La gobernadora, Libia García Muñoz Ledo, afirmó que en su gobierno se respeta la decisión de las mujeres cuando deciden abortar, pese a que el Código Penal del estado conserva las sanciones porque la mayoría panista en el Congreso local se resiste a hacer las modificaciones legales. 

De acuerdo con la mandataria estatal, cuando una mujer acude a un hospital a pedir los servicios de interrupción del embarazo, el personal de la Secretaría de Salud da acompañamiento y se les presentan “opciones”.

"Nosotros estamos acompañando a las mujeres desde la Secretaría de las Mujeres, desde la Secretaría de Salud. El llamado a todas las mujeres es a que se acerquen a la propia Secretaría de Salud, desde donde hay un acompañamiento permanente y las mujeres tienen opciones. Nuestra postura siempre será de respeto a la decisión de las mujeres", declaró.

Libia García, sin embargo, no detalló cuáles son esas alternativas que reciben las mujeres que acuden a hospitales públicos para solicitar la interrupción de un embarazo.

Para la colectiva Red Acompañantas León, las "opciones" a las que hizo referencia la gobernadora suelen traducirse en obstáculos institucionales que enfrentan las mujeres cuando buscan acceder a este servicio, incluso en los casos de embarazo derivado de una violación.

Nayely Tello, integrante de la organización, aseguró que durante los acompañamientos han documentado prácticas del personal de salud encaminadas a disuadir a las mujeres de continuar con el procedimiento.

"Nos ha tocado en más de una ocasión que en el acompañamiento que nosotras brindamos a las mujeres, pues es la propia Secretaría de Salud, ya sea mediante médicas, médicos, su personal de enfermería, de trabajo social, de los hospitales públicos del Estado, que las quieren persuadir mediante amenazas, mediante esta situación de hacerles escuchar el latido del producto, mediante información falsa, cosas como 'te vas a quedar y nunca jamás vas a poder tener más hijos', etcétera".

Según la activista, también han identificado irregularidades en la atención médica, particularmente en el Hospital Materno Infantil de León, donde, afirmó, se administran dosis insuficientes de medicamentos para impedir que el procedimiento se complete.

"Les suministran dosis incorrectas de los medicamentos para que no se produzca una interrupción satisfactoria. Las tienen dos, tres días retenidas en los hospitales y luego les dicen: '¿Ves?, pues es que no funciona, es que realmente tú no deberías estar haciendo esto'. Lo hemos visto en muchas ocasiones".

Para Nayely Tello, las mujeres tendrían verdaderas opciones únicamente si el Congreso de Guanajuato aprueba la despenalización del aborto. Consideró que mantener las sanciones en el Código Penal perpetúa la criminalización de quienes deciden interrumpir su embarazo, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que ninguna mujer puede ser procesada penalmente por esa decisión.

POPLab preguntó a la Secretaría de las Mujeres cuáles son las opciones que se ofrecen a las mujeres que acuden a los hospitales públicos a recibir los servicios médicos para interrumpir su embarazo, pero no hubo respuesta.

A la titular de dependencia, Iztel Balderas Hernández, se le pidió una entrevista a través del área de comunicación para conocer el porqué no habían acudido a opinar a las mesas de trabajo, pero la respuesta fue por escrito y evitaron hablar de las opciones para las mujeres.

"Corresponde al Congreso del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y como órgano plural integrado por representantes de las distintas fuerzas políticas, conducir el análisis, la deliberación y, en su caso, la determinación legislativa sobre este tema. El Gobierno del Estado respeta plenamente ese proceso y la autonomía del Poder Legislativo", dijo la Secretaría de las Mujeres por escrito en el mismo tono discursivo de la gobernadora.

El discurso de la ambigüedad

La Secretaría de las Mujeres y la Consejería Jurídica del Gobierno de Guanajuato decidieron mantenerse al margen de la discusión legislativa sobre la despenalización del aborto. Ambas dependencias ignoraron la convocatoria de la Comisión de Justicia del Congreso local para participar en la mesa de trabajo donde se analizan las tres iniciativas que buscan reformar el Código Penal y tampoco remitieron observaciones por escrito.

La ausencia del Poder Ejecutivo fue una decisión deliberada. De acuerdo con la gobernadora Libia García Muñoz Ledo, su administración ya ha fijado una postura "técnico-jurídica" sobre el tema en ocasiones anteriores, como ocurrió hace un año, cuando la despenalización del aborto formó parte de la agenda legislativa. En aquella ocasión, la reforma fue frenada por la operación política de la bancada del PAN, que logró sumar, a última hora, el voto de la entonces diputada del Partido Verde, Luz Itzel Mendo González, para enviar las iniciativas al archivo.

Cuestionada sobre la ausencia del Poder Ejecutivo en la discusión, la gobernadora argumentó que la postura técnica se ha presentado en ocasiones anteriores, que se ha discutido del tema, y toca al Congreso elegir si se despenaliza el aborto.

