El presidente municipal de San Luis de la Paz, Rubén Urías Ruiz, y el ayuntamiento de este municipio, fueron obligados mediante una orden judicial a reconocer a Abigaíl Torres Hernández como autoridad tradicional de la comunidad Misión de Chichimecas pese a ser elegida por votación comunitaria en abril de 2024; esto ha provocado, entre otras situaciones, que la población éza'r quede fuera de los programas federales. 

A decir de Juan Baeza López, exdelegado y Comisionado de Derechos Humanos de la Asamblea Comunitaria, la falta de reconocimiento de Abigaíl Torres ha traído consigo efectos negativos para los habitantes de Misión de Chichimecas, donde habitan cerca de 10 mil integrantes del pueblo éza'r, conocido en castellano como chichimeca-jonaz. Una de las repercusiones fue quedar fuera del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

Fue gracias a una demanda de amparo presentada por la propia Abigaíl Torres Hernández en enero pasado, que el Juzgado Primero de Distrito reconoció que las autoridades municipales de San Luis de la Paz violaron el derecho constitucional de los pueblos y comunidades indígenas para nombrar a sus autoridades tradicionales, conocidas también como delegados. 

“Lo que nosotros estamos pidiendo es que se respete el derecho de nuestro pueblo, en donde nosotros elegimos a nuestros representantes, por ende podemos nombrar a la persona que nos va a representar y que no está acatando el municipio. Por eso iniciamos el proceso de amparo”, señaló Abigaíl. 

La resolución del juicio de amparo 137/2025-VII-E, con fecha del 5 de junio, otorga la protección constitucional a Torres Hernández para que el Ayuntamiento de San Luis de La Paz, dentro del lapso de tres días a partir de la notificación, emita el acuerdo correspondiente respecto al reconocimiento de la demandante como autoridad auxiliar del órgano municipal, en representación de la comunidad Misión de Chichimecas. Sin embargo, el periodo vacacional del Poder Judicial de la Federación interrumpió que la sentencia cause estado. 

Aunque Abigaíl Torres fue reconocida el 15 de mayo como representante tradicional por la Asamblea Comunitaria de Misión de Chichimecas, entidad que le otorgó el bastón de mando tras ser elegida democráticamente, el Ayuntamiento encabezado por Rubén Urías Ruiz se ha negado a nombrarla como autoridad tradicional en una sesión de ayuntamiento. 

El nombramiento de Abigaíl Torres se dio luego de que habitantes de la comunidad pidieron la destitución del exdelegado Juan Daniel García Torres, a quien señalaron de avalar una candidatura indígena para el priista Lorenzo Chávez Zavala, quien buscó sin éxito una diputación plurinominal en la elección de 2024. Su postulación fue señalada por los propios habitantes de Misión de Chichimecas, quienes no reconocieron al líder campesino como integrante del pueblo éza'r.

Con el argumento de que existen “conflictos internos en la comunidad”, la Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, representado en la región por María del Carmen Álvarez Juárez, dejó fuera a Misión de Chichimecas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Con este subsidio de reciente creación, a la comunidad guanajuatense le corresponderían 3.6 millones de pesos. 

“Ahí es donde ya afecta a la comunidad, que no nos reconocen nuestros derechos para poder exigir, para poder solicitar ciertas cosas y que nos responden como debe ser, nos están limitando nuestros derechos porque no nos toman en cuenta”, denunció a POPLab Juan Baeza López. 

Un historial de omisiones

El pasado 11 de julio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa desechó el recurso de revisión presentado por el Ayuntamiento de San Luis de la Paz en rechazo a la sentencia en la que el Juzgado Primero de Distrito ordenó reconocer a Abigaíl Torres. No obstante, el periodo vacacional del Poder Judicial Federal, que comprendió del 16 de julio al 4 de agosto, ha dilatado que la sentencia que el Juez Luis Alfredo Gómez Canchola emitió el pasado 5 de junio quede firme. 

En los criterios presentados en la resolución, el Juez consideró que el alcalde Rubén Urías Ruiz y su ayuntamiento, integrado además por un síndico y nueve regidurías, pasaron por alto el Artículo Segundo Constitucional que “reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas, a la libre, determinación y en consecuencia al autonomía para: elegir en los municipios con población indígena, representantes en los ayuntamientos”. 

En el mismo Artículo, la Carta Magna enuncia que las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos con el propósito de fortalecer su participación y representación política.

Asimismo, la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Guanajuato en su Artículo Décimo dispone que el Estado y los municipios reconocerán a las autoridades indígenas, elegidos de acuerdo a sus sistemas para el ejercicio de sus formas internas de gobierno.

