Entre los grandes pendientes que tienen las autoridades federales y estatales con las personas buscadoras está la identificación forense, que en el caso de Guanajuato mantiene al menos a 20 personas localizadas desde 2020 solo en las fosas de Salvatierra sin identificar, pero también la revictimización que enfrentan las mujeres por parte de las autoridades y las condiciones de vulnerabilidad que genera la violencia en la labor de búsqueda.

Estos temas, importantes en la agenda de las buscadoras guanajuatenses, no fueron parte de los discursos oficiales durante la Octava Reunión de Búsqueda de la Unión Nacional de Colectivos que se llevó a cabo el fin de semana en Guanajuato capital, con la presencia de más de 350 personas buscadoras de colectivos e independientes de 20 estados de la República.

Durante la inauguración del encuentro, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo aseguró que Guanajuato es la entidad más avanzada en materia de búsqueda, destacó las modificaciones a la ley cuando fue legisladora y dijo que el estado es uno de los que más búsquedas realiza cada día. También es el tercer estado a nivel nacional con más localizaciones de personas con vida, sostuvo por su parte el secretario de Gobierno Jorge Jiménez Lona.

Sin embargo, el titular de esta misma dependencia reconoce que a nivel municipal aún existe resistencia a la colaboración y también hay desconfianza de colectivas y buscadoras hacia las policías municipales. De hecho, durante la reunión de búsqueda destacó la ausencia de autoridades municipales, pero también la del fiscal general, Gerardo Vázquez Alatriste, aunque personal de la institución estuvo realizando pruebas de ADN y otros trabajos de identificación forense.

En representación del fiscal, participó Lucía Berenice Acosta, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada. 

En Guanajuato, hasta julio del año pasado había 974 cuerpos sin identificar en resguardo de la Unidad de Identificación de Personas Fallecidas de la Fiscalía General del Estado. Mientras que a la fecha hay 5 mil 678 personas desaparecidas en el estado, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

"Nos están hablando de una práctica positiva y muy avanzada de identificación, pues nosotros seguimos teniendo 20 personas que no están siendo identificadas y lo que muchas madres y yo estamos pensando es que las rescatamos de un lugar y vamos y las dejamos en otro", denunció Angélica de Ángeles, del colectivo A Tu Encuentro, que localizó en Salvatierra, en 2020, una fosa con 81 cuerpos.

La buscadora Bibiana Mendoza, del colectivo Hasta Encontrarte, alertó sobre el debilitamiento de los mecanismos de identificación forense y el incumplimiento, por parte de las autoridades federales, de resoluciones judiciales que ordenaban la creación de un Banco Nacional de Datos Forenses.

Recordó que la buscadora Olimpia Montoya obtuvo hace algunos años un amparo que obligaba al Estado mexicano a crear este instrumento, pero aseguró que hasta ahora la medida no se ha concretado. Además, expresó preocupación por el debilitamiento del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, ya que actualmente carece de recursos y personal suficiente para cumplir con su función.

En coincidencia con Bibiana Mendoza, Javier Espinosa, integrante del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda y de la Red Nacional de Búsqueda de Personas, señaló la falta de una estrategia integral para atender las causas de la violencia que afecta a miles de familias en el país, así como el consumo de drogas, el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes y la revictimización que sufren las mujeres que buscan a sus familiares en México.

Algunos de los colectivos que asistieron desde otros estados aprovecharon la reunión para pegar fichas de sus personas desaparecidas y acudir a centros de rehabilitación y otros espacios a realizar búsquedas.

“Rebasa a autoridades crisis por desaparecidos” y abandonan casos de larga data

En la víspera de la reunión, representantes de la Red Nacional de Búsqueda de Personas -organización que convocó a autoridades para el encuentro- señalaron que las autoridades de todos los niveles están rebasadas por la crisis de desaparición con más de 135 mil personas en esta condición en el país.  

Javier Espinosa, padre de Javier Espinosa Almanza (desaparecido junto con 9 personas afuera del antro Maverick en Aguascalientes en abril de 2017) habló sobre la falta de prevención y de la atención a las causas como una de las fallas para frenar este delito, y como un reto que todavía haya autoridades en fiscalías del país que pidan a los familiares esperar 72 horas para iniciar la búsqueda de una persona desaparecida.

