La decisión de la gobernadora Libia García de revertir la reserva de uno de los contratos con la empresa Seguritech aprobada por el Comité de Transparencia deja al descubierto la lógica política para conducir el acceso a la información en Guanajuato, exponen organizaciones como Artículo 19 y Fundar, las cuales señalan que dicho comité no argumenta una prueba de daño para negarse a transparentar el número de contratos y sus montos.

“La respuesta de la gobernadora lo único que confirma es la arbitrariedad que prevalece en este tipo de decisiones y la lógica política que está detrás de negar el acceso a estos contratos", cuestionó Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica.

Ante la viabilidad de que este medio recurra la respuesta de reserva otorgado por el Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo, Leopoldo Maldonado señaló que el Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato (IACIP), tendrá que desprenderse de cualquier presión política para mantener la determinación de clasificar la información en los dos contratos aún reservados. 

El abogado, que encabeza la organización defensora de la libertad de expresión y el derecho a la información, criticó la decisión del ejecutivo por transparentar sólo uno de los tres contratos, y señaló que “no hubo una resolución fundada y motivada desde un principio”.

Este martes 8 de agosto, ante una solicitud de acceso a la información hecha por *POPLab*, el Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo determinó reservar hasta julio de 2030 los contratos celebrados con Seguritech y sus filiales desde el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez, así como los suscritos por el gobierno de Libia García. 

Aunque este medio sólo solicitó la cantidad de contratos y sus montos, el Comité resolvió  ocultar toda la información relativa a los mismos con el argumento de que “La revelación de dicha información comprometería la eficacia de las labores de coordinación e inteligencia que se desarrollan (en materia de seguridad pública)”. 

En respuesta a una nota periodística que evidenció la determinación del Comité, la gobernadora Libia García anunció vía X la decisión de revertir la reserva de una parte del contrato de servicio de enlace y monitoreo suscrito por el gobierno estatal con la empresa propiedad de Ariel Picker Schatz. 

Para Janet Oropeza, investigadora de la organización Fundar, cuestiones como los montos de los contratos y las empresas vinculadas deben de ser de carácter público por no considerarse dentro de las causales de seguridad en la ley de transparencia. 

“Si en general van a dar cierta información de un contrato, pues también de los otros dos se deberían de abrir, a menos que el contrato abierto sea más antiguo, que puedan argumentar que la tecnología es más obsoleta y no hay riesgos de seguridad, pero tendrían que argumentar muy bien”, sostuvo. 

Para el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Giovanni Apendinni Andrade, la instrucción de desclasificar información en materia de seguridad representa “una gran responsabilidad”, y celebró la voluntad de la mandataria estatal por ir “contra el status quo y los ordenamientos legales” para acercar la información a los ciudadanos. 

“Creemos que a mayor transparencia habrá un mejor control del ejercicio de los recursos. En ese sentido, la petición es que se abran lo más que se puedan abrir para transparentar los servicios que estamos recibiendo los guanajuatenses”, solicitó el funcionario estatal.  

IACIP tendrá que responder

El director de Artículo 19 destacó la coyuntura de la exigencia de transparencia, que involucra al exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en posibles actos de corrupción con una empresa que ha sido contratista del gobierno durante tres sexenios.  

“Es muy importante que un órgano garante que esté en vías de extinción, demuestre la legitimidad e importancia de los institutos, su verdadera independencia de cara a los argumentos de cooptación política que fueron los que argumentaron la desaparición de estos organismos a nivel federal”, declaró.  

A decir de Leopoldo Maldonado, el IACIP aún cuenta con facultades en el estado para resolver un recurso de inconformidad con independencia, imparcialidad y autonomía, y reiteró que no existe un argumento legal para ocultar los montos de los contratos, al no representar un riesgo para la seguridad del estado. 

