Durante la segunda parte de la audiencia para resolver la vinculación a proceso de los 18 detenidos en la sierra de Pabellón de Hidalgo, municipio de Rincón de Romos el pasado 26 de julio, el Ministerio Público Federal y defensores de los acusados nombraron a ese lugar como un “campo de adiestramiento”, algo que las autoridades estatales no habían detallado. Es el primer espacio con esas características encontrado en Aguascalientes.

El operativo, de acuerdo con el Ministerio Público Federal, se detonó cuando un helicóptero de seguridad que sobrevolaba la zona fue atacado desde el campamento. De acuerdo con lo informado por fuentes federales a Poplab, la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Zacatecas ese mismo sábado originó un operativo de vigilancia de fuerzas federales en el territorio; pero el fiscal estatal, Manuel Alonso García, ha asegurado que todo ocurrió gracias a “denuncias ciudadanas anónimas” que desde hace algunas semanas habían reportado la presencia de hombres armados en el lugar.

En la conferencia mañanera de este viernes, a pregunta de Poplab, la presidenta se limitó a decir que el Gabinete de Seguridad informará sobre los detalles del caso. También dijo que su administración revisa permanentemente páginas en donde se recluta a jóvenes para el crimen organizado. 

En el campamento —un lugar que no estaba delimitado— se encontraron botellas de agua, mochilas, ollas, cacerolas, mantas, un asador, una rejilla de jitomate y otra de huevo, y artículos personales debajo de las ramas. 

Yuridia Bello Camacho, jueza de distrito encargada de la audiencia, solicitó abrir una carpeta de investigación por las lesiones que presentaron los detenidos, como quemaduras y golpes en el rostro y cuerpo. Incluso, uno de ellos será examinado por posibles daños graves en el riñón. Otro, Hermelindo Rodríguez Solorio, recibió un disparo en la pierna.

De acuerdo con familiares de los jóvenes, durante la primera parte de la audiencia —celebrada a inicios de semana— se denunció que estuvieron privados de su libertad de dos a cuatro horas desde su detención y hasta que fueron presentados ante las autoridades judiciales, pero el hecho no volvió a mencionarse. 

El abogado de uno de los acusados solicitó la comparecencia de nueve policías estatales, nueve militares y un miembro de la Guardia Nacional que, dijo, fueron los responsables de las aprehensiones, pero ninguno se presentó a declarar: los agentes estatales fueron enviados de comisión por órdenes de Antonio Martínez Romo, secretario de seguridad pública estatal, al Campo Militar Número 1, en Ciudad de México; mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no respondió y el elemento de la Guardia Nacional obtuvo permiso de sus superiores para ausentarse.

Aunque los miembros de la defensa argumentaron que no existían pruebas suficientes para los delitos imputados y solicitaron modificarlos, la jueza resolvió vincular a proceso a los 16 detenidos, a quienes se les investiga por los delitos de acopio de armas, posesión de armas de uso exclusivo del ejército, posesión de cartuchos y cargadores, asociación delictuosa y delitos contra la salud, pues en el lugar se confiscó una bolsa con 742.5 gramos de clorhidrato de cocaína. Cinco de ellos son investigados por, presuntamente, haber disparado a elementos federales.

También se confiscaron chalecos antibalas con la leyenda “CJNG” y un lanzagranadas.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal solicitó distribuir a los jóvenes detenidos entre los penales federales de Michoacán, Guanajuato y Chiapas, “atendiendo a las circunstancias de los hechos y su probable relación con un grupo delictivo, para prevenir que puedan tomar control carcelario del penal estatal”. La solicitud fue aceptada por la jueza, quien dio de plazo hasta el 18 de agosto para el traslado.

Al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 12, ubicado en Ocampo, Guanajuato, serán enviados cinco; al penal federal 17, en Buenavista, Tomatlán, en Michoacán, otros cinco; y al Cefereso 15, en Villa Comaltitlán, Chiapas, seis de ellos. Entre los detenidos hay dos personas de nacionalidad colombiana, uno de ellos, de acuerdo con su esposa, también tiene nacionalidad venezolana; así como personas originarias de municipios de Michoacán, Guanajuato y Coahuila, y del municipio de Jesús María, en esta entidad.

La noticia del traslado impactó a las familias de los detenidos que presenciaron la  audiencia desde un salón audiovisual, las autoridades judiciales no permitieron que ingresaran al juzgado “por lo delicado del tema”. Madres y padres lloraban por la imposibilidad económica que representa movilizarse a otras entidades para acompañar el proceso judicial, pues todas las familias son de bajos recursos. 

“¿Cómo voy a ir hasta Chiapas? No sé ni siquiera dónde está. Apenas tenemos dinero para mantener la casa”, dijo la tía de Javier Zapata Solís, de 22 años, que antes de ser detenido se dedicaba a recoger plástico y otros artículos de los contenedores de basura para luego venderlos. Su tía, Verónica Torres, dejó de saber de él desde mayo de este año. 

“Él ya no tiene a su mamá, ella murió hace un año, su padre nunca estuvo al pendiente de ellos, y el hermano que tenía se suicidó hace cuatro años. Javier está solo, quisiera que supiera que estoy aquí, que yo vine, yo lo reconocí luego luego en la foto”, agregó. 