“(Las autoridades) dicen, ‘estamos atendiendo, estamos investigando, retornamos la búsqueda de manera inmediata, pegamos fichas de manera inmediata, atendemos de manera inmediata el reporte, hacemos la búsqueda inmediata’. Y antes de eso, ¿qué ocurre? No ocurre nada. Ese es el tema. ¿Por qué las jovencitas se van, regresan y se vuelven a ir? ¿Por qué los jóvenes son captados por la delincuencia organizada? ¿Por qué se llevan a las personas en edad productiva. ¿Por qué? Porque no se hace nada”.

Por otro lado, mencionó que uno de los acuerdos asumidos en reuniones anteriores y que ha sido una demanda planteada reiteradamente no se ha atendido con eficacia: la búsqueda e investigación de los casos de larga data. Por eso, uno de los planteamientos que serían presentados a las autoridades es que los casos de personas desaparecidas desde hace varios años sean incluidos en las búsquedas programadas y que se reactiven investigaciones por parte de las fiscalías.

“Es que todo es una bola de nieve. Como hay más desapariciones o no se están atacando las causas de la desaparición, los que están desapareciendo hoy, pues se buscan hoy, mañana, pasado y la semana y todo probablemente otro al mes. Pero pasa eso y después ya viene otro desaparecido y este lo dejan, lo van rezagando y se van convirtiendo en lo que hoy son larga data. A los de larga data ya nadie los busca”, expuso Maricela Torres, integrante del colectivo Voz y dignidad por los nuestros, de San Luis Potosí.

Otra circunstancia que abona a ese abandono es la falta de personal en las Fiscalías. “Los ministerios públicos están llenos de casos, no hay personal suficiente, una falta de estrategia para una investigación diligente y veraz, no solamente para los de larga data”, señaló Javier Espinosa. 

Evidencian deuda de identificación y repunte de desapariciones  

En octubre de este año se cumplirán seis años de la localización de la fosa con 81 cuerpos en el barrio de San Juan en Salvatierra y, hasta la fecha, 20 cuerpos no han sido identificados ni entregados a sus familias. 

La buscadora Angélica Zamudio, integrante del colectivo Ángeles de Pie por Ti, recordó que la responsabilidad de identificar los 20 cuerpos que permanecen sin nombre corresponde a la Fiscalía General del Estado, ya que el hallazgo de las 81 víctimas nunca fue atraído por autoridades federales. 

Explicó que el principal obstáculo es que los perfiles genéticos obtenidos de los restos no coinciden con las muestras de ADN disponibles en las bases de datos: "No hace 'match', como lo llaman ellos, con las muestras de las familias", explicó.

Sin embargo, consideró que existen alternativas para ampliar las posibilidades de identificación, como fortalecer la toma de muestras mitocondriales por línea materna que se hacen a través de la comparación de ADN. 

Como ejemplo, citó el caso de un adolescente de 16 años recuperado recientemente de esa fosa, cuya identificación se retrasó porque únicamente faltaba una muestra genética del padre.

"Hay muchos casos donde el papá está ausente, pero sí está la mamá. Por eso creemos que debe hacerse más énfasis en la toma de muestras mitocondriales", resaltó. 

Por otro lado, la activista advirtió que la región Laja-Bajío enfrenta un nuevo repunte de desapariciones desde 2024, esto tras un periodo en el que las desapariciones parecían haber disminuido. En un contexto marcado por la disputa entre grupos delictivos, los casos volvieron a incrementarse durante 2024 y continúan con una tendencia preocupante en 2025 y 2026.

Dijo que esta situación eleva el riesgo para quienes buscan a sus familiares y provoca que numerosas familias dejen de denunciar la desaparición de sus seres queridos por temor a represalias, sobre todo del crimen organizado.

La buscadora también cuestionó la eficacia de los mecanismos de protección para personas buscadoras, al considerar que las medidas federales son generales y no responden a los riesgos específicos que enfrentan en Guanajuato.

Explicó que durante las búsquedas en campo suelen contar con acompañamiento de la Guardia Nacional, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y otras corporaciones; sin embargo, las agresiones ocurren fuera de esos operativos.

