Para el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, el posible conflicto de interés relacionado con la casa en la que vive la familia del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en Estados Unidos sí debe investigarse y esta labor debe ser asumida por el gobierno de Libia Dennise García, debido al vínculo de la empresa de tecnología en seguridad con la propiedad de la casa.

“La responsabilidad de investigar es de quien nos gobierna, porque el uso de los recursos y el posible crecimiento patrimonial que vemos luego en servidores públicos, o en personas relacionadas —ya sea por parentesco o afinidad—, pues es una cosa que lacera a la ciudadanía, que nos lastima, y que tendríamos que estar revisando de manera más detallada”, consideró el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Giovanni Appendini Andrade.

Por su parte, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo afirmó no ser propietario de ninguna vivienda en Estados Unidos y aseguró que, durante sus estadías en ese país, ha vivido en “casas rentadas”. Añadió que actualmente solo su esposa y sus hijas residen en el país vecino.

Rodríguez Vallejo envió una carta al diario Reforma para responder sobre la vivienda —valuada en un millón de dólares (20 millones de pesos)— ubicada en The Woodlands, una exclusiva zona residencial al norte de Houston. Con ello, evadió responder a las preguntas que POPLab y CONNECTAS le enviaron a su mensajería personal previo a la publicación.

En la carta, el ex gobernador dijo que es falso que sea propietario de una casa, aunque en el reportaje se detalla con claridad que la casa en Texas pertenece a la firma DAI LLC, cuyo gerente, Daniel Esquenazi Beraha, está vinculado a Seguritech. 

En entrevista con Giovanni Appendini, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, éste sostuvo que es necesario que se investigue el posible conflicto de interés y sugirió que esto podrían hacerlo instancias como la Auditoría Superior del Estado o la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

El representante ciudadano agregó que esta revisión tendría que llevarse a cabo por parte de las autoridades estatales de manera proactiva, o bien, surgir a partir de las denuncias ciudadanas que se presenten por estos hechos.

“Yo creo que sí, sin lugar a dudas, se tendría que investigar, porque existe una deuda con la ciudadanía, una deuda con nosotros respecto a los resultados en la investigación y el combate a los hechos de corrupción. Desde el Comité de Participación Ciudadana hemos impulsado ejercicios y hemos participado en cada oportunidad que se nos ha dado para abordar estos temas”, reafirmó Giovanni Appendini. 

El consejero ciudadano señaló que el Comité Anticorrupción ha promovido instrumentos de revisión que incluyen la gestión de los gobiernos, y refirió que, en este caso particular, las “circunstancias que son de conocimiento público justifican ampliamente la necesidad de aclarar los conflictos de interés, el aumento patrimonial y el origen de los recursos”.

No obstante, también consideró que deben recabarse todos los elementos jurídicos necesarios para clarificar el conflicto. “Esto no quiere decir que estemos condenando de manera previa o afirmando que hay un hecho de corrupción… Esta investigación y los elementos disponibles podrían servir como primeros indicios para que se abran las investigaciones”, añadió. 

En todo caso, dijo, estas indagatorias podrían llevarse a cabo por la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

De hecho, anticipó que, de acuerdo con la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, el Comité tiene la facultad de turnar o dar por enteradas a dichas instancias sobre las denuncias que recibe de la ciudadanía, para que sean investigadas. No descartó que, en este caso, pueda procederse de esa manera si se recibe la solicitud correspondiente.

Además, el consejero se pronunció a favor de que las autoridades transparenten los contratos relacionados con la empresa de tecnología en seguridad, aunque reconoció que existe un conflicto en este sentido debido a la naturaleza de la información.

“Definitivamente, es una realidad que podríamos aprovechar para robustecer esta investigación y también conocer, como ciudadanos, exactamente los servicios que recibimos de las empresas contratadas por el gobierno. Sí considero que esto podría fortalecer la revisión o la investigación”, finalizó.

Apuestan diputados a la revisión... pero ¿quién se hace cargo?

Aunque se pronunciaron por la transparencia para conocer cómo y por qué Diego Sinhue Rodríguez y su familia habitan una casa en Estados Unidos vinculada a Seguritech, empresa proveedora del Gobierno de Guanajuato, diputados locales no logran definir la ruta a seguir.

El panista Erandi Bermúdez Méndez dijo que así como Acción Nacional ha pedido cuentas a militantes de otros partidos ante probables actos de corrupción, es hora de que se explique a la opinión pública qué pasó con el caso de la casa en The Woodlands.

"Se tiene que transparentar y si no hay nada que esconder, pues también lo tendrá que decir".

Al cuestionar al legislador sobre quién tendría la responsabilidad de transparentar, señaló que sería complicado que desde el Congreso del Estado se ordene una auditoría, pero sugirió que sea Diego Sinhue Rodríguez el que haga las aclaraciones a la opinión pública.

Bermúdez Méndez nombró la casa de Houston, Texas, como "la casa azul", en el contexto de la llamada casa blanca en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto o la casa gris de José Ramón López Beltrán, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El coordinador del PVEM en el Congreso de Guanajuato, Sergio Contreras Guerrero, también se pronunció por la investigación del caso.

