Al menos seis casos de suicido han ocurrido en centros de reinserción social en Aguascalientes en menos de tres meses, especialistas de organizaciones nacionales consideran que puede ser la consecuencia de un sistema de autogobierno implementado por grupos del crimen organizado. En 2023, los tres penales de la entidad obtuvieron calificación reprobatoria en todos los indicadores del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, que incluye un análisis sobre la gobernabilidad en los ceresos, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Las muertes, dice José Mario de la Garza, abogado y presidente de la organización civil Perteneces —dedicada a la defensa y protección de los derechos humanos de personas que se encuentran en prisión— deben investigarse por la fiscalía estatal con un protocolo específico que garantice que no se trata de asesinatos o de condiciones de criminalidad.

De acuerdo con el Diagnóstico, en 2023 el Centro de Reinserción Social para Varones obtuvo calificación de 5.07, su homólogo femenil de 5.76 y el penal para hombres ubicado en el municipio de El Llano, de 5.72. La calificación global que dio la CNDH a los ceresos del estado fue de 5.52, donde obtener entre 8 y 10 sería lo óptimo. Entre los indicadores que se analizan se encuentran aspectos que garanticen la integridad y estancia digna de las personas recluidas, las condiciones de gobernabilidad, la reinserción social, y la atención a personas en reclusión con necesidades específicas.

Diagnóstico Nacional Penitenciario 2023

“¿Esto qué nos dice? Que están en autogobierno y en condiciones no aptas. Lo que nos lleva a pensar que quizá no sean suicidios, sino que sean homicidios disfrazados, especialmente porque se habla del mismo mecanismo. Es muy delicado lo que está pasando en los penales de Aguascalientes, tiene que esclarecerse”, dice en entrevista telefónica con POPLab, Saskia Niño de Rivera, presidenta de la organización civil nacional Reinserta.

“Hay que entender todo el contexto penitenciario y las condiciones, yo tengo un testimonio de una persona cuya pareja está en prisión allá y me ha hablado de la condición de las mujeres y de cómo las están prostituyendo, las están cruzando al área de hombres para prostituirlas”, añade. Sobre esa acusación, no existe información pública.

La CNDH, señala el Diagnóstico nacional, encontró en los penales de la entidad falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección, hacinamiento, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, deficiencias en el procedimiento para la imposición de sanciones disciplinarias, falta de capacitación del personal penitenciario y de normatividad (reglamentos, manuales, lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización), sí como insuficiencia de personal de seguridad y custodia y presencia de actividades ilícitas.

También encontró deficiencias en la atención a personas adultas mayores, a personas con discapacidad y a integrantes de la comunidad LGBTQ+, además de insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.

En los últimos años, la calificación de los penales ha ido en picada. Mientras entre 2018 y 2021 obtuvieron una puntuación media, con 7.54 en 2018 y 6.55 en 2021, para 2022 —año en el que ganó las elecciones la actual gobernadora— la cifra se desplomó al reprobatorio 5.40. Las condiciones de gobernabilidad se deterioraron a partir de ese año.

Las alertas ya se habían prendido. En enero de este año, la CNDH emitió la recomendación 252/2023 a la entidad por “deficiencias en la atención médica de personas privadas de la libertad, revisiones indignas a visitantes y falta de personal de seguridad en los tres centros penitenciarios”.

“Se comprobó que el número de personas que realiza funciones de seguridad y custodia es insuficiente para atender las actividades cotidianas que se desarrollan (...), lo que conlleva afectaciones a la operatividad cotidiana; generar eventualidades como evasiones, motines o riñas y poner en riesgo la gobernabilidad”, señala el documento.

En respuesta, el vocero de gobierno, Enrique de la Torre, calificó a la recomendación como golpeteo político.

“Son recomendaciones, no es una exigencia, están por empezar las elecciones y muchas cosas ya traen intenciones o tintes políticos”, declaró en aquel momento.

Los suicidios

El 21 de septiembre, dos internos del Cereso ubicado en la capital del estado fueron encontrados sin vida en los baños. Son los primeros casos que se hicieron públicos. La autoridad aseguró que ambos tenían problemas de salud mental.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, ese día Jorge Humberto “N”, de 37 años, preso por portación de arma de fuego, fue encontrado por sus compañeros de estancia en el módulo 4 suspendido en el baño. “Aparentemente”, dijeron las autoridades, sufría de depresión por la falta de visita de sus familiares.

Y en el módulo 15, José Rodolfo “N”, de 28 años, acusado de robo calificado, fue encontrado suspendido sin vida, también en el baño. La Secretaría adjudicó el hecho a que, presuntamente, el recluso había sostenido “una fuerte discusión con su pareja sentimental”.

Poco menos de un mes después, el 18 de octubre, y en el mismo Cereso, Iván Alejandro “N”, de 22 años, murió por asfixia en el baño de su estancia. La Secretaría explicó que el recluso había utilizado una venda que tenía en el brazo. Las autoridades señalaron que había discutido con su pareja sentimental. El joven fue llevado aún con vida al Hospital General número uno del IMSS, donde falleció.

Para noviembre se registraron otros tres casos. El día 2, Juan Felipe “N”, de 49 años, detenido por delitos contra la salud, portación de arma de fuego, allanamiento y robo, fue encontrado suspendido con un trozo de cobija en el baño de su celda, dentro del Cereso que se ubica en el municipio de El Llano.

