*Por Carmen Pizano y Fabián Sánchez *

La disputa por el agua en Rincón de Tamayo en Celaya ha revelado corrupción, complicidades y la represión policial como medida para intimidar a una población inconforme con la actuación del gobierno municipal encabezado por Javier Mendoza Márquez.

El domingo 15 de enero, personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya (JUMAPA) llegó a la comunidad para cumplir con el acuerdo tomado por el Ayuntamiento unos días antes de terminar el año, durante las fiestas decembrinas, y hacerse cargo de los pozos y el suministro del agua, en sustitución del Comité Rural del Agua en Rincón de Tamayo que fue denunciado por corrupción.

Inconformes no solo por la llegada de JUMAPA sino por la inacción de las autoridades para investigar los actos de corrupción del comité del agua, vecinos de la comunidad conformaron un frente para impedir que las autoridades municipales tomaran posesión de los pozos, pero la situación se salió de control cuando llegó un grupo antimotines de la policía municipal para resguardar al personal de JUMAPA y terminaron provocando un enfrentamiento que a la postre se convirtieron en agresiones a los manifestantes.

Nueve días después de la represión en Rincón de Tamayo sus habitantes viven con temor; cuando ven patrullas, lejos de sentirse seguros por la presencia de policías municipales, tienen miedo.

“Se respira el miedo, temor a las autoridades municipales. El ayuntamiento está mandando brigadas para convencer a la gente a que se adhiera a JUMAPA, pero ese personal va acompañado de policías. Ahorita ver patrullas da miedo”, comentó José Alberto Acosta, presidente del consejo comunitario de Rincón de Tamayo.

Brigadas de Jumapa custodiadas por policías municipales en Rincón de Tamayo. Fotografía especial

El temor a la reacción de las autoridades municipales frenó, en un primer momento, la participación de pobladores en la protesta pacífica organizada el domingo pasado, una semana después de la represión.

La movilización social se hizo en apoyo a quienes enfrentan un proceso penal promovido por el gobierno de Javier Mendoza, pero también en contra de la incursión de JUMAPA a Rincón de Tamayo.

El presidente del consejo comunitario relató que poco a poco la población comenzó a sumarse a la protesta del domingo.

“Nos decían que no querían ir por miedo, pero se empezaron a adherir cuando vieron que estaban participando también niños, personas adultas mayores, pero el miedo está todavía persistiendo en nuestra comunidad”.

En Guanajuato no es la primera ocasión que una protesta ciudadana termina en represión por parte de autoridades municipales y estatales. En los últimos cuatro años, decenas de personas han denunciado violaciones a derechos humanos, abusos sexuales, detenciones arbitrarias, golpes y privación ilegal de la libertad por parte de elementos de seguridad pública.

La criminalización de las personas que protestan es una práctica recurrente para los gobiernos, después de las represiones policiales. En municipios como Cuerámaro, Guanajuato, León, Irapuato y Celaya se ha dejado muestra de la crisis de derechos humanos en la que está sumergido el estado con las protestas que han terminado de forma violenta por el actuar de los policías.

Después de la protesta feminista del 22 de agosto de 2020 en el municipio de León, el secretario de Seguridad Pública del estado, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, validó ante integrantes del Club Rotario de León la actuación de la policía municipal y dijo: "no podemos convertir a León y a Guanajuato, ni a Celaya, ni a Salamanca en un manifestódromo violento, como se ha convertido ahora la Ciudad de México".

Las declaraciones del funcionario, que acumula más de 10 años en el cargo, se dieron apenas unas semanas después de que policías estatales reprimieron a un grupo de buscadoras en la ciudad de Guanajuato.

En Celaya, la administración que encabeza el panista Javier Mendoza Márquez acusó que en Rincón de Tamayo se conformó un "grupo de choque" contra los policías, para justificar la detención de 23 personas y el proceso penal que siguen en contra de 14 de ellas.

Golpes y tortura fueron empleados en las detenciones de las personas en Rincón de Tamayo, que incluyeron a personas de la tercera edad, una de las cuales pasaba en silla de ruedas por la calle durante la confrontación, acompañada de su esposo, pero terminó detenida por policías municipales y con golpes.

A personas detenidas se les negó durante las primeras horas medicamentos para atender enfermedades crónico degenerativas, denunció el abogado Gustavo Cruz, quien ha dado acompañamiento y asesoría jurídica a pobladores de la comunidad.

En el proceso penal que lleva el municipio a través de JUMAPA y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en contra de 14 personas detenidas durante la tarde del domingo 15 de enero, se les acusa de lesiones a los policías, amenazas y robo.

