En un estado en alerta roja por la crisis de derechos humanos que se padece, las diputadas de la comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables restringieron el análisis de los ocho perfiles a Ombudsperson a solo 20 minutos de diálogo con cada aspirante, donde no hubo más de seis peguntas.

La cerrada metodología que se implementó durante las tres horas de entrevistas llevó a los aspirantes a hacer una presentación correteada, incluso en algunos casos no tuvieron oportunidad de concluir con la exposición del proyecto que tienen para la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDHEG) por los acotados tiempos.

A lo anterior, se sumó que la sociedad en general no pudo ver en tiempo real la participación de cada aspirante, porque la decisión de la comisión fue postergar la publicación del video hasta que terminaran todas las intervenciones. El argumento para justificar la decisión fue que se harían las mismas preguntas.

Las entrevistas se realizaron vía remota a los cinco hombres y tres mujeres que pretenden convertirse en la próxima persona titular del organismo.

En la historia de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato es la primera ocasión en la que mujeres participan en un ejercicio abierto para convertirse en Ombudsperson.

Son tres las que buscan convertirse en la primera procuradora de los Derechos Humanos del estado: Martha Beatriz Márquez, Karla Gabriela Alcaraz y Edna Aguilar, las dos últimas se desempeñaron como subprocuradoras del organismo en diferentes regiones del estado.

Tanto Karla Gabriela Alcaraz Olvera, funcionaria durante 18 años en la Procuraduría de los Derechos Humanos, como Edna Aguilar, quien trabajó en el organismo durante 10 años, coincidieron en que es el momento de que Guanajuato cuente con una mujer al frente de la PDHEG.

Ilustración Pinche Einnar

Sergio Claudio Arellano, José Manuel Pérez, José Manuel Ramos, Vicente Esqueda y José Luis Vargas son los cinco hombres que quieren convertirse en procurador de los Derechos Humanos del estado.

De los ocho aspirantes, solamente uno no cuenta con experiencia o trayectoria en derechos humanos: el panista Vicente Esqueda Méndez, quien ha tenido diversos cargos partidistas y públicos durante los últimos años. En 2017 terminó su periodo como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.

Destacó que durante las entrevistas seis de los ocho aspirantes hicieron referencia a la crisis de derechos humanos por la violencia contra las mujeres, la desaparición forzada de personas, violaciones a los derechos de la niñez, el no reconocimiento de los derechos de la comunidad de la diversidad, entre otros problemas que aquejan a la sociedad guanajuatense.

Otra de las coincidencias fue la urgencia de reivindicar el trabajo de la Procuraduría que recientemente llegó a su aniversario número 27.

Sin embargo, la realidad que perciben Vicente Esqueda y José Manuel Pérez es otra. Ambos destacaron el trabajo que han realizado los procuradores que han antecedido en el cargo y hablaron de que la entidad cuenta con una PDHEG autónoma.

Pugnan por la paridad en la PDHEG

En la historia de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato es la primera ocasión que tres mujeres participan en un ejercicio abierto para convertirse en Ombudsperson.

Tras la reforma legal de 2018 en la que se quitó la facultad al Ejecutivo estatal de presentar una terna al Congreso para la designación, son los diputados y las diputadas las que están a cargo de todo el proceso.

La primera convocatoria que emana del Legislativo para nombrar a la próxima Ombudsperson recibió la postulación de cuatro mujeres, aunque Isis Nevai Albarrán García quedó fuera de la etapa de entrevistas por no entregar la documentación completa.

Karla Gabriela Alcaraz Olvera, Edna Aguilar Domínguez y Martha Beatriz Márquez pretenden ocupar la titularidad de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

De las tres, Karla Gabriela Alcaraz y Edna Aguilar abanderaron la propuesta de que una mujer se convierta en Ombudsperson.

“Es tiempo de que la paridad llegue a la Procuraduría de los Derechos Humanos, es tiempo de que lo que tanto se predica se haga realidad. Es la oportunidad histórica del Congreso del Estado de otorgarle la titularidad del organismo a la persona más preparada”, manifestó al inicio de su exposición Alcaraz Olvera, quien durante 18 años colaboró en la PDHEG.

Karla Alcaraz Olvera

La abogada dijo a las diputadas de la comisión de Derechos Humanos que después de cuatro años fuera del organismo decidió participar en la convocatoria con “una visión más autónoma, más crítica”.

