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12/14/2025
Melissa

Comisionados del IACIP se subieron el sueldo pero redujeron carga laboral y sesiones

“No sabíamos que la reforma iba a funcionar,” justifica Alejandro Rocha el incremento durante proceso de la 4T para extinción de organismos autónomos que alcanzó a Guanajuato

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    Los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato (IACIP) se han beneficiado con tres ajustes salariales con los que, en menos de cinco años, pasaron de nivel 14 a 17 en el tabulador estatal, mientras que han disminuido su actividad en sesiones de pleno y han modificado el reglamento del organismo para delegar responsabilidades en la Secretaría General de Acuerdos. 


    Los incrementos ocurrieron en las gestiones de Ángeles Ducoing Valdepeña y Mariela Huerta Guerrero como comisionadas presidentas del IACIP. El ajuste aprobado en pleno en abril de 2024, ocurrió en medio del debate por la reforma constitucional federal que implicó, tras su aprobación por el senado en diciembre pasado, la extinción de organismos autónomos entre los que se encontró el Instituto Nacional de Acceso a Información (INAI) y sus homólogos en las entidades federativas. 


    Con la retabulación, el sueldo mensual de los comisionados pasó de 119 mil 720 a más de 138 mil pesos brutos mensuales con un nivel tabular 17. Con la extinción del organismo, que ya se discute en la Comisión de Gobierno del Congreso local para armonizar la legislación estatal con la reforma constitucional, los funcionarios recibirán una liquidación correspondiente a su salario actual. 


    De sesionar hasta en 104 ocasiones en 2022, primer periodo en el que Mariela Huerta Guerrero ocupó la presidencia del IACIP, los comisionados participaron en el pleno solo en 61 ocasiones en 2024. Ésto representa una disminución del 41 por ciento de actividad en el pleno.





    En las sesiones, los representantes del IACIP discuten y votan asuntos relacionados a los recursos de revisión presentados por la ciudadanía por el incumplimiento de transparencia de los entes que ejerzan recursos públicos, así como solicitudes de prórroga de clasificación de información como reservada que presenten los sujetos obligados obligados por ley a entregar información, así como asuntos relativos a verificación y denuncias.


    Desde diciembre de 2023, tras operar durante dos años con sólo dos comisionados, el IACIP está conformado por Mariela Huerta Guerrero, que ocupa la presidencia desde 2021; Jorge Sámano Gómez, nombrado en 2019; y Alejandro Rocha Pedraza, quien fue designado por el Congreso en diciembre de 2023. 


    Este lunes, los diputados morenistas Hades Aguilar Castillo y David Martínez Mendizábal, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado contra los comisionados Mariela Huerta Guerrero, Francisco Rocha Pedraza y Juan Sámano Gómez por aprobarse una retabulación salarial de manera presuntamente ilícita. 


    “Se trató, lisa y llanamente, de un autoaumento disfrazado de homologación salarial, sin sustento legal ni técnico”, señaló Hades Aguilar a *POPLab*.


    A la denuncia penal se sumaría una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (Aseg), por presunto daño patrimonial, consecuencia del ajuste tabular en siete plazas del IACIP, adelantó Aguilar Castillo. 


    Suben sueldos y bajan responsabilidades


    En la respuesta otorgada a *POPLab* en mayo pasado a través de la Dirección de Comunicación Social, la comisionada presidenta, Mariela Huerta Guerrero, justificó la retabulación por “un incremento en la carga de trabajo”, haciendo referencia específica a la resolución de recursos de revisión, así como a “un análisis comparativo en el ámbito local de las personas titulares de los organismos autónomos”, con un nivel tabular 20. Hasta abril de 2024 antes del ajuste, los comisionados del IACIP tenían el nivel 16. 


    De acuerdo con Mariela Huerta, la retabulación fue sometida a consideración del pleno por la directora de Administración y Finanzas, Norma Kim Miranda, quien dentro de sus atribuciones tiene el “proponer las medidas de racionalización y austeridad institucional, de conformidad con las disposiciones administrativas en la materia y a los principios de austeridad, economía, transparencia, eficacia, eficiencia, objetividad y honradez”. Así lo señala el artículo 28 del Reglamento Interior del IACIP. 


    No obstante, las personas titulares de organismos autónomos como la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato y la Fiscalía General del Estado ocupan cargos únicos, mientras que el IACIP opera con tres cargos de alto nivel de manera simultánea. 


    Comisionados Jorge Sámano, Mariela Huerta y Alejandro Rocha Pedraza.


    Además de los comisionados, resultaron beneficiadas con un mayor nivel tabular las plazas de la titular del Órgano de Control Interno, María de Lourdes López Ramírez; la jefa de Prensa y Difusión, Araceli Torres Salazar; el auxiliar de correspondencia, Sergio Antonio Rivera Ruiz; y de la especialista administrativa, Balberit González Bosco. 


    Los primeros indicios de la disminución de productividad de los titulares del IACIP aparecieron en 2021, cuando en medio de la pandemia por COVID fue aprobada una reforma al reglamento interno del instituto que modificó su estructura orgánica. Así, a la Secretaría General de Acuerdos le fue asignada la responsabilidad de elaborar los proyectos de acuerdos o resoluciones, así como la coordinación de las seis personas proyectistas que dependían de los tres comisionados.  


