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Combate a la corrupción: la farsa encabezada por Medina Torres
La corrupción no cede, la Fiscalía Especializada no rinde frutos y además parece aplicar la ley de forma selectiva; aún así su titular cobra casi 100 mil pesos cada mes
En poco más de cuatro años en el cargo, el fiscal anticorrupción, Marco Antonio Medina Torres, ha tenido una muy baja productividad considerando el número de carpetas de investigación judicializada por actos de corrupción; aún así ha cobrado puntualmente casi 100 mil pesos mensuales.
De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en el período del primero de enero de 2019 al 31 de mayo de 2020, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició 47 investigaciones y de éstas siete fueron determinadas a través de acuerdos reparatorios, lo peor es que 38 quedaron en trámite y no se judicializó ninguna carpeta. De las otras dos carpetas se desconoce su estatus.
Según el tabulador salarial de la Fiscalía General del Estado, Medina Torres tiene un sueldo neto de 97 mil 517 pesos, pues tiene un nivel tabular 15, lo que significa que en los últimos cuatro años ha recibido alrededor de 4.6 millones de pesos por ejercer este cargo.
A finales de 2017, Medina Torres fue designado como fiscal anticorrupción por diputados locales, antes de eso fue policía judicial, trabajó en el Ministerio Público en León y fue coordinador general de Investigación de Robo de Vehículos de la Procuraduría del Estado.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Guanajuato fue una de las entidades que entre 2017 y 2019, registró mayores incrementos en el porcentaje de personas víctimas de corrupción junto con Durango, Quintana Roo y Puebla.
Mediáticamente se ha conocido casos de corrupción como el despojo del terreno al jardín de niños Juan Aldama, en el que estuvo involucrado el ex tesorero de León, Enrique Sosa Campos, la condonación del impuesto predial por 2.5 millones de pesos al Club Campestre de la que se responsabilizó al ex director de Desarrollo Rural en León, Rodolfo Ponce Ávila, los moches en Dirección de Transporte del Estado por parte de Jorge Valencia y la obra adjudicada en Sapal que favoreció al consejero Pedro Torres. Hasta ahora, sólo se tiene noticias de seguimiento penal en uno de estos casos.
Nula judicialización de casos exhibe ineficiencia
IMCO y Tojil hicieron una revisión de los resultados de la Fiscalía Anticorrupción de Guanajuato en el estudio Levantemos la voz de las Fiscalías Anticorrupción. De enero de 2019 a mayo de 2020, la dependencia reportó haber iniciado 47 investigaciones, pero no judicializó ni una sola.
De acuerdo con estos datos obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información, se determinaron siete de estas investigaciones. Esto quiere decir que se optó por la vía de acuerdos reparatorios, criterios de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal.
En delitos de corrupción, como cohecho, concusión, abuso de autoridad, extorsión, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, fraude, ejercicio abusivo de funciones, peculado, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, abuso de autoridad, asociaciones delictuosas y coalición de servidores públicos, el acuerdo reparatorio no es viable, pues según el Código Nacional de Procedimientos Penales no todos tienen este beneficio.
Criterio de oportunidad es la facultad con la que cuenta el ministerio público para prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal contra una o varias personas que cometieron un delito y que puede utilizarse como forma de determinación anticipada al proceso penal. La fiscalía de Guanajuato pudo haber recurrido a cualquiera de estos mecanismos en los siete casos que informó de determinación.
“No se cuenta con el desglose de delitos en los que se aplicaron estos acuerdos, estos datos pueden revelar una irregularidad o mala práctica, ya que estos delitos no son procedentes en los casos estrictamente considerados de corrupción”, recomendaron las organizaciones.
También criticaron que la fiscalía local no recibe denuncias anónimas, lo que podría influir en que las personas denuncien posibles actos de corrupción. Tampoco se iniciaron investigaciones de oficio.
