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7/12/2025
Con reticencia del PAN, Congreso abre análisis y debate por despenalización del aborto

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Carmen Pizano

Con reticencia del PAN, Congreso abre análisis y debate por despenalización del aborto

Revisan en mesas de trabajo obligación de hospitales públicos para brindar servicios de interrupción de embarazo; feministas y grupos pro nacimientos confrontan posturas

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    Al grito de "¡si el papa fuera mujer, el aborto sería ley!" y con el Congreso del estado como escenario, se abrió en Guanajuato un nuevo capítulo de confrontaciones entre colectivas feministas y agrupaciones conservadoras que encontraron durante años en el PAN, partido en el poder, el eco para frenar discusiones y análisis por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el estado.

    La consigna que ha acompañado la lucha feminista por el aborto legal, seguro y gratuito, fue la respuesta de colectivas locales y nacionales ante las posturas asumidas por personas identificadas abiertamente con religiones.

    Guanajuato es una de las 12 entidades del país que no ha reformado su legislación local para garantizar el derecho de las mujeres al aborto.

    Portada Juan José Plascencia
    Portada Juan José Plascencia

    La comisión de Salud en el Congreso del Estado convocó a una mesa de trabajo para revisar dos iniciativas: una de Movimiento Ciudadano y otra de Morena para incorporar a la norma estatal la obligación que tienen los hospitales públicos de brindar servicios de interrupción del embarazo a las mujeres que así lo decidan.

    Fue en ese encuentro que se reeditó un enfrentamiento que tiene más de dos décadas en Guanajuato; aunque a diferencia de la primera lucha que se dio en el 2000, cuando el Congreso local quiso incorporar a la Constitución el término del derecho a la vida desde el momento de la Concepción, ahora es más nutrida la participación de mujeres que pugnan por la interrupción voluntaria del embarazo y que han encontrado diputadas y diputados aliados para que avancen las reformas.

    Sin una mayoría absoluta en el Legislativo, resultado del proceso electoral 2024 en Guanajuato, el PAN ha perdido el control en comisiones clave para que se puedan concretar las reformas en el tema. En las comisiones de Justicia, Salud y Educación, la presidencia está a cargo del grupo parlamentario de Morena, que ha manifestado abiertamente ser aliado de las colectivas feministas.

    Aunque en la integración de las comisiones todavía el PAN puede mayoritear al momento de votar, como en el caso de la de Justicia, la pluralidad en la conformación del Congreso regresó a la agenda el tema de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres en uno de los estados más conservadores del país.

    "En 2020 Verónica Cruz, una predecesora de esta lucha, le dijo a este Congreso: 'la realidad se va a imponer'. La realidad de los derechos reproductivos de las mujeres se ha impuesto, ustedes tienen hoy la oportunidad de tomar una decisión... Con o sin su venia las mujeres seguirán abortando y nosotras las vamos a acompañar", manifestó ante legisladores Nayely Tello, de la Red de Acompañantas León.

    La organización leonesa comenzó a documentar los acompañamientos que ha brindado a mujeres que voluntariamente han interrumpido su embarazo: en poco más de 17 meses (octubre 2023 al 12 de marzo 2025) han asistido a 381 mujeres, y tan solo en los primeros días de este mes han sido 12 mujeres; es decir, una cada día en promedio, reveló Nayely Tello. Además, hay otras colectivas en todo el estado que también brindan asistencia a las mujeres que toman la decisión de abortar.

    Colectivas feministas en el Congreso de Guanajuato. Fotografía de Verde Aquelarre
    Colectivas feministas en el Congreso de Guanajuato. Fotografía de Verde Aquelarre

    El contexto en el que regresa la discusión del derecho de las mujeres a abortar en Guanajuato es muy distinto al que se dio hace cinco años, la última vez que el tema fue abordado en el Congreso del Estado.

    En medio de una crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, la entonces presidenta de la comisión de Justicia, la panista Cristina Márquez Alcalá, decidió sacar de la llamada congeladora legislativa varias iniciativas de ley que habían estado guardadas durante años. Lo hizo ante presiones de sociedad civil y quiso aprovechar la modalidad a distancia para convocar a mesas de trabajo en línea, solo para resolver que tenían que archivarse las propuestas porque el artículo 1 de la Constitución local reconoce el derecho a la vida desde el momento de la concepción.

