Con una reestructura de contrato y una reforma de ley aprobada por el Congreso local, de mayoría panista, la administración de la gobernadora Teresa Jiménez ha apresurado el paso para cerrar un negocio multimillonario con la empresa Next Energy del Centro, demandada por el municipio capital tras incumplir con un contrato firmado en 2019. De una deuda municipal mayor a los 3 mil millones de pesos, la mandataria busca modificar el contrato para incluir al estado, otros municipios, organismos autónomos y empresas, elevando la deuda a más de 12 mil millones de pesos a pagar hasta 2035.

La empresa, que dotaría de energía solar al ayuntamiento y que ha sido demandada por fraude en Baja California y Monterrey, Nuevo León, ha cobrado en Aguascalientes 584.5 millones de pesos por un parque fotovoltaico que nunca ha operado. La administración del panista Leonardo Montañez Castro, un incondicional de la gobernadora, ha continuado con el pago aunque no recibe nada a cambio. El contrato de Asociación Público-Privada fue firmado durante la última administración municipal de Jiménez y compromete hasta 2050 el 41.7% de los recursos federales que recibe la capital, de acuerdo con los últimos datos publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El caso fue denunciado en 2022 por opositoras políticas de la gobernadora ante la fiscalía estatal, sin que se sepa de avances en las investigaciones. Como documentó la Revista Proceso, en la licitación se registraron irregularidades.

Paneles solares del parque fotovoltaico, que nunca ha operado, construido en Aguascalientes por Next Energy del Centro. (Mónica Cerbón)

Aunque Next Energy prometía el ahorro en el pago de luz eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fuentes del municipio aseguraron a POPLab que, por el pago de intereses y de mantenimiento, ese ahorro en realidad no es posible.

Por ahora el nuevo negocio está en la cancha del Cabildo capital, a donde apenas este martes llegó una propuesta para modificar el contrato a cambio de que el municipio retire el proceso legal que emprendió contra la empresa a finales de 2022. Las mismas fuentes municipales aseguran que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP y la Fiscalía General de la República (FGR) están detrás del caso y apuntan al cerebro de la negociación: Alfredo Martín Cervantes, el secretario estatal de finanzas y el hombre que durante años ha sido el encargado de manejar el dinero público en las administraciones de Jiménez.

En los documentos obtenidos por POPLab, se explica lo que la empresa ofreció al municipio: eliminar el parque fotovoltaico, que nunca obtuvo los permisos federales para operar, a cambio de instalar 1,919 micro plantas de generación solar en techos de los edificios municipales y postes de alumbrado público; disminuir el pago mensual de 36.6 millones de pesos a 17.2 millones en lo que resta de 2024; y devolver en pagos mensuales –a partir de enero del próximo año y hasta septiembre de 2027– los 584.5 millones que ha pagado el ayuntamiento.

La empresa, sin embargo, no perderá. El nuevo modelo de negocio propone aumentar el servicio a los organismos paraestatales, como fideicomisos, institutos, el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, el DIF, Radio y Televisión (RyTA), plantas tratadoras, centros de salud y más de mil escuelas; así como a los municipios de Calvillo, Jesús María, Pabellón de Arteaga, San José de Gracia, Asientos, Tepezalá y el organismo operador de agua del municipio de San Francisco de los Romo, todos gobernados el próximo trienio por la alianza PAN-PRI-PRD. También se sumó a órganos autónomos: las sedes de la Fiscalía estatal y del Poder Judicial local. En total, serían más de cuatro mil micro plantas solares instaladas.

Se excluyó a Cosío, Rincón de Romos y El Llano, municipios en donde ganó la oposición durante la jornada electoral de este año.

Sumado a la deuda de la capital, que sería de 3 mil 195 millones de pesos, por los servicios prestados a los demás órganos de gobierno la empresa cobraría más de 9 mil 674 millones, dando un total de deuda superior a los 12 mil 870 millones de pesos.

En lo que resta de 2024, la empresa recibiría mensualmente poco menos de lo que el municipio le paga actualmente: 35.2 millones de pesos, divididos en 17.2 millones del municipio y 18 millones del estado, mientras que para enero de 2025 y sumando a empresas locales en un esquema aún no transparentado, Next Energy del Centro cobraría mensualmente un pago de 73.7 millones.

