En el último año se han documentado presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, pero en Guanajuato el sistema creado para combatir la corrupción se mantiene al margen, con cinco personas que representan a la sociedad civil, que cobran más de 125 mil pesos mensuales, pero que no se pronuncian sobre las denuncias públicas contra el sexenio anterior.

El único caso en que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) envió un mensaje fue cuando POPLab publicó la investigación periodística de la casa que habitó el exgobernador y su familia en Houston, Texas, ligada a Seguritech, empresa que tan solo en el gobierno de Rodríguez Vallejo recibió contratos por 4 mil 402 millones de pesos.

En aquella ocasión, con Giovanni Appendini Andrade como presidente, la representación de la ciudadanía ante el SEA dio a conocer que, para responder a las denuncias que recibieron por redes sociales por la casa de Diego Sinhue en Texas, dieron vista del caso a las autoridades que conforman el sistema anticorrupción en Guanajuato: la Secretaría de la Honestidad, el ahora extinto Instituto de Acceso a la Información Pública, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y a la Auditoría Superior del Estado.

"Confiamos en que las autoridades actuarán conforme a la ley para atender estas denuncias y dar el seguimiento adecuado por las vías legales correspondientes", señalaron en el aviso difundido en redes sociales.

En esa misma comunicación, y con la firma de sus cinco integrantes, se pactó el compromiso de dar seguimiento a la actuación de las autoridades responsables de investigar al exgobernador.

"Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que estaremos atentos al desarrollo y los avances de este caso, manteniendo informados a los ciudadanos sobre cualquier resultado relevante".

Ese compromiso se diluyó al paso de los meses: en enero, seis meses después de que el CPC dio aviso a las autoridades, la Secretaría de la Honestidad reveló que envió al archivo temporal la denuncia, al no encontrar elementos que vincularan a Daniel Esquenazi, propietario de la casa en Texas y cabildero de Seguritech, con Diego Sinhue Rodríguez y la empresa proveedora de tecnología para la seguridad del estado.

La denuncia se fue al archivo temporal. Luego, POPLab hizo nuevas revelaciones del caso, cuando publicó las comisiones que Esquenazi cobró a Seguritech, con lo que se comprueba el vínculo laboral de la empresa proveedora con el arquitecto propietario de la casa de Diego Sinhue en Texas.

Sin embargo, no hubo más pronunciamiento del CPC, ni cuando la periodista Kennia Velázquez llevó todas las evidencias de lo que no encontró la Secretaría de la Honestidad para reabrir la investigación de la casa.

La casa en la zona residencial de The Woodlands no es el único señalamiento de corrupción. Diego Sinhue Rodríguez dejó hace casi dos años la gubernatura, pero han sido varios los casos de presunta corrupción los que se han documentado:

-La doble concesión de la autopista Silao-Guanajuato y Silao-San Miguel de Allende para beneficiar a VISE, la constructora favorita en el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez.

-El arrendamiento del inmueble G100.

-Irregularidades en la entrega y fiscalización de recursos públicos a organismos empresariales, el caso de CONCAMIN.

-Contratos para beneficiar a familiares de José Luis Guerrero, quien era asesor de Juan Carlos Alcántara como jefe de gabinete de Diego Sinhue Rodríguez.

Ante la falta de resultados en el combate a la corrupción, en el Congreso local se presentó una iniciativa para eliminar la remuneración a los integrantes del CPC. 

Al respecto, el presidente del Comité, Alejandro Ramírez Zamarripa, declaró que le parece poco el sueldo que recibe. 

“Yo me disculparía porque yo te puedo decir que sí hago muchas cosas y que hasta me pagan poco”.

Ciudadanos con sueldo de más de 100 mil pesos

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción tiene presupuestos anuales por alrededor de 20 millones de pesos, pero más del 40 por ciento se destina únicamente a pagar los salarios de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana; es decir, se pagan 7.5 millones de pesos de salarios de las personas consejeras y otros 9.9 millones de pesos para pagar al personal de base.

Mensualmente, cada integrante cobra poco más de 125 mil pesos brutos, aunque en los informes mensuales llegan a reportar de una a dos reuniones como comité.

