El Sistema Estatal Anticorrupción podría profundizar su crisis apenas en el segundo año de funcionamiento, al presentarse la interposición de un amparo de tres integrantes del Comité de Participación Ciudadana en contra de una negativa de información de la Secretaría de la Transparencia.

El endeble Sistema Estatal Anticorrupción que se creó en Guanajuato ha permitido el bloqueo de información a los ciudadanos que representan los intereses de la sociedad, además de que la falta de reglas claras ha dado paso a que se den las llamadas puertas giratorias, presumiéndose conflictos de interés con ex integrantes del órgano responsable de combatir las prácticas de corrupción.

La información a los integrantes del CPC se ha entregado a cuentagotas por parte de las autoridades que también forman parte del Sistema, a pesar de tratarse de asuntos de interés público que se han denunciado públicamente como los millonarios contratos a FBM Comercializadora, empresa señalada por operaciones inexistentes durante el gobierno de Miguel Márquez Márquez.

En Guanajuato fue instalado el Comité Coordinador del Sistema (CC) en enero del 2018, luego de que se conformara el Comité de Participación Ciudadana (CPC) con cinco integrantes, con Arminda Balbuena Cisneros como primera presidenta de ambos comités, quien apenas dejó el encargo fue contratada por la Universidad de Guanajuato, institución educativa que intervino cuando surgió la primera recomendación a un ente público desde el Sistema.

A 16 meses de la instalación del Sistema, han sido múltiples los casos que han llegado al Comité Coordinador, impulsados por los ciudadanos, aunque solo a uno se le dio salida: la adjudicación directa de la concesión a Grupo México del libramiento Silao.

De la revisión que se hizo, primero en el Comité de Participación Ciudadana y luego en el Coordinador, resultaron dos recomendaciones: una al Poder Ejecutivo y otra al Poder Legislativo. A los diputados se les pidió modificar la Ley de Concesiones para el Estado, al tratarse de una norma obsoleta sin incluir principios como el de máxima publicidad.

En el caso de la recomendación al Ejecutivo consistió en que un tercero hiciera la revisión del proceso que siguió la Secretaría de Obra Pública, todavía con Miguel Márquez como gobernador, para adjudicar la concesión de manera directa. Un grupo de especialistas de la Universidad de Guanajuato fue el responsable de hacer la revisión, para concluir que todo se había dado conforme a la legislación vigente.

Así, terminó el periodo de Arminda Balbuena como titular del Sistema en Guanajuato, pero apenas un día después de dejar la presidencia fue contratada por la Universidad de Guanajuato. Ahora el cargo que desempeña es el de coordinadora de Derechos Humanos, con un sueldo mensual de poco más de 40 mil pesos.

Tras darse a conocer el contrato con el que fue favorecida Balbuena, los integrantes del CPC analizan instaurar candados en la normatividad interna para que quien termine su periodo en el Comité tenga restricciones para laborar en lo inmediato en una institución pública.

Amparo por información

Otro de los primeros temas que llegó al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción fue el de la contratación de FBM Comercializadora por parte de la Coordinación de Comunicación Social del gobierno de Márquez, empresa que fue boletinada por el SAT y enlistada por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción como empresa fantasma.

Sin embargo, el tema, lejos de aclararse en el órgano responsable del combate a la corrupción se ha impedido que se conozcan los detalles de las revisiones que se han hecho a la Coordinación de Comunicación Social.

Tras la salida de Arminda Balbuena, se quedaron en el Comité Coordinador como representantes de los ciudadanos Román Méndez, actual presidente, y Fernando Revilla Guerrero. Este último pidió se dieran a conocer los detalles sobre la auditoría que realizó la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas a la Coordinación de Comunicación Social, pero la solicitud le fue negada.

Así, recurrieron a la justicia federal para que la Secretaría a cargo de Marisol Ruenes Torres entregue los resultados de la revisión a la coordinación durante el sexenio de Miguel Márquez Márquez.

Hilda Marissa Rivera Barbosa, Julio César Rodríguez y Fernando Revilla presentaron un amparo ante el Tribunal del Poder Judicial de la Federación para que sea a través de un juez de distrito que se instruya a la Secretaría de la Transparencia a entregar la información solicitada.

Julio César Rodríguez comentó que el argumento para ampararse se basa en el artículo 8 Constitucional, que habla del derecho de petición de los ciudadanos.

Revilla aclaró que no se trata de una guerra contra la Secretaría de la Transparencia, sino de velar por los intereses de la sociedad guanajuatense como representantes ciudadanos ante el Sistema Anticorrupción.

“Un tema importante es entender la legitimidad de la participación ciudadana, el interés no está en ser incómodo, sino recibir una rendición de cuentas de las autoridades, que tenga un impacto en combate a la corrupción”.

Reconoció que si ellos como ciudadanos que forman parte del Sistema no han podido tener información y respuesta de las autoridades, para cualquier otro ciudadano el problema se agrava.

“Cuando se exige información esperaría que fuera abierto, más si el Sistema tiene esa finalidad del combate a la corrupción”.

El gobierno de Miguel Márquez con Enrique Avilés al frente de la coordinación entregó contratos por más de 4.6 millones de pesos a FBM Comercializadora.

La Secretaría de la Transparencia realizó la auditoría por el periodo 2014 a 2017, todavía con Márquez como gobernador. En septiembre, con el cambio de gobierno, la auditoría estaba en la dirección jurídica, pero ocho meses después no se conoce el resultado.

Aunado a la revisión que hizo la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas está la auditoría a cargo del órgano fiscalizador: la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato que inició con la revisión de situación excepcional por la denuncia presentada por el periodista Arnoldo Cuéllar, tras documentarse y publicarse las irregularidades desde la Coordinación de Comunicación Social.

Candados para puerta giratoria

Las indefiniciones en el Sistema permitieron a la ex presidenta salir del Comité a la Universidad de Guanajuato, situación que ha provocado que desde el CPC se analice el generar candados.

Fernando Revilla señaló que se revisa de qué forma debe conducirse una persona que haya estado involucrada en el combate a la corrupción al dejar el Comité, a través de un periodo de “enfriamiento” que evite mandar un mensaje de acuerdo con instituciones públicas.

“El hecho es establecer la regla para que los personajes que vayan saliendo del comité no vayan a parar en la acera de enfrente creando un conflicto de interés”.

Julio César Rodríguez precisó que será en la próxima sesión del CPC que se presente la propuesta.

Precisó que no se necesitaría que el caso pase por el Legislativo, pues se podrían hacer modificaciones a los reglamentos internos del Comité de Participación Ciudadana.

Mientras tanto, Hilda Marissa Rivera salió en defensa del contrato que recibió Arminda Balbuena Cisneros al calificar a la doctora como una profesional que abona a la vida interna de la Universidad.

“La UG sigue todos los lineamientos de austeridad, es un contrato, para mi forma de pensar, pequeño para todo el trabajo que se realiza, no significa un mal actuar de la Universidad”.

El diseño del Sistema Estatal Anticorrupción corrió a cargo de los diputados locales, pero con base en lo aprobado por los legisladores federales. Ahí se expone que para que el Sistema funcione se deberá contar con la participación ciudadana para que se pudiera escuchar la voz de la sociedad en el combate. Las cinco personas que integran el Comité de Participación Ciudadana son electas por una comisión especial de selección, conformada por ciudadanos que previamente pasaron por un proceso ante diputados locales. Solo dos de ellos tienen derecho a participar en el Comité Coordinador del Sistema, que se integra por autoridades estatales y municipales.