“La razón por la cual se niegan esos contratos es contraria al principio de máxima publicidad y, en todo caso, el tema de seguridad que se esgrime, tendría que dar pie a que haya por lo menos información testada en las partes técnicas. El tema es que confunden una cosa con otra o tratan de confundirlo y eso tendría que ser revocado por parte del órgano garante en su momento si se recurre, porque no es posible que esta información, donde prevalece el interés público no sea presentada cuando estamos en medio de un posible caso de corrupción”, concluyó. 

Exige Sandra Pedroza a Sinhue dar la cara

Para diputadas y diputados de oposición, el anuncio de Libia García llega tarde y responde a la presión social.

Mientras que en el PAN existen opiniones divididas: para el diputado Erandi Bermúdez es una señal de que la gobernadora quieren "poner en orden la casa" y un acto de congruencia a la exigencia de Acción Nacional en casos como el de la Casa Blanca, de Enrique Peña Nieto, o el de la Casa Gris, de José Ramón López Beltrán.

Sin embargo, para el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Espadas Galván, la decisión de la gobernadora no está relacionada con el escándalo nacional que ha representado la casa de Diego Sinhue Rodríguez en The Woodlands, y solo pidió "cuidar la seguridad de los guanajuatenses" al abrir uno de los contratos con Seguritech.

Ante los escándalos de probable corrupción en los que se ha visto envuelto Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la diputada Sandra Pedroza Orozco de Movimiento Ciudadano lanzó una exigencia para que el exgobernador acuda al Congreso del Estado a aclarar a toda la sociedad guanajuatenses los señalamientos en su contra.

Además de la casa en The Woodlands, a Diego Sinhue se le señala por privatizar la carretera Guanajuato-Silao, el mal uso de recursos del FIDESSEG, el fallido negocio GTO Leasing, el gasto en el programa Planet Youth sin resultados en la estrategia para prevenir adicciones, entre otros temas.

La diputada lamentó que Rodríguez Vallejo goce de una vida de lujos en Estados Unidos, mientras en Guanajuato todavía se arrastra con la violencia que creció durante su gobierno.

Sobre el llamado de la diputada de Movimiento Ciudadano, Jorge Espadas Galván, coordinador de la bancada del PAN, rechazó que el Congreso tenga la facultad de 

A la propuesta de Morena para que la ASEG realice una auditoría integral a los contratos entre el Gobierno de Guanajuato y Seguritech, Jorge Espadas rechazó la revisión con el argumento de que la Auditoría está rebasada en trabajo y no tiene personal.

Libia "pone en orden la casa": Erandi

La decisión de la gobernadora de abrir el contrato de Seguritech con la Secretaría de Seguridad y Paz demuestra que Libia García busca "poner en orden la casa", consideró el diputado panista Erandi Bermúdez Cano.

Reconoció la disposición que mostró la gobernadora, aunque también aceptó que fue la presión de la opinión pública que la llevó a tomar la decisión. "El que nada debe, nada teme", dijo el legislador presidente de la comisión de Seguridad en el Congreso del Estado.

Bermúdez Cano consideró que la apertura del contrato tiene que servir para revisar si existe un conflicto de interés por la casa en The Woodlands, que habita la familia del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez y la empresa Seguritech. Además, para corroborar que coincidan los servicios prestados por la empresa con lo establecido en el contrato.

Sin embargo, para el coordinador del PAN en el Congreso, Jorge Espadas Galván, no fue por presiones que la gobernadora tomó la decisión de abrir el contrato.

"El tema de la transparencia siempre será bienvenida, pero hay que tener cuidado con el tema de la seguridad. Estoy seguro que el gobierno sabrá equilibrar".

Los legisladores de Morena dijeron considerar que los comentarios de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, desde la conferencia matutina, influyeron para que ahora pueda conocerse parte del contenido del contrato.

Además, el coordinador de la bancada, David Martínez Mendizábal, aseguró que la estrategia jurídica y legislativa del partido político contribuyó a que la gobernadora enmendara la decisión del Comité de Transparencia del Ejecutivo.

El diputado morenista Ernesto Millán Soberanes dijo que la muestra de voluntad de Libia García debería mantenerse en todos los temas.