Una omisión logística atribuída a la Fiscalía General del Estado, que omitió notificar a corporaciones de seguridad de una búsqueda en vida en una zona de alta incidencia delictiva en el municipio de León, puso en riesgo la integridad de integrantes del colectivo Unidos por los Desaparecidos, quienes fueron amenazadas por sujetos a bordo de una motocicleta mientras colocaban fichas en la colonia Las Hilamas.

El incidente ocurrió el pasado martes durante una brigada de búsqueda individualizada. El colectivo hizo pública la situación a través de sus redes sociales la tarde del jueves, donde señalaron expresamente a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y a su titular, Gerardo Vázquez Alatriste, “por no realizar las gestiones necesarias para garantizar los cinturones de seguridad” de las integrantes de la organización. 

Además, el colectivo extendió la exigencia de medidas de protección al Mecanismo Federal y al Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras y Periodistas. 

De acuerdo con Rocío Gómez, vocera del colectivo, la brigada partió al mediodía del martes de las instalaciones de la Fiscalía en León hacia las Hilamas, donde iniciaron con la pega de fichas de búsqueda. 

Durante los primeros minutos de su labor, dos sujetos a bordo de una motocicleta se aproximaron a donde se encontraban, uno de ellos bajó del vehículo y simuló sacar un arma de fuego de su pantalón. Al percatarse de la presencia de ministeriales, el hombre subió a la moto y ambos se retiraron del lugar. 

Este acto intimidatorio contra las integrantes del colectivo Unidos por los Desaparecidos, ocurren en un contexto de alto riesgo para desarrollar esta actividad en Guanajuato. De acuerdo con la organización Artículo 19, en el estado han sido asesinadas 13 personas buscadoras entre 2020 y junio de 2026. Además, se han registrado al menos seis casos de desapariciones forzadas de personas integrantes de colectivos. 

Cuestionado al respecto, el secretario de gobierno, Jorge Jiménez Lona, quien preside el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, señaló que se trató de “un problema de logística” por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda.

“Esos errores nos pudieron haber costado la vida. Esta vez fue un susto, pero si ellos hubieran querido, disparaban. La Fiscalía no hace logística, no revisan el área, nosotros estamos muy descontentas con estas búsquedas. ¿Qué está pasando en León que no están poniendo atención?”, sostuvo la buscadora Rocío Gómez, quien agregó que la fiscal encargada de la carpeta de investigación que motivó la búsqueda no acudió a la brigada con el argumento de que asistiría a una audiencia. 

A decir del secretario de gobierno, la omisión de la Comisión de Búsqueda derivó en la ausencia del bloque de autoridades que acompañan las brigadas de búsqueda, como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. 

“Esto ya se corrigió. Lo primero que nos ha pedido la gobernadora es el acompañamiento,que las búsquedas sean seguras y vamos a mejorar esa parte. Lamentablemente ellas se sintieron intimidadas, no hubo ninguna agresión, esto es importante señalar, es un tema de intimidación, pero no vamos a permitir que nadie limite su trabajo”, declaró este jueves tras darse a conocer el caso. 

Sin embargo, la falta de participación de las corporaciones se repitió de nueva cuenta en la búsqueda de este jueves, aseguró la defensora Rocío Gómez. 

“Ayer llegamos y fue lo mismo, no estaba Sedena. Sabían que íbamos para allá y no estaba ni la Comisión de Búsqueda, los únicos que nos acompañaron fue la Célula Municipal y otra vez se echaron la bolita porque no mandaron el oficio. Algunas compañeras aún están en crisis con lo que pasó, es desgastante estar recordándoles cuál es su obligación como autoridades”, señaló Rocío. 

Intimidación a buscadoras en León evidencia falta de coordinación institucional: Plataforma por la Paz

El acto de intimidación que enfrentaron integrantes del colectivo Unidos por los Desaparecidos durante una jornada de búsqueda en el municipio de León representa una alerta ante el contexto de violencia que enfrentan las personas buscadoras en Guanajuato, señaló Raymundo Sandoval Bautista, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato y del Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Sandoval Bautista explicó que, en el caso de León, el colectivo contaba con oficios previamente emitidos y que la jornada era coordinada por la Fiscalía General del Estado, institución que realiza búsquedas individualizadas a partir de las líneas de investigación contenidas en las carpetas.

“Si bien no hubo una agresión armada, sí representa una alerta porque, en el contexto de Guanajuato y de León, donde ha habido asesinatos de personas buscadoras, la búsqueda en vida representa una labor de visibilidad que puede colocar en riesgo adicional a las personas buscadoras”, advirtió.

El activista sostuvo que la Fiscalía tiene una responsabilidad inicial al coordinar este tipo de búsquedas, pero requiere de la intervención articulada de otras autoridades estatales y federales para garantizar condiciones adecuadas de seguridad. 

Añadió que las personas buscadoras solicitarán al Mecanismo Federal de Protección una valoración para determinar su incorporación y la eventual asignación de medidas de protección, debido a los riesgos que enfrentan durante las jornadas de búsqueda en vida.

“Es una obligación reforzada de las autoridades generar condiciones para que la búsqueda individualizada pueda desarrollarse de manera segura. Si bien es una responsabilidad inicial de la Fiscalía, requiere coordinación de otras autoridades”, declaró.

Alertan sobre falta de seguridad para colectivos de búsqueda en Guanajuato

Fabrizio Lorusso, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia y académico de la Universidad Iberoamericana de León, afirmó que no es la primera ocasión, durante los últimos años, en que las autoridades encargadas de garantizar la seguridad incumplen con su responsabilidad durante búsquedas coordinadas entre instituciones y colectivos.

Explicó que, cuando una búsqueda es activada a partir de carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado, corresponde a esta institución garantizar las condiciones de seguridad para quienes participan. Cuando las jornadas son coordinadas con la Comisión Estatal de Búsqueda, las responsabilidades y gestiones para solicitar protección también son compartidas.

El integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia consideró especialmente grave esta situación debido al contexto de violencia que enfrenta Guanajuato y al riesgo que representa para las personas que realizan labores de búsqueda.

“Muchas veces son los mismos colectivos los que solicitan directamente a la Guardia Nacional o a la policía estatal esta protección adecuada, y en ocasiones se les ha negado o no la han recibido. Es bastante preocupante e indignante que ante esta realidad las autoridades no redoblen esfuerzos en este sentido”, advirtió en entrevista para POPLab.

Lorusso también señaló que, en distintas ocasiones, las instituciones terminan trasladándose unas a otras la responsabilidad de garantizar la seguridad. Como ejemplo, mencionó casos recientes en los que personal de la Fiscalía no se ha presentado a jornadas de búsqueda, incluso cuando se trataba de operativos organizados por los propios ministerios públicos.

De acuerdo con el activista, esta problemática no se limita al municipio de León. También en Celaya, dijo, existen señalamientos relacionados con la ausencia de personal de la Fiscalía o con la falta de medidas de seguridad suficientes durante las jornadas.

Finalmente, aseguró que el problema no se reduce únicamente a que las autoridades acudan o no a las búsquedas, sino que cuando forman parte del “cinturón de seguridad”, deben hacerlo con protocolos y condiciones acordes con el nivel de riesgo que enfrentan las personas buscadoras.