Karla Alcaraz fue subprocuradora de Derechos Humanos en dos ocasiones: durante dos años de la zona D con sede en San Miguel de Allende, después ocupó el mismo cargo en la zona A con sede en León durante 10 años.

“Que se rompa el techo de cristal de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que el organismo que tiene como esencia la defensa de la igualdad y la paridad, efectivamente pueda estar encabezado por una mujer comprometida”.

Entre los compromisos que hizo se encuentra entregar en 100 días un proyecto de iniciativa de Ley de Protección a los Derechos Humanos para actualizar la norma vigente, además de hacer un análisis de los perfiles de las personas que trabajan en la Procuraduría para garantizar que permanezcan quienes estén más preparadas.

Edna Aguilar Domínguez, también ex subprocuradora de Derechos Humanos, insistió en que apostándole a la igualdad es momento de que llegue una mujer al organismo.

“Las mujeres tenemos la capacidad y el derecho ya de ocupar puestos como el que ahora nos convocan”.

Aguilar Domínguez fue una de las aspirantes que no pudo terminar de exponer el proyecto que tiene para la Procuraduría por el limitado tiempo; sin embargo, coincidió en que es necesario hacer reformas legales a la norma que rige al organismo en Guanajuato.

La abogada que colaboró durante 10 años en la Procuraduría de los Derechos Humanos aseguró que de llegar al cargo no estaría ahí para “pedir permiso, no es pedir autorización” a ninguna autoridad.

Edna Aguilar

Martha Beatriz Márquez, actual funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, aceptó que una de las debilidades que tiene la Procuraduría es la falta de comunicación con las organizaciones de la sociedad civil, trabajar en conjunto para poder dar atención a las víctimas.

“No podemos decir que la grave problemática se pueda atender con uno o dos factores, se necesita trabajar de la mano con la sociedad”.

Además, manifestó que una de las prioridades en Guanajuato debe ser la elaboración de un diagnóstico sobre la situación que guardan los derechos humanos en la entidad.

Martha Beatriz Márquez

Desde mayo de 1993 cuando se conformó la PDHEG han sido seis hombres los que ocuparon el cargo de procurador: Rafael Hernández Ortiz, Miguel Valadez Reyes, Salvador Oyanguren Espinoza, Manuel Vidaurri Aréchiga, Gustavo Rodríguez Junquera y Raúl Montero de Alba.

Urge dar credibilidad al organismo

Seis aspirantes coincidieron en los señalamientos de que Guanajuato además de atravesar por la peor crisis de violencia, también vive uno de los peores momentos en materia de derechos humanos.

En este sentido, se pronunciaron por realizar un análisis certero sobre la situación y con el apoyo de la sociedad civil organizada, de los organismos nacionales e internacionales regresar la credibilidad a la Procuraduría de los Derechos Humanos con investigaciones efectivas y oportunas que ayuden a evitar la repetición de conductas que violentan a las personas.

El acompañamiento, la empatía y sensibilidad también fueron palabras clave que usaron los aspirantes para definir los proyectos que tienen para el organismo.

Además, destacaron la urgente necesidad de atender a grupos de la población que han sido criminalizados, invisibilizados y revictimizados como los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, con la creación de unidades especializadas dentro de la PDHEG.

Edna Aguilar Domínguez se pronunció por la real aplicación de protocolos para atender a las víctimas.

“Necesitamos estar atentos a los protocolos en la procuración de justicia, que se apliquen los protocolos homologados para personas desaparecidas, para la igualdad de género”.

Karla Alcaraz aceptó que Guanajuato atraviesa por una grave crisis ante la constante violación a los derechos de todas las personas.

“Pido su voto unánime para legitimar el trabajo de Derechos Humanos, espero poder trabajar por las personas que más lo necesiten”.

Sergio Carlo Arellano habló de la alerta encendidas en el estado, por lo que dijo, se necesita que al frente del organismo quede una persona apasionada en el tema.

“Guanajuato puede salir adelante, estamos en foco rojo en materia de derechos humanos, necesitamos credibilidad”.

Sergio Carlo Arellano

Martha Beatriz Márquez también hizo referencia a la inseguridad que obligaría a reconfigurar las prioridades de la Procuraduría.

“La problemática estatal es colectiva, por la seguridad, personas desaparecidas. Nos demandan una modificación en la forma de atenderlos”.

