de 4 mil viviendas verticales en medio de la zona urbana de la ciudad.

Así lo confirmó Guillermo de la Torre Sifuentes, titular de la Secretaría estatal de Planeación, Participación y Desarrollo (SEPLADE). De acuerdo con el funcionario, a finales de 2025 el gobierno espera que el prototipo del primer edificio esté terminado, para ello deberá preparar una franja de 51 hectáreas que cruzan el primero y segundo anillo de la capital, asegurar –sobre todo– agua potable para las nuevas viviendas y terminar de diseñar un fideicomiso que nutrirá de recursos públicos y privados al proyecto.

“Los tanques elevados que están haciendo en el oriente del municipio son precisamente para esto; digo, para toda la ciudad, pero es para poder cubrir precisamente también la demanda que traen aquí. Así podemos asegurar que haya agua”, declaró el titular de la SEPLADE en entrevista con POPLab.

Maqueta del proyecto publicado en la página Tatiana Bilbao Estudio

Mientras se trabaja en el modelo administrativo, las obras hidráulicas en El Malacate cumplen 22 días detenidas por protestas de sus habitantes, quienes acusan que, con engaños y falta de información, la autoridad municipal intenta drenar agua del sitio. Hasta ahora, ni el gobierno estatal ni representantes de MIAA han informado a la comunidad sobre el proyecto inmobiliario que se pretende construir.

Este miércoles 25, organizaciones civiles como Conversa Sur y el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSGA), lanzaron un comunicado en el que acusan al Municipio de intentar reanudar las obras “a pesar de las reiteradas violaciones a derechos humanos que ésto supone y de la lucha de las compañeras y compañeros por defender el agua y el territorio que habitan”.

Un habitante de El Malacate explicó a este medio que el mismo miércoles funcionarios del MIAA intentaron acumular firmas de apoyo para las obras, pero no lo lograron. “Nadie firmó. Los terminamos corriendo. Fueron prepotentes, irresponsables, se presentaron sin ningún documento, estudio o cálculo que demuestre la factibilidad de la obra y garantice el abasto de agua a la comunidad”.

Abril Vera, que también asistió a la reunión, dice que aunque el MIAA ya se comprometió a cancelar las obras, sus funcionarios quieren concertar otro encuentro con la comunidad: “no le encontramos sentido porque ya son cinco reuniones que hacen y nos prometen lo mismo: que nos van a dar información detallada, pero sigue sin haber claridad de las consecuencias para nosotros”.

Zona de construcción del proyecto. Imagen tomada del documento “Plan Maestro”

Con la discusión a cuestas, el presidente municipal, el panista Leonardo Montañez Castro, quien no ha dialogado directamente con la comunidad, ha declarado que “el agua es de todos” y que debe distribuirse para beneficio de la población.

Territorio de Gigantes: un proyecto desempolvado

Territorio de Gigantes es un proyecto creado en 2013, durante la administración del priista Carlos Lozano de la Torre (2010-2016), con el que se prometía rescatar el 15% de la superficie de la ciudad e integrar a la zona oriente a esquemas de vivienda y desarrollo social y económico. Los planes, sin embargo, nunca pudieron concretarse, no había suficiente dinero pese a que el mandatario contaba con el apoyo del Municipio capital, de la Federación a través del Infonavit y del Congreso local, que en 2016 le aprobó un endeudamiento por 250 millones de pesos mediante un fideicomiso con el Grupo Financiero Interacciones.

Un año después, en 2017, la administración del panista Martín Orozco Sandoval (2016-2022) anunció que daría continuidad, y el priista Mario Guevara Palomino, entonces delegado del Infonavit, prometió a inversionistas privados que se llevaría a cabo; pero en 2022 se canceló definitivamente, también por falta de recursos. Gustavo Báez Leos, en ese momento titular del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), argumentó que no estaba garantizada la “relación costo-beneficio” y que se habían perdido 20 millones de pesos en el pago del fideicomiso que nunca logró operar como estaba previsto.

Las protestas en esos años también fueron visibles. Entre 2017 y 2018 vecinos de fraccionamientos colindantes con los terrenos del proyecto se manifestaron para exigir la construcción de un parque comunitario y no de más viviendas. Pero a medida de que los planes menguaron, las quejas cesaron.

De acuerdo con Guillermo de la Torre, el titular de la SEPLADE, a inicios de agosto pasado la gobernadora decidió desempolvar el proyecto. Invitó a la arquitecta mexicana Tatiana Bilbao –diseñadora del “plan maestro” desde el gobierno de Lozano de la Torre– para que le presentara los detalles. Tras esa visita, que no fue pública, la mandataria decidió retomar los planes en los que se incluye el diseño de un nuevo fideicomiso para el cual el estado ya contrató a un despacho privado ubicado en la Ciudad de México.

