Texto y fotos: Alonso Merino Lubetzky

Dos años después de que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez anunció un programa de reconversión de la industria ladrillera en León, las soluciones no avanzan por factores burocráticos que no parecen querer remover ni la secretaria de medio ambiente, María Isabel Ortiz Mantilla, ni el alcalde de León, Héctor López Santillana. El mercado de ladrillo rojo, controlado además por la industria de la construcción, es uno de los factores con mayor impacto en la calidad del aire y con efectos devastadores para la salud pública en el contexto de la pandemia de COVID-19.

"Nuestro gobernador nos prometió, le encargó a Maritsa, le dio 200 millones de pesos. Van dos veces que se endeuda, ¿y dónde está el dinero? Al menos para el tema ambiental ahorita no lo vemos nosotros aquí en León", expuso Carlos Frías, productor ladrillero en la colonia El Refugio, quien carga consigo al menos 10 años de buscar alternativas para reducir la contaminación durante las quemas.

Junto con él, otros líderes ladrilleros, investigadores y activistas reportan desinterés, bloqueos y ausencia de apoyo por parte del municipio de León y del estado de Guanajuato para transitar hacia alternativas de producción ecológica de ladrillos, principalmente por la falta de escrituras de los predios donde se encuentran los hornos y la desactualización de las normas ambientales estatales. Pero son también las cámaras de la construcción y la vivienda quienes se niegan a pagar más por ladrillos de bajas emisiones, lo que estaría obstaculizando la formalización de la industria en el municipio, según han alertado.

Rodríguez Vallejo anunció el 5 de junio de 2019 que se destinarían 200 millones de pesos para la industria ladrillera en León. Pero dicha inversión no se ha traducido en la adopción de las tecnologías propuestas, ni en la mejora de los procesos de cocción de ladrillos o en la limitación de quemas no permitidas, pese a que existen resultados exitosos en estudios y pruebas para la reducción de hasta en un 90 por ciento de la contaminación.

Los cierres institucionales provienen de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) —creada en 2018 en sustitución del Instituto Estatal de Ecología con Marisa Ortiz como su titular—, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) y la Dirección General de Gestión Ambiental, principales dependencias encargadas de la implementación del programa anunciado por el gobernador en el evento por el Día Mundial del Medio Ambiente de la ONU.

De acuerdo con Eduardo Ríos, activista ambiental de la asociación Medio Ambiente y Calidad de Vida A.C., en los niveles bajos de ambas instituciones son Carlos Aarón Ávila, director de Calidad del Aire de la SMAOT y Aarón Rodríguez, subprocurador Regional A de la PAOT, quienes están entorpeciendo los progresos para la utilización de ladrillos ecológicos. Es desde esta última instancia donde se alega que el uso de biocombustibles no está contemplado en las normas oficiales estatales, "pero sí permiten que quemen toda la porquería del mundo y el proyecto está detenido desde hace dos años", dijo Eduardo.

Hornos ecológicos.

POPLab solicitó entrevistas para obtener información de la situación a Carlos Aarón Ávila, director de Calidad del Aire de la SMAOT, a María Teresa González Rodríguez, directora de Calidad del Aire de la Dirección General de Gestión Ambiental de León, a Silvia de Anda Campos, directora General de Desarrollo Social y Humano en León, y ninguna fue concedida. Alejandro Castro, coordinador de Comunicación Social de la SMAOT se comprometió a entregar información vía telefónica y tampoco ocurrió.

La única autoridad que concedió una entrevista fue Aaron Rodríguez, subprocurador Regional A de la PAOT, quien paradójicamente mencionó que el problema es la falta de presupuesto. "Mejorar tecnológicamente implica ciertos esfuerzos que no son ambientales. No soy la autoridad para decir eso. No soy el especialista", declaró, atribuyendo a la SMAOT la responsabilidad del tema.

No obstante, y pese a la versión oficial de que productores de ladrillo no desean cambiar sus métodos de producción, Rodríguez precisó que no percibe "una cerrazón del productor de ladrillo". Hablando también de los activistas, el subprocurador ambiental señaló que "hay mucha conciencia en general", pero fincó a la "complejidad" del tema "la barrera más relevante".

Falta de escrituras en terrenos impide formalización de ladrilleras

Carlos Frías, quien ha participado desde hace años en negociaciones con el gobierno municipal y estatal, señala que hasta hace poco tiempo el trabajo con las administraciones de ambos niveles había sido constante. Sin embargo, dice que “no sé si sea pretexto o algo, pero que mientras no tengamos título de propiedad no pueden hacer nada; que para mí es algo secundario si les importa el medio ambiente", ya que los predios donde se encuentran las ladrilleras de El Refugio son propiedad municipal.

