Para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el pago de 136 mil pesos es suficiente para remediar el daño causado en la Sierra de Santa Rosa, en el predio en donde se realizaron trabajos del fraccionamiento de La Cucursola, con un acuerdo reparatorio que incluye reforestación de la zona, pero no deja claro el retiro del concreto hidráulico que se colocó en el lugar y que fue el motivo por el cual el juez determinó la vinculación a proceso de los administradores inmobiliarios.

Esto se resolvió dentro del juicio derivado de la denuncia presentada por Acción Colectiva el 9 de febrero de 2023 por la probable comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, previstos en el Código Penal Federal, en contra de la empresa Lomas de Irapuato. 

“El acuerdo es parte del procedimiento, es una oportunidad que ellos tenían y la tomaron; al respecto no tengo nada que decir. Sin embargo, sí me parece que es bastante poco… Se explicó en la audiencia que ese acuerdo fue autorizado en la Ciudad de México por las oficinas centrales de la Profepa, quienes están muy alejados de lo que ocurre en Guanajuato, y en este sentido hacer énfasis en que sí nos parece bastante poco”, opinó Gustavo Lozano, de Acción Colectiva.

El abogado de la organización promovente de procedimientos y demandas por los daños ocasionados por el desarrollo consideró que no existe claridad respecto a los alcances que tiene el acuerdo pactado con la Semarnat y aprobado por la Profepa y la Fiscalía General de la República, y señaló un exceso de confianza del juez en la autoridad federal y el convenio.

En los juzgados federales se dio seguimiento a la vinculación a proceso de las dos personas imputadas como administradores únicos de La Cucursola por delitos contra la biodiversidad. Sin embargo, durante la audiencia intermedia realizada el 22 de abril, se informó que el Tribunal de Apelaciones retiró la vinculación a proceso de una de las imputadas, por lo que el proceso legal continuará únicamente contra el propietario de la empresa responsable del desarrollo.

El juez federal Efraín Frausto Pérez autorizó el acuerdo reparatorio para atender los daños ambientales ocasionados en la Sierra de Santa Rosa, aunque previamente la defensa había propuesto la suspensión del proceso, que fue denegada por el juzgado, dado que se habían acreditado los daños.

Como parte del acuerdo, la defensa presentó un plan integral que contempla el pago de una multa de 136 mil 317 pesos, además de la restauración de áreas degradadas por las obras, modificaciones en el suelo para la mejora de infiltración de agua pluvial, reducción de procesos de erosión, fortalecimiento de la conectividad ecológica y estabilización de áreas intervenidas.

Así, los sellos de clausura que colocó la Fiscalía General de la República (FGR) el día que aseguró el fraccionamiento serán retirados, pero única y exclusivamente para el desarrollo de las actividades relacionadas con la reparación del daño; lo que implica que por el momento el desarrollo no podrá continuar.

Plan de restauración ambiental

El plan aprobado incluye medidas como la implementación de pasos de flora y fauna y la conservación de la cobertura vegetal en accesos, limpieza y recuperación de bocamina con retiro de residuos sólidos y estabilización de taludes, así como reforestación de cisterna y área común.

Sobre el punto de la reforestación, se mencionó que se plantarán especies nativas, con una distancia de 3 metros entre cada uno de los árboles; además, se incorporarán especies arbustivas y se les brindará cuidado durante 12 meses.

Se plantea la construcción de 10 zanjas o tinas ciegas para la captación de agua de lluvia, a través de las cuales se pretende disminuir la velocidad del escurrimiento superficial y fortalecer la filtración de agua al subsuelo. En la primera audiencia, el juez Frausto Pérez hizo énfasis en que el motivo de la vinculación estaba relacionado con la impermeabilización del suelo, que causaba afectaciones al ecosistema.

En la justificación ideológica de este proyecto se sostiene que las zanjas permiten interceptar escurrimientos, incrementar la infiltración, favorecer la recarga hídrica y disminuir la erosión del suelo.

“Cabe mencionar y añadir a este punto en particular el gran beneficio para una mayor recarga hídrica; viene también de la limpieza de tres bocaminas que se encuentran dentro del desarrollo, ya que estas bocaminas conducen al centro del municipio de Guanajuato y funcionan como grandes recargas hídricas entre las diferentes cavernas que contienen”, dice el acuerdo. Durante la primera audiencia no se hizo mención de estas cavernas ni del deterioro de las mismas.

