Guanajuato vive no solo el peor momento de violencia e inseguridad que ha dejado a su paso miles de víctimas, sino que existe una crisis en la protección a los derechos humanos, pero para los diputados locales no ha sido motivo suficiente para atender las obligaciones que la propia legislación establece para el nombramiento de la persona que este al frente de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos.

A siete días de que concluya el periodo de cuatro años de Raúl Montero de Alba al frente de la Procuraduría, en el Congreso local no existen avances ni claridad del rumbo que tomará la oficina del ombudsman guanajuatense.

La Ley para la Protección a los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato establece dos posibilidades: la primera, que a través de la Junta de Gobierno y Coordinación Política los diputados locales propongan la ratificación de Montero de Alba por un segundo periodo de cuatro años. La segunda opción es que sea la misma Junta de Gobierno y Coordinación Política la que emita una convocatoria pública y realice una amplia consulta con organizaciones de la sociedad civil para el nombramiento de la persona que estará al frente.

Raúl Montero de Alba asumió el 24 de noviembre de 2016 la titularidad de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos en medio de la polémica por tratarse de la imposición que vino desde el Ejecutivo estatal. La designación del ombudsman fue con la votación más baja que históricamente ha tenido un procurador en el Congreso con apenas 21 de los 36 votos, solo dos más de los establecidos por la Ley.

Noviembre de 2016 cuando rindió protesta como procurador de Derechos Humanos. Fotos especiales

Desde el punto de vista de activistas que acompañan a víctimas durante los últimos cuatro años, el procurador se ha dedicado a molestar lo menos posible a las autoridades en busca de repetir por un segundo periodo, incluso haciendo reconocimientos a las instituciones más señaladas por las repetidas violaciones a los derechos humanos como la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública.

Crisis

En los últimos años los homicidios han ido al alza, manteniendo a la entidad en los primeros lugares a nivel nacional, aunque a la par se han presentado otras problemáticas como los abusos de autoridad, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, violencia de género, represión, discriminación y tortura, con una Procuraduría de Derechos Humanos ausente, omisa, incluso ha llegado a convalidar las acciones de las autoridades.

Durante la gestión de Raúl Montero de Alba, quien llegó con el respaldo del PAN, se han registrado acontecimientos que marcaron la vida pública de Guanajuato por la violación a los derechos humanos, sin que hayan existido posturas contundentes para defender a las víctimas.

Desde 2016 salió a la luz pública los abusos y violencia que se vivían en el albergue “Ciudad de los Niños” a cargo del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, pero la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos no se pronunció, incluso fue en mayo de 2020 cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 42 recomendaciones a las autoridades de Guanajuato por las violaciones graves a niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad albergadas en las casas del sacerdote.

En enero de 2018 tres menores de edad fueron asesinados durante un operativo estatal en la comunidad Cieneguita, San Miguel de Allende. Las autoridades que mantuvieron hermetismo terminaron responsabilizando al padre de los tres niños de asesinar a sus hijos. Con un proceso cuestionado por la actuación de los elementos durante el operativo, finalmente la Procuraduría de Justicia consiguió que el padre se declarara culpable. Por este caso tampoco hubo pronunciamiento de Derechos Humanos.

En diciembre de 2018 Leonardo Reyes Cayente fue asesinado por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la versión de las autoridades se centró en que la ejecución fue en defensa personal porque, a decir de la Secretaría de Seguridad Pública, Leo los agredió. Hasta 18 meses después, la Procuraduría de Derechos Humanos emitió recomendaciones que a petición de Alvar Cabeza de Vaca modificó en el apartado de la capacitación a todos los elementos para limitarla a los agentes que participaron en el operativo. La familia sigue en busca de justicia.

En julio de 2019 otro joven fue ejecutado por elementos estatales: se trata de Leonardo García en la comunidad Santa Rosa de Lima, Villagrán, durante un operativo. La familia mostró fotografías donde se apreciaba la tortura que habría sufrido el joven y las heridas que causaron los elementos estatales.

Desde la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos también se tiene normalizada la tortura en sus expedientes de queja, donde incluso evitan el término y solo se maneja como “violaciones a la integridad física”.