Unos días después, el 15 de noviembre, Rosendo Asael “N”, de 23 años, acusado de feminicidio, habría decidido terminar con su vida en el Cereso de la capital tras, aseguran las autoridades, recibir sentencia. Su cuerpo fue encontrado, al igual que los demás, suspendido en el baño de su celda.

El 19 de noviembre, Merri Ociel “N”, de 27 años, acusado de cuatro casos de robo, se habría ahorcado con un material utilizado para tejer bolsas al interior del Cereso para varones de la capital del estado. Su cuerpo fue encontrado en uno de los talleres del penal. La Secretaría de Seguridad informó que el recluso había sido informado sobre la muerte de su madre.

De acuerdo con el Diagnóstico Penitenciario de la CNDH, en 2023 se detectaron a dos personas con riesgos suicidas en penales de la entidad, y a tres que se realizaron autoagresiones. En años pasados han sucedido otros suicidios, aunque no con la misma frecuencia. José Mario de la Garza, de la organización Perteneces, lamenta que el sistema penitenciario mexicano no tenga establecido un mecanismo de atención adecuada para personas con problemas de salud mental.

“Por cada suicidio se inició una carpeta, es una situación que está ocurriendo en los interiores del Cereso y las autoridades, el director, tendría que estar dando a conocer algunos datos. Yo no sé (si hay cotos de poder en los penales), habría que preguntarle a la autoridad correspondiente, a mí me corresponde investigar los eventos que ocurren. Estamos investigando si en efecto son auto privaciones o si están ocurriendo otro tipo de situaciones”, dijo Jesús Figueroa Ortega, fiscal general, durante un evento de gobierno celebrado el pasado 20 de noviembre.

El mismo día, Manuel Alonso García aseguró que, en todos los casos, la fiscalía ya había determinado que se trataba de suicidios.

“No quisiéramos que hubiera ninguna cifra, en todos los casos se ha determinado por parte de la fiscalía que las personas se auto privaron de la vida. Lo que se ha trabajado dentro del sistema penitenciario es hacer más en el tema clínico, pero también en esparcimiento, talleres, actividades culturales y deportivas, y diagnosticar a las personas que necesiten una atención especializada. (...) Es un año atípico”, declaró el secretario.

Manuel Alonso García, secretario de seguridad pública estatal

Para Saskia Niño de Rivera, lo primero que las autoridades deben de garantizar son las condiciones de gobernabilidad en los penales de la entidad.

“Es imposible, incluso es una ofensa, que diga que se pueden meter talleres de reinserción social en penales con autogobierno como los de Aguascalientes. No hay manera de garantizar la cadena de custodia ni la seguridad. Las principales consecuencias que tienen los penales con ingobernabilidad son la ausencia de programas de reinserción social, no porque no haya la intención de las autoridades o de sociedad civil, sino porque es imposible que en un penal que es gobernado por la delincuencia organizada, quieras meter esos programas. Lo que tienen que atender primero son los problemas de gobernanza”, explicó en entrevista.

“Es muy raro que los suicidios sucedan con tanta frecuencia, puedes tener un interno, pero la recurrencia lo que refleja es que no tienen un control de lo que está pasando en los penales y que seguramente hay grupos que están tomando el control y están matando gente dentro del penal. El hecho de que haya esta frecuencia tiene que llamar a la investigación inmediata. ¿En dónde está la custodia? resulta que aquí te puedes suicidar y nadie se da cuenta, es absurdo. Lo que refleja es que está pasando algo mucho más profundo y que están utilizando el viejo truco de decir que es un suicidio para que todo quede oculto”, consideró José Mario de la Garza.

La fiscalía, dice el abogado especializado en derechos humanos, debe emplear un protocolo específico para que cualquier muerte sucedida al interior de algún reclusorio sea investigada como homicidio, algo que, en general, no sucede en el país.

“No hay protocolos de investigación contundentes sobre estos temas porque aparentemente no hay responsable en la comisión del delito, pero de entrada se tendría que tratar como homicidio, obligatoriamente, desarrollas la investigación y puede concluir que fue un suicidio, pero se tiene que tener un protocolo. Es muy fácil decir que se trata de suicidios. Lo usa la autoridad para que estos ajustes de cuentas queden impunes y que no se refleje que el control del penal lo tienen otros”.

Por considerarse información reservada, la fiscalía no ha dado más detalles sobre las investigaciones por los presuntos suicidios. Mientras que hasta la publicación de este texto, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal no respondió a la solicitud de entrevista con el titular de la dependencia, o con Manuel Alejandro Bárcenas Martínez, Director General de Reinserción Social desde el inicio del actual gobierno. Y la gobernadora, Teresa Jiménez, no se ha posicionado sobre el tema.

Las familias de las presuntas víctimas tampoco han hablado. José Mario de la Garza lo atribuye a condiciones de poca seguridad y a la criminalización de la sociedad contra las personas en reclusión.

“Imagínate la presión de que dentro de un penal te mataron a un hijo, a un primo o una persona, y que tú te pongas a denunciarlo afuera y que te pongas a hacer todo un movimiento para decir eso, puedes poner en riesgo a la propia familia. ¿Quién va a tener un interés de ir a presentar una denuncia por homicidio cuando estás a la deriva de que te pueda pasar algo afuera del penal? Si adentro ocurre, imagínate afuera. Hay una narrativa muy perversa que dificulta la construcción del entendimiento de los derechos humanos de las personas que están en prisión”.