El despliegue operativo implementado tras la ola de violencia que se extendió por al menos 23 municipios de Guanajuato derivó en la detención de 48 personas en distintos municipios. Sin embargo, hasta ahora se desconoce con precisión su estatus jurídico y los delitos que les serían imputados por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato: la institución encabezada por Gerardo Vázquez Alatriste volvió a reservar la información.

La cifra de detenidos fue dada a conocer la mañana de este lunes por la gobernadora Libia García Muñoz Ledo, quien señaló que los datos le fueron proporcionados por la Fiscalía estatal. No obstante, el organismo responsable de investigar los 74 incendios a comercios y los bloqueos carreteros no ha ofrecido información pública adicional.

Tan sólo el municipio de León concentró una tercera parte de los detenidos, con 15 personas privadas de la libertad que, de acuerdo con el Secretario de Seguridad, Jorge Guillén, al menos siete fueron procesadas por el delito de terrorismo. Esto, pese a que desde la Secretaría de Seguridad estatal, se ha negado que los incidentes ocurridos este domingo encajen en este tipo penal. 

En medio del caos generado el domingo, la Fiscalía difundió un comunicado en el que aseguró estar “lista, preparada y en plena capacidad operativa para actuar en todos los casos en los que deba intervenir”.

A más de 24 horas de ese posicionamiento, no ha emitido nuevos detalles sobre las investigaciones.

Especialistas en materia de seguridad y derechos humanos consideran que la más reciente crisis vividas en diversos estados del país, incluido Guanajuato debe servir para replantear el modelo de seguridad y todas sus repercusiones sociopolíticas, pues además situaciones como estás ponen en mayor medida a las personas que se dedican a la defensa de derechos humanos. 

Todas las personas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía estatal. Hasta la tarde de este lunes, la delegación en Guanajuato de la Fiscalía General de la República no había recibido ningún caso relacionado, por lo que la instancia federal no cuenta con carpetas de investigación abiertas al respecto.

POPLab solicitó a la Fiscalía estatal información sobre el número de detenciones y los delitos que se imputarían a los presuntos responsables de los incendios del domingo; sin embargo, no obtuvo respuesta.

La política de silencio atribuida a Vázquez Alatriste ha derivado en diferencias públicas con el Gobierno de Guanajuato, particularmente con la Secretaría de Seguridad y Paz, encabezada por Juan Mauro González Martínez. Ante hechos violentos de alto impacto, la Fiscalía ha argumentado el debido proceso para limitar la difusión de información.

El hermetismo mostrado por la Fiscalía en el caso del multihomicidio de 11 personas en la colonia Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, evidenció las tensiones entre Vázquez Alatriste y González Martínez. El fiscal reprochó al secretario haber informado sobre la detención de tres presuntos implicados.

La situación podría repetirse. Aunque González Martínez negó en el programa radiofónico En Línea que exista enemistad con el fiscal, también cuestionó el manejo informativo de la institución.

“Aquí no se trata de protagonismos ni de ver quién detiene a quién. Se trata de informar con total claridad a la ciudadanía. El hecho de que salgamos y comuniquemos lo que se hizo no viola el debido proceso. La gente necesita estar informada; la forma y el nivel de detalle sí pueden incidir en una posible afectación”, sostuvo el secretario de Seguridad y Paz.

En la misma entrevista, al ser cuestionado sobre su relación con el fiscal, González Martínez subrayó que, por la responsabilidad de su cargo, está obligado a mantener una relación institucional con todas las autoridades.

“Cada quien tendrá sus estilos, pero mi obligación no es solo llevarme bien, sino hacer que las cosas funcionen y avancen para entregar resultados”.

En León, procesan a siete personas por terrorismo

Aunque el secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González, se negó a reconocer en la jornada violenta del domingo actos de terrorismo, el gobierno municipal de León señaló a siete de los 15 detenidos como responsables de este delito. 