En el portal del CPC, mes a mes se publican informes de actividades, en donde lo mismo incluyen la presentación de un libro que la asistencia de los integrantes a eventos.

Por ejemplo, en febrero, en el reporte de actividades se informó que se "llevó a cabo la presentación del Informe de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato", texto acompañado de una fotografía del presidente del CPC, Alejandro Ramírez, en el auditorio del estado.

Otra actividad que forma parte de los informes mensuales fue la organización de una clase de defensa personal para mujeres en el municipio de Moroleón.

En marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el CPC organizó junto con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de las Mujeres y el Ayuntamiento de Moroleón la clase de defensa personal.

También se incluyen en los reportes mensuales las publicaciones que hacen en redes sociales sobre las actividades de algunos de los integrantes; en su mayoría son actividades académicas.

En entrevista, el presidente del CPC, Alejandro Ramírez Zamarripa, confirmó que la apuesta ha sido trabajar con estudiantes y han dejado de lado la posibilidad de hacer pronunciamientos o recomendaciones no vinculantes a autoridades cuando hay indicios de malas prácticas.

"Propiamente ya cuando hay una denuncia, cuando hay un hecho, le corresponde a los órganos internos de control el llevar las investigaciones... Sobre los pronunciamientos, nos han preguntado; el am ha sacado desplegados y entrevistas que nos han hecho sobre cuáles son nuestras opiniones sobre lo que pensamos que está sucediendo en cada uno de ellos. Nosotros estamos trabajando en generar nuevas condiciones", dijo.

Además, adelantó que trabajan en un prototipo creado con inteligencia artificial para que pueda ser utilizada por la ciudadanía para elaborar denuncias y presentarlas ante los órganos internos de control.

"Ya lo estamos prototipando con algunos abogados para que nos den su opinión y poder perfeccionar", agregó.

Amagan con eliminar pago a representantes ciudadanos

Con el argumento de que los integrantes del CPC no desquitan el salario que reciben mensualmente, desde el Congreso local el diputado Sergio Contreras Guerrero impulsa una reforma para eliminar el pago a los ciudadanos que formen parte del Sistema Anticorrupción.

Sergio Contreras consiguió desde septiembre pasado sacar un acuerdo por unanimidad en la Junta de Gobierno y Coordinación Política para proponer la reforma que eliminaría los salarios de las cinco personas que integran el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

El legislador señaló, cuando presentó la iniciativa, que el Comité de Participación Ciudadana sesiona una vez al mes de manera ordinaria, y ha dejado pasar temas polémicos en los que se presume corrupción y que han sido publicados en las últimas semanas en medios de comunicación.

"De todo lo que hemos visto que se ha denunciado de corrupción, no hay pronunciamiento de su parte, no hay pronunciamiento con el tema de Alejandra Gutiérrez, con los contratos de Seguritech. En esos temas, el Comité ha brillado por su ausencia".

Sergio Contreras expuso que en 14 estados del país los integrantes del CPC no cobran, sino que son ciudadanos comprometidos con el combate a la corrupción. Mencionó algunos de los estados donde los ciudadanos participan sin sueldo: Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit y Oaxaca.

Sobre la posibilidad de que se eliminen los salarios, Alejandro Ramírez Zamarripa, declaró que incluso el pago resulta bajo para el trabajo que realizan.

"Evidentemente yo te voy a decir que hasta nos pagan poquito. La verdad, creo que esa es una valoración que le corresponde a las instancias presupuestales, ¿no? O sea, yo te puedo decir que nosotros los resultados ahí están, los trabajos ahí están. Entonces, pues, yo te puedo decir que mi trabajo vale hasta más", sostuvo.

Al preguntarle si habría participado para ser parte del CPC sin un pago, como lo plantea el Congreso del Estado, reconoció que él no tendría interés en ser parte del grupo de ciudadanos que están dentro del sistema anticorrupción.

"Si yo no hubiera tenido la posibilidad de tener una remuneración, pues a lo mejor no hubiera concursado. Actualmente, no sabría decirte que si la quitan me voy o algo, pero en su momento a lo mejor yo no lo hubiera visto como posible, porque en su momento yo dependía de un sueldo y esto me dio oportunidad de contribuir desde otra trinchera".