El contrato con las especificaciones legales, como la inclusión de empresas y la distribución de la deuda, aún no ha sido dado a conocer al municipio. Pero en la tabla de pagos plurianuales se consigna que la mayor carga presupuestal será para las administraciones que operen en 2035, cuando la capital tendría que pagar mensualmente a la empresa 31 millones y el estado, con los demás organismos gubernamentales, 125.8 millones de pesos cada mes, siete veces más que lo que pagaría la administración de Jiménez este año.

“El objetivo de los privados es el de ganar dinero y el del Estado es brindar un beneficio social con valor público, tendrían que empatar ambos intereses. Pero la experiencia en México, ya con años de experiencia, es que los proyectos o no operan o quedan inconclusos, o hay incumplimiento ya sea público o privado, y empieza la parte de llevar a juicio. Hay incluso proyectos que sirven como elefante blanco. Nuestra principal premisa es que se están endeudando las entidades a largo plazo, comprometiendo a gobiernos que ni siquiera están ahorita, sin contemplar de manera sustentable a las próximas generaciones”, dice Yanella Martínez, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, y profesora adscrita al Centro de Estudios en Administración Pública, que ha estudiado el modelo de Asociación Público-Privada en el país.

En los documentos se propone que la instalación de las micro plantas de energía solar para el municipio concluya a finales de febrero del 2026, mientras que para el estado y empresas a finales de junio y diciembre del mismo año, respectivamente. En los documentos se incluyen costos de mantenimiento de 184.4 millones para el municipio y de 262.7 millones para el estado, sin que se especifique quién deberá asumirlos.

Para llevar a cabo el nuevo negocio era necesaria una reforma de ley que permitiera al estado, municipios y organismos paraestatales y paramunicipales –como los institutos, el DIF y el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, entre otros– adherirse a contratos de Asociación Pública-Privada. La reforma se logró: entre otras modificaciones legales, fue aprobada en una sesión extraordinaria del Congreso el martes 13 de agosto y entró en vigor de forma exprés, ese mismo día por la tarde, cuando se publicó en el Periódico Oficial del Estado (POE).

Un plan en fast track

La reforma a la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes fue presentada el 26 de junio por el diputado panista Max Ramírez, integrante del grupo político de Jiménez. El proyecto fue aprobado el 5 de agosto en la Comisión de Vigilancia, presidida por el también panista Jaime González de León, y una semana después por el Pleno Legislativo, con mayoría del partido blanquiazul.

Con la reforma se amplió la figura de las Asociaciones Público-Privadas (APP) para que el Estado, municipios y los demás entes gubernamentales puedan solicitar al Legislativo no sólo la contratación de una APP, sino también autorización para adherirse a proyectos con el objetivo –principalmente– de compartir deudas contraídas con inversionistas privados a largo plazo.

La modificación de ley ocurre a menos de un mes del cambio de Legislatura, el próximo 15 de septiembre, cuando el Congreso tenga un mayor número de diputados de oposición, aunque el PAN seguirá siendo mayoría.

La reforma contó con el voto de 24 de los 27 diputados. Los votos en contra fueron de tres de los cinco integrantes de la bancada de Morena, segunda fuerza política en el Congreso.

“La privatización jamás será la respuesta, es obligación del Estado garantizar los servicios y la infraestructura necesarios. Ampliar las facultades de las autoridades ejecutivas pone en mayor vulnerabilidad a la ciudadanía y a los recursos estatales. El Congreso debe garantizar que sean ejercidos de manera responsable, debe permear el bienestar colectivo por encima de los intereses personales. Aguascalientes requiere que el estado se haga responsable de su desarrollo y no que se realicen negocios para unas cuantas personas”, dijo durante la sesión Juan Carlos Regalado, de la bancada de Morena que, consultado por POPLab, prefirió no hablar más del tema.

Se prevé que el nuevo contrato con Next Energy sea aprobado en una nueva sesión extraordinaria del Congreso a más tardar el viernes 30; mientras que el Cabildo, donde se necesitan 12 votos de los 16 integrantes (la mayoría panistas), lo haría en los próximos días.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la propuesta pasará por el síndico procurador, Héctor Hugo Aguilera Cordero, que revisará los términos legales y dará aviso al juzgado local que analiza la demanda contra Next Energy de que las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio y, por ende, debe concluir el proceso legal. Luego será revisado en la Comisión de Gobernación, presidida por la regidora priista Citlalli Rodríguez –quien ha criticado la deuda municipal con la empresa– y después pasará a votación de los demás regidores.