“Los escasos resultados yo creo que devienen de todas estas mermas estructurales que tiene la Fiscalía Especializada Anticorrupción en cuanto a personal, en cuanto a la falta de autonomía, en cuanto a que pareciera que dependen de la línea de la Fiscalía General del Estado”, consideró Fernando Revilla Guerrero, integrante del Observatorio Estatal Ciudadano y ex presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Subrayó que debido a que sigue los mismos procesos que la Fiscalía General, el área anticorrupción se ha visto aletargada y adicionalmente tiene poca transparencia o difusión de sus avances.
Por ejemplo, refirió que el Observatorio Ciudadano detectó que el municipio de Salamanca tiene observaciones por 244 millones de pesos (de dos administraciones diferentes) y alrededor de 94 % de estas tienen una denuncia penal en la Fiscalía Especializada, pero se desconoce cuál es su estatus.
“Yo pienso que debe transparentarse el estado que guardan, el avance estimado de lo que se ha realizado, una expectativa de conclusión. Creo que estas son las preguntas que nos interesan a todos los ciudadanos y hoy no hay respuesta”, subrayó Revilla.
Pobre presupuesto, pobres resultados
La Fiscalía General del Estado designa sólo alrededor del 0.3% de su presupuesto general a la Fiscalía Especializada Anticorrupción, factor que para el IMCO y la organización Tojil tiene impacto en los procesos internos de las fiscalía.
Para 2022, a la FGE se le asignaron recursos por 3 mil 569 millones 915 mil 462 pesos y de esta cantidad solo se destinaron 13 millones 229 mil 411 pesos, lo que representa un escaso 0.3% de la bolsa general.
El estudio Levantemos la voz de las Fiscalías Anticorrupción detalla que en 2019 la dependencia tuvo una asignación por 13 millones 292 mil 802 pesos y en 2020 el recurso fue por 13 millones 147 mil 623 pesos.
Es decir, en los últimos años el presupuesto no ha tenido variaciones importantes. “La falta de recursos necesarios para llevar a cabo las investigaciones por hechos de corrupción genera una dependencia presupuestal de las Fiscalías Generales, lo que en algunos casos puede representar un riesgo en la autonomía para ejercer sus facultades y a su vez, limitar la capacidad operacional por falta de recursos”, señala el estudio.
El reporte revisó los ejes de marco jurídico, recursos materiales y económicos, capital humano, procedimientos y resultados. En la mayoría de estos indicadores, la Fiscalía Anticorrupción de Guanajuato salió reprobada.
El abogado Roberto Saucedo también se refirió sobre la falta de transparencia relacionada con los procesos que se ha observado en los asuntos que se han denunciado desde el Observatorio Ciudadano ante la Fiscalía Anticorrupción.
Recordó por ejemplo las denuncias presentadas contra el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, por el uso de una patrulla para trasladarse al estadio de fútbol a un partido del equipo León o la compra a sobreprecio de zapatos, que resultaron ser de mala calidad, además la pérdida de un inmueble con un valor de 40 millones de pesos en la Universidad de Guanajuato.
“No hay una información clara del avance de las carpetas, estamos hablando de que falta transparencia y segundo, falta más celeridad, los asuntos se están haciendo viejos y un asunto que no camina lo que provoca es impunidad”, dijo.
Consideró que en la fiscalía sí se investigan asuntos, pero los temas avanzan lento, lo que hace suponer que hay falta de personal o que “las investigaciones estén recibiendo línea más arriba en el sentido que avancen rápido o se detengan, eso podría ser muy grave, la corrupción en manos de la fiscalía, dosificada y administrada políticamente”, subrayó.
Sin embargo, Roberto Saucedo consideró que la deficiencia en el combate a la corrupción está relacionada con toda la estructura institucional y se puede observar que no se ha disminuido.
“Lo vemos en cosas tan cotidianas como una multa de tránsito, ahí en lo más bajo de las jerarquía administrativa, ahí empieza la corrupción, cuando el agente de tránsito te detiene y para no multarte te pide dinero, lo cual sigue ocurriendo en todos lados y bueno de ahí para arriba”, lamentó.