Para el funcionario estatal los incendios provocados no encuadran en el delito de terrorismo. 

“No es terrorismo, son acciones criminales que no se catalogan en terrorismo porque no obedecen a una ideología”, sostuvo. 

En una rueda de prensa convocada a primera hora este lunes, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de León, Jorge Guillén Rico, confirmó la detención de 15 personas por su presunta participación en incendios de vehículos y tiendas de conveniencia en el municipio. 

Se trata de 14 hombres y una mujer, de los cuales la mayoría son originarios del municipio de León, salvo una persona identificada como nacida en el estado de Oaxaca. 

De acuerdo con Guillén Rico, siete de las personas detenidas por la corporación municipal fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado por el delito de terrorismo. Las ocho personas restantes fueron procesadas por delitos como portación de arma de fuego y posesión de sustancias ilícitas.

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, quien también dio atención a los medios de comunicación esta mañana, fue cuestionada respecto a la postura del titular de la Secretaría de Seguridad y Paz del estado, Juan Mauro González, quien negó que los atentados contra establecimientos comerciales y vehículos particulares se puedan catalogar como terrorismo. 

Al respecto la primera edil señaló que existen antecedentes en los que el propio estado ha solicitado a las corporaciones procesar a los perpetradores de incidencias por el delito de terrorismo. 

“En otros momentos de la historia hubo hechos en diferentes municipios y en su momento la propia autoridad estatal pidió que se les procese por terrorismo, porque generan pánico en la ciudad y lo que quieren es que haya una percepción de inseguridad”, declaró ante la pregunta expresa de POPLab. 

No obstante, Alejandra Gutiérrez sostuvo que la responsabilidad de la corporación municipal es poner a los presuntos responsables a disposición de la FGE, y que será el Ministerio Público quien realice la investigación y determine el tipo penal para cada situación. 

Apuesta especialista por cambio en modelo de seguridad

Para el especialista en seguridad, Bernardo León Olea, la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes debe servir para que las autoridades se replanteen el modelo de seguridad en México, fortaleciendo policías municipales con capacidades reales de investigación, ministerios públicos y jueces locales con herramientas legales para perseguir la delincuencia organizada, así como una redistribución presupuestal acorde a la carga delictiva que enfrentan. De lo contrario, advirtió, los ciclos de violencia se repetirán.

Aunque reconoció que fuerzas federales como la Guardia Nacional han contenido parcialmente la violencia en algunas zonas, advirtió que esa estrategia será temporal si no se fortalecen las instituciones locales.

“Esta es una llamada de atención, ojalá y sirva para decir: ‘bueno, mira, qué bueno que pasó esto, pero esto se puede volver a repetir’. No hay ningún cambio estructural en nuestro sistema de seguridad y justicia que permita pensar que esto no puede volver a pasar”, dijo. 

El analista sostuvo que, a su juicio, el problema no radica únicamente en la actuación federal, sino en el abandono de las policías municipales, la debilidad de las fiscalías locales y la falta de acceso inmediato a la justicia en los municipios.

Detalló que las policías municipales son las que realmente controlan el territorio y pueden contener el crecimiento del crimen, pero han sido relegadas presupuestal, operativa y legalmente.

Agregó que la mayoría de los delitos son del fuero común y ocurren en el ámbito local, mientras que los municipios reciben una proporción mínima del presupuesto público, lo que limita su capacidad de prevención e investigación.

“En Guanajuato hay una demanda antiquísima para que se aumente la participación presupuestal de los municipios, porque del total del dinero federal les toca el 4 por ciento por la Ley de Coordinación Fiscal; a los estados el 16 por ciento y la Federación se queda con la mayor parte, y nada más que el 95% de los delitos que se cometen son del fuero común y los atienden fundamentalmente las policías municipales”, detalló.

También criticó que las autoridades locales no cuentan con herramientas jurídicas suficientes para investigar delitos de delincuencia organizada, lo que obliga a depender de instancias federales y genera vacíos de actuación.

