El mes pasado logramos una victoria histórica. A partir del amparo que presentamos en enero de 2023, un Tribunal Federal ordenó al Congreso de Aguascalientes revertir las reformas al Código Urbano de la entidad que permitía a inmobiliarias construir nuevos fraccionamientos con menos beneficios para la población. Pero, ¿por qué es un logro para los derechos medioambientales de la población?

En la reforma que se hizo al Código a finales de 2022, integrantes del Congreso, funcionarios de gobierno y empresas inmobiliarias celebraban su aprobación dado que permitiría flexibilizar trámites y requisitos para impulsar la construcción de más fraccionamientos. Esta perspectiva, que claramente beneficiaba intereses económicos sobre derechos y necesidades colectivas, se vió reflejada en el retroceso planteado en varios cambios al Código Urbano.

Uno de ellos fue una reducción considerable en el porcentaje de áreas de donación - de 15% a 12% - que son espacios que desarrollos inmobiliarios tienen que garantizar para ser utilizados como áreas verdes y espacios públicos. Esta medida, presente en todos los estados del país y en varias partes del mundo, es vital para que las ciudades puedan asegurar una planeación adecuada y haya espacios suficientes conforme se expanden para que las personas tengan derecho a un ambiente y vida sana, convivencia, recreación y seguridad.

Además, la reforma abría la posibilidad para que tres cuartas partes de los predios, en lugar de donarlos, se sustituyera por “obras de impacto social significativo” como pavimentaciones y más pasos a desnivel - como si el exceso de cemento e infraestructura para el auto en Aguascalientes no fuera suficiente. Esta sustitución, bajo los evidentes pactos entre funcionarios públicos y empresas privadas para facilitar requisitos, daría paso a simulaciones en la entrega de estas obras.

Afortunadamente, fraccionadores y funcionarios no se salieron con la suya de beneficiarse con construir y vender más casas a costa del medio ambiente e incluso evitando que la gente pueda vivir en viviendas dignas y adecuadas, y en ciudades sustentables. La pregunta que nos deberíamos estar haciendo es, ¿qué intereses se buscan si no son los colectivos y ambientales?

Han pasado semanas desde la sentencia a favor del amparo y hasta la fecha no han podido justificar por qué el cambio fue una medida necesaria, proporcional e idónea que no afectara el derecho a un ambiente sano. El gobierno y representantes políticos señalan que la reforma era para poder asegurar que esos espacios donados fueran equipados con recursos privados. Prueba de ello es que un diputado local dijo “¿quiénes son los mayores impulsores de generar ciudad? Pues son los desarrolladores…”.

Todo indica que están evadiendo su responsabilidad y obligación como Estado de proveer los servicios e infraestructura pública necesaria, dejándolo a consideración y criterio de los fraccionadores privados. Aquí también es importante cuestionarnos si en realidad el gobierno no tiene dinero suficiente, o más bien, si el presupuesto público se está utilizando para los fines adecuados.

De acuerdo con una investigación realizada por Conversa Sur, los planes municipales de desarrollo de los últimos 10 años se han enfocado en dar soluciones como programas sensacionalistas, “vendibles” y asistencialistas sin considerar las necesidades y el contexto local. Lo cual explica a dónde se han ido los recursos públicos, así como el abandono y renuncia del gobierno por atender las áreas verdes y los espacios públicos, velando así por el derecho a la ciudad y a un ambiente sano.

Es claro que las reformas al Código Urbano respondían a un beneficio económico para los desarrolladores inmobiliarios, lo cual se puede entrever por sus propias declaraciones, y muestran la relación cercana entre los políticos y fraccionadores. Claro que las autoridades van a acatar el fallo del Tribunal, pero persistirán las presiones para defender esta perspectiva e intereses.

Aun así, este amparo es un logro que da un respiro ante el constante ataque ambiental que vivimos en Aguascalientes por la continua aprobación de fraccionamientos que amenazan áreas de conservación. Además, nos motiva para articularnos para hacer frente a interés privados en conjunto con otras organizaciones de defensa del territorio y del medio ambiente a fin de que prevalezcan los intereses colectivos.

La ciudad la hacemos sus habitantes y el Estado debe velar por el derecho a la ciudad donde la población pueda disfrutar, apropiarse y decidir sobre su entorno. Por eso, buscaremos que las correcciones al Código Urbano no sólo se realicen de manera efectiva, sino que abran la discusión para que se integren las opiniones y necesidades de la población sobre la ciudad que queremos.

Nos interesa escuchar de ustedes, así que nos pueden contactar en contacto@conversasur.org.mx.