El 30 de marzo de 2024, un camión del transporte público de la Ruta 20 que circulaba a exceso de velocidad, impactó una motocicleta con dos pasajeros, Eduardo Morales Aguirre y su tío Luis Ángel Aguirre, quienes se dirigían juntos al trabajo. El camión arrastró la motocicleta por casi 20 metros antes de detenerse, resultando en el fallecimiento de Eduardo Morales y la fractura de tibia y peroné de su tío.

José N., operador de 21 años que, pese a contar con licencia, no cumplía con los requisitos establecidos para obtenerla, huyó del lugar inmediatamente después de frenar, sin prestar auxilio ni dar aviso a las autoridades, incumpliendo los protocolos del SIT y del municipio. Aunque la Policía Vial lo localizó siete calles más adelante, no fue detenido ni presentado ante el Ministerio Público.

Lo que siguió para la familia de Eduardo —su madre, su pareja y sus hijos— fue una cadena de trabas, desinformación y omisiones en la que han estado involucrados la Policía Vial, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, el Municipio de León y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

Tras el accidente, la Policía Vial de León mintió en su reporte oficial al omitir la persecución y detención del conductor involucrado, tampoco le realizó pruebas de alcohol, drogas o estupefacientes. Para colmo, informaron a medios de comunicación que el operador del camión había sido puesto a disposición del Ministerio Público, lo cual nunca ocurrió.

El 1 de mayo de 2024 la familia presentó una queja por las omisiones de los policías viales ante el Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad de León Guanajuato (expediente 121/24). El 17 de diciembre el Consejo resolvió que, de los tres oficiales que dejaron en libertad al operador, solo uno sería sancionado: el suboficial Jesús Rafael Horta Barroso, a quien se encontró plenamente responsable de una falta grave y se le impusieron 30 días de suspensión sin sueldo. Los otros dos agentes fueron exonerados, a pesar de que también participaron en la decisión de liberar a José N.

Además, la familia presentó una queja ante la Contraloría Municipal de León en contra de Isaac Atenógenes Cazares Jaimes, Inspector de Terminal de la Dirección de Movilidad de León, por las irregularidades detectadas en el caso. La Contraloría informó que, derivado de esta inconformidad, se abrió el expediente 203/2024-D1, pero determinó que no existió ninguna falta administrativa por parte del personal de movilidad.

Además, la Dirección de Movilidad argumentó que no sancionó al operador porque no existían pruebas de que se hubiera dado a la fuga, a pesar de que el sistema 911 recibió al menos ocho llamadas ciudadanas reportando precisamente eso.

La Policía Vial no fue la única que dejó ir al operador. Los agentes de la Fiscalía que acudieron a la escena lo señalaron como testigo y no como imputado, omisión que permitió que quedara en libertad. Por ello, la familia presentó una denuncia formal por el delito de homicidio y lesiones culposas ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato el 29 de mayo de 2024. Sin embargo, aún no hay ninguna orden de aprehensión contra el operador.

El 10 de julio de 2024, la Fiscalía del estado impuso una amonestación pública a Daniel Villaseñor, presidente del Consejo del SIT Optibús, por no entregar en tiempo y forma los videos de la unidad involucrada. Fue hasta el 15 de julio que el representante legal de la empresa presentó el video de la cámara frontal del camión, donde quedó claro que el conductor manejaba a exceso de velocidad. El video del interior de la unidad, sin embargo, nunca fue presentado, pues argumentaron que “la cámara del interior no estaba funcionado en ese momento”

El 27 de diciembre de 2024 se presentó una queja ante el Órgano Interno de Control de la misma Fiscalía a los agentes que no pusieron a disposición a José N. El 17 de febrero de 2025, el Órgano Interno de Control informó que no le correspondía seguir con el caso, por lo que lo envió a otra área de la misma Fiscalía: la Visitaduría General, que ahora será la encargada de revisar la queja con expediente: OIC/CORA-RAPRO/081/2025 y sin que se sepa más hasta la fecha

Eduardo Morales Aguirre trabajaba junto con su tío como repartidor para la refresquera Pepsicola, hacia donde se dirigían al momento del accidente. Tenía 24 años y dos hijos, por lo que su familia enfrenta un gran impacto emocional y económico tras la pérdida de un pilar fundamental en sus vidas.