Al lugar acudieron familiares de siete de los 16 detenidos que fueron vinculados a proceso, entre ellos dos que —en los meses pasados— habían denunciado ante la fiscalía local la desaparición de sus hijos en la capital de Aguascalientes, sin que se registraran avances en la investigación de los casos.

Los dos restantes son menores de edad que la FGR informó el pasado 29 de julio, a través de un comunicado oficial, ya habían sido vinculados a proceso.

Entre otros argumentos para permitir el traslado a penales federales, la jueza hizo mención de las calificaciones reprobatorias que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha dado al centro de reclusión de Aguascalientes en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, sobre todo desde 2022, cuando inició la actual administración de gobierno. Entre ellas está la falta de gobernabilidad, deficiencias en áreas como atención a la salud y vigilancia, revisiones indignas a visitantes y falta de personal de seguridad. 

“Hasta ustedes van a estar más seguros en un centro federal, hay cámaras en todos lados”, dijo.

De acuerdo con sus familias, a algunos de los detenidos originarios del estado les habían ofrecido trabajos como soldadores y balconeros, pero luego de aceptar dejaron de tener contacto. Todos residen en colonias del oriente, las más precarizadas de la capital. 

“Él llegó a mi casa y me dijo que se iba a ir a trabajar a otro lado, dejó todo, sólo se llevó dos mudas de ropa, fue hace como un y medio. Mi hijo se dedicaba a las ladrilleras, hacía tabiques”, dijo María Lara Martínez, madre de Luis Fernando Ramírez, de 22 años. 

“El reclutamiento forzado en Aguascalientes sí existe”, dice colectivo de búsqueda

En rueda de prensa el pasado jueves, familias integrantes del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia, denunciaron que el reclutamiento forzado y las desapariciones en el estado sí existen, luego de que el fiscal estatal asegurara que los jóvenes deciden trabajar con los cárteles y desaparecen por decisión propia, o que deciden irse de sus hogares sin que nadie los obligue.

Incluso, agentes de la fiscalía habían reconocido la problemática. En abril pasado, Vicente Junior Acevedo Navarro, titular de la fiscalía Especializada en Materia de Desaparición y Localización de Personas de Aguascalientes, reveló que dos jóvenes originarios del estado aceptaron una falsa oferta de empleo y los trasladaron a Nayarit, donde fueron privados de su libertad.

“Las madres que hoy están buscando a sus hijas e hijos tienen la misma narrativa en esta zona del país, aceptan una oferta de trabajo y luego están incomunicados. Hace por lo menos dos años los colectivos de Jalisco avisaban sobre el reclutamiento forzado. Negar una realidad que está sucediendo en nuestro estado en lugar de ayudar a resolver las carpetas que se tienen no sólo por desaparición, incluso algunas por secuestro, lo que hace es enterrar la posibilidad del acceso a la justicia y el acceso a la verdad. Exigimos que las personas procesadas tengan un proceso adecuado y que puedan comunicarse con sus familias”, exigió Mariana Ávila Montejano, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género, acompañantes del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia.

“A mi hijo lo sacaron de mi casa, la destrozaron, se lo llevaron a rastras, golpeado. El señor fiscal no puede decir que no hay desaparición forzada, el señor fiscal no puede decir que no existe, las autoridades lo saben perfectamente porque nosotras hemos ido a ponerle la carpeta frente a su escritorio, lo saben. No podemos cerrar los ojos ante una situación que está más que vista”, dijo Olivia Muñoz Campos, madre de Edgar Alfredo Quezada Muñoz, desaparecido el 27 de septiembre de 2022, refiriéndose a que la desaparición de su hijo no fue por decisión propia.

Lorena Guerrero Márquez, suegra de Víctor Manuel Ocón Ramírez, desaparecido el 13 de diciembre de 2023, también señaló que hombres no identificados entraron a su casa y se lo llevaron.

“Desde inicios de año reportamos sobre el reclutamiento forzado, cobro de piso y cuota por seguridad, que ha sido confirmado en lugares como el Agropecuario. Hoy las madres ya no solamente están buscando en Semefos, en los campos o en los anexos, también tienen que estar buscando y tocando una y otra puerta en los Ceresos, en el Poder Judicial o en los Ministerios Públicos porque sus hijos o familiares desaparecidos, además de ser víctimas de este tipo de violencias que son responsabilidad de las autoridades, están siendo tratados como victimarios. Necesitamos una sociedad responsable y empática que proteja a las juventudes”, agregó Ávila Montejano. 

“Nos quieren pintar un Aguascalientes que ya no existe, nos quitaron las fichas de búsqueda del perímetro ferial, nos encontramos a trabajadores ahí que nos decían que las quitaban por estética de la feria y porque venía gente de fuera, extranjeros, que no querían que se enteraran. La desaparición en Aguascalientes es una realidad, le hago un llamado a la gobernadora para que nos reciba y que escuche nuestros casos, porque está ajena a lo que estamos viviendo”, dijo la madre buscadora Olivia Muñoz.