De manera complementaria, la defensa propuso un proyecto de reforestación en la Cuenca de la Esperanza, Área Natural Protegida ubicada a cinco kilómetros del fraccionamiento. El objetivo es intervenir cinco hectáreas mediante la plantación de dos mil árboles de especies endémicas como encino y pingüica.

El proyecto será presentado ante la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) para su validación, pues se trata de una de las áreas naturales protegidas resguardadas por el estado.

De acuerdo con el cronograma del plan, el pago de la multa deberá ser realizado de inmediato; los pasos de fauna se realizarán entre uno y tres meses; la limpieza de la bocamina en un mes; la reforestación durante la temporada de lluvias, y la construcción de zanjas entre uno y tres meses. Sin embargo, todo el proyecto debe llevarse a cabo en un plazo de seis meseAsimismo, autoridades como la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fiscalía General de la República deberán realizar inspecciones mensuales durante la ejecución del plan, evaluaciones después de la temporada de lluvias y monitoreo semestral para verificar la reforestación. Los trabajos se realizarán en las áreas de casa club, bocamina, área de reserva (donación al municipio), el acceso y el estacionamiento.

Cuestionan abogado acuerdo ambiental 

Tras la aprobación del acuerdo reparatorio por los daños ambientales en la Sierra de Santa Rosa, el representante de Acción Colectiva, Gustavo Lozano, expresó dudas sobre la efectividad de las medidas planteadas y criticó la falta de claridad en puntos clave, como el retiro del concreto hidráulico en el predio intervenido.

Durante una entrevista posterior a la audiencia, Lozano recordó que en la sesión inicial el juez hizo énfasis en que el concreto colocado en el desarrollo inmobiliario debía retirarse, al considerar que impide la regeneración de la vida en el ecosistema.

“El juez fue muy enfático al señalar que el concreto hidráulico lo que impedía era la reproducción de la vida, así tal cual lo comentó, y recomendó que lo quitaran… hoy eché de menos que se mencionara el tema del concreto hidráulico. No me queda claro si lo van a retirar o lo van a mantener allí”, dijo.

Además, consideró que hubo falta de exhaustividad en la explicación de la implementación del plan de remediación: “el juez confió demasiado en la autoridad ambiental federal, quien está implicada en el punto en el que nos encontramos, porque si la PROFEPA hubiera hecho lo que le correspondía entre el año 2020 y 2021 no estaríamos en esta situación”.

A su juicio, la falta de vigilancia, inspección y sanción permitió que el proyecto inmobiliario avanzara, pese a tratarse de terrenos forestales protegidos.

El activista consideró que esta omisión genera incertidumbre sobre el verdadero alcance de la reparación ambiental, ya que la urbanización del predio implicó, en los hechos, un cambio de uso de suelo forestal a urbano.

Respecto al plan de reforestación anunciado como parte del acuerdo, que contempla la plantación de dos mil árboles en la Cuenca de la Esperanza, el integrante de Acción Colectiva señaló que aún es necesario revisar los términos del convenio para evaluar su viabilidad.

El abogado también expresó su inconformidad con relación a que el proceso penal se haya enfocado únicamente en los desarrolladores del proyecto, dejando fuera a autoridades de los distintos niveles de gobierno que facilitaron el cambio de uso de suelo.

“El Ministerio Público dirigió la acusación sólo contra Lomas de Irapuato y sus socios y no hacia las autoridades que durante estos últimos años, de manera indebida, facilitaron en los hechos el cambio de uso de suelo en terrenos forestales y, desde luego, a la misma Profepa, que ante sus omisiones permitió que el proceso del fraccionamiento se desarrollara y concluyera”, añadió.

Acción Colectiva proyecta presentar una demanda independiente basada en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, con el objetivo de integrar en un solo proceso a todos los actores involucrados.

Esta acción buscará fincar responsabilidades tanto a particulares como a autoridades que participaron directa o indirectamente en el desmonte del predio La Rosita, ya sea mediante la autorización de permisos o la omisión de labores de supervisión.

“En la audiencia escuchamos que se hizo uso de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental para poder justificar el mecanismo alternativo a través del cual llegaron a este convenio, y esta misma ley nos ofrece un procedimiento independiente del procedimiento penal, de las acciones civiles que pudieran haber llegado a ocurrir, en el que nos da la oportunidad de concentrar en una única demanda todas las responsabilidades ambientales de todos los actores que por acción o por omisión participaron en el desmonte”, concluyó.