A ladrilleros como Carlos les han dicho de parte del gobierno municipal que como ya los alcanzó la mancha urbana, los deben reubicar nuevamente. En varias ocasiones, ha hecho públicas sus intenciones de construir un parque ladrillero en León para concentrar a los productores lejos de la ciudad. "Pero yo creo que de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial ya no hay lugar para donde nos reubiquen. No hay lugar mientras no cambiemos la forma de hacer las cosas".

Los terrenos donde los ladrilleros como Carlos tienen sus hornos en El Refugio desde la década de los 80, fueron prestados en su momento por el municipio de León. "El gobierno tiene la escritura y nosotros fuimos reubicados aquí bajo ninguna forma jurídica, porque no hay nada. Aparentemente nos los iban a arrendar. Se pagó un arrendamiento, pero luego todo quedó en el olvido y ya no supimos ni que figura tenemos", agregó.

Las escrituras, pues, son el pretexto para que cientos de ladrilleros puedan formalizar sus negocios, tramitar el uso de suelo y así tener hornos de bajas emisiones, además de brindarles las prestaciones de ley a sus trabajadores. "En alguna ocasión yo le decía al alcalde: ‘Alcalde, no somos ciudadanos de segunda. Cuando viene y se instala una empresa, puede que les den terrenos, que les condonen impuestos, que les den infraestructura. ¿Y por qué nosotros, que tenemos 35 años generando empleos, no podemos tener acceso al terreno?’", cuestionó Carlos.

Mercado de vivienda no accede a pagar ladrillo ecológico

El círculo vicioso de expansión de la ciudad y el desplazamiento amenaza de nuevo a los productores de ladrillo y a sus familias que viven en condiciones de alta vulnerabilidad. Las ladrilleras artesanales en León, de las que hoy dependen 1 mil 574 personas de acuerdo con la Dirección General de Gestión Ambiental, han proliferado como una alternativa de subsistencia al ser una actividad artesanal protegida frente al contexto de crisis económica.

Es la cercanía de zonas ladrilleras con complejos residenciales lo que ha detonado nuevamente quejas y denuncias frecuentes ante la PAOT, pero “a dónde avientes el problema va a seguir igual si no resuelves antes la tecnificación del proceso —insiste Carlos—. Y lo peor de todo: hace 33 años es como si hubieran agarrado un puño de animales, así tal cual te lo digo: un puño de animales, nos hubieran depositado aquí y ya acabé con el problema, háganle como quieran”.

Por su parte Rafael Lara, de familia ladrillera en El Valladito también desde los 80, se ha encargado de realizar pruebas con ladrillos hechos a base de escombro y biocombustibles sin obtener respaldo gubernamental. Coincide con Carlos cuando dice que lo que quieren la mayoría de los ladrilleros es la formalización de sus negocios para cumplir con las leyes y así dejar de perjudicar a la sociedad garantizando una vida digna a sus familias.

"Aquí las demandas que hemos tenido todo el tiempo con el municipio es que nos dé un parque industrial ya regularizado ante la SMAOT, ante todas las dependencias para ya no andar como almas errantes —señala Rafael—. Y también que pongan reglamentos para el asentamiento de viviendas".

Pero mientras las zonas residenciales crecen sin control ganando terreno sobre las colonias y comunidades ladrilleras, son "la Cámara de la Industria de la Construcción y la Cámara de la Vivienda quienes no aceptan pagar por una marca verde de ladrillos, con uso de tierra y agua de lugares que no dañan el medio ambiente y con combustibles que no son residuos", dice Eduardo Ríos de Medio Ambiente y Calidad de Vida A.C. "Si no por ley, por responsabilidad social, los vivienderos y las cámaras deben exigir ladrillo ecológico, pero lo quieren lo más barato posible".

Soluciones para el cambio tecnológico no se adoptan

Las alternativas de cambio tecnológico han sido presentada a las autoridades en numerosas ocasiones por parte de instituciones como el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC) o la Universidad de la Salle, así como de organismos y agencias internacionales como SwissContact y Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) desde el 2011. Pero ninguna de estas han sido adoptadas en el caso de León, pese a que en su mayoría han sido promovidas con participación de los propios productores de ladrillo.

Para el Dr. Andrés Cruz Hernández de la Universidad de la Salle Bajío, la alta demanda de ladrillo rojo por la industria de la construcción ha provocado una incursión de los productores en los materiales no permitidos por las normas estatales, entre ellos madera de encino de proveniente de la Sierra de Lobos, madera de mezquite y desechos de la curtiduría.

El problema con ambos —dice— es que se está deforestando la sierra y la presencia de metales pesados en los residuos de la curtiduría provoca daños al medio ambiente y a la salud humana. Agrega que es una necesidad modificar la normativa ambiental en toda la cadena de producción para lo cual ya se han tenido numerosas reuniones con la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. Eduardo Ríos señala que es necesario hacer presión en la cámara de diputados local para cambiar la legislación en la materia.

