Ante la pasividad con la que la Contraloría municipal ha abordado cinco denuncias contra la directora de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Rosario Rodríguez Flores, regidoras de oposición exhortaron a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez y al órgano de control a resolver de manera inmediata los dos expedientes abiertos contra la funcionaria señalada de acoso laboral, quien también es hermana de la tesorera municipal.

El pasado jueves 12 de mayo, la contralora Viridiana Márquez Moreno confirmó que fueron abiertos dos expedientes por “presuntos actos de personal adscrito a esa dirección”, que depende de manera directa del secretario de seguridad, Mario Bravo Arrona.

Desde el arranque de su administración en octubre pasado, Alejandra Gutiérrez anunció una política de cero tolerancia a “baquetones, transas y acosadores” para enmarcar su gobierno. En enero de este año, a través de un video difundido en sus redes sociales, la presidenta hizo público el despido inmediato de un funcionario señalado de acoso laboral. Incluso, acompañó personalmente a la víctima a presentar la denuncia ante la Contraloría.

“Que quede bien claro, yo no las voy a dejar solas. Estoy aquí para escucharlas, para acompañarlas y para presentar las denuncias correspondientes, no podemos permitir que dentro de la administración sucedan este tipo de casos”, ostentó en aquel mensaje. Sin embargo, a cinco meses de que cuatro trabajadores de su administración denunciaron a Rosario Rodríguez Flores, la alcaldesa no ha tenido un acercamiento con las víctimas.

Las ediles de oposición reprobaron que pese a la solicitud de los servidores públicos denunciantes de ser adscritos a otra área durante el desahogo de la investigación, han permanecido en sus puestos subordinados a su presunta agresora.

Aunque en entrevista a medios la tesorera municipal, Graciela Rodríguez Flores, negó tener conocimiento del proceso que atraviesa su hermana, aseguró que se mantendrá al margen de la investigación y evitó dar un posicionamiento al respecto.

-¿Se mantendrá al margen? - Es que no sé de qué me están hablando. - Se trata de cuatro denuncias en Contraloría contra su hermana, Rosario Rodríguez, por presunto acoso laboral.**- Bueno no tenía conocimiento pero al final del día es una situación en la que yo no tendría que estar inmiscuida, respondió.

En entrevista para POPLab, la regidora de Movimiento Ciudadano, Lucía Verdín Limón exhortó a la administración municipal a dar un tratamiento equitativo a todas las denuncias por acoso -sexual o laboral-, y argumentó que “todos los derechos de los servidores públicos deben ser resguardados por igual”. Y aseguró que aunque celebra que las denuncias de acoso sexual sean resueltas con inmediatez, “el acoso laboral no puede pasar a segundo plano”.

Lucía Verdín manifestó que aunque la contraloría debe respetar el principio de legalidad que le impide imponer medidas precautorias para evitar represalias, el procedimiento en casos de acoso “debe revisarse” para evitar la convivencia entre presuntos agresores y las víctimas.

“Es violento convivir con la persona que te violenta, es dañino estar en el mismo espacio laboral con la misma persona que ya sabe que la denunciaste. Ahora (los denunciantes) están expuestos a otras situaciones, incluso a que evolucionen porque el proceso de la violencia es que jamás disminuye, aumenta”, advirtió.

Tesorera Graciela Rodríguez Flores Foto: Melissa Esquivias

La regidora, que en días pasados presentó una iniciativa parra prevenir y erradicar la discriminación en León -y que cayó en el cabildo por la negativa de la mayoría panista-, manifestó que en el caso concreto de Rosario Rodríguez Flores, la relación familiar entre la señalada y la tesorera municipal, obligará a los ediles de oposición a “poner atención” en el seguimiento para detectar irregularidades.

“No estamos hablando de que a unos sí y otros no, porque entonces ¿cuál es el mensaje que estás mandando hacia afuera?. Si no se aborda de manera correcta de manera interna, si los trabajadores del municipio no nos importan, ¿los ciudadanos qué van a pensar?.

Al igual que Verdín Limón, la regidora de Morena, Erika Rocha Rivera, que además pertenece a la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, explicó que el órgano de control ha evitado dar mayor información de los expedientes que involucran a la funcionaria de Seguridad Pública. Asimismo, advirtió que el municipio debería garantizar la protección de los denunciantes con medidas precautorias.

“Considero que sí deberían de ser cambiados durante la investigación o separar momentáneamente a la funcionaria denunciada, esa es mi opinión, pero desgraciadamente quien tiene la última palabra es la contralora”.

Rosario Rodríguez Flores acumula denuncias ante pasividad de la Contraloría Imagen: Juan José Plascencia

Erika Rocha aseguró que existe una “evidente protección” hacia Rosario Rodríguez, al haber transcurrido cinco meses desde que las denuncias fueron presentadas ante Contraloría, y cuestionó la política de “cero tolerancia” al acoso y corrupción promovida por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez desde el inicio de su gestión.

“Existe una inacción por parte de la contraloría y pareciese que se quiere beneficiar a esta persona. Vemos que es pura simulación, son palabras de la alcaldesa porque en los hechos no acciona, ella como titular, al tener mando de la administración pública tendría que poner el ejemplo, pero se trata de la hermana de la tesorera se puede pensar que esta persona no tendrá consecuencias”.

Denunciantes desprotegidos

Pese a que al momento de denunciar, las supuestas víctimas solicitaron ser adscritas en otro área por temor a represalias, la contralora Viridiana Márquez aclaró que el órgano de control interno no está facultado para otorgar medidas precautorias, pues “la ley no lo prevé”. A más de cuatro meses de haber denunciado a Rosario Rodríguez, cuatro servidores públicos a su cargo continúan en contacto directo con la directora acusada de acoso laboral.

“Lamentablemente la Ley de Responsabilidades no nos establece o no nos faculta para poder imponer medidas precautorias, esas medidas únicamente se pueden solicitar o implementar ya que se deriva un procedimiento de responsabilidad administrativa”, declaró en entrevista a medios.

Contralora Viridiana Márquez Moreno Foto: Melissa Esquivias

Cuestionada acerca de la celeridad con la que otros casos de acoso sexual y laboral fueron resueltos, incluso con la inmediata separación del cargo de los funcionarios señalados, la contralora argumentó que son determinaciones que no fueron emitidas por el órgano de control, e incluso, pudieron derivar de una denuncia penal.

“En estos asuntos de baja no es determinación de la contraloría, hay que recordar que se puede llevar un asunto de materia administrativa, y si es deseo de la víctima hasta penalmente. Quiero pensar que todos estos asuntos donde se dio la baja se interpuso la denuncia correspondiente”.

Respecto a las solicitudes de cambio de adscripción, el área de comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública negó la existencia de dichas peticiones por parte de los trabajadores afectados y anunció que no se tomaron medidas precautorias “para no atentar contra los derechos laborales de la directora, que también los tiene”.