Tras la represión, la operación política ha corrido a cargo de panistas celayenses como la diputada local del distrito: María de la Luz Hernández.

José Alberto Acosta comentó que tanto autoridades municipales como la diputada local se han dedicado a llamar a habitantes de Rincón de Tamayo que han sido beneficiados con programas sociales como la entrega de calentadores solares para indicarles que deben hacer el trámite ante JUMAPA para recibir el servicio de agua y drenaje.

“Están diciendo a las personas que tienen que ir a hacer su contrato con JUMAPA, prácticamente los están obligando. La gente nos pregunta qué pueden hacer, y les decimos que están en el derecho de reservarse, no ir hasta que no se defina bien esto”.

El presidente del consejo comunitario de Rincón de Tamayo confirmó que ya se promovió un recurso legal ante el Tribunal de Justicia Administrativa en contra de la resolución del Ayuntamiento de Celaya de extinguir el comité del agua de la comunidad.

Además, la Fiscalía General de Justicia del Estado recibió una denuncia que presentó José Acosta por las amenazas que ha recibido vía telefónica de hombres que dicen pertenecer a un cártel criminal, pero dijo, no ha sido el único.

"Todos los líderes han sido amenazados, llegaban personas en camionetas negras con armas largas amenazando a los compañeros, obviamente no eran de ninguna institución. Nosotros estamos en la posición de que aunque se nos pierda la vida vamos a luchar por nuestra herencia, por lo que nos corresponde, en este caso: nuestra agua".

Origen del conflicto

El conflicto en Rincón de Tamayo parte de un diferendo por la administración de cuatro pozos de agua. La comunidad, que cuenta con alrededor de 15 mil habitantes y 4 mil 200 tomas domiciliarias, tenía hasta hace unas semanas un Comité que era electo por sus habitantes, a cargo del servicio de agua, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, pero por decisión del Ayuntamiento celayense se extinguió la figura para dejar la responsabilidad en manos de la JUMAPA.

La determinación que tomó en fast track el Cabildo durante una sesión convocada de última hora el viernes 23 de diciembre, en las vísperas de Navidad, llevó a los habitantes de Rincón de Tamayo a unirse para manifestar su molestia. El gobierno municipal ofreció mesas de diálogo, pero sin previo aviso el domingo 15 de enero se presentó personal de JUMAPA para tomar posesión de las oficinas del comité del agua.

Previo a que el Ayuntamiento resolviera extinguir el comité rural de agua en Rincón de Tamayo, habitantes exigieron a las autoridades municipales que se llamara a cuentas a sus representantes ante indicios de corrupción, pero sin investigar lo que ocurría al interior, se presentó y aprobó el acuerdo para desaparecer el origen de las denuncias.

Aunque los comités de agua están obligados a entregar cuentas cada mes a la tesorería municipal con la observancia de la contraloría, no hay comité que cumpla y las autoridades tampoco les obligan a hacerlo, lo que los convierte en cómplices de la corrupción, aseguró el periodista y activista José Luis Ramírez durante su participación en la videocolumna con Arnoldo Cuéllar del martes pasado.

José Luis Ramírez explicó que habitantes de Rincón de Tamayo comenzaron a ejercer presión desde el año pasado para que el comité entregara cuentas y se convocara a una nueva elección de integrantes de la misma comunidad, pero la respuesta del gobierno municipal fue proteger al antiguo presidente, Juan Carrera.

De acuerdo con el periodista y activista integrante de la organización "Alianza Ciudadana", la corrupción en los comités de agua rurales es tolerada por los gobiernos porque sus representantes son cooptados para hacer proselitismo político.

José Alberto Acosta, presidente del consejo comunitario de Rincón de Tamayo, recordó que desde 2014 Juan Carrera estuvo al frente del comité del agua, y pese a las denuncias de corrupción que hicieron habitantes de la comunidad desde hace al menos tres años, las autoridades locales no actuaron, por lo que acuden ahora al presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga.

“Decidimos llevar el tema a nivel nacional porque tanto en el municipio como en el estado estamos secuestrados. Ahora con lo que argumentó el señor gobernador, prácticamente nos dejó helados porque le echa la culpa a los anteriores comités, pero esa corrupción la manejan en conjunto con ellos, con el Ayuntamiento, con el estado”, denunció.

De acuerdo con el presidente del consejo comunitario, personal que trabajaba en el comité del agua les informaron que Juan Carrera llegó a enviar dinero a integrantes del Ayuntamiento, pero además funcionarios municipales dieron la orden de que se desmontara un tanque elevado que actualmente está desaparecido.

