Por Raymundo Sandoval

Guanajuato es la entidad en la que más homicidios dolosos se han cometido durante 2020, en el año más violento que ha vivido en toda su historia. Si bien este fenómeno ha crecido exponencialmente desde 2015, la combinación entre macrocriminalidad, impunidad y corrupción, conforman la crisis de derechos humanos más grande que ha vivido el estado. A continuación, una descripción breve de los principales sucesos del año que termina.

Enero. Después de semanas de que fue solicitada, el 16 de enero se llevó a cabo la reunión entre 3 Colectivos de familias de personas desaparecidas con el Gobernador de Guanajuato, realizándose también reuniones con el Secretario de Gobierno y con el Fiscal General. El Gobernador ofreció un fondo no limitativo de 10 millones del que sólo se ejerció la mitad, en medio de severos cuestionamientos. Por su lado, para las familias fue el inicio de un proceso de movilización política.

Febrero. Se llevan a cabo las mesas técnicas para discutir la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en la entidad, con una ruptura por parte de las familias en la recta final de la discusión debido a la falta de escucha de la diputada Libia García del PAN. Guanajuato se convirtió en la tercera entidad federativa que eliminó la categoría de persona no localizada de su legislación local.

En otro tema, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) emitió la Recomendación sobre la ejecución extrajudicial del migrante mexicoamericano Leonardo Reyes Cayente, que fue fuertemente cuestionada por no reconocer la responsabilidad de los policías estatales que lo asesinaron.

Marzo. Se crea la cuenta https://twitter.com/DesapGto para emitir alertas sobre desapariciones en Guanajuato, como parte de un proyecto más amplio, que en agosto se presentará como la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. A la fecha esta cuenta ha emitido alertas sobre la desaparición de 250 personas en la entidad.

Ilustración: Pinche Einnar.

Mayo. Se aprueban las Leyes de Búsqueda y de Víctimas después de la presión que hicieron los Colectivos que emergían con gran fuerza en Guanajuato. En un último esfuerzo por incluir un concepto operativo sobre fosa clandestina, se presentaron reservas en el pleno, que fueron rechazadas por la mayoría panista y sus diputaciones satélite.

Al mismo tiempo, comenzaron los primeros hallazgos de fosas clandestinas, como la de Copuato en el municipio de Uriangato. Ésta fue la primera intervención realizada por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

Junio. Por primera ocasión, el Observatorio Designaciones Públicas hace comentarios a la Convocatoria para la designación de la persona titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CEBPD), estableciendo estándares sobre rendición de cuentas, transparencia y participación ciudadana. Lineamientos que fueron incumplidos por el Gobierno del Estado que eligió a Héctor Ezquerra, llamado por ser amigo personal del Gobernador, lo que motivó la protesta de familias de personas desaparecidas.

Julio. El Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Víctimas presentó ante la CIDH los resultados de una encuesta sobre la situación de las familias de las personas desaparecidas frente al COVID, incluido Guanajuato donde se señala que la pandemia ha venido a aumentar problemáticas prexistentes como la falta de acceso a un empleo y la precariedad económica, además del incumplimiento del Estado con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Agosto. Surge la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, un conjunto de proyectos para fortalecer la exigencia de justicia de las víctimas de la violencia. Además de hacer observaciones a la Convocatoria para la designación de la persona titular de la también naciente Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas (CEAIV), organiza el 1er Foro “Derechos de las víctimas en Guanajuato” con la participación de familiares de personas desaparecidas, con víctimas indirectas del feminicidio y Las Libres.

En otro orden de eventos, el 22 de agosto la policía municipal de León reprimió fuertemente la manifestación feminista que exigía #justiciaparaevelyn, víctima de violencia sexual. Los cuerpos policíacos agredieron sexualmente a las mujeres detenidas durante la manifestación.

También en agosto, la organización Causa en Común señaló que en la entidad se habían cometido más de 200 “crímenes atroces” y que, hasta mayo, en Guanajuato se habían acumulado 13% de los más de 14 mil muertos en todo el país.

Septiembre. Se retomó la discusión del Reglamento de la Ley para la Búsqueda de Personas, con una coordinación desastrosa por parte de la CEBPD. Con todo y el retraso, el Reglamento no ha sido aprobado y las propuestas de los Colectivos más activos para incluir una referencia específica sobre los Contextos de Hallazgo y la noción de fosas clandestinas, no han sido incorporadas.

Terminó el año y tampoco el Congreso emitió la Convocatoria para el Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda.

Octubre. Jaime Rochín es nombrado Presidente de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) en Guanajuato después de haber sido propuesto por Colectivos de familias de personas desaparecidas.

Noviembre. El 17 de noviembre asesinan al periodista Israel Vázquez de El Salmantino cuando cubría un reporte sobre restos humanos abandonados en la calle, en Salamanca. Decenas de periodistas y medios de comunicación locales se manifestaron en varias ocasiones y confrontaron a las autoridades municipales y estatales.

Diciembre. Aprueban Ley de Declaración Especial de Ausencia después de que estuvo en la congeladora más de un año. La diputada Libia García del PAN buscó por separado a algunas familias para pedirles que estuvieran en una mesa de 50 minutos y legitimar la simulación del parlamento abierto, mientras Colectivos presentaron propuestas técnicas que fueron ignoradas.

También en este mes, el Congreso de Guanajuato nombró por primera vez a un panista en la PDHEG dinamitando la autonomía de la institución.

2020 fue un año complicado para Guanajuato ya que fue el año más violento en su historia. Pero también fue un proceso de muchos cambios en la organización social de las víctimas, especialmente de las familias de las personas desaparecidas que vencieron el miedo y tomaron las calles al mismo tiempo que incidieron en cambios institucionales. La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato impulsó la creación de un sistema de alerta sobre desapariciones, ha organizado un Foro sobre víctimas, un taller sobre la Declaración Especial de Ausencia y colaboró en la organización del panel de aniversario de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; además, aportó contenido a tres iniciativas de Ley, colaboró en el Reglamento de la Ley y conformó un equipo multidisciplinario que ha participado en las búsquedas generalizadas más recientes. Adiós 2020.