En los seis años de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador replanteó la relación que tuvieron anteriores titulares del Poder Ejecutivo con los empresarios de los medios de comunicación y sus figuras más emblemáticas.

Además de sus expresiones críticas sobre el quehacer periodístico de esos medios y algunos de sus representantes en “la mañanera”, López Obrador tomó decisiones fundamentales que trajeron un cambio en la correlación de fuerzas político-empresariales, un reacomodo en los medios (venta y compra de empresas, nuevos jugadores, movimientos en la conducción de programas periodísticos, etc.) y el crecimiento de nuevos actores en el campo mediático y el periodismo, particularmente en las plataformas digitales, que hoy día han enriquecido la oferta de contenidos.

El presidente marcó un alto a la incidencia que tuvieron esos intereses mediáticos en los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox y Carlos Salinas de Gortari. En todo ese periodo neoliberal, las definiciones más importantes en materia comunicacional fueron promovidas por ese pequeño grupo de actores y avaladas por el presidente y los partidos políticos aliados.

Los ejemplos son abundantes, aunque algunos destacan por la enorme corrupción que les caracterizó y los nulos beneficios sociales, como la venta de Imevisión, el “decretazo” de 2002 que la “pareja presidencial” regaló a las televisoras para que saturaran de anuncios comerciales las pantallas de televisión y redujeran sustancialmente los “tiempos fiscales”, los permisos para la instalación de casinos a empresas del sector, las autorizaciones para que Televisa se expandiera sin contrapesos en el mercado de la televisión de paga, los miles de millones de pesos del erario público para la publicidad gubernamental, las exenciones fiscales y otras “perlas”.

El caso más significativo de cómo el poder mediático llegó a imponer las reglas del juego fue la denominada “ley Televisa” de 2006 y la contrarreforma en materia de los derechos de las audiencias de 2017. En ambos casos, tanto el presidente de la República como la mayoría del Congreso dominado por el PRI, el PAN y el PVEM, se pusieron al servicio de los más poderosos empresarios de la radio y la televisión, sin importarles el daño a los derechos humanos que generarían esos cambios legales, como se demostraría tiempo después con las sentencias sobre la inconstitucionalidad de sus actos.

¿Y la “telebancada”? Tampoco podríamos dejar de mencionarla en esta revisión. Fue una de las tantas expresiones de ese acuerdo político-empresarial, construido desde los años treinta y que llegó a su consolidación en los gobiernos neoliberales referidos, aunque no exenta de ciertas dosis de desencuentros entre los presidentes turno, como Luis Echeverría o José López Portillo, con Emilio Azcárraga, o de acciones de censura como ocurrió con medios impresos (Excélsior, Proceso, etc.). Aún así, pese a esos diferendos, sobre todo discursivos en el caso de la radio y la televisión, nada impidió que ese poder mediático creciera e influyera en Los Pinos y en el Congreso con diputados y senadores que no servían al interés público, sino a los intereses de los dueños de las televisoras (de ahí el término de “telebancada”).

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013 se cuece aparte. Efectivamente, esta reforma afectó algunos intereses de los poderosos empresarios de la radio y la televisión (medios comunitarios, nuevas cadenas de televisión, regulación asimétrica a preponderantes, etc.), pero fue resultado de un acuerdo del más alto nivel con los liderazgos políticos, incluido el PRD, y empresariales, en el que se cedió en ciertos terrenos para ganar en otros (por ejemplo, la reforma energética). Poco después, parte de los raspones a la industria del sector fueron reparados con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de 2014, en la que se desdibujaron los alcances de la reforma a la Constitución (regulación asimétrica, por citar un caso).

La llegada a la silla presidencial de un líder político de oposición, al que las televisoras, radiodifusoras y la mayoría de los medios impresos denostaron de mil maneras durante al menos 20 años porque no era afín al propio proyecto político-empresarial de los dueños de esos medios y de la entonces clase política gobernante, debía implicar una modificación de reglas escritas y no escritas en beneficio de la colectividad. El cambio no ha sido tan radical, como se hubiese esperado, pero sí constatamos en estos seis años decisiones trascendentales, como las siguientes:

“La mañanera”. Un fenómeno comunicacional sobre el que se ha escrito mucho y se escribirá más. Los privilegios a los medios comerciales para tener acceso a las conferencias del presidente terminaron y se abrió un espacio de interlocución, también, con periodistas de medios públicos y de medios independientes. No sólo eso. Como también aquí lo afirmamos, la sección “Quién es quién en las mentiras”, pese a sus cuestionamientos, aportó elementos de información para conocer la versión del gobierno sobre sus decisiones o logros.

Publicidad gubernamental. La disminución de recursos hacia los medios ha sido radical. Pasamos de alrededor de 13 mil millones de pesos anuales en el gobierno de Peña Nieto a cerca de 2 mil 700 millones por año en la administración de López Obrador. Esta es una de las razones que explican las líneas editoriales de algunos medios.

