Sin una indemnización justa y decepcionados por las “burlas” de los titulares de la paramunicipal que han evitado dar la cara, los deudos de Víctor Ricardo Briseño Rangel, José Salvador Afanador Martínez, Alberto de Jesús Silva Zúñiga, Omar Ignacio Martínez Flores y Juan Antonio Méndez Rivera ven acercarse el primer aniversario del accidente químico en el que estos trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) perdieron la vida, consecuencia de una fuga de ácido sulfhídrico que pudo evitarse.

Inconformes con las recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato que eximen de responsabilidad a la Fiscalía estatal y a autoridades municipales como el ex alcalde Héctor López Santillana, tres de las cinco familias viajarán a la Ciudad de México para presentar el recurso de inconformidad ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En rueda de prensa, Víctor Briseño, padre de Ricardo Briseño, denunció que al tomar posesión de la Planta Tratadora de Aguas Residuales antes operada por Ecossys, el Consejo Directivo del Sapal aprobó aumentar un 30 por ciento la carga de contenidos químicos en las aguas de las curtidurías. Ésto con conocimiento de las malas condiciones operativas de la planta, lo que la convirtió según Briseño, en una “bomba de tiempo”.

Ermila Rangel y Víctor Briseño, padres de Ricardo Briseño Rangel

Tras tomar posesión de la planta el 23 de septiembre de 2020, el presidente del Organismo, Jorge Ramírez Hernández, presumió el ahorro de hasta 50 millones de pesos en gastos operativos. Sin embargo, el ahorro se tradujo, según lo documentado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la contratación de personal no apto para el trabajo, que tampoco fue capacitado ni contaba con el equipo de seguridad indicado para labores que implican un riesgo químico.

“Sapal tenía el conocimiento de que la planta estaba chatarrizada, por si fuera poco todavía les aumentó un 30% a las tenerías cuando sabía que estaba chatarrizada y a punto de estallar esta cosa, los trabajadores se quejaron por más de 8 días”, denunció Víctor Briseño.

Luego de la tragedia que cobró la vida de los cinco trabajadores, Sapal ha realizado mantenimiento a la planta, aunque según el testimonio de Víctor Briseño, ha sido sólo en apariencia. En una visita realizada al punto donde fueron encontrados los cuerpos de las víctimas en compañía de su asesor, pudo documentar el estado de los dos contenedores, evidentemente deteriorados.

Como si fuera poco, a finales de marzo pasado, la Fiscalía encontró como presunto responsable del accidente en el que cinco trabajadores perdieron la vida a Edgar Correa Torres, encargado de la planta hasta el día de hoy. Según declaraciones del representante legal de las familias, el también colaborador del Sapal lleva el proceso en libertad por el presunto delito de homicidio culposo, y su costosa defensa legal está a cargo del abogado Jorge Estrada Álvarez. Hasta el momento, por el caso no se ha llevado siquiera la audiencia inicial con el presunto responsable.

Juan de Dios Hernández, abogado de las víctimas, declaró que Correa Torres cumple un papel de chivo expiatorio, pues al momento del accidente químico llevaba alrededor de tres semanas laborando como encargado de la planta. Fue a través de un chat telefónico que la Fiscalía estatal obtuvo evidencia de que Correa hizo caso omiso a los señalamientos de otros trabajadores acerca del mal estado de la planta.

Imagen del sitio donde fueron hallados los cuerpos de los trabajadores, tomada a finales de octubre de 2021

“Es ilógico que un trabajador que acababa de ingresar sea responsable de una planta que estaba en mal estado (...) Se presume que él se haya prestado con el Sapal a darse como responsable, tan así que le asignan un abogado de muy alto prestigio, Jorge Estrada, que no cuesta una cantidad menor”, declaró.

El abogado agregó que en el proceso legal, la paramunicipal ha gastado alrededor de 3 millones de pesos en su defensa, además de los costos de un peritaje externo realizado a la planta para determinar su estado. En contraste, dos de las familias que por necesidad fueron forzadas a aceptar un pago tras el accidente recibieron poco más de 31 mil pesos por las muertes.

Por ello, los deudos exigieron una vez más a los titulares del Sapal dar la cara, y a la Fiscalía detener la simulación de la investigación a través de un posible ‘chivo expiatorio’.

“Sabemos que los responsables son los directivos, son los que debieron estar en la Fiscalía, Queremos que los responsables acudan a la Fiscalía y se tomen las medidas necesarias contra ellos como servidores públicos”, declaró Víctor Briseño.

Ana Pamela Godínez y José de Jesús Silva, viuda y padre de Alberto de Jesús Foto: Melissa Esquivias

Será este viernes 12 de noviembre cuando se lleve a cabo la primera mediación entre el Sapal y los deudos, a un año de la tragedia. Mientras que la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos dará audiencia a las familias la tarde del jueves 11 para escuchar sus peticiones.

Este martes, en sesión del Comité de Contraloría, la encargada de despacho Viridiana Margarita Márquez Moreno informó que ya fue requerida la información faltante a la Fiscalía para continuar con la investigación interna.

“Ya se están realizando o requiriendo la información que faltaba de recibir, ya se están realizando este tipo de investigaciones para estar concluyendo lo antes posible”, informó.

“No se supera una tragedia así”

“Voy a llegar hasta donde tope”, sentenció Milagros Ramírez, viuda de José Salvador Afanador, una de las cinco víctimas de aquella noche del 13 de noviembre de 2020. Aunque no esconde el temor que le ha causado enfrentarse al Sapal desde hace 11 meses, la joven mujer defiende su lucha a través del dolor que le ha causado la ausencia de su esposo. Milagros recordó el último encuentro con los representantes de la paramunicipal, cuando exigió la empatía de las autoridades.

“Como yo se los dije a ellos: ‘ustedes van a suplir a las cinco personas teniendo cinco trabajadores más; nosotros no, nosotros no vamos a suplir con nadie el vacío que sentimos, el dolor, no lo vamos a suplir con nadie, deberían de entender eso y tentarse poquito el corazón y llegar a un acuerdo para nosotras estar tranquilas y poder llorar a gusto la muerte de las personas”, declaró.

Milagros Ramírez, Viuda de José Salvador Foto: Melissa Esquivias

Alma Pamela Godínez, viuda de Alberto de Jesús Silva, refrenda su exigencia de justicia por el padre de su hija:

“Mi hija necesita a su padre, ellos no entienden porque él tenía la ilusión, tener un hogar con mi hija y yo darle estudios a mi hija, los que no va a tener y ellos burlándose de nosotros. Yo quiero justicia, es lo que quiero para mi hija, yo quiero a su padre de mi hija, ¿quién me lo va a dar?”.

Mientras que Ermila Rangel, madre de Ricardo Briseño, ve como una burla cada una de las reuniones con titulares y defensores de la paramunicipal a lo largo de casi 12 meses, en los que no se ha logrado una indemnización justa, como lo marca la ley.

“Yo soy madre y creo que aquí muchos son padres, madres, nada más imagínense la pérdida de su hijo. Yo creo que no podemos, qué les digo, estamos tirados en el piso y ellos cada que nos citan es como si se burlaran (...) El día de mañana ellos van a pagar y no por nosotros ni por nadie, la vida misma les va a cobrar. Con eso me quedo porque la vida misma cobra”.