Guanajuato dio dos pasos significativos en el reconocimiento de derechos de la diversidad sexual y de género, aunque uno de los debates más urgentes, el aborto, volvió a estrellarse contra la misma pared: la mayoría panista y sus alianzas coyunturales.

Después de más de una década de bloqueos legislativos, el Congreso de Guanajuato finalmente aprobó la incorporación del matrimonio igualitario en el Código Civil. La votación fue histórica no solo por el fondo sino por la forma: el PAN, partido que durante años mantuvo el candado que impedía discutir el tema, ahora permitió el voto dividido y así quitar el primer freno.

A dos semanas de cerrar los trabajos legislativos de este año, el clima en el Congreso de Guanajuato era de cálculo político y tensiones acumuladas. PAN y Morena, rivales habituales, habían coincidido esta vez en una jugada estratégica: incorporar a última hora los dictámenes sobre matrimonio igualitario, prohibición de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG) y aborto, buscando desactivar movilizaciones y limitar el margen de reacción del público. 

Lo que no previeron fue que las feministas llegarían antes que cualquiera, listas para enfrentar cualquier maniobra.

Desde temprano, colectivas feministas y personas de la diversidad sexual se presentaron en el Palacio Legislativo con pañuelos verdes y banderas multicolor. 

No había anuncio oficial, no había convocatoria pública, solo rumores persistentes. Su presencia temprana fue una respuesta al radio pasillo de la estrategia que ambos bloques legislativos habían tejido para sumar de último minuto al orden del día los dictámenes que habían estado guardados durante tres semanas. 

A ellas, un grupo de no más de 20 mujeres jóvenes, las recibieron con condiciones estrictas: sin mochilas, sin bolsas, sin bebidas ni alimentos. Mientras, en las curules, diputadas y diputados tenían a la mano café, agua y snacks. Aun así, lograron entrar con cartulinas y plumones. No iban a dejar de expresarse.

Poco a poco se acomodó el público: del lado derecho, las personas conservadoras que, a diferencia de otras sesiones, no llegaron movilizadas en camiones, sino en pequeños grupos. Del izquierdo, las feministas y personas LGBT. La línea simbólica del pleno se dibujó como en otras ocasiones.

Antes de arrancar la sesión, el presidente de la mesa directiva, el panista Roberto Carlos Terán Ramos, leyó artículos de la Ley Orgánica que prohibían interrupciones, manifestaciones o cualquier expresión desde el público. El mensaje era transparente: el silencio sería la regla… o al menos eso pretendían.

La calma se mantuvo durante las primeras tres de las nueve horas de sesión, mientras diputadas y diputados desfilaban por la tribuna para hablar de seguridad, corrupción, cuidado de los animales, protección a pueblos y comunidades indígenas, salud, entre otras.

El ambiente se tensó al llegar al punto nueve: el matrimonio igualitario.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pedroza Orozco, denunció un “madruguete legislativo”. Cuestionó la falta de publicación previa de los dictámenes y exigió que se leyeran íntegramente los cinco expedientes: matrimonio igualitario, ECOSIG y tres sobre aborto. En total, unas 500 páginas que, según el priista Alejandro Arias Ávila, tomarían unas 17 horas de lectura.

La respuesta del coordinador panista, Jorge Espadas Galván, fue casi un desafío: “Yo creo que nos vamos a sumar y que se lean todos los dictámenes, incluidos los de Hacienda, con muchísimo gusto”. Y su bancada lo siguió… casi toda.

La secretaria de la mesa directiva, la panista Noemí Márquez Márquez, calculó rápidamente lo que eso significaba: sería ella quien tendría que leer durante 17 horas. Por eso votó a favor de la dispensa. Perdió.

Con apenas unas cuantas páginas del dictamen de matrimonio igualitario, que era de 100 cuartillas, Márquez Márquez comenzó a mostrar gestos de molestia. En voz alta confesó que se le revolvió el estómago al ver la cantidad de hojas por delante. Su video se viralizó de inmediato.

