La mañana del martes 20, el Cabildo de la capital de Aguascalientes aprobó un nuevo endeudamiento de 260 millones de pesos –que representa el 6% de los ingresos totales del Municipio– para el funcionamiento del Modelo Integral del Agua de Aguascalientes, por sus siglas MIAA. El nuevo crédito, que aún no queda claro cómo se ejercerá, se suma a otros cuestionados por posibles casos de corrupción.

De los 16 integrantes del Cabildo, sólo dos votaron en contra del endeudamiento: Citlalli Rodríguez, regidora por el PRI, y Alejandra Peña, representante de Morena.

“Tengo que rechazar la idea de que es necesario endeudarse para echar a andar el nuevo modelo de agua debido principalmente a tres factores: Uno, cuando se planteó el modelo no se planteó un endeudamiento. Dos, no está claro el destino del crédito, nos podrán haber dicho lo que sea pero el dictamen no lo contempla, los recursos no están etiquetados. Y tres, ya estamos demasiado endeudados”, sentenció Rodríguez.

La regidora agregó que cuando se aprobó el reglamento del nuevo Órgano Público Descentralizado (OPD) conocido como MIAA, “se planteó que no serían necesarios recursos extraordinarios, había dictámenes técnicos y financieros en donde se especificaba la viabilidad del organismo. Esto además fue robustecido cuando se afirmó en distintos eventos públicos que la OPD sería fortalecida a través de transferencias estatales de recursos, mismos que ahora sabemos que se entregarán, entre comillas, en obra”.

El nuevo organismo tiene ya recursos etiquetados por 250 millones de pesos, aprobados por el Cabildo Capital en el Presupuesto de Egresos.

El dictamen aprobado por el Cabildo es ambigüo en la utilización de los recursos, pues no especifica con claridad a qué destinarán. En la exposición de motivos, el documento indica que los recursos se destinarán “exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas, y a inversiones que beneficien directamente a la población, conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social”.

Pero luego señala que: “Los recursos derivados de las Obligaciones a corto plazo deberán ser destinados exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal. Dicho crédito se solicita debido a que existe el proceso de entrega recepción entre la Concesionaria Veolia y la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA) y el mismo no aparece en el presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023”.

“La contradicción de hablar de que es para la entrega-recepción debería llevarnos a preguntar el destino concreto de la deuda: ¿qué se va a pagar de la entrega-recepción? ¿Los asesores? ¿Los liquidadores? ¿Se le va a pagar algo a Veolia o qué? No sabemos el destino de estos recursos, no vienen en el dictamen, no están etiquetados”, reiteró la regidora por el PRI.

“Endeudar es poner en riesgo las finanzas y el futuro, no solamente son los más de 200 millones de pesos a pagar en un año sin ser etiquetados más allá de la buena voluntad, tenemos que considerar los pendientes financieros adquiridos. Al inicio de esta administración se aprobó un financiamiento disfrazado de adelantado de participaciones federales y se aprobó un recurso extraordinario para el agua de más de 500 millones de pesos y el Gobierno del Estado anunció 250 millones para el agua, y hoy nos piden 260 millones más de pura buena voluntad”, agregó Alejandra Peña, regidora por Morena.

Por su parte, el presidente de Aguascalientes, el panista Leonardo Montañez, aseguró que el crédito deberá estar liquidado tres meses antes de su salida, en julio de 2024.

“Es un endeudamiento que tiene que estar apegado a la Ley de Disciplina Financiera, que no puede sobrepasar esta administración, es decir, tendría que estar finiquitado antes del 14 de julio del próximo año, tres meses antes del cierre de la administración. Lo tenemos previsto para los activos, como grúas, fuentes de poder, un software comercial para cobrar en MIAA. Una vez que MIAA empiece a cobrar deberá resarcir esos recursos, en el largo plazo, desde luego no se podrá hacer en el corto plazo”, declaró Montañez. Sin embargo, esas compras no están detalladas en el dictamen aprobado.

Durante la sesión, el alcalde fue respaldado con el voto de sus compañeros panistas, como el regidor Edgar Dueñas, integrante de la Comisión Permanente de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, que argumentó la necesidad de obtener mayores recursos para la operación de MIAA.

“El reto de MIAA es muy grande, nos hemos comprometido a mejorar el servicio del agua y para ello debemos tener las mejores herramientas (...) nuestro respaldo para sacar este proyecto, sabemos de la importancia de este recurso para adquirir insumos. Coincido, quizá no está en el dictamen pero se nos presentó una tabla”, dijo Dueñas.

Más deudas y el tufo de corrupción.

El endeudamiento para MIAA se suma a otros contratados por la capital de Aguascalientes durante las administraciones de la ahora gobernadora Teresa Jiménez. Dichas deudas han sido cuestionadas por constituir posibles casos de corrupción.