Privilegios fiscales. Era otra forma de contubernio con empresas del sector que se ha eliminado paulatinamente. Las exigencias del presidente López Obrador para que, por ejemplo, el empresario Ricardo Salinas Pliego pague sus adeudos fiscales han sido persistentes. Esto jamás habría ocurrido en los gobiernos del PAN o del PRI.

Entrevistas exclusivas. Sólo se concedían a medios comerciales y a las y los conductores más reconocidos. En este sexenio destacan las que el presidente ofreció a la periodista Inna Afinogenova, de Canal Red TV; a los conductores del programa El Chamuco TV y que se transmitió en la TV pública, y a la periodista Nancy Flores, de la revista Contralínea.

Comida Nacional de Radio y Televisión. Se terminó ese espectáculo político-mediático, en el que el presidente en turno se reunía cada año con los afiliados de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) para refrendar los intereses mutuos. En cambio, se promovió desde Presidencia de AMLO un encuentro con periodistas de medios independientes.

Censura. Se terminaron las llamadas desde Presidencia o alguna oficina de la Secretaría de Gobernación a los propietarios o directivos de medios para aconsejar, recomendar, sugerir o prohibir ciertos temas o coberturas periodísticas o bien para despedir a reporteros, conductores o columnistas, como ocurría en sexenios anteriores.

Derecho de picaporte. La mayoría de los empresarios de este sector o en su caso los llamados líderes de opinión tenían posibilidades de tener acuerdos cotidianos con el presidente. ¿Y la distancia con el poder político que ahora se pregona con quienes simpatizan con las decisiones presidenciales? Esto disminuyó notablemente en el sexenio.

Cuestionamientos sin maquillaje ni ediciones. Varios periodistas nacionales y extranjeros cuestionaron críticamente al presidente en “la mañanera”, como Jorge Ramos, de Univisión; Dalila Escobar, de la revista Proceso, y Reina Haydée Ramírez, quien colabora en medios independientes. Tampoco hubo censura. En las redes están las grabaciones incólumes de esos episodios.

También, como parte de las acciones de la denuncia de casos de corrupción que imperaban en esa cuestionable relación gobierno-medios, se revelaron las listas de los periodistas afamados que recibían dinero público y la manera en cómo una empresa, Latinus, y la organización Mexicanos contra la corrupción, fueron patrocinadas con recursos de gobiernos estatales y de una élite de empresarios para hacer un periodismo funcional a sus intereses. Incluso, en el caso de la organización del empresario Claudio X. González, la Embajada de Estados Unidos en México salió raspada.

Para cualquier observador, es claro que durante el sexenio fue innecesario, en muchas ocasiones, el señalamiento o denostación del presidente a empresarios o periodistas influyentes que no consideraba éticos o cuyos comentarios o escritos no consideraba veraces. Coincido que se les daba demasiada importancia, pero el presidente no quiso dejar pasar todo aquello que dañara su honestidad o la de su gobierno. Hay quienes arguyen que esto trajo una afectación en la confianza de los medios de comunicación en conjunto o en su caso en el despido de algunos periodistas señalados justo en “la mañanera”. Sin embargo, como hemos comentado en este espacio, hay muchos otros factores a considerar en la crisis económica, de credibilidad y de cambios que viven diversas empresas mediáticas y el periodismo que ofrecen a sus lectores y audiencias a través de sus figuras más visibles, hoy tan cuestionadas.

La presidencia de López Obrador termina así con un nuevo modelo de relación y comunicación política con los medios tradicionales y los nuevos medios. ¿Nuestra próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, lo reforzará o lo replanteará? ¿de qué manera? Pronto lo sabremos.

NAVEGANDO POR EL ÉTER

La radio universitaria continúa trayendo gratas sorpresas. Hace algunos días, Nicolás Lucas, de *El Economista*, tuvo una primicia: la emisora Radio IPN, que dirige Enrique Anzures, fue autorizada por el IFT para multiprogramar la frecuencia 95.7, por lo que ofrecerá dos señales o programaciones adicionales, además de la principal. Una de las nuevas señales se denominará Polifonía y la otra Polimanía. ¿Cuáles serán sus contenidos? Pronto lo sabremos, ya que ambos servicios deberán estar al aire a fines de este año…. Al respecto, es importante precisar que estas señales multiprogramadas sólo pueden ser escuchadas por quienes cuentan con receptores digitales (HD Radio). Desafortunadamente, en México la radio digital terrestre no ha tenido un crecimiento importante. Hay pocos equipos digitales disponibles en el mercado. Internet y las redes sociales le ganaron a la radio abierta digital. No obstante, para los fans de Radio IPN, podemos anticipar que ambas señales también estarán disponibles en streaming y aplicaciones… La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) celebra esta semana los 33 años de la creación de la Licenciatura en Comunicación. Sus egresadas y egresados cuentan con una formación integral y ética que fortalece la calidad de los medios de comunicación en el país y en particular en el sureste de México. Muchas felicidades a Juan José Padilla, director de Comunicación; a Erasmo Marín, presidente de la Academia de Comunicación, y a la comunidad universitaria por su compromiso con los principios universitarios.