A mitad de la lectura, se detuvo de golpe.

“¿Para eso quieren que lea?" reclamó, molesta porque nadie parecía prestarle atención.

Desde el público, una persona con bandera multicolor le respondió sin titubeos:

"Ella se cansó de leer, nosotros nos cansamos de que nos cancelen derechos".

La escena encendió aún más el ambiente. Entre los gestos desesperados de Márquez hacia su coordinador y las interrupciones constantes de la morenista María Eugenia García Oliveros para exigir que fueran directo a la discusión, el presidente Terán no tuvo más remedio que decretar un receso.

Al regresar, el pleno votó nuevamente la dispensa de lectura. Esta vez se aprobó. Y comenzó la discusión de fondo.

PAN se divide y gana el sí al matrimonio y a la prohibición de los ECOSIG

La historia legislativa del matrimonio igualitario en Guanajuato tiene más de 13 años. La primera vez que se habló de reconocer legalmente las uniones homoparentales fue en 2012, cuando la diputada priista Erika Arroyo Bello presentó la iniciativa de Ley de Sociedades de Convivencia. Dos años después, en 2014, se celebró la primera boda entre personas del mismo sexo en el estado gracias a un amparo. 

Desde entonces, cada intento de reforma se estrelló contra la mayoría panista.

El escenario cambió en 2024. El PAN dejó de ser mayoría en el Congreso y una mujer, Libia García Muñoz Ledo, asumió la gubernatura mostrando mayor apertura hacia los derechos LGBT. Bajo ese nuevo equilibrio político y social, la reforma al Código Civil que reconoce el matrimonio igualitario por fin avanzó.

Durante la discusión, la tribuna se convirtió en un escenario de símbolos. La diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Justicia, María Eugenia García Oliveros, no desaprovechó el momento: cada vez que desde la derecha del salón surgía una consigna de rechazo por parte de quienes llevaban pañuelos azules, ella abría un abanico multicolor con expresión desafiante. Del lado izquierdo, los grupos LGBT y feministas la celebraban:

"¡Y guapa, y guapa, y guapa…! ¡Y reina, y reina, y reina…!"

Las posturas a favor de la reforma encontraron un punto común en la tribuna: hablar de un día histórico para Guanajuato.

En el PAN, aunque siete legisladores votaron a favor, nadie se pronunció abiertamente en respaldo de la reforma. El único que habló fue el coordinador, Jorge Espadas Galván, para anunciar que habría voto dividido porque Acción Nacional había dejado la decisión a título personal de cada legislador.

"¡Tibio, tibio, tibio!"le gritaron desde el ala conservadora.

Los panistas que se sumaron al reconocimiento del matrimonio igualitario fueron: Ana María Esquivel, Jesús Hernández, Jorge Espadas, José Salvador Tovar, Roberto Carlos Terán, Víctor Zanella y Aldo Márquez. Este último, dirigente estatal del PAN y postulado como cuota de inclusión LGBT.

En contra votaron ocho panistas y la priista Rocío Cervantes Barba. Solo Susana Bermúdez y Jared González subieron a tribuna para justificar su rechazo.

Insistieron en que no se trataba de homofobia, sino de la imposibilidad de llamar matrimonio a una unión que, según ellas, contradice la etimología latina derivada de mater (madre). Ese fue el argumento central de la oposición.

La votación final quedó en 25 votos a favor y 9 en contra. Dos diputadas no votaron: la panista Angélica Casillas, que salió del pleno en el momento decisivo, y la priista Ruth Tiscareño, quien estaba conectada a distancia pero se ausentó al momento de emitir su voto.

El mismo día, el Congreso dio otro paso relevante al prohibir los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG). La reforma al Código Penal establece sanciones de hasta seis años de prisión para quien imparta u obligue a un menor de edad o a una persona incapaz a recibir estas prácticas.

En este caso, la votación fue mucho más amplia: 32 legisladores a favor. Las únicas oposiciones provinieron de las panistas Susana Bermúdez y Noemí Márquez, y de su compañero Rolando Alcántar. La panista María Isabel Ortiz Mantilla prefirió no votar: salió del salón antes de que iniciara la votación.