Entre ellos se encuentra uno contratado el 31 de enero de 2020 para la adquisición de luminarias LED por 643,055,597 millones de pesos a la empresa MD Iluminación Nacional, que de acuerdo con el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de las Entidades Federativas y Municipios vigente, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afecta al 14% de las participaciones federales que reciba el Municipio hasta el 30 de enero de 2030, con una tasa efectiva –un interés– del 3.58%.
De acuerdo con el contrato firmado con MD Iluminación nacional, cada mes el Municipio de Aguascalientes paga 7.3 millones de pesos por los servicios contratados, ya incluyendo intereses.

Fuente: Contrato firmado con MD Iluminación Nacional

Al final, señala el mismo documento, el Municipio terminará pagando 900.5 millones de pesos. De esta cantidad, indica la información de la SHCP, hasta el 31 de marzo de este año capital aún debe 415.9 millones.

De acuerdo con el acta constitutiva de la empresa, el accionista principal de MD Iluminación Nacional es Eugenio Javier Maíz Domene, un empresario regiomontano sumamente cuestionado; y la segunda socia es Jovita Morín Flores, exdiputada local por el PAN que en 2020 –cuando se firmó el contrato–, fue presidenta de la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN.

En su momento, la entonces alcaldesa Teresa Jiménez fue cuestionada por entregar un contrato a alguien cercana a su partido y a Marko Cortés, presidente nacional del PAN, quien ha mantenido un firme apoyo hacia Jiménez. También se le acusó de presuntamente inflar en más del doble el costo de las luminarias adquiridas por la empresa.

Y aunque se abrió un juicio por el sobreprecio –en el que se vieron implicados funcionarios de menor rango del ayuntamiento capital–, en agosto de 2022 el Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito del Poder Judicial de la Federación resolvió absolverlos de toda culpa. Mientras que los funcionarios de primer rango que firmaron el contrato de deuda nunca fueron llamados a rendir cuentas.

Eugenio Javier Maíz Domene –exdueño del equipo de beisbol Sultanes de Monterrey– es también socio de Héctor Martínez Vivas, el accionista mayoritario de la empresa Next Energy del Centro –y de otras 13 compañías similares–, con la que en 2019 el Municipio de Aguascalientes, entonces gobernado por Jiménez, firmó un contrato multimillonario para la generación de energía limpia a través de paneles solares.

Las empresas de Vivas y de Maíz Domene han estado en el centro de señalamientos en Nuevo León y Baja California por firmar contratos igual de millonarios para generar energía a través de parques fotovoltaicos, cuyos permisos para operar nunca obtuvieron.

Por esas deficiencias, y luego de que esos gobiernos fueran duramente cuestionados, ambas entidades emprendieron juicios legales para dar por terminados los contratos. En Aguascalientes esto aún no sucede.

El contrato original con Next Energy, firmado el 22 de marzo de 2019 según el documento en poder de POPLab, fue por 948.9 millones de pesos a pagar hasta el 31 de marzo de 2050 y compromete el 15.7% de los ingresos del Municipio por los próximos 30 años.

De ese primer endeudamiento, de acuerdo con la SHCP, el municipio aún debe 588.1 millones de pesos.

Sin embargo, la administración de Jiménez aprobó, el 28 de marzo de 2019, una ampliación presupuestal del contrato a Next Energy por más de 3 mil millones de pesos. De acuerdo con la página de Hacienda, ese crédito será inscrito ante la SHCP hasta noviembre de este 2023.

Cuando eso suceda, alertó la regidora Citlalli Rodríguez, el Municipio de Aguascalientes estará en números rojos respecto a deuda contratada.

Y es cierto. Una vez inscrita la ampliación del crédito, la capital aguascalentense pasará de semáforo amarillo –en donde se ubica actualmente y que significa “endeudamiento en observación”– al semáforo rojo (endeudamiento elevado) en el indicador del servicio de deuda y de obligaciones sobre ingresos de libre disposición del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda.

Fuente: Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Tanto la deuda por las luminarias como la de los parques fotovoltaicos se contrataron a través de Asociaciones Público-Privadas (APP’s), una figura fiscal cuestionada pues ha sido utilizada para el desvío de recursos.

“Tenemos otros endeudamientos: las famosas APP’s, tanto de energía eléctrica como de luminarias, apalancadas en los recursos de libre disposición. En suma las APPS representan más de 20 mil millones de pesos que hipotecan el futuro de Aguascalientes, ¿y aún quieren endeudarse más?”, remató Rodríguez.

Además del crédito para MIAA, la última y más reciente deuda contratada por el Municipio es un “crédito simple” contratado con Banobras por 75.7 millones de pesos, adquirido el 28 de julio de 2022, con una tasa de interés del 11.25%. De acuerdo con el contrato, el Municipio terminará pagando 83.6 millones de pesos, cifra que deberá liquidar en octubre de 2024. Hasta el 31 de marzo de este año, el gobierno capitalino mantiene una deuda de 60.7 millones de pesos por dicho crédito.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Ilustración: Pinche Einnar.