En noviembre de 2019, en Cuerámaro, el asesinato de cuatro jóvenes a manos de un menor de edad y la inacción de las autoridades llevó a la indignación de familiares y amigos que quemaron domicilios particulares, incluido el del joven responsable de embestir intencionalmente a las cuatro menores de edad, y la presidencia municipal. Por los daños la Fiscalía General del Estado arrestó a 17 personas acusándolas de terrorismo, después de la presión y mesas de diálogo pudieron salir libres, sin que exista a la fecha un pronunciamiento de la oficina de Montero de Alba.

A finales de 2019 también comenzaron a surgir con auge las denuncias de familiares de personas desaparecidas, a unirse en colectivos, ante la constante negación del problema, las omisiones y la constante revictimización. A la fecha se acumulan decenas de quejas ante Derechos Humanos.

Raúl Montero con Diego Sinhue Rodríguez

Las familias de personas desaparecidas también han tenido que sufrir la represión de la policía, tal es el caso de la manifestación del 10 de julio pasado cuando cuatro mujeres fueron detenidas acusadas de lesionar a policías estatales.

Sin embargo, las familias que buscan a sus seres queridos no son las únicas que han sido víctimas de la represión a manos de elementos de seguridad, también ocurrió en León contra feministas que exigían justicia por el acoso sexual que sufrió Evelyn.

Recientemente, Guanajuato registró el primer homicidio de un periodista mientras hacía la cobertura de un hecho de violencia. Israel Vázquez fue asesinado el lunes 9 de noviembre en Salamanca.

Aunque en la mayoría de los casos la oficina de Raúl Montero de Alba ha anunciado que se abrieron expedientes de queja de manera oficiosa, no hay resultados de las investigaciones, tampoco existen evidencias de que aquellas recomendaciones aceptadas por las autoridades se cumplan.

Montero, el peor ombudsman

Activistas que se han dedicado al acompañamiento de víctimas calificaron la gestión de Raúl Montero de Alba como la peor en la historia de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos.

La pasividad con la que ha actuado el procurador lo lleva a reprobar el trabajo que ha hecho la Procuraduría en los últimos años, a la par de la creciente violencia en la entidad.

Coincidieron en la necesidad de que llegue otra persona a la institución que debe velar por los derechos humanos de las personas, aunque un cambio de titular tampoco garantizaría el trabajo efectivo porque las omisiones son estructurales con el resto de los colaboradores.

“La prueba es que no ha participado en temas de violaciones graves de derechos humanos en el último año, y si ha participado lo ha hecho coyunturalmente con la intención de capitalizar políticamente los casos y postularse para la ratificación”, señaló Raymundo Sandoval de la organización Plataforma por la Paz y Justicia.

Comentó, como ejemplo, que en el último informe que presentó Montero de Alba ante el Legislativo termina reconociendo a la Fiscalía General del Estado por las certificaciones internacional, cuando es la institución a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre una de las más recomendadas.

Sandoval también expuso que en la reunión que tuvo con familiares de personas desaparecidas presumió recomendaciones que han resultado insuficientes para garantizar el trato digno a las víctimas y la no repetición de los errores.

“En el informe se señala que más del 90 por ciento son recomendaciones aceptadas, pero al final, en los anexos, deja ver que solo la mitad están cumplidas. Simulan el cumplimiento”.

En febrero de 2020 se reunió con familiares de personas desaparecidas prometiendo velar por sus derechos, pero sigue sin dar resultados

Incluso, recordó que en el caso de Leonardo Reyes Cayente la recomendación que emitió terminó cambiándola a petición de Alvar Cabeza de Vaca.

“Él pensaba que la recomendación iba a quedar bien con la familia, con el movimiento y termina siendo una vergüenza porque no reconoce la ejecución extrajudicial”.

José Gutiérrez, representante de los colectivos de búsqueda Sembrando Comunidad y A Tu Encuentro, calificó la gestión de Montero de Alba como la más pasiva que ha tenido Guanajuato, porque solo busca “incomodar lo menos posible a los gobiernos, a la Fiscalía”.