Poco personal, legislación deficiente y falta de autonomía
En cuanto al capital humano, se detectó que en la entidad la Fiscalía Anticorrupción sólo cuenta con cuatro ministerios públicos para recibir denuncias (no recibe denuncias anónimas), sólo tres peritos y cuatro policías.
En promedio, a nivel nacional las fiscalías cuentan con nueve policías y cuatro peritos. Además se identificó que debido a poco presupuesto, no se adquirieron inmuebles, vehículos y tampoco equipo de cómputo o software de gestión.
“De conocimiento muy informal conozco que ellos se apoyan de agentes de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, por ejemplo, no tiene la plantilla suficiente, pero también causa demasiado riesgo que dependa de Fiscalía”, refirió Fernando Revilla.
Con relación al marco jurídico, se evidenció que no cuenta con reglamentos internos, manuales de procedimientos, protocolos de investigación o audiencias, protección de testigos o de corrupción al interior.
“Guanajuato es de los estados con menor cumplimiento del marco jurídico. Únicamente reportó contar con un fundamento legal para la creación de la FA, así como un catálogo específico de delitos de corrupción dentro de su código penal. Esta falta de normatividad puede impactar en la evaluación de los resultados. De las 47 investigaciones que iniciaron, la Fiscalía de Guanajuato reportó que 38 están en trámite y el resto se resolvieron por el no ejercicio de la acción penal. Es decir, la FA no ha tenido ni un solo resultado en las investigaciones”, destaca el documento.
El factor jurídico afecta directamente en la judicialización de casos debido a la ausencia de técnicas adecuadas de recolección de pruebas. También identificó que la dependencia carece de autonomía, ya que el nombramiento del fiscal depende directamente del titular de la Fiscalía. Aspectos que podrían modificarse con cambios legislativos.
Combate selectivo a la corrupción, acusa ex alcaldesa
La ex alcaldesa de León, Bárbara Botello, se pregunta qué ha pasado con los casos de corrupción denunciados contra funcionarios panistas a nivel estatal y municipal y si como en su caso han sido perseguidos por la Fiscalía Anticorrupción. Aun así, sostiene que no hay una sola sentencia firme en su contra después de siete años de litigio.
“No hay precedente alguno de una persecución como en mi caso… han gastado millones de millones de pesos y lo vemos en materia de recursos humanos, materiales, en desplazar a los fiscales para todos lados y no han cobrado un peso”, señaló.
La ex alcaldesa llegó a acumular 56 denuncias entre penales, civiles y administrativas, aunque sólo 12 de ellas fueron perseguidas por la Fiscalía Anticorrupción y de ninguna de ellas hay una conclusión.
“Dicen que en el rico es alegría y en el pobre es borrachera, cuando se trata de panistas tapan la corrupción… hoy vemos que no pueden sancionar con el Club Campestre, se inventan que es un predio agrícola, no lo pueden sancionar y dejan todas las demás corruptelas”, agregó.
Recién concluyó la administración del alcalde del PAN en León, Héctor López Santillana, se supo de la condonación del predial por 2.5 millones de pesos al Club Campestre por parte del ex director de Desarrollo Rural, Rodolfo Ponce y también sobre el despojo de un terreno al jardín de niños, Juan Aldama, asunto en el que tuvo intervención decisiva el ex tesorero Enrique Sosa Campos. Sobre las investigaciones relacionadas con estos asuntos hay poca información y lo cierto es que hoy estos funcionarios ya tienen nuevos empleos en la administración estatal.
“En mi caso particular a la Fiscalía la destinaron para que buscaran a toda costa armar algo…una persecución sin precedentes, en vez de atender los verdaderos asuntos que importan a los guanajuatenses, por dedicarle tanto tiempo a esto, se les desbordó una gran impunidad”, aseguró.
En su caso se presentaron denuncias por peculado y fraude, pero debido a que en la mayoría de los casos los tipos penales no eran aplicables a la función de un alcalde, la mayoría se litigan por abuso de autoridad.