Una vez aprobado por el Cabildo y el Congreso, el tema regresará al municipio, donde se aprobarán los detalles del juego.

Las APP, que tuvieron su auge durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto, permiten a las entidades públicas acceso a mayores recursos a través de la iniciativa privada, pero tienen diversos riesgos, como beneficiar a grupos empresariales específicos, comprometer recursos estatales y federales durante décadas –como ha sucedido en Aguascalientes–, la utilización de recursos públicos de forma discrecional y pocas responsabilidades para las empresas en caso de deficiencias o incumplimientos, dice Yanella Martínez, de la UNAM.

En diciembre de 2023, Jiménez envió una solicitud al Legislativo para reestructurar la deuda del municipio capital con Next Energy, pero nunca fue discutida por el Congreso. En ella propuso que a cambio de reducir el 15.7% del pago municipal, le permitieran al estado –a través de una APP– adherirse al contrato mediante un endeudamiento por 2 mil 800 millones de pesos que saldrían del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), un pago que hacen los empresarios al estado. En el documento se estableció que, como garantía, la empresa ofrecía 550 hectáreas de “Cerro Prieto”, ubicado en Mexicali, Baja California.

La mandataria ha mostrado especial interés en la industria energética. En mayo de este año anunció que su administración trabaja en la creación de una Agencia Estatal de Energía. Los detalles sobre cómo operará el nuevo organismo no han sido dados a conocer.

Una empresa fraudulenta y un socio clave

Next Energy es una empresa que vende energía solar con mala reputación, opera a través de más de una decena de razones sociales. Sus socios más conocidos son Héctor Martínez Vivas, un empresario veracruzano, y Eugenio Javier Maíz Domene, hijo de un político priista regiomontano y ex dueño del equipo de beisbol Sultanes de Monterrey.

La empresa saltó a la escena pública en 2022, tras un escándalo en el estado de Baja California, donde firmó un contrato multimillonario con el gobierno del morenista Jaime Bonilla para construir una planta fotovoltaica que dotaría de energía eléctrica al acueducto Río Colorado, pero –al igual que en Aguascalientes– nunca cumplió. El contrato también comprometía recursos federales del estado a largo plazo.

Por el caso, seis funcionarios de esa administración están vinculados a proceso, señalados de peculado y uso ilícito de atribuciones. También fueron acusados dos empleados de la empresa, y a finales de 2023 la Interpol detuvo a un funcionario de Banca Afirme, fiduciario de Next Energy en el contrato.

En Monterrey, Nuevo León, la empresa ha causado polémica por, de nuevo, su falta de cumplimiento. El contrato fue firmado por el ex alcalde priista Adrián de la Garza en la administración 2018-2021 y hasta enero de este año el municipio había pagado 381 millones de pesos sin recibir ningún servicio a cambio. El actual presidente municipal, el emecista Luis Donaldo Colosio, buscó cancelar el negocio, pero no lo logró, así que consiguió una reestructura a la deuda multimillonaria, también a largo plazo. Por el caso se presentaron denuncias penales.

La razón social con la que Aguascalientes pactó la deuda es Next Energy del Centro, creada en 2015 en Monterrey y donde también figuran como socios, entre otros, Martínez Vivas y Maíz Domene, que en 2019 fue nombrado presidente y socio mayoritario de la compañía donde también es el apoderado general. La información está consignada en documentos del Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía.

Ese mismo año, 2019, el municipio –entonces gobernado por Jiménez– firmó el primer contrato con Next Energy del Centro. Maíz Domene es una pieza clave para la gobernadora, pues es el socio mayoritario de la empresa MD Iluminación Nacional, con la que, como alcaldesa en 2020, Jiménez firmó otro contrato de Asociación Público-Privada para renovar las luminarias de la capital aguascalentense. La compañía tiene como accionista minoritaria a Jovita Morín, que ese año era presidenta de la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN.

Además del tráfico de influencias, el caso fue denunciado por, presuntamente, contener precios inflados. Aunque en Aguascalientes cuatro funcionarios –todos suplentes– fueron vinculados a proceso acusados de fraude y uso indebido del servicio público, en 2022 un tribunal colegiado resolvió absolverlos y dar por concluida la investigación.

La deuda con MD Iluminación Nacional compromete el 14% de las participaciones federales del municipio capital hasta 2030. Hasta marzo de este año, el saldo pagado es de 345 millones de pesos de los casi 700 que se acordaron en el contrato, de acuerdo con los últimos datos publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).