"No es durante la búsqueda donde nos agreden. Es cuando vamos al mercado, a la tienda o llevamos a los niños. Ahí es donde una está sola… de nada nos sirve tener un mecanismo de protección si, en la realidad, una está sola haciendo su vida diaria", resaltó. 

Pide “Hasta Encontrarte” frenar revictimización de buscadoras 

Después de escuchar los discursos oficiales, tras la inauguración de la reunión de búsqueda, la defensora Bibiana Mendoza distinguió el vacío relacionado con el tratamiento que las autoridades dan a los asesinatos de mujeres buscadoras.

Criticó que, tras estos crímenes, de los cuales han ocurrido en Guanajuato al menos cuatro este año, frecuentemente se difundan hipótesis relacionadas con presuntos vínculos de las víctimas con el consumo o la venta de drogas, lo que, dijo, termina justificando la violencia en su contra.

"No queremos que las autoridades utilicen estos planteamientos para justificar los feminicidios de las mujeres buscadoras", enfatizó.

También pidió eliminar expresiones oficiales que buscan determinar si un asesinato ocurrió "derivado de la labor de búsqueda", al considerar que todas las buscadoras enfrentan riesgos distintos desde el momento en que un familiar desaparece.

"Queremos eliminar del vocabulario de las autoridades, por lo menos de las locales, que son con las que tenemos un diálogo más directo, el tema de que se centre en si era derivado de su labor de búsqueda, porque a las buscadoras no nos dan un título cuando nos desaparecen a alguien y cada una tenemos nuestra manera de buscar; todos los contextos de las buscadoras son sumamente difíciles y diferentes", afirmó.

Bibiana Mendoza sostuvo que las desapariciones no pueden analizarse de forma aislada y deben entenderse junto con otros fenómenos, como el consumo de drogas, el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes y la falta de atención en salud mental.

Señaló que en Guanajuato existen casos de menores que son reclutados por grupos criminales y posteriormente utilizados para amenazar a sus propias familias, obligándolas incluso a abandonar el estado.

"Hay familias que tienen que irse de Guanajuato y dejar al hijo que fue reclutado porque ya no pueden continuar la búsqueda", relató.

En este sentido, consideró que los análisis de contexto que realizan las autoridades deben incorporar estos factores estructurales para diseñar políticas públicas que atiendan las causas profundas de la violencia.

Por otro lado, advirtió que las recientes reformas federales en materia de desaparición de personas dejaron fuera las propuestas de los colectivos y alertó sobre el debilitamiento de los mecanismos de identificación forense, lo que tiene repercusiones en la búsqueda de personas que ya fueron identificadas, pero que no han sido entregadas a sus familias, "lo que llamamos nosotros búsqueda de familia".

Javier Espinoza, integrante de la Red Internacional de Asociaciones de Personas Desaparecidas, coincidió en el incumplimiento de compromisos por parte de las autoridades estatales y federales para enfrentar la crisis forense y las desapariciones en México.

Recordó que, tras las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición, el Gobierno federal anunció modificaciones al reglamento, al Protocolo Homologado de Investigación y al Protocolo Homologado de Búsqueda, además de instalar mesas permanentes de diálogo con las familias. Sin embargo, consideró que esto no ha logrado consolidarse.

"Lo que nosotros buscamos es que haya compromisos reales. Muchas de las acciones ya están señaladas incluso en las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada, pero todavía no se han detonado ni por los gobiernos estatales ni por el Gobierno federal", afirmó.

Denuncian abandono de personas migrantes desaparecidas 

Durante la reunión, Evelina Guzmán, del colectivo Justicia y Esperanza de San Luis de la Paz, sostuvo que la desaparición de personas migrantes continúa ocurriendo de manera sistemática en México, mientras las recomendaciones de organismos internacionales permanecen sin cumplirse y las familias siguen enfrentando impunidad, falta de investigación y ausencia de coordinación institucional.

La activista, quien lidera desde 2011 la búsqueda de 22 migrantes, entre los que se encontraba su hermano, afirmó que quienes transitan por territorio mexicano enfrentan un patrón constante de violencia que incluye secuestros, desapariciones, extorsiones, ejecuciones, masacres, reclutamiento forzado, trata y tráfico de personas.