"De alguna forma se tiene que reinventar la parte de la industria para ajustar la norma a todos los niveles, desde la parte legal y otro aspecto de buscar nuevos materiales de construcción. Yo creo que desde ahí empieza y hay algunas propuestas. Modificar esas partes de la norma y buscar alternativas", dijo el académico lasallista.

Carlos Frías ha impulsado sin cobijo la implementación del horno MK2 validado bajo norma federal con reducciones de entre 80 y 90 por ciento de las emisiones y a Rafael Lara la PAOT le ha impedido operar un horno de retroceso usando biocombustible con el mismo impacto en la disminución de contaminantes. Este último proyecto es respaldado por el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A.C (CIATEJ), pero "no ha habido apoyo del municipio ni del estado para realizar más pruebas", dice Eduardo.

Ladrilleras crecen sin freno por falta de inspección

Mediante una solicitud a través de comunicación social, Gestión Ambiental contestó que las ladrilleras contabilizadas se encuentran en las colonias y comunidades El Refugio, El Valladito, la Patiña y San Juan de Abajo. En total refiere que existen 373 hornos, lo que representa un 16 por ciento de incremento si se le compara con un diagnóstico del CIATEC en 2013 ordenado por el entonces Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato.

No obstante, Eduardo Ríos explica que como las autoridades "controlan en El Valladito, se les está saliendo de control en otros lados". Ríos, que es fuente de información para la PAOT y la SMAOT, tiene identificado el crecimiento de ladrilleras hacia la zona de las Maravillas, Los Naranjos, el Hospital General Regional No.58 del IMSS, el Hospital Pediátrico y rumbo a la comunidad Alfaro.

Ha detectado ladrilleras en las colonias San Bernardo, 8 de Mayo, la salida a San Pancho y las Joyas, así como aquellas que se encuentran en la colonia La Selva a un costado de El Valladito. Pero "ni municipio ni estado tienen presupuesto para atender este problema, para empezar. No tienen inspectores", dijo.

De acuerdo con Ríos, para regular las quemas y los materiales más dañinos que se emplean en la producción de ladrillo se necesitaría inspectores a pie de horno y, aunque la PAOT ha hecho operativos, no alcanzan a restringir todos los accesos a las ladrilleras. El problema va a aumentar —insiste el activista—, pues las demandas del mercado de la vivienda van al alza y los hornos sin regulación también.

CONTAMINACIÓN POR LADRILLERAS AGRAVA EFECTOS DE COVID-19

De acuerdo con una reciente investigación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Guanajuato es el cuarto estado a nivel nacional con más unidades ladrilleras y es en esta entidad donde se reportan las concentraciones más altas de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) en mujeres entre los 22 y 63 años que viven en zonas aledañas a la producción de ladrillos. “En estos sitios se identifica que la población susceptible a efectos en salud, además de los trabajadores, son los niños, mujeres, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas”, dice el estudio.

La exposición constante a los HAP tiene efectos genotóxicos, neurotóxicos e inmunotóxicos. Particularmente los efectos genotóxicos "se asociaron con los niveles de HAP generados en este sector". La genotoxicidad es aquella que afecta directamente al ADN y puede provocar mutaciones en el material genético y ciertos tipos de cáncer.

Un estudio más publicado en 2021, también de investigadores de la UASLP y de la Dirección de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), confirma que en México "existe una asociación entre las concentraciones crónicas de contaminantes atmosféricos y un incremento en las tasas de mortalidad por COVID-19".

Entre las 25 ciudades mexicanas estudiadas se incluyeron seis guanajuatenses: Celaya, Guanajuato, Irapuato, León, Salamanca y San Miguel de Allende. "Según los resultados presentados, las concentraciones de NO2 son las que contribuyen de manera más significativa a esta asociación". Y el estudio concluye que "la mejora en la calidad del aire podría disminuir el riesgo de mortalidad por esta enfermedad".

Además, un diagnóstico realizado por el propio Andrés Cruz Hernández de La Salle Bajío, cuyos resultados preliminares fueron presentados en diciembre de 2020, encontró que producto de la actividad de las ladrilleras de El Valladito existen cambios en la estructura física del suelo y afectaciones a la biodiversidad de la zona, entre las que se encuentran la deforestación y la pérdida de especies.

Junto a los daños al medio ambiente local, la salud de familias ladrilleras y a la redonda, así como productores en El Valladito, se ve fuertemente comprometida. Los datos de su encuesta arrojan que el 40 por ciento de las personas en ladrilleras contestó que en su familia existen padecimientos de alergias frecuentes y en Brisas del Lago, colonia ubicada a un costado de El Valladito, la respuesta afirmativa a esa pregunta fue de más del 70 por ciento.

Una proporción ligeramente menor, también cercana a 7 de cada 10, contestaron que padecen irritación o infecciones en los ojos y más del 40 por ciento contestó que en su familia existen enfermos de cáncer o con tumores. Los ladrilleros entrevistados reconocen que son las enfermedades respiratorias las que más les afectan a productores, a trabajadores y a sus familias.