Libia García insistió en que la postura de su gobierno es la de respetar el derecho de las mujeres a decidir, pero sin expresar abiertamente su postura a favor o en contra de la despenalización.

"La postura ya se envió de manera técnica, ya hemos manifestado nuestra postura. Hoy nuestra decisión es que el Congreso legisle al respecto. Nosotros ya emitimos nuestra opinión técnico-jurídica; ya lo que ellos determinen".

—¿Cuál es la postura de su gobierno? —se le preguntó.

"Ya lo hemos dicho, somos muy respetuosos del proceso legislativo; nosotros atendemos a todas las mujeres. Yo particularmente ya lo he dicho, que se va a dar un acompañamiento y es al Congreso al que le toca técnicamente".

En un juego de palabras para evitar hablar de manera directa sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres guanajuatenses, Libia García insistió en que el tema ha sido discutido en otras ocasiones, aunque el Ejecutivo ignoró que las iniciativas a analizar contenían otros supuestos, como el cambiar la sanción por trabajo comunitario cuando el aborto se realice después de las 12 semanas de gestación.

Las respuestas que ha dado la gobernadora sobre el tema son consideradas por la activista Nayely Tello como una estrategia para cuidar al voto conservador de Guanajuato.

"Es un cálculo político electoral. Están cuidando a su electorado porque además ya recibieron amenazas directas en el Congreso. En eso se ha convertido la resistencia de Acción Nacional y el intento de negociación de los grupos antiderechos por la penalización del aborto", apuntó.

Autoridades piden primero reformar la Constitución

A la mesa de trabajo con autoridades convocada por la comisión de Justicia, pero a propuesta del PAN en un intento por dilatar la discusión, solo llegaron representantes de la Fiscalía General del Estado y de la Procuraduría de los Derechos Humanos; ambos organismos se pronunciaron por reformar la Constitución local para eliminar el reconocimiento de la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural.

Aunque ambas autoridades coincidieron en que el Congreso de Guanajuato debería entrar a esa discusión, el fondo fue distinto: la Fiscalía General del Estado consideró que antes de hacer la reforma al Código Penal debería hacerse el cambio al artículo 1 de la Constitución, mientras que la Procuraduría de Derechos Humanos no vio como impedimento para despenalizar el aborto los términos de la Constitución local, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado al respecto.

"La SCJN ha analizado disposiciones en otros estados que son similares, como en el caso de Veracruz, Sinaloa, Nuevo León; en las sentencias, la corte estableció que las entidades carecen de competencia para definir el origen de la vida humana", recordó Agustín Eugenio Martínez, enviado de la procuradora de Derechos Humanos a la mesa de trabajo con legisladores.

Sin embargo, para el representante jurídico de la Fiscalía es necesario que el Congreso local comience por la reforma constitucional y luego busque el cambio en el Código Penal.

"Para un mayor panorama de certeza, en cualquier reforma secundaria local, resultaría pertinente considerar la primera revisión y, en su caso, reformas a la Constitución Política local como premisa para contar con un sistema y marco jurídico local organizado".

Otra autoridad convocada, pero que no llegó a la mesa, fue el Poder Judicial, y aunque de manera extemporánea, sí hizo llegar sus observaciones por escrito, en donde destaca que, al igual que la Fiscalía local, se pronuncian porque exista primero una reforma a la Constitución.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pedroza, consideró preocupante la postura asumida por el Poder Judicial porque, incluso, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado sobre la incompetencia de los congresos locales para definir cuándo inicia la vida.

"Es raro porque siempre acuden a todas las mesas, pero a esta en particular otra vez no vinieron. El Supremo Tribunal de Justicia mandó unas opiniones muy extrañas porque dicen que no es viable la despenalización, sin importar los términos en los que se plantee, porque es contrario a la Constitución local que refiere al reconocimiento de la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural".

Además del Poder Judicial, el representante de la Fiscalía General del Estado que asistió a la mesa de trabajo planteó como argumento en contra de las iniciativas la disposición del artículo 1 de la Constitución local.

Sandra Pedroza lamentó la ausencia de representantes del Ejecutivo y del Poder Judicial a la mesa de trabajo que planteó el PAN en un intento por postergar el análisis para no llevar a Pleno el dictamen.

"Mandan el mensaje de desamparo, en general como se ha manejado Acción Nacional, de que este compromiso por los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes es un tema de discurso y no de acción, porque buscan cómo seguir obstaculizando".

Con la mesa de trabajo con autoridades se agota la metodología; ahora solo falta esperar al dictamen en la comisión de Justicia para que se lleve a votación del Pleno, que podría ser hasta después del 25 de septiembre, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones, porque el PAN no está dispuesto a convocar un periodo extraordinario para abordar este tema.