Desde la experiencia de los colectivos de familiares de personas desaparecidas el problema no es solo Raúl Montero de Alba, sino la mayor parte del personal que labora en la institución porque su esfuerzo está encaminado a no iniciar procedimientos, a buscar los errores en las narrativas de las víctimas para decir que no es un asunto de derechos humanos y cerrar las quejas.

José Gutiérrez comentó que en el último año han presentado al menos 50 quejas en Derechos Humanos, sin que a la fecha hayan recibido alguna respuesta de la Procuraduría.

“No es posible que tengamos una procuraduría tan pasiva siendo uno de los estados más violentos del país, yo creo que Raúl Montero de Alba entiende la defensa de los derechos humanos de una forma pasiva, hacer lo menos que se pueda”.

El representante de los colectivos comentó que tan solo en la última semana presentaron cuatro quejas ante Derechos Humanos y tienen listas otras tres por las reiteradas omisiones de la Fiscalía General del Estado en la integración de las carpetas de investigación de las personas desaparecidas.

Campaña mediática de ¿despedida?

En los últimos días la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos inició con una campaña para dar a conocer lo que ha denominado: “Memorias de Gestión 2016-2020” con planas completas en medios de comunicación de circulación estatal como el am.

Además, la cuenta oficial en redes sociales de la oficina de Montero de Alba presume “logros” que se resumen en el desarrollo de una aplicación móvil, la capacitación de 500 mil personas en materia de Derechos Humanos, las opiniones ante el Congreso del Estado para reformas legales.

También dedica varios tuits a destacar el máster de Derechos Humanos impartido por la institución y la Universidad de Granada, España.

A contrarreloj

Todavía sin pronunciarse sobre el rumbo que tomará la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos, a los diputados locales se les vino el tiempo encima porque solo restan siete días para que termine el periodo del actual ombudsman.

En la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato se establece que tendrá que ser la Junta de Gobierno y Coordinación Política la que determine si se ratifica al procurador por un segundo periodo, o bien, lanza una convocatoria para elegir a un nuevo titular.

Los diputados locales han dado salida a otros temas como la ratificación de Javier Pérez Salazar al frente de la Auditoría Superior del Estado, incluso en la última reunión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política aprobó la convocatoria para buscar un nuevo titular de órgano de control interno, aunque el actual contralor termina el periodo en marzo del próximo año.

Si los diputados pretenden nombrar un nuevo titular en Derechos Humanos tienen que emitir una convocatoria pública, pero también destinar tiempo para hacer una consulta amplia con organizaciones de la sociedad civil, como lo establece el artículo 12 de la citada ley.

La normativa establece que después de todo el proceso de consulta, la comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables tendrá que enviar al Pleno del Congreso una terna para que se designe a la persona que fungirá como titular de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos.

El proceso más rápido se daría si los diputados buscan ratificar por un segundo periodo a Montero de Alba, porque en el artículo 14 de la legislación solo establece que tendrá que salir la propuesta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, luego sería revisado por la comisión de Derechos Humanos para finalmente enviar la propuesta a Pleno.

A Raúl Montero de Alba solo le bastarían 19 votos, mismo número que tiene el PAN en el Congreso, para repetir por un segundo periodo.

La Ley para la Protección de los Derechos Humanos también establece el supuesto de ausencia de un titular de la Procuraduría. Al terminar el periodo y si el Congreso no hace una designación, tendrá que ser el secretario general el que asuma de manera provisional el cargo. En este supuesto la oficina quedaría a cargo de Alberto Estrella.

Con el tiempo encima y la necesidad de revisar, analizar y aprobar las 46 iniciativas leyes de ingresos de los municipios, además del paquete fiscal que presentará el Ejecutivo el 25 de noviembre, los diputados locales dejaron como tema secundario la renovación de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos, precisamente cuando Guanajuato atraviesa por la peor crisis de violencia y reclamos sociales.

La lectura que dio Raymundo Sandoval a la omisión del Legislativo es que en un intento por ratificar a Montero de Alba, los diputados “quieren ocultar el mal papel que ha tenido, están buscando administrar la crisis para que el costo político sea menos grave para el gobierno”.