José Manuel Ramos dijo que, aunque existe un panorama nacional complicado, en Guanajuato se atraviesa por la peor crisis de derechos en la historia con la violencia contra las mujeres, las personas desaparecidas, pero en el estado la PDHEG está ausente.

“Hay estigmatización de manifestaciones, lo han señalado en comunicados conjuntos cuatro relatores especiales porque se puede rayar en la criminalización".

José Manuel Ramos

José Luis Vargas, abogado litigante, manifestó que desde su experiencia defendiendo a víctimas en los últimos años se han topado con un organismo de Derechos Humanos de puertas cerradas.

“Nosotros nunca lo oímos (al procurador Montero de Alba), nunca vimos la función, tuvimos problemas”.

Convalidan resultados de antecesores

Los dos aspirantes que manejaron un discurso sin crítica al trabajo realizado por anteriores procuradores de los derechos humanos fueron Vicente Esqueda y José Manuel Pérez.

El militante panista Vicente Esqueda evitó hacer una evaluación sobre el trabajo de los procuradores de los Derechos Humanos que ha tenido Guanajuato.

A pregunta expresa de la diputada de Morena, Magdalena Rosales Cruz, sobre si existe protección desde la PDHEG para autoridades estatales, Esqueda Méndez respondió que solo ha conocido de casos a través de medios de comunicación.

“No creo adecuado, prudente, en este momento poder expresar si mi antecesor sí protegió o no a una autoridad porque no conozco los expedientes. El no conocer los detalles, las pruebas, sería de mi parte imprudente emitir una opinión".

Sobre su militancia en el PAN, la diputada de Acción Nacional Libia García preguntó si afectaría en su labor en caso de quedar al frente de la Procuraduría.

“Quiero traer al recuerdo que como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa jamás hubo una sola queja, algún reclamo por una cuestión de partido. Tengo claro que formo parte de un partido, pero mis funciones están por encima de una cuestión partidista”.

José Manuel Pérez Guerra, ex subprocurador de Derechos Humanos y actual funcionario de la Fiscalía General del Estado, aseguró que el organismo “goza de salud”, porque desde su creación ha estado al servicio de la sociedad guanajuatense.

“La gestión de todos los procuradores ha sido importante, han tenido logros importantes como la autonomía, bienes inmuebles para ser las oficinas, se ha hecho una labor importante en educación y promoción de Derechos Humanos”.

Incluso, presumió que durante el periodo de Raúl Montero de Alba más del 90 por ciento de las recomendaciones fueron aceptadas por las autoridades señaladas.

El único comentario con tintes críticos al organismo es que desde la conformación de la Procuraduría de los Derechos Humanos no se concursan las plazas, sino que es por asignación directa del titular, por lo que propuso comenzar con el servicio civil de carrera.

Resumen de perfiles

Martha Beatriz Márquez Gamiño

Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana con maestría en Gestión Aplicada y diversos diplomados en Derechos Humanos.

Ocupó diferentes cargos en el Ayuntamiento de León durante los trienios de Bárbara Botello y Héctor López Santillana. En agosto de 2020 ingresó como coordinadora de Programación y Control de Sedeshu.

Sergio Claudio Arellano

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestría en Derecho por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas de la CDMX y dos doctorados en curso en Derecho y Administración Pública.

Recibió dos Doctor Honoris Causa: el primero por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. El segundo por Los Ángeles Development Institute, Los Ángeles, California, USA.

Actualmente es presidente del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos y director de la facultad de Derecho de la Universidad de Celaya.

Fue asesor de Jorge Carpizo Mc Gregor cuando estuvo al frente de la CNDH.

Karla Gabriela Alcaraz Olvera

Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Notario Público por la Universidad de Guanajuato. Maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana y con un máster en Derechos Humanos por la Universidad de Granada, España.

En 1998 ingresó a la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato donde se desempeñó como secretaria visitadora, agente investigadora y auxiliar jurídico.

Desde enero de 2005 y hasta su salida en diciembre de 2017 fue subprocuradora.

Se desempeñó como secretaria de acuerdos en el Tribunal de Justicia Administrativa y actualmente colabora en una Notaría Pública de León.

José Manuel Pérez Guerra

Licenciado en Derecho por la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato. Maestría en curso en Ciencias Jurídicas Penales por la Universidad de Guanajuato.

Cuenta con un curso Interdisciplinario de Alta Formación en Derechos Humanos impartido por la Unión Europea.