Aunque el Artículo 125 de la Ley para el Gobierno de Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato también establece que la persona auxiliar del ayuntamiento de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas será electa conforme a los usos y costumbres y prohíbe a los Ayuntamientos designar a los representantes populares, la administración de Rubén Urías Ruiz aún reconoce a exdelegado Juan Daniel García Torres, pese a que la Asamblea Comunitaria le revocó esta responsabilidad en mayo de 2024. 

“Estuvimos mucho tiempo mostrando lo que fueron las pruebas. Al final de cuentas nosotros como pueblo solamente vamos a notificarle que ya había cambiado la autoridad, que se hizo una elección en la cual salí ganadora y pues a ellos les correspondía solamente acatarlo, cosa que no hicieron”, relató Abigaíl Torres a POPLab.

De acuerdo con la documental presentada en la audiencia constitucional del juicio de amparo, fue desde el 10 de junio de 2024 cuando Abigaíl Torres Hernández comunicó al presidente municipal interino Jaime Mata Pérez su nombramiento como autoridad tradicional de la comunidad éza'r Misión de Chichimecas. 

Nuevamente, el 25 de octubre de 2024, en una reunión entre integrantes de la comunidad y personal del Ayuntamiento en la que estuvo presente el presidente municipal Rubén Urías Ruiz, se pidió verbalmente a las autoridades municipales reconocer a Abigaíl Torres como representante y autoridad auxiliar. 

En respuesta, el 2 de diciembre pasado, el alcalde Rubén Urías notificó mediante el oficio 0194PMC/2024 a los habitantes de la comunidad que el área jurídica y de derechos humanos de la Secretaría de Ayuntamiento dejó sin efecto el nombramiento de Juan Daniel García Torres como autoridad tradicional y auxiliar y llamó a reconocer a Abigaíl Torres Hernández como delegada. 

No obstante, a 8 meses de esta notificación y pese a la orden judicial, ni el alcalde de San Luis de la Paz ni el ayuntamiento como cuerpo colegiado han colocado el nombramiento en el orden del día de las sesiones. 

“Ellos argumentaban que nosotros no habíamos llevado en ningún momento ningún oficio de donde ellos estuvieran enterados de lo que estaba pasando en la comunidad, el presidente Rubén Urías no da la cara. Hasta el día de hoy no se ven intenciones de reconocer nuestro derecho. Hasta el día de hoy, que ya sabemos porque ya tiene que haber sabido que el amparo se ganó, no ha sido capaz de acercarse”. 

No es la primera vez que los habitantes de Misión de Chichimecas se amparan ante las omisiones de la autoridad municipal. En 2019, el entonces delegado nombrado por la asamblea, Juan Baeza López, demandó al expresidente municipal priista Luis Gerardo Sánchez Sánchez por no reconocer la elección democrática del pueblo éza'r asentado en San Luis de la Paz. El caso llegó hasta la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde Baeza López obtuvo una sentencia favorable. 

Sin embargo, el reconocimiento de Juan Baeza como autoridad auxiliar por parte del exalcalde tuvo un costo alto para la comunidad, pues Luis Gerardo Sánchez Sánchez, que ocupó la presidencia de San Luis de la Paz durante dos trienios que concluyeron en 2024, dejó a los habitantes chichimecas que apoyaron la elección de Baeza López fuera de los programas sociales durante los seis años de su administración. 

Actualmente, el político nacido en la Ciudad de México, es diputado en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, donde representa al municipio más grande del noreste guanajuatense. 

Municipio ludovicense debe acatar

La diputada morenista y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables del Congreso local, Plásida Calzada Velázquez, puntualizó que el amparo ganado por la autoridad tradicional Abigaíl Torres tiene efectos vinculantes para las autoridades demandadas, mismos que deberán respetarse. 

“El alcalde y ayuntamiento por supuesto que conocen los alcances que esto conlleva y estoy segura que habrá de acatarse; de no ser así, desde nuestras posibilidades estaremos acompañando para que se hagan valer las decisiones de asamblea de la comunidad”, advirtió la legisladora, quien llegó al Congreso por la vía plurinominal como representante de la Congregación Indígena Otomí de San Ildefonso Cieneguilla, ubicada en el municipio de Tierra Blanca. 

Calzada Velázquez manifestó a POPLab que, aunque el amparo presentado por Abigaíl Torres se enfoca en las omisiones de las autoridades de San Luis de la Paz, sus efectos no deben ser limitativos. 

“El llamado es para todos los órdenes de gobierno a reconocer y respetar la autonomía de las comunidades indígenas; sobre todo en la Misión de Chichimecas, al ser la comunidad más representativa en cuanto a identidad cultural y la conservación aun de su lengua madre”, señaló.