“¿Me van a hacer las mismas preguntas que me hicieron allá? Me duele no es fácil recordar lo que pasé. Que él estuvo tocándome… si hubiera sabido para que era hacer todo esto hubiera hecho algo por mí mismo y no habría pedido ayuda…” dice cansado de repetir ante diferentes instancias un adolescente que sufrió violencia física, sexual y emocional en la Ciudad de los Niños.

Es la voz de un joven desesperado de que las autoridades parecen no creerle, desanimado por no encontrar justicia a las atrocidades que vivió en los albergues del cura Pedro Gutiérrez Farías, el responsable de las personas que vivían bajo su custodia y que padecieron todo tipo de vejaciones, torturas, tratos crueles e inhumanos, abusos físicos y sexuales, y que a pesar de ello, tanto el sacerdote como sus asistentes han gozado de total impunidad. Pero no son los únicos responsables de lo que ahí sucedió.

Durante la ceremonia para ofrecer disculpas a las víctimas, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, asegura que su administración reafirma “la responsabilidad existente con todas las víctimas quienes jamás debieron vivir estos hechos tan reprobables”. Pues si, no hay manera de deslindarse, son prácticamente el mismo gobierno, son los mismos que estaban en funciones cuando las irregularidades salieron a la luz y que teniendo la oportunidad de atender las graves violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes, optaron por tratar de borrar cualquier evidencia y esconder bajo la alfombra los posibles delitos. Quizá porque la gravedad de lo sucedido en la Ciudad de los Niños mostraba su fracaso e incapacidad para velar por los derechos de la infancia en situación de vulnerabilidad.

Rodríguez Vallejo era el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu), la dependencia a su cargo le otorgó más de 7.5 millones de pesos al cura. Una de las denuncias que giran en torno a las casas hogar de Gutiérrez Farías fue el mal manejo de los recursos recibidos, cuestionado en aquellas épocas sobre cuál era el proceso de entrega de las ayudas, el entonces secretario dijo que él no sabía pues le correspondía a un consejo decidir. Sin embargo, Diego era el presidente de ese consejo.

La comprobación de los gastos que realizaba el Padre Pedro llaman mucho la atención, pues solían ser recibos de supermercado que parecían compras de una persona que vive sola: unos pocos bolillos, medio kilo de jamón, un litro de yogur, tres jugos, etc. No eran compras de alguien que tiene que alimentar a más de 300 personas. Incluso había gastos como maquillaje, discos compactos de música de moda, alguna vez fueron observadas estas adquisiciones y le pidieron al cura no volverlos a incluir.

Un cercano colaborador de Diego Sinhue me dijo hace tres años: “entregamos el dinero de buena fe”, tratando de deslindarse de la responsabilidad de dar recursos públicos a organizaciones de la sociedad civil, que en teoría, van destinados a una buena obra, pero igual deben ser auditados. Las facturas que se encuentran en los expedientes de los recursos de la Ciudad de los Niños evidentemente no corresponden a gastos de una casa hogar, ¿en serio nadie lo notó?

“Instruyo en este momento a todas las dependencias que resulten competentes para que inicien a la brevedad posible todas las medidas restaurativas”, dijo el gobernador… ¿pero cómo le hará si son los mismos que permitieron las atrocidades los que ahora deben investigar, juzgar, reparar?

Por ejemplo, el DIF Estatal es señalado en numerosas ocasiones por no velar por la integridad de las personas albergadas. Alfonso Borja Pimentel estuvo a cargo en la dependencia desde finales de 2013 hasta febrero de 2018, se dijo que se dejaba el cargo por motivos personales, pero en realidad se fue a la campaña del ahora gobernador y regresó al cargo en cuanto asumió la nueva administración. ¿Dónde quedó su compromiso con la infancia? La CNDH encuentra no sólo omisión, negligencia, sino además “probables conductas delictivas“ y “un ejercicio indebido del servicio público, que se tradujo en una transgresión a los derechos humanos de las víctimas, a la integridad personal, normal desarrollo psicosexual, libre desarrollo de la personalidad y trato digno por los delitos cometidos”. Definitivamente Borja no parece la persona idónea para hacer cumplir con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y mucho menos quien deba encabezar la dependencia que protege a los más vulnerables.

Lo mismo sucede con la Fiscalía General de Guanajuato, antes Procuraduría estatal, a cargo ahora y entonces de Carlos Zamarripa Aguirre, que es señalada en decenas de hojas de la recomendación por su falta de colaboración con la CNDH, de entregar información incompleta, de omisión, de obstrucción al derecho al acceso a la justicia, por su inadecuada procuración de justicia. Se explica que dejaron de lado peritajes claves, los encargados de la investigación y persecución de los delitos “no actúan con la debida diligencia, omiten realizar las diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos delictivos, o las realizan de manera deficiente, lo que genera impunidad de las conductas delictivas denunciadas”, se indica en el documento de 500 páginas.

Carlos Zamarripa, Diego Sinhue Rodríguez y Alfonso Borja

Usando argucias, se archivaron al menos 8 carpetas de investigación de delitos graves que van desde el cambio de filiación y abusos físicos, sexuales y emocionales. Tampoco ha investigado el posible uso indebido de recursos públicos otorgados para la manutención de la “Ciudad de los Niños”, denunciado el 27 de febrero de 2016, incurriendo “en actos y omisiones que afectaron la legalidad, honradez, transparencia, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones”.

Pero no sólo se limitó a obstruir las investigaciones, después de que la jueza, Karla Macías Lovera emitiera la sentencia de amparo que reveló todo lo que ahora conocemos, Zamarripa Aguirre participó activamente como tercero afectado en contra de la sentencia en la segunda instancia frente al Tribunal Colegiado que terminó dictaminando que la juzgadora se excedió en sus funciones.

Hasta el día de hoy, el fiscal no se había pronunciado en ningún sentido sobre la recomendación de la CNDH, ahora lo hace con un documento retórico y vacío. Sin embargo, lo más grave es que a él le tocará investigarse a sí mismo y a sus compañeros de gobierno, lo que hace suponer que la impunidad seguirá imperando.

“Me comprometo a implementar las acciones que sean necesarias para eliminar o reparar los daños causados a todas las víctimas” dijo el gobernador quien se dice convencido que respetar los derechos humanos, ¿va a destituir a todos los involucrados?, ¿se pedirá al fiscal que se retire del cargo? ¿De qué manera se hará justicia a las víctimas si son juez y parte?

¿Cómo llegará la justicia si son incapaces de ejercer acción penal en contra de los directamente señalados, como el cura Pedro y su asistente Martín y el resto de sus ayudantes? ¿Cómo llegará la justicia si desde el Estado se ocultaron, toleraron y permitieron tan graves crímenes? ¿Quién vigilará al Estado de lo que el Estado hizo? ¿Cómo podemos estar seguros de que no habrá otra Ciudad de los Niños si los encargados de que esto no pase son los mismos que lo permitieron?

Ilustración: Pinche Einnar