Dijo que desde el Congreso del Estado se puede pedir una auditoría, pero al tratarse de la presunción de un posible delito, también habría que proceder ante la Fiscalía Anticorrupción, que podría abrir la investigación de oficio, o que alguien más presente la denuncia.

"Quien tenga estas pruebas, porque hoy se habla de que hay los elementos de convicción para poder suponer esta relación, entonces ahí tendría, quien tenga los elementos de prueba, presentar la denuncia para que la fiscalía actúe. De oficio tendría que estar exhibido ya todos los documentos y presentarlo inclusive en una denuncia simple y llana ya con esas pruebas", aseguró

Contreras Guerrero se pronunció por que se desclasifiquen los contratos con Seguritech, porque además de conocer cuánto dinero público se ha pagado a la empresa, también es necesario conocer qué pasó con el equipo tecnológico que se prometió para el llamado "programa Escudo" desde el gobierno de Miguel Márquez.

Llaman Observatorios Ciudadanos a la transparencia ante visible conflicto de interés

Contraria a la postura de silencio que han tomado autoridades estatales, principalmente del partido Acción Nacional, así como líderes empresariales de Guanajuato, portavoces de la sociedad civil organizada han hecho un llamado al gobierno de Libia Dennise García a transparentar los contratos transexenales que el gobierno guanajuatense ha suscrito con la empresa Seguritech durante más de una década. 

Mayra Legaspi, directora del Observatorio Ciudadano de León (OCL), apuntó a la relevancia de que desde el gobierno estatal “se migre a la tendencia del gobierno abierto”. 

“La información debe de estar para que cualquier ciudadano interesado en el tema pueda consultarla”, dijo. 

En el mismo sentido, Raúl Calvillo Villalobos, director del Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo vamos?, señaló que desde el Congreso local es necesario emitir un exhorto para que se investigue un presunto conflicto de interés entre la empresa, actual contratista del gobierno, y el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez. 

En entrevista para POPLab, el representante de esta asociación enfatizó que por involucrar cuestiones de seguridad “se deben tomar cartas en el asunto, por lo que hemos estado pasando año con año”, pues se trata de una empresa que presta dichos servicios en distintas entidades federativas. 

“Esperaríamos que lo contratado estuviera funcionando al 100 por ciento, cosa que es difícil saber porque no se tiene acceso a esa información. Lo más sano es transparentar todo, de lo contrario, esto podría traer primero un costo político para el partido, pero también reforzaría el tema de la desconfianza de las personas en los partidos y actores políticos”, sostuvo Calvillo Villalobos. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública (ENCOAP), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023, el 45 por ciento de la población adulta manifestó tener poca o ninguna confianza en los partidos políticos. 

Al respecto, Raúl Calvillo explicó que la poca credibilidad de los actores políticos y servidores públicos también impacta en la participación ciudadana, principalmente en procesos electorales. El director del Observatorio irapuatense recalcó el papel de las instituciones fiscalizadoras e impartidoras de justicia, y dijo que éstas tienen la responsabilidad de “ofrecerle una respuesta a la ciudadanía”.

Asimismo, señaló que, con independencia de las filias partidistas de quienes lideran instituciones como la ASEG o la Secretaría de la Honestidad, los servidores públicos deben atender a lo que la propia ley les faculta o “evitar” asumir dichas encomiendas. 

“La Secretaría de la honestidad ya debería de tener el expediente completo para ver qué es lo que ocurrió y dar una postura al respecto. Sabemos y entendemos también que, pues, estamos hablando del mismo partido político que gobierna el estado de Guanajuato y que va a ser difícil o complejo que se investigue hacia dentro, pero es lo que debería de ser”, declaró.

Seguritech: “trabajamos para proteger lo que más importa”

Seguritech hizo acto de presencia en la Expo Seguridad México, que se desarrolla en el Centro Banamex del 24 al 26 de junio.

Los representantes de ventas de la empresa dicen ofrecer servicios que incluyen monitoreo y detección de sistemas; aeronaves para operaciones a nivel celular o de emergencia; y monitoreo de personas a través de dispositivos, todo apoyado por el uso de inteligencia artificial.

La empresa se promociona en el sitio web del evento con una serie de “soluciones tecnológicas de misión crítica”, supuestamente diseñadas para garantizar alta disponibilidad, respuesta inmediata y máxima seguridad.

“Nuestros desarrollos incluyen: integración de inteligencia artificial en operaciones y atención de emergencias, seguridad ciudadana, telecomunicaciones, seguridad corporativa, inspección no intrusiva, ciberseguridad y ciberinteligencia. En Seguritech trabajamos para proteger lo que más importa", describen.

No obstante, en Guanajuato, pese a la tecnología implementada por la empresa —que tuvo un costo para el gobierno de 2 mil 700 millones de pesos— la violencia y la inseguridad continuaron en aumento, hasta acumular 35 mil 942 carpetas por homicidio.