Las dos reformas, matrimonio igualitario y prohibición de ECOSIG, fueron celebradas en el pleno por personas de la población LGBT y feministas. Ambas poblaciones a las que, históricamente, se les ha regateado el reconocimiento de sus derechos se encontraron, se agruparon, se reconocieron como en otras batallas, y celebraron ondeando banderas multicolor y alzando los pañuelos verdes.

No pasó desapercibida la presencia durante la discusión del subsecretario de Diversidad Sexual y de Género del Gobierno del Estado, Ricardo García Frausto.

En el lado contrario, los grupos conservadores reaccionaron con gritos y reclamos hacia los panistas que votaron a favor. Después, algunos de estos frentes anunciaron que interpondrán amparos para que no se les impida recurrir a los ECOSIG. 

Una mujer levantó la voz desde el sector de pañuelos azules:

"¡Así sea en la cárcel, seguiremos resguardando la dignidad humana! ¡Con mis hijos no se metan!".

Mientras esa consigna resonaba, del otro lado del pleno la celebración continuaba. Entre abanicos multicolor, aplausos, lágrimas contenidas y la presencia de quienes lucharon más de una década por este momento, Guanajuato dejó atrás uno de sus rezagos históricos.

El día que por fin se reconoció en la ley lo que ya existía en la realidad: que todas las personas tienen derecho a casarse con quien aman.

Aborto al archivo, otra vez

El día había dejado ya dos avances en materia de derechos LGBT, pero la jornada no cerró con el mismo impulso. El derecho de las mujeres a decidir sobre la maternidad  volvió a ser detenido por la alianza que un PAN sin mayoría consiguió fincar con el PVEM y el PRI.

Fueron tres propuestas las que se enviaron al archivo nuevamente: la despenalización del aborto, la eliminación del reconocimiento a la vida desde el momento de la concepción en la Constitución local y la incorporación de la autonomía reproductiva en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Era la segunda vez en cinco meses que el pleno se adentraba en una discusión sobre el aborto. Esta vez, el debate se extendió por más de dos horas.

Desde tribuna, la panista Jared González Márquez insistió en la narrativa que su partido ha sostenido durante años: que Guanajuato no criminaliza a las mujeres que abortan y que no hay presas por ese delito, por ello no veían la necesidad de hacer reformas al Código Penal.

Insistió en que la agenda del PAN se basa en la defensa de la vida “desde la concepción y hasta la muerte natural”.

En las gradas, la tensión no necesitó micrófonos. Del lado izquierdo, colectivas feministas alzaban pañuelos verdes cada vez que algún legislador defendía el derecho a decidir. Enfrente, grupos conservadores respondían con advertencias electorales: un voto de castigo en 2027 contra Morena y Movimiento Ciudadano, partidos que impulsan las reformas para la despenalización del aborto en la entidad.

Cuando ya era evidente que las iniciativas irían nuevamente al archivo, la diputada Sandra Pedroza Orozco, de Movimiento Ciudadano, tomó la palabra. Aseguró que volverá a presentar en los próximos meses la propuesta para despenalizar el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación. No sería la primera vez: la ruta legislativa ha sido larga, sinuosa y cortada una y otra vez por mayorías conservadoras.

Pero la discusión ya no se limita al Congreso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió la solicitud para emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad sobre el Código Penal de Guanajuato, donde el aborto sigue tipificado. En cuanto el Congreso sea notificado formalmente, tendrá 90 días para reformar la ley. Si no lo hace, la Corte podría resolver a favor del aborto, como ya ha ocurrido en otros estados del país.

Por ahora, el pleno volvió a dividirse entre pañuelos verdes y consignas conservadoras. Afuera, quedó flotando la sensación de que la discusión no terminó: solo se aplazó. Porque si algo dejó claro esta jornada es que la lucha por el derecho a decidir en Guanajuato no se archiva tan fácil como una iniciativa.