“Nunca vimos a una fiscalía tan activa para integrar este tipo de carpetas, lo más triste es que hoy quienes forman parte de la fiscalía son personas que no tienen ni siquiera la preparación para dedicarse, por ejemplo a la corrupción, no conocen ni siquiera los tipos penales, una deficiencia impresionante”, acusó.
La ex funcionaria dijo tener conocimiento que sólo en la denuncia presentada contra el ex tesorero Roberto Pesquera, el asunto cerró con la recuperación de un millón de pesos, pero sostuvo que de los cientos de denuncias presentadas contra funcionarios de su administración, no hay sentencias.
Piden morenistas fiscalía independiente; promueven reformas
Datos del INEGI refieren que de 2017 a 2019 en Guanajuato se registró la variación porcentual más alta de actos de corrupción pasando de 13 mil 245 a 34 mil 593 (161.2%)en al menos uno de los trámites realizados por cada 100 mil habitantes.
Debido a esto, la entidad fue la sexta con la mayor incidencia de actos de corrupción a nivel nacional. Con estos datos, la legisladora de Morena, Alma Alcaraz Hernández, presentó una iniciativa de reforma a la Constitución local para cambiar el nombramiento de la Fiscalía Anticorrupción para que pueda hacerlo el Congreso. Actualmente esto es facultad del titular de la Fiscalía.
La legisladora aseguró que el informe de gestión enero-junio 2021 de la Auditoría Superior del Estado se informó que se presentaron nueve denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado, las cuales se suman a 264 existentes. Sin embargo, sólo se refirió la judicialización de ocho de éstas durante 2018.
“En cambio, la misma fiscalía fue muy rápida para archivar 50 y dejar en trámite 186 denuncias más. Como ejemplo de las decenas de denuncias presentadas por la Auditoría Superior y que se encuentran estancadas en la fiscalía, están las que presentó desde septiembre y octubre de 2018, relacionadas con la auditoría practicada al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvatierra. Increíblemente, las denuncias correspondientes no han sido judicializadas luego de más de 3 años, hecho que el grupo parlamentario de Morena denunció desde la Legislatura pasada”, explicó Alcaraz Hernández.
Consideró que el partido en el poder ha mostrado incapacidad para resolver los actos de corrupción que personas de su mismo círculo político cometen y han preferido mantener las cosas como están "y hacer como que no pasa nada".
La diputada de Morena también ha criticado el trabajo de la Auditoría Superior del Estado y ha propuesto cambios legales para fortalecer los procesos de fiscalización.
“Consideramos que quien encabece dicha fiscalía no debe tener ningún tipo de dependencia con el titular de la Fiscalía General, como actualmente sucede; situación que es problemática en sí misma, pero que se agrava cuando consideramos que el Fiscal Carnal forma parte de los grupos de interés político y económico en la entidad, a tal punto que permanece en ese encargo gracias a las complicidades políticas del Estado, pues no se le puede atribuir la permanencia en el cargo a sus logros, ya que son inexistentes”, agregó.
Morena también presentó una solicitud de comparecencia del fiscal Anticorrupción, ante integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, sin embargo, la petición recibió una negativa.
De acuerdo con el presidente del órgano, el diputado panista Luis Ernesto Ayala Torres, el Legislativo carece de facultades para solicitar cuentas a este funcionario. Curiosamente, el Congreso local fue el que hizo su designación a finales de 2017.
“La Junta de Gobierno no cuenta con facultades para autorizar la comparecencia del fiscal especializado, pero se verán opciones pertinentes para que dentro del análisis del informe que rinda la fiscalía general se prevea lo relativo a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción”, justificó Luis Ernesto Ayala.
La Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado establece como obligación de la institución la presentación de un informe anual el último jueves del mes de febrero. El mismo artículo 16 de esta norma establece puntualmente como atribución del fiscal, el comparecer ante el Congreso del Estado “cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión”.
Sin embargo, la legislación no establece con claridad alguna limitación para llamar a rendir cuentas a otros funcionarios de la misma dependencia.
21 de marzo de 2022, 13:40
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