La administración de la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel solicitó nuevas deudas a largo plazo. El gobierno de Aguascalientes obtuvo la autorización del Congreso local para la contratación de financiamiento con instituciones de crédito por hasta 3 mil 300 millones de pesos a pagar durante los próximos 25 años, y otros 490.5 millones para los municipios que deberán liquidar a más tardar en octubre de 2027. Los recursos serían destinados a obras de “infraestructura pública productiva”.

La propuesta compromete el 25% de los recursos públicos provenientes de diversos fondos federales, como el Fondo General de Participaciones, el Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) y el Fondo de Fomento Municipal.

La apertura para contratar nueva deuda se suma a otras dos solicitudes de crédito hechas por la gobernadora en el pasado y aprobadas por el Legislativo, que también afectan recursos —estatales y federales— a largo plazo. La suma total de los proyectos supera los 23 mil millones de pesos aprobados en menos de tres años.

La reciente solicitud de la mandataria fue aprobada por mayoría en una sesión ordinaria del Pleno Legislativo celebrada el 26 de junio, con los votos a favor del PAN, PRI, PRD, Partido Verde y Movimiento Ciudadano; mientras que las bancadas morenistas votaron en contra.

“Se nos pide dar nuestra autorización para contraer nuevos créditos y se nos dice que no se trata de nueva deuda. Se van a generar nuevas obligaciones crediticias con montos, planes de pago y garantías adicionales, pero por arte de magia estos nuevos compromisos económicos no tendrán el carácter de deuda”, se quejó el morenista Fernando Alférez durante la sesión. Alejandra Peña, su compañera de partido, agregó que “son 3 mil 300 millones que pagarán nuestros hijos”. 

Genny López Valenzuela, del PVEM, defendió la propuesta: “Cuando se habla de una deuda fácilmente se percibe como algo negativo, sobre todo si se tiene interés en ello, sin embargo, es crucial entender que las deudas bien administradas no siempre son una carga o son negativas”, dijo en tribuna. 

De acuerdo con los dictámenes aprobados, se trata de la necesidad de acceder a mayores recursos para “inversiones públicas productivas” que permitan cumplir con los objetivos del Plan de Desarrollo Estatal 2022-2027, en el caso del estado, por un monto de hasta 3 mil 300 millones de pesos; y a una reestructura de la deuda estatal  —actualmente superior a los 3 mil millones de pesos— para liberar 556 millones de pesos de “bonos cupón cero” que actualmente respaldan adeudos estatales contraídos en administraciones pasadas. 

Los recursos obtenidos por la reestructura de la deuda, que “representan liquidez adicional para hacer frente a las necesidades de inversión”, pasarán directamente a manos de Alfredo Martín Cervantes, el hombre encargado del manejo del dinero público en todas las administraciones de Jiménez Esquivel, y padre de Rodrigo Cervantes Medina, uno de los diputados panistas que aprobaron el endeudamiento. 

Con todo ese dinero, el gobiernol propone realizar diversos proyectos: hasta 800 mil pesos para el Proyecto de Distrito Poniente que contempla la creación de un corredor ecológico metropolitano Río San Pedro; hasta 1 millón 900 mil pesos para consolidar el Sistema Integrado de Transporte Metropolitano, la construcción de diferentes vialidades y la conservación de carreteras estatales; y hasta 100 mil pesos para el mejoramiento de espacios públicos. 

La mayor inversión sería en el proyecto de seguridad Blindaje Aguascalientes, con hasta 500 millones para la adquisición de nuevas unidades policiales de alta gama, cámaras para patrullas, cámaras inteligentes con micrófono, velocidad y robóticas, la construcción de la Agencia Estatal de Investigación Criminal y tabletas de uso rudo para el “fortalecimiento de la denuncia digital”.

En el caso de los municipios, los recursos deberán ser destinados para mejorar los servicios públicos en general, sin que exista descripción de proyectos en específico.

Según los documentos, tanto la administración estatal como los municipios tendrán lo que resta del ejercicio fiscal 2025 y todo el de 2026 para contraer las nuevas deudas. 

Los otros créditos 

Entre los argumentos para solicitar mayor deuda, el Gobierno de Aguascalientes dijo que cuenta con una calificación de “endeudamiento sostenible” ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo cual es cierto de acuerdo con los datos oficiales. 

Sin embargo, en la información publicada por Hacienda no existe información, por el momento, de dos solicitudes de deuda bajo el modelo de Asociación Público Privada que la administración de Jiménez Esquivel pidió al Congreso en 2023 y 2024, y que le fueron aprobadas. Ambas comprometen recursos federales y estatales a largo plazo.

La primera es una deuda por 7 mil 009 millones 706 mil 862 pesos aprobada a finales de 2023 para lo que la administración estatal denominó “Proyecto de Incremento de la Disponibilidad de Agua Sustentable para la Ciudad de Aguascalientes” cuyo contrato deberá adjudicarse a un inversionista privado a más tardar el 31 de diciembre del año en curso. Este proyecto afectará el 20% de las participaciones federales del Fondo General de Participaciones, los ingresos que recaude la entidad por el concepto de Derechos de Control Vehicular como fuente alterna y/o garantía de pago, y los ingresos municipales del Modelo Integral del Agua de Aguascalientes (MIAA) hasta 2045.

La segunda es la ampliación del contrato firmado con la empresa Next Energy  —acusada de fraude en otras entidades— por un total superior a los 12 mil 870 millones de pesos. La deuda compromete el 26% de las participaciones federales de la capital y “el porcentaje suficiente y necesario” del cobro estatal del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) hasta 2035.

Aunque la ampliación de la deuda con dicha empresa se oficializó en agosto de 2024 con su publicación en el Periódico Oficial, hasta ahora se desconocen los detalles del nuevo contrato y la razón por la que no ha entrado en vigor. Pese a ello, la empresa ha cobrado millones de pesos mensualmente en el municipio capital sin ofrecer hasta ahora ningún servicio.

“El tema de la empresa Next Energy es un ejemplo paradigmático, miles de millones de pesos a través de una Asociación Público Privada que no ha encendido un solo foco”, acusó Alférez, de Morena. 

El costo de estos proyectos y la reciente aprobación para “inversiones públicas productivas” suman más de 23 mil millones de pesos comprometidos para los próximos años.

Aunque Poplab solicitó entrevista con Alfredo Martín Cervantes, secretario de finanzas, para conocer detalles sobre los proyectos y su inscripción en la Secretaría de Hacienda, hasta la publicación de este reportaje la Secretaría de Comunicación y Vocería no ofreció ninguna respuesta. 

Este medio también envió un cuestionario al diputado panista Luis León, presidente de la Comisión de Vigilancia en el Congreso —que fue la encargada de dictaminar la aprobación de la nueva deuda— para conocer detalles sobre el nuevo endeudamiento y el avance de los proyectos aprobados en el pasado, pero tampoco se obtuvo respuesta.