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Destacó que Guanajuato requiere una atención particular por tratarse de uno de los estados con mayor flujo migratorio del país.

Recordó que tanto el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU como otros organismos internacionales han emitido recomendaciones dirigidas al Estado mexicano para fortalecer la investigación de estos casos, mejorar la identificación forense y desarrollar acciones efectivas de prevención, medidas que siguen sin implementarse.

Evelina Guzmán subrayó que las masacres y desapariciones de migrantes permanecen en la impunidad y que miles de familias aún desconocen qué ocurrió con sus seres queridos o quiénes fueron los responsables de esos delitos.

Consideró que, en gran medida, esta problemática se debe a la ausencia de unidades especializadas para investigar desapariciones de personas migrantes, así como a la falta de registros que permitan dimensionar la magnitud del problema, pues, además de los 5 mil desaparecidos que aparecen en los registros oficiales, existe un número importante de mexicanos y centroamericanos desaparecidos cuyo paradero sigue sin conocerse.

Desatienden municipios responsabilidad de buscar 

Tras participar en la Octava Reunión de la Unión Nacional de Colectivos de Búsqueda, el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, aceptó que uno de los principales obstáculos contra los que se enfrenta la búsqueda en Guanajuato es la falta de colaboración de algunos gobiernos municipales y la desconfianza en corporaciones policiacas del mismo nivel. El funcionario evitó señalar cuáles son.

Añadió que el Gobierno estatal continuará fortaleciendo las células municipales de búsqueda y revisando el funcionamiento de los quioscos informativos instalados en los 46 municipios, ya que en algunos casos han sido desconectados o colocados en sitios de poca visibilidad.

Una buscadora de Guanajuato capital destacó la ausencia de autoridades municipales, pues dijo que la tarea de búsqueda no es una responsabilidad exclusiva de instancias estatales o federales. "Los municipios también tienen obligaciones legales y éticas para prevenir, atender y colaborar en la localización de personas, así como apoyar a las personas buscadoras en sus propósitos".

Jiménez Lona anunció la creación de una nueva coordinación dentro de la Comisión Estatal de Búsqueda para atender las alertas nacionales de personas desaparecidas, como una obligación derivada de las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición de Personas.

El funcionario detalló que la entidad recibe actualmente alrededor de 50 alertamientos nacionales al día, lo que obliga a fortalecer la capacidad operativa de la comisión. Por ello, dijo, se plantea una inversión anual de 22 millones de pesos para integrar a 18 nuevos colaboradores.

"Hoy hay tres coordinaciones; vamos a crear una cuarta coordinación que se va a dedicar exclusivamente a lo que llegue de otros estados de la República", resaltó, frente al contexto de más de 130 mil personas desaparecidas en México.

Afirmó que Guanajuato es una de las entidades con mayor infraestructura para la búsqueda de personas y aseguró que actualmente realiza entre cinco y siete búsquedas diarias, cifra superior a la de otros estados donde, dijo, apenas se lleva a cabo una búsqueda al mes.

Indicó que la Comisión Estatal de Búsqueda pasó de operar con cinco personas a contar con más de 60 servidores públicos, además de tener disponible maquinaria pesada, drones, cámaras especializadas para la inspección de pozos, vehículos y equipo tecnológico.

También destacó que Guanajuato ocupa el tercer lugar nacional en localización de personas con vida, aunque reconoció que el estado concentra el 4.2 por ciento de las personas desaparecidas del país. La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo también resaltó estos datos durante su intervención en la inauguración de la reunión.

Durante el encuentro de personas buscadoras se realizaron tomas de muestras genéticas y se instaló una galería fotográfica para que las familias pudieran visitarla. A través de Comunicación Social, la Fiscalía del Estado informó que se recibieron 25 perfiles genéticos con su respectiva confronta con la base de datos institucional y que se atendió a 108 personas de 15 entidades.

En la reunión también participaron representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el Fondo de Población, que aportó reactivos y un escáner para los registros de perfiles, así como la Cruz Roja Internacional; defensores de derechos humanos, asociaciones civiles, representantes de fiscalías especializadas y comisiones de búsqueda.