“Están diseñando el modelo, por ejemplo cómo se harían las aportaciones. Y analizando también los predios de las 51 hectáreas para ver si efectivamente se quedan como ya estaba en el plan maestro, eso se está trabajando junto con Tatiana Bilbao, definiendo cada predio, sus dimensiones y el valor (económico) para el momento del fideicomiso y de las aportaciones”, explicó el funcionario.

Por esas mismas fechas, en agosto, afirman los habitantes de El Malacate, MIAA comenzó las obras hidráulicas en esa zona que colinda con el Bosque de Cobos, un área natural protegida y amenazada por empresas constructoras.

Para comenzar con los planes, el primer paso es remover un ducto inutilizado de Pemex y diversas torres de alta tensión en activo que pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), apostadas en el extremo sur de las 51 hectáreas que abarca el proyecto. De esas torres deviene el nombre de “Territorio de Gigantes”. El costo para remover dicha infraestructura se calcula en 350 millones de pesos. De la Torre Sifuentes aseguró que la remoción tardará aproximadamente un año y que se prevé arrancar en el inicio de 2025.

“El Instituto de Vivienda ya hizo el acercamiento con algunos despachos o empresas que pudieran hacer ese trabajo. Por el costo podría ser una licitación, a menos de que se pudiera comprobar que alguna empresa en particular tiene que hacer ese trabajo porque cuenta con la expertise, ahí sí hay forma de justificarse que sea una asignación directa”.

Prototipos de edificios. Fuente: Tatiana Bilbao Estudio

Algunas de esas torres cruzan los terrenos de El Malacate, dos líneas se ubican a menos de un kilómetro de la zona habitada. De acuerdo con el titular de la SEPLADE, la infraestructura será reemplazada por postes más pequeños, conocidos como torres troncocónicas. El cambio, dijo, ya está autorizado por la CFE.

Mientras las dos pasadas administraciones pronosticaban un costo superior a los mil millones de pesos por la totalidad del proyecto, el gobierno actual aún no tiene ninguna proyección presupuestal.

Vivienda a bajo costo, la promesa

El argumento de la administración estatal para reanudar el proyecto es que la SEPLADE y el IVSOP detectaron una alta demanda de viviendas de interés social, es decir, de bajo costo.

Esa demanda, dijo de la Torre Sifuentes, no está atendida por las empresas constructoras del estado, que ofertan sobre todo casas de tipo medio con un costo base de 2 millones de pesos, precio que no es asequible para un estado donde el promedio de los sueldos es de 10 mil 887 pesos mensuales, el treceavo más bajo del país de acuerdo con la organización México, ¿cómo vamos?

“Platicando con el Infonavit de que tienen una gran cantidad de créditos que la gente los tiene disponibles pero no los tramita porque no hay vivienda de ese costo, o sea, no les da para comprar una vivienda en un coto o de un mayor nivel, la gobernadora decidió seguir este proyecto más ambicioso de vivienda interés social”.

Territorio de Gigantes, sin embargo, también contará con vivienda de tipo medio en el 15% de la superficie, y con residencias en el 5%. Todas serán edificios de entre cuatro y seis niveles.

“Eso es por la oferta y la demanda, si los desarrolladores inmobiliarios siguen haciendo casas de tipo medio es porque se están vendiendo, en gran parte es una demanda más bien de inversión, de gente que ya tiene más de una vivienda. Como gobierno lo que queremos es enfocarnos en la demanda de interés social, los desarrolladores dicen que esa vivienda no les conviene, entendemos que nadie va a invertir si no tienen una ganancia, el problema es el costo de la tierra”, explicó el secretario.

El plan es que, a cambio de subsidiar (entregar sin costo) los terrenos del proyecto a las empresas inmobiliarias que se muestren interesadas, éstas deberán ofertar viviendas de interés social a un costo accesible, sin que existan aún parámetros específicos.

“Si el Estado lo quiere hacer, olvídate, va a pasar lo mismo, el Estado no tiene para hacer esas viviendas. El Estado lo que tiene es que es dueño del terreno, entonces vamos a hacer un modelo si quieres mal dicho, pero es un modelo de negocios. Necesitamos que los desarrolladores de vivienda le metan su dinero, para eso el estado hará un fideicomiso, el estado subsidia el terreno, ellos construyen la vivienda y cuando se vende el desarrollador recupera su inversión y tiene su utilidad porque debe haber ganancia para ellos, y entonces la idea es que vendan la vivienda más barata a la gente”.

Prototipos de edificios. Fuente: Tatiana Bilbao Estudio

Entre los planes de la SEPLADE está también la posibilidad de construir un cluster inmobiliario donde los desarrolladores puedan comprar materiales por volumen y a menor costo, así como facilitar permisos y trámites de gobierno “para que quede un precio que la gente sí pueda pagar". En el caso de la vivienda de tipo medio y residencial, el gobierno aún no decide si subsidiará o no los terrenos.

Además de los edificios, se prevé construir también infraestructura social, como plazas comerciales, áreas de servicio, centros de salud, escuelas y centros comunitarios.