La que fue la primera presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción en Guanajuato, Arminda Balbuena Cisneros, contratada unos días después de terminar su encargo por la Universidad de Guanajuato, desestimó el acuerdo firmado por sus excompañeros del Comité de Participación Ciudadana en el que se comprometen a no trabajar o ser proveedores en el sector público al menos un año después de haber dejado la encomienda como representantes de la ciudadanía ante el Sistema.

Arminda Balbuena defendió el contrato que tiene en la Universidad de Guanajuato, tras su paso de un año por el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), al asegurar que es el resultado del trabajo que desempeñó como la primera presidenta del Comité de Participación Ciudadana.

Ilustración Pinche Einnar

Aseveró que el cargo como Coordinadora de Derechos Humanos en la oficina del abogado general de la UG es resultado del “buen papel” que hizo como presidenta del Comité Coordinador del Sistema y del Comité de Paricipación Ciudadana del naciente Sistema Estatal Anticorrupción.

“Muy respetable lo que mis excompañeros y mi excompañera hayan firmado, me parece de verdad que deberíamos aprovechar, lo digo sinceramente, las oportunidades para que si haces un buen papel se te siga considerando en puestos de decisión, lo digo con toda sinceridad”.

Apenas una semana después de que dejó la presidencia del Sistema Anticorrupción, Balbuena ya tenía trabajo en la Universidad de Guanajuato, institución que es uno de los sujetos vigilados por el SEA y que también fue la responsable de hacer una revisión derivada de la primera recomendación que emitió el Comité Coordinador.

Con un contrato por 40 mil 586 pesos mensuales, la expresidenta del Sistema recibió un cargo de nueva creación en la Universidad de Guanajuato: Coordinadora en Derechos Humanos de la oficina del Abogado General.

Cuestionada sobre la firma del pacto que hicieron hace unas semanas tres de sus cuatro excompañeros, manifestó que, desde su perspectiva, cuando un ciudadano tiene un buen desempeño en áreas de representación como el Comité de Participación del SEA, puede aspirar legítimamente a ser parte de la nómina en una institución pública.

“Si estás en el servicio público ya no te puedes ir a la iniciativa privada, o si estás como ciudadano y tienes un buen desempeño no puedes acudir a las instancias para la toma de decisión, perdón pero no comparto esa idea”.

Para Arminda Balbuena el tener un cargo público después de haber representado a la ciudadanía es un reconocimiento a las funciones.

Visiblemente molesta por los cuestionamientos relacionados con la puerta giratoria que representó su ingreso a la UG, después de que fuera la institución la responsable de revisar la concesión a Grupo México para el libramiento Silao, sostuvo que Guanajuato no es el único estado donde su expresidenta tiene un cargo público luego de su paso por el Sistema Anticorrupción.

“Tenemos casos en los comités de participación ciudadana en el país existosos, por ejemplo Puebla, donde la ex presidenta de Puebla hoy es la secretaria de la Función Pública en Puebla, me gustaría mucho que averiguaran el papel que está realizando, que es un papel extraordinario porque viene del conocimiento, de la discusión de lo que está ocurriendo con la ciudadanía, de los límites que les ponen a la ciudadanía, y ahora está en un órgano de decisión, y a mí eso me da mucho gusto”.

Pacto de independencia

Hace unas semanas, tres de los cuatro integrantes del Comité de Participación Ciudadana firmaron un pacto en el que se comprometieron a no recibir contrato para trabajar o como proveedores de entidades públicas, al menos durante el año siguiente a que terminaron con su periodo como representantes ciudadanos en el Sistema.

El pacto fue firmado por Fernando Revilla, Julio César Rodríguez e Hilda Marissa Rivera, porque en ese momento seguía vacante el lugar que dejó Balbuena.

El único integrante del Consejo que rechazó plasmar su firma fue el actual presidente, Román Méndez.

La idea de un pacto para rechazar dinero público a través de cargos por sus servicios profesionales o servicios, surgió a raíz de que se diera a conocer el contrato que obtuvo la expresidenta del Sistema con la Universidad.

En una entrevista del 16 de mayo con tres de los integrantes del CPC, anunciaron el pacto que estarían por definir, mismo que fue firmado en la segunda quincena de junio.

Sin embargo, para Arminda Balbuena su contrato con la UG no fue lo que motivó a sus excompañeros a la firma.

“Yo no vi en ninguna parte que el pacto se hiciera a partir de mi contratación, en ningún lugar está dicho eso, ni lo dijeron. Yo vi la rueda de prensa, las entrevistas, no se refieren a partir de la salida o porque hayan visto conflicto de interés alguno”.

Incluso, rechazó que existiera algún tipo de conflicto de interés, pues aseguró, ella nunca se desvinculó de la Universidad de Guanajuato, la misma que hizo la revisión de la concesión otorgada a Grupo México al cierre de la administración de Miguel Márquez.

“No veo un conflicto de interés señalado por algunos de los integrantes en este caso en concreto, tú dices que es por ésta causa, pero no lo dijeron así..El conflicto de interés no sé cómo lo entiendan, no sé el entendimiento".

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Contrato a la UG fue una decisión colegiada

Luego de que reconoció que nunca ha estado desvinculada de la Universidad de Guanajuato, se cuestionó a Balbuena sobre el conflicto de interés por haberse tratado de la institución que revisó el procedimiento para la asignación directa de la concesión a Grupo México.

La respuesta de la doctora fue que la decisión no fue unilateral, sino que fue un acuerdo de todo el Comité Coordinador del Sistema, integrado por 11 autoridades y dos representantes ciudadanos.

“En el debate de quién debía ser fueron distintas autoridades, no fui yo la que dije que fuera la UG, yo hablaba que fuera el Colegio de México, el CIDE, porque son la sede por la rendición de cuentas. Dentro de la discusión salió la UG. No es que yo lo haya tomado unilateralmente, porque no la podría tomar”.

La Universidad de Guanajuato cobró por la realización del estudio solamente lo que requirieron los especialistas para hacer la revisión. Después de dos meses, la conclusión a la que llegó el grupo multidisciplinario fue similar a lo que habían declarado ya el entonces gobernador para justificar la concesión por 30 años de manera directa: la ley lo permite y no había irregularidad en el proceso.