Se desempeñó como agente investigador de la Procuraduría de Derechos Humanos y subprocurador del organismo. Actualmente es profesor de diferentes universidades del estado y facilitador en la Fiscalía General del Estado.

Edna Aguilar Domínguez

Licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Maestría en Justicia Administrativa por el Instituto de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y tiene un máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, España.

En enero de 2010 ingresó a la Procuraduría de Derechos Humanos como agente investigadora. En diciembre de 2016 ocupó el cargo de subprocuradora hasta julio de 2019.

José Manuel Ramos Robles

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana con un maestría en Asistencia Humanitaria con especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Deusto, Bilbao, España.

También cuenta con un diploma en Derechos Humanos, Democracia, Derechos Políticos y Participación Ciudadana por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica.

Ha sido consultor e investigador para diferentes organismos del Sistema de las Naciones Unidas y la Unión Europea en temas relacionados a los derechos de las mujeres, pueblos indígenas, migrantes, defensores de derechos humanos, diversidad sexual, niñez, personas privadas de la libertad, víctimas de trata, entre otros.

José Luis Vargas

Licenciado en Derecho por la Universidad Lasallista Benavente de Celaya

Cuenta con diversos diplomados: Procesos Judiciales Federales, Juicio de Amparo, Derechos Humanos y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, todos impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Fue el defensor de Raúl Escobar Poblete, mejor conocido como “comandante Emilio”, sentenciado por secuestro. También participó como abogado defensor, durante la primera etapa del proceso, de Antonio Luna, el padre de tres menores de edad asesinados durante un operativo de las fuerzas estatales.

Vicente Esqueda Méndez

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana con maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Especialidades en Medio Ambiente y Mercado, y en Función Pública y Carrera Administrativa.

Cuenta con un máster en Práctica Política y diplomados en Gestión Pública, Derecho Parlamentario y Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales.

En el PAN fue secretario Acción Electoral y secretario General del Partido.

Estuvo como coordinador de asesores de la fracción panista en el Congreso local de 2003 a 2006.

De 2010 a 2017 ocupó la titularidad de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa.

Entrevistas correteadas

Solo unos días antes de que terminara el periodo de Raúl Montero de Alba al frente de la Procuraduría de Derechos Humanos, la Junta de Gobierno y Coordinación Política emitió la convocatoria para recibir las postulaciones, estableciendo plazos para que en un mes se hiciera la designación.

A los acotados tiempos se sumó la decisión de la comisión de Derechos Humanos para desahogar todas las entrevistas en un solo día, aunque en la convocatoria se plantearon dos fechas.

En el inicio del encuentro pregrabado, la diputada panista, Katya Soto Escamilla, haciendo las funciones de presidenta por la ausencia de la perredista Claudia Silva Campos, explicó que a cada aspirante le reservarían 20 minutos divididos en dos etapas: 10 minutos para hablar de su proyecto, trayectoria y los posibles retos a los que se enfrentarían de ser considerados para la titularidad de la Procuraduría de Derechos Humanos. Otros cinco minutos se destinaron para que las cuatro diputadas de la comisión formularan preguntas, y cinco minutos más responder.

Durante la lectura de la metodología la diputada panista también señaló que, si quedaba tiempo, diputados y diputadas que no pertenecieran a la comisión podrían hacer una pregunta.

La comisión de Derechos Humanos está integrada por cinco diputadas: las panistas Cristina Márquez, Libia García y Katya Soto; además de la perredista Claudia Silva Campos y la legisladora sin partido Guadalupe Salas Bustamante.

De los 36 diputados y diputadas, solo 16 presenciaron todas o parte de las entrevistas a aspirantes. De manera intermitente se conectaron cuatro diputadas y ocho diputados ajenos a la comisión de Derechos Humanos, aunque no todos con intervención para hacer cuestionamientos.

Los grupos parlamentarios que se mantuvieron ajenos al único ejercicio de análisis para la designación de la persona titular fueron el PRI y PRD. Los representantes de Nueva Alianza, PT y la diputada sin partido Paola Angélica Yáñez tampoco participaron en las entrevistas.

Siguiendo las fechas establecidas por la convocatoria, el próximo lunes la comisión tendrá que aprobar la terna con los tres perfiles que consideren óptimos para el cargo. El Pleno tiene hasta el 18 de diciembre para votar por la designación de la próxima Ombudsperson que estará en el cargo cuatro años.