El 20 de abril de 2022 comenzó la resistencia de habitantes de Rincón de Tamayo para presionar a las autoridades a que se hiciera un cambio en el comité del agua, y ese mismo día Juan Carrera robó vehículos y documentos de las oficinas del comité, mientras las autoridades municipales postergaron convocar a una elección para la nueva integración y finalmente optaron por extinguir el organismo rural.

Acosta también señaló que dos cuentas bancarias con alrededor de 1.5 millones de pesos fueron vaciadas por el anterior presidente del comité del agua, sin que a la fecha tengan una respuesta del municipio sobre las investigaciones en su contra.

"Algo traen de trasfondo (las autoridades municipales) porque no le han dado a conocer a la comunidad cuál es su verdadero, su esencia de posesionarse de nuestra comunidad, de nuestra agua”.

Reacción violenta de Javier Mendoza

A la resistencia de la población a que JUMAPA se haga cargo de la administración y suministro del agua en Rincón de Tamayo, el gobierno municipal respondió con un acto inaudito en Celaya. "Los que se manifestaban fueron repelidos por una gran cantidad de policías, 20 patrullas".

Una movilización de policías a Rincón de Tamayo no se recuerda ni cuando se han registrado incendios de vehículos orquestados por grupos de la delincuencia organizada que operan en la zona, dijo José Luis Ramírez.

"La seguridad pública llegó con armas de alto poder, estuvieron deteniendo a las personas con armas que se utilizan para enfrentar al crimen organizado. Si hubiese habido un conato de enfrentamiento distinto, seguramente hubiéramos tenido una matanza terrible", consideró el activista celayense.

El saldo fue de 23 personas detenidas, nueve de ellas fueron liberadas durante la noche del domingo y las primeras horas del martes, pero a 14 más las mantuvieron detenidas por ser acusadas de ser responsables de agredir a policías municipales y personal de JUMAPA.

Videos que circulan en redes sociales exhiben el uso excesivo de la fuerza policial para impedir la protesta social. En las imágenes que circulan pueden verse a hombres y mujeres ensangrentados por los golpes arriba de las patrullas.

Aunque la confrontación se registró desde el mediodía del domingo 15 de enero, hasta las 9 de la noche las personas detenidas pudieron ver al abogado Gustavo Cruz, que se acercó a las instalaciones de la comandancia norte de Celaya para asesorarlas.

La mayoría de las personas detenidas presentaron heridas por golpes, que incluso quedaron asentadas por el médico de barandilla que hizo una revisión a su llegada. El abogado expuso que uno de los jóvenes presentaba lesiones graves en la cara con derrames internos en los ojos, pero también hubo personas adultas mayores que necesitaban medicamentos como insulina o para la presión, a quienes se les negó durante horas el suministro de las medicinas.

Gustavo Cruz también denunció que le reportaron que en la comandancia norte continuaron los golpes y torturas a las personas detenidas.

"A un joven lo habían metido a un tambo de agua para evitar que respirara y lo seguían golpeando", declaró el abogado, que buscó el apoyo de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato para que el personal acudiera desde la noche del domingo a las instalaciones de la policía celayense.

El organismo a cargo de Vicente Esqueda Méndez confirmó que dos personas de las que no fueron detenidas acudieron a denunciar los hechos, por lo que el subprocurador regional y dos agentes se trasladaron a los separos para entrevistarse con las 14 personas detenidas.

Se inició la queja 055/2023 que ya fue ratificada por 12 personas, únicamente dos no se han presentado a ratificar aunque sí se les levantó una entrevista. La Procuraduría solicitó informes a la Policía municipal y al Ministerio Público.

El abogado Gustavo Cruz mencionó que una mujer adulta mayor que necesitaba de una silla de ruedas fue trasladada para entrevistarse con el abogado en una silla de oficina que tenía ruedas. La mujer le contó que ella pasaba con su marido por donde estaba la protesta y fue detenida por los policías municipales.

De las más de 20 personas detenidas, el gobierno municipal pretende imputar los delitos de lesiones, amenazas y robo a 14 de ellas, compartió el abogado Gustavo Cruz, quien actualmente representa a 11 de las personas detenidas.

Para que pudieran ser liberadas las personas a las que las autoridades municipales denunciaron por la vía penal, el abogado promovió un amparo ante la justicia federal en el que se consignaron las violaciones a los derechos humanos. Con la suspensión del acto reclamado, que concedió un juez de distrito, se logró la libertad.