"Yo tengo dos niños, uno de seis y uno de dos años, y pues prácticamente a mí me ha tocado salir adelante con ellos. Son escuelas, son gastos … Y pues, para que ellos no den la cara, una solución o algo… El dinero no vale, no tiene el precio de una vida, ¿verdad? Pero sí, lo que yo quiero es justicia. Soy ama de casa y, pues, él era mi sustento, cambió prácticamente todo.

-Juana Guadalupe Nogales, Viuda de Eduardo

"Todavía requiero de psicólogos. También estoy pagando sesiones de terapia por la fractura que tengo de tibia y peroné. Difícil, o sea, lo estamos pasando ahorita difícil, completamente."

-Luis Ángel Aguirre, tío de Eduardo y víctima del accidente.

Pese a todo, la familia de Eduardo Morales Aguirre no ha logrado ser escuchada por la máxima autoridad municipal. Han solicitado en al menos cinco ocasiones una reunión con la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, sin éxito. Incluso, un integrante de su equipo les informó que "la agenda de la alcaldesa estaba llena".

"Alejandra (Gutiérrez) se está haciendo de la vista gorda. Ya es más de un año estarle rogando como madre que nos dé una entrevista. Se le han dado más de cinco escritos, se han presentado, y no ha hecho omiso de cada palabra que hemos dicho. Yo creo que, como madre, debe tocarse un poquito el corazón."

-Maria de la Luz Aguirre Pérez, Madre de Eduardo

Más irregularidades salen a la luz

Al revisar la información proporcionada por la Dirección General de Movilidad sobre el operador de la unidad involucrada, el equipo legal de la familia detectó múltiples irregularidades. Para empezar, Juan N. fue contratado como operador del SIT el 15 de julio de 2023, cuando tenía apenas 20 años de edad, lo que viola el Artículo 196, fracción III del Reglamento de Movilidad del Municipio de León, el cual establece que los conductores deben tener al menos 21 años cumplidos.

El mismo artículo del reglamento también exige al menos tres años de experiencia en la conducción de vehículos automotores, preferentemente autobuses. Sin embargo, tanto el SIT Optibús como la Dirección General de Movilidad autorizaron la contratación de José N., a pesar de que, para cumplir con ese requisito, habría tenido que comenzar a conducir este tipo de unidades desde los 17 años.

Además, se identificó que el operador obtuvo su licencia tipo A —requerida para manejar vehículos particulares— y su licencia tipo B —necesaria para conducir transporte público colectivo— con apenas nueve meses de diferencia entre una y otra. Esto representa una violación al Reglamento de Movilidad del Estado de Guanajuato, que exige al menos tres años de experiencia previa en la conducción de vehículos automotores para poder tramitar la licencia tipo B. A pesar de ello, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado expidió el documento sin verificar el cumplimiento de este requisito.

El 28 de mayo de 2024 también se presentó una queja contra los agentes de la policía vial ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (expediente 0657/2024). Al solicitar información al respecto, la Procuraduría nos informó que la queja continúa “en trámite”.

Los nuevos hallazgos dieron pie a presentar una segunda queja ante el mismo organismo relacionada con el caso. En esta ocasión, la familia solicita una investigación formal contra diversas autoridades responsables de supervisar, capacitar y regular a los operadores del transporte público.

Ysmael López García, Director General de Transporte del Estado de Guanajuato.

Ernesto Porras Hernández, Director del Centro de Capacitación del Transporte del Estado de Guanajuato.

Fabio Sandoval Reséndez y Rodolfo Lugo Pacheco, Directores de Movilidad del Municipio de León, Guanajuato.

Por ello, el pasado 7 de mayo, el abogado Juan de Dios Hernández Araiza, acompañado por la familia de Eduardo, acudió a las instalaciones de la PRODHEG en León para interponer una nueva queja. Fueron recibidos por el secretario general de la Procuraduría, Eliseo Hernández Campos, quien conversó con la familia y se comprometió a revisar ambas quejas a la brevedad posible.

"Al presentar las denuncias, yo supe que me presentaba contra un monstruo, un monstruo enorme. Pero no sé cuántas madres se han quedado calladas, porque no soy la única, que se le ha matado a un hijo así, sí, pero sí soy la primera o la séptima, que ha levantado la voz. Yo pienso que nos debemos de unir."

-Maria de la Luz Aguirre Pérez, Madre de Eduardo