    En aquel momento, el pleno del IACIP estaba integrado por Ángeles Ducoing Valdepeña y Juan Sámano Gómez. Mientras Ángeles Ducoing estuvo en la presidencia del IACIP, de 2017 a 2021, el nivel tabular de los integrantes del pleno pasó de nivel 14 a nivel 16. Con el último ajuste, los funcionarios han escalado tres niveles en el tabulador en menos de cinco años.


    Desde septiembre pasado, la excomisionada del IACIP es la titular de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del gobierno que encabeza Libia Dennise García. 


    Ángeles Ducoing Valdepeña, titular de la UTAPE Guanajuato

    Ángeles Ducoing Valdepeña, titular de la UTAPE Guanajuato


    En una entrevista radiofónica, el comisionado Alejandro Rocha Pedraza justificó el incremento tabular al mencionar que, en abril de 2024, “no parecía factible la reforma” propuesta por el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para extinguir distintos organismos autónomos.


    “El aumento fue en 2024, antes de las elecciones para conformar el Congreso de la Unión, obviamente nosotros no teníamos conocimiento de que la reforma fuera a funcionar, yo no sabía que el INE iba a darle una sobrerrepresentación a estos partidos en la Cámara, yo no sabía que Yunes se iba a ir a Morena (sic)”, fueron las excusas del comisionado.


    Rocha Pedraza, quien llegó al organismo por propuesta del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez, explicó que “la idea” era que el IACIP tuviera una estructura similar a otros organismos autónomos como el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía estatal y la Procuraduría de Derechos Humanos, en la que “los sueldos de los titulares, personal directivo y operativo fuera escalando de manera progresiva”.


    Sin embargo, los puestos de las seis personas proyectistas permanecieron hasta 2019 como nivel 9, periodo en que aumentó a nivel 10, equivalente a poco más de 45 mil presos brutos. 


    “La intención no era una chicanada o aumentarnos para tener una mayor liquidación, si fuera así en el 25 me hubiera subido a nivel 20. Sigo ganando menos que el presidente”, declaró el comisionado en el noticiero radiofónico En Línea. 


    Comisionado Alejandro Rocha Pedraza


    Tras presentar la denuncia penal, los legisladores morenistas señalaron que este ajuste debió ser analizado y aprobado por el Comité de Estructuración Salarial. De acuerdo con el Artículo 79 de la Ley para el Control de los Recursos Públicos, este cuerpo colegiado encabezado por el secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda, tiene la atribución para determinar las remuneraciones de los servidores públicos del estado.


    En la sesión de pleno del Congreso de este jueves 19 de junio, la diputada Hades Aguilar presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Aseg para que realice una auditoría financiera y de desempeño al IACIP, correspondiente a los ejercicios fiscales 2023, 2024 y 2025. La legisladora señaló en tribuna que el ejercicio de fiscalización deberá “revisar a fondo el uso de recursos públicos y los procedimientos de modulación salarial”. 


    Cuestionado por *POPLab*, el diputado panista Víctor Zanella Huerta, quien preside la Comisión de Hacienda del Congreso local, advirtió que es indispensable analizar la fundamentación de los criterios presentados por el IACIP para aprobar la retabulación de plazas. 


    “Hasta ahora, en la discusión pública no se han presentado elementos técnicos suficientes que permitan valorar la procedencia correspondiente. Realizaremos esa revisión para hacer las valoraciones que el caso exige”, declaró. 


    Analiza Congreso exhorto de auditoría


    En entrevista para *POPLab*, la diputada morenista Hades Aguilar Castillo sostuvo que el ajuste tabular aprobado por el pleno del IACIP pasó por el pleno de manera “exprés” y sin ser sujeto a una discusión pública. De acuerdo con la legisladora, el proceso administrativo en el que fueron favorecidas las plazas de los tres comisionados configuraría un caso de abuso de autoridad, al contravenir lo estipulado en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado y la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos.


    Asimismo, agregó que en la justificación del ajuste no se muestra evidencia clara de cumplir con los criterios y recomendaciones del Comité de Estructuración Salarial. El punto de acuerdo presentado por la morenista para exhortar a la ASEG para auditar al IACIP fue aprobado por unanimidad en el pleno el pasado jueves para su análisis en la Comisión de Hacienda.


    “Es gravísimo que este aumento coincide con el proceso legislativo para la desaparición del IACIP, lo que me hace sospechar que los comisionados buscaron engordar su liquidación final a costa del erario público. Es un acto cínico y premeditado que atenta contra la confianza ciudadana en los organismos autónomos”, declaró.


    Diputada Hades Aguilar Castillo


    En el mismo sentido, el diputado Víctor Zanella explicó que los tabuladores salariales del sector público fueron diseñados para asegurar una distribución racional, profesional y equitativa de los ingresos, conforme a criterios de jerarquía, funciones y disponibilidad presupuestal. 


    Consecuencia de ello “cualquier revisión o ajuste debe sujetarse estrictamente a estos instrumentos, de manera objetiva, clara y en congruencia con los principios de legalidad, austeridad y servicio al interés público”, puntualizó. 
















    22 de junio de 2025, 18:01

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