El experto afirmó que los episodios de violencia registrados tras operativos contra el crimen organizado muestran la capacidad de estas estructuras para paralizar regiones enteras mediante bloqueos, incendios o amenazas a comerciantes, lo que, dijo, evidencia una falla acumulada del sistema político y de seguridad.

Señaló que la captura de líderes criminales envía un mensaje de temporalidad a las organizaciones delictivas: ningún jefe es permanente y el Estado puede imponerse cuando decide actuar. Sin embargo, subrayó que el impacto inmediato no necesariamente se traduce en una reducción de la violencia.

Por el contrario, explicó que el debilitamiento de la cabeza de un grupo como el Cártel Jalisco Nueva Generación suele generar fragmentación, disputas entre facciones y luchas por el control territorial, lo que incrementa los enfrentamientos armados.

En el caso de Guanajuato, donde ya existe una confrontación criminal, subrayó que el escenario podría agravarse debido a la disputa entre grupos locales, entre ellos el Cártel Santa Rosa de Lima, que buscarían expandirse o apropiarse de actividades ilícitas como el narcomenudeo, el trasiego de drogas, la extorsión y el robo de combustible.

Contexto de violencia aumenta riesgo de defensa de derechos humanos 

La crisis de violencia en el estado, derivada del operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, ocurre en un contexto de violencias acumuladas y de una crisis estructural de derechos humanos de la que tiene responsabilidades el Estado, tanto en la generación de condiciones de violencia como en su contención insuficiente, consideró el académico del Laboratorio de Resistencias contra las Desapariciones de la Universidad Iberoamericana León, Fabrizio Lorusso.

Advirtió que el problema no puede analizarse únicamente desde la lógica del crimen organizado y los “generadores de violencia”, sino como un fenómeno sociopolítico amplio, relacionado con desigualdades históricas, decisiones institucionales y un modelo de desarrollo que ha profundizado la exclusión.

De acuerdo con Laruosso, la entidad arrastra al menos diez años de problemáticas persistentes que combinan violencia criminal, rezagos en justicia y vulneraciones a derechos económicos y sociales, y consideró que la violencia impacta de manera diferenciada a ciertos sectores, particularmente mujeres, personas buscadoras y periodistas.

Recordó que, en un coloquio realizado con activistas, personas buscadoras, académicos y la oficina en México de ONU Derechos Humanos, se expusieron diagnósticos locales que describen un panorama complejo: conflictos socioambientales vinculados al agua, así como desigualdades estructurales que impactan directamente en el ejercicio de derechos.

Dijo que estos factores se entrelazan con las violencias directas que vive la población, como el incremento sostenido de personas desaparecidas, cifra que actualmente supera las 5 mil 500 en la entidad.

El académico añadió que a esto se suma una crisis de servicios forenses, manejo de fosas comunes y procesos de identificación, lo que mantiene en tensión la relación entre colectivos de búsqueda y autoridades encargadas de la investigación.

Subrayó, incluso, que los mecanismos internacionales de acción urgente para la localización de personas enfrentan estancamientos debido a ministerios públicos rebasados y sin capacidad suficiente para formular hipótesis de búsqueda.

Recordó que la mayoría de los colectivos de búsqueda están integrados por mujeres, quienes enfrentan riesgos adicionales en un estado donde existe alerta de género en varios municipios y donde, además, persisten debates sobre derechos reproductivos y acceso efectivo a servicios de salud.

Para Fabrizio Laruosso, reducir la discusión a operativos de seguridad o a la captura de líderes delictivos impide comprender la dimensión real del problema.

“El análisis debe ampliarse a la violencia sociopolítica: aquella que surge de decisiones económicas, urbanísticas y políticas que producen exclusión y, finalmente, violaciones a derechos humanos por acción u omisión del Estado”, concluyó.