Sin embargo, únicamente cinco de las 14 personas ratificaron la demanda de amparo. El abogado denunció que se le impidió el acceso a barandilla para hablar con las personas, aunque en la resolución del juzgado federal se especificó que durante las entrevistas debían estar acompañadas por un representante legal, y se les engañó diciendo que si firmaban el documento estaban aceptando que cometieron un delito.

Desde la parte penal se prepara una estrategia para que las autoridades municipales sean sancionadas por el abuso de autoridad, los golpes y las reiteradas violaciones a los derechos humanos de habitantes de Rincón de Tamayo.

Mendoza Márquez lejos del perfil ciudadano que prometió

Durante su campaña Javier Mendoza visitó colonias y comunidades en busca del voto de la ciudadanía a la que presentó propuestas de seguridad y un proyecto de gobierno con sentido humano, aunque esto no ha sido el reflejo del actual gobierno municipal.

El hoy alcalde mencionó en más de una ocasión que su gobierno sería cercano a la gente, además de prometer ser el “presidente municipal más callejero, y el que más se va a ensuciar los zapatos todos los días”.

"Soy un celayense que le gusta trabajar para resolver los problemas que le pasan a mi ciudad, soy de los que piensan que los emojis de caritas enojadas, las críticas sin propuestas y sin acción no resuelven nada, entrarle y agarrar el toro por cuernos, eso sí revuelve las cosas".

En el tema de seguridad Javier Mendoza planteó el fortalecimiento a la corporación tanto de elementos como de infraestructura para regresar la tranquilidad a los celayenses; sin embargo, se quedó en promesas porque desde su llegada no han cesado los ataques y extorsiones a bares que ha provocado el cierre de varios negocios.

“Soy un celayense al igual que tú le duele lo que pasa en nuestra querida Celaya, nuestro reto es regresar la tranquilidad a nuestras calles y la paz a nuestras familias Celaya necesita un presidente municipal con experiencia y que no tenga miedo”.

“Necesitan a un candidato que tenga propuestas de seguridad serias, Celaya no está para ocurrencias o para gente que quiera jugar a la política nada de que al presidente municipal no le toca, nosotros le vamos a entrar de frente y con todo”.

Durante su toma de protesta en octubre del 2021 Javier Mendoza recalcó: “voy a dar la cara y dar la lucha, no me voy a esconder el principal responsable es el presidente municipal”.

Sin embargo, en mayo del 2022 tras el ataque en la colonia Valle Hermoso que dejó 12 personas muertas el alcalde se negó a hablar asuntos de seguridad argumentando que el tema desde ese momento debía ser tratado con Jesús Rivera Peralta, secretario de Seguridad Ciudadana.

“Es un tema de seguridad que ya no quisiera tocar, hay temas que no debo hablar para no entorpecer los debidos procesos, por eso, de seguridad yo ya no voy a hablar en absoluto”, declaró el edil.

Acusaciones del municipio

En la versión oficial que comenzó a circular el gobierno de Javier Mendoza Márquez desde la tarde del domingo, se acusa a pobladores de Rincón de Tamayo de haber retenido contra su voluntad a personal de JUMAPA que había ido a las oficinas del comité del agua para tomar posesión de las instalaciones.

En un primer comunicado de prensa que se difundió en las redes sociales oficiales del municipio se divulgó que pobladores de Rincón de Tamayo agredieron a los policías que, en número, superaban a los manifestantes.

Según el gobierno municipal de Celaya los policías fueron agredidos con "piedras, palos, botellas de vidrio y petardos, lesionando a varios policías, entre ellos al director de Policía".

30 minutos después del primer pronunciamiento, el gobierno celayense publicó un segundo comunicado en el que se informa que el área jurídica de JUMAPA había presentado denuncias penales en contra de personas detenidas en Rincón de Tamayo por diversos delitos, sin especificar cuáles.

De acuerdo con la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, el personal operativo que acudió el domingo 15 de enero a la comunidad fue retenido contra su voluntad por más de tres horas por las personas manifestantes.

Sin reconocer los golpes y el abuso de autoridad, la noche del viernes la autoridad municipal convocó a los habitantes de Rincón de Tamayo ya podían contratar el servicio de agua con JUMAPA sin costo. En días posteriores inició con la propaganda en la que aseguran que con la incorporación de la paramunicipal se van a garantizar servicios de calidad.

Aunque el gobierno celayense presumió una reunión con Ramiro Arreguín, delegado de la comunidad de Rincón de Tamayo, apenas unas horas después de la represión del domingo pasado, éste renunció al cargo que ostentaba desde la administración anterior, con Elvira Paniagua Rodríguez como alcaldesa.