La propuesta, aunque fue presentada desde septiembre pasado, no ha avanzado en el análisis en el Congreso local.

Designan a nueva integrante sin experiencia en combate a la corrupción

Mientras se destapan los casos de presunta corrupción en el sexenio anterior, el Comité de Participación Ciudadana responsable de velar por los intereses de la población ante el SEA se vio envuelto en denuncias de posible conflicto de interés con el nombramiento de la nueva integrante.

Georgina Vargas Vera fue designada desde el 6 de abril como nueva integrante del CPC, en sustitución de Giovanni Appendini, que terminó su encargo de cinco años, pero su protesta se dio hasta el 22 de mayo.

Vargas Vera llegó al CPC sin experiencia en temas de transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción, a pesar de ser un requisito establecido en el artículo 18 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción en Guanajuato.

La misma ley habla del proceso para elegir a las personas que integran el CPC y que se renueva de manera escalonada cada cinco años: el Congreso del Estado conforma una comisión de nueve ciudadanos guanajuatenses con conocimientos en el tema, a través de invitaciones directas en universidades, y esa comisión será la encargada de seleccionar cada año a una nueva persona integrante.

Para el proceso de 2026, la comisión de selección estuvo integrada por seis personas, aunque la ley habla de nueve integrantes. Uno de los participantes de la comisión fue Mauricio Cárdenas Zarandona. Él es esposo de Georgina Vargas.

Aunque en el acta publicada por la comisión de selección se señala que Cárdenas se excusó de participar en la revisión, análisis y votación del perfil de Vargas Vera para "evitar incurrir en posibles conflictos de interés y garantizar la transparencia e imparcialidad del proceso", finalmente la abogada sin experiencia en el combate a la corrupción fue nombrada integrante del CPC.

Georgina Vargas Vera tiene amplia experiencia y conocimiento en temas relacionados con derechos humanos, pero en su Curriculum Vitae no se refiere ningún antecedente en materia de transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana de León y maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame.

Fue investigadora asociada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (junio 2023 a septiembre de 2025). Se desempeñó como secretaria auxiliar en la ponencia de la ministra Loretta Ortiz hasta diciembre de 2022.

También fue analista de expedientes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre agosto de 2023 y abril de 2024

Colaboró en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, redactora de proyectos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para postularse como integrante del CPC, entregó escritos de apoyo de organizaciones que trabajan por los derechos humanos: el Centro de Promoción de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes de Guanajuato (NIMA), el Centro de Desarrollo Indígena Loyola (CDIL), la Casa Hogar Loyola.

En la resolución de la comisión de selección se señala que eligieron a Georgina Vargas porque destacó por sus títulos educativos y la experiencia profesional. "Cumple sobradamente y de mejor manera", dice la resolución, en la que sí aparece la firma de su esposo, Mauricio Cárdenas.

El resto de las personas que integraron la comisión de selección son: Óscar Francisco Ortega, Mario Arturo Coello Muñoz de Cote, José Guadalupe Ramírez Durán, Mireya Isela Padilla y Valeria Gómez Marín.

Sobre el posible conflicto de interés que envuelve el nombramiento de la nueva ciudadana que integra el Sistema Estatal Anticorrupción, el presidente del CPC, Alejandro Ramírez Zamarripa, consideró que la excusa planteada por Mauricio Cárdenas para no revisar y evaluar el perfil de su pareja, deja sin efecto cualquier alegato en contra del nombramiento de su nueva compañera.

"Si esta persona se excusó desde el inicio del procedimiento, pues yo no creo que haya ningún problema. Y en última instancia, pues el que sería sancionado sería él", defendió Ramírez Zamarripa.

El presidente en turno del CPC dijo que el perfil de la nueva integrante puede abonar al trabajo del Comité, por su experiencia en Derechos Humanos.

"Creo que los derechos humanos son un elemento fundamental; ahorita, de hecho, te lo comento, en el propio comité estamos trabajando en un manual con perspectiva y enfoque de derechos humanos y perspectiva de género para las autoridades investigadoras... El desconocimiento de los derechos humanos es muy grande y creo que el perfil de Georgina nos viene a reforzar", comentó.