    En ese momento, el mismo argumento fue avalado por quien fue la titular del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG), Anabel Pulido López. Sin embargo, cinco años después el panorama político ha cambiado.

    Además de que el PAN perdió la mayoría absoluta en el Congreso, por primera ocasión Guanajuato tiene una gobernadora. Libia Dennise García Muñoz Ledo, a diferencia de otras y otros panistas como Cristina Márquez o Jorge Espadas, actual coordinador de la bancada, ha declarado públicamente que si bien tiene una convicción personal a favor de la vida, reconoce que se deben garantizar los derechos para todas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha se ha pronunciado al respecto.

    Para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres se inició la discusión en el Congreso desde tres frentes distintos: en Salud se revisa incorporar la obligatoriedad que tiene el Estado de brindar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en hospitales públicos, análisis que se retoma luego de la publicación del diario am en el que se revela que los hospitales del Instituto de Seguridad Social del Estado (ISAPEG) dejaron de brindar el servicio.

    Desde la comisión de Educación se analiza la incorporación de la educación sexual integral y reproductiva que incluya aspectos como el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar, la maternidad y la paternidad responsable, la prevención de los embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual, así como la detección de conductas de riesgo y de violencia sexual.

    En la comisión de Justicia se va a iniciar con el análisis de las reformas al Código Penal para eliminar las sanciones a las mujeres que deciden abortar. Actualmente el Código Penal local solo tiene dos causales de exclusión del delito de aborto: violación o cuando sea causado por culpa de la mujer embarazada.

    Mesa de trabajo de la comisión de Salud en el Congreso
    Mesa de trabajo de la comisión de Salud en el Congreso

    Del lado conservador, hombres pro nacimientos mayoritean opiniones

    El salón de usos múltiples en el Congreso del Estado se dispuso para recibir a colectivas feministas y grupos conservadores, para escuchar sus opiniones sobre las dos iniciativas a la Ley de Salud del Estado. El propio Legislativo dispuso una logística para dividir en dos bandos: de un lado, los pañuelos azules, del otro, los verdes.

    Prácticamente la primera parte de la mesa corrió a cargo de representantes de colectivas feministas que expusieron el estigma social que acompaña al aborto en estados como Guanajuato, donde hay resistencia a reformar la legislación local; sin embargo, eso no impide que las mujeres aborten, solo que la mayoría lo hace en la clandestinidad y pone en riesgo su vida.

    A pesar de que existen resoluciones de la SCJN que reconocen el derecho de las mujeres a decidir, el aborto genera temor, incetidumbre o angustia a las mujeres que creen que pueden ir presas por abortar.

    Incluso, activistas denunciaron que en hospitales que pertenecen al sector salud público amenazan a las mujeres que acuden a solicitar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo.

    "Es irresponsable y es tortura" obligar a las mujeres a continuar con un embarazo, concluyeron algunas de las activistas que representaron organizaciones como la Red de Compañantas de León, y Sororas y Rebeldes de San Miguel de Allende.

    En la mesa con pañuelo verde en mano se presentó la organización Católicas por el Derecho a Decidir. Su representante, Maribel Luna, expuso los resultados de las últimas encuestas.

    "La sociedad está cambiando, estamos cambiando, es momento de Guanajuato. De acuerdo con la encuesta de opinión católica sobre religión, política y sexualidad en México, 8 de cada 10 personas católicas están a favor de que las leyes permitan el aborto en algunos o todos los casos. Tres de cada cuatro considera que la legalidad del aborto tiene impactos positivos, dos de cada tres nos oponemos a que las mujeres vayan presas por abortar", sostuvo.

    Por los derechos reproductivos y sexuales participaron en la mesa exponiendo sus argumentos siete mujeres que fueron arropadas por sus compañeras que en el fondo del salón escuchaban mientras mantenían extendido el pañuelo verde.

    Fotografía especial
    Fotografía especial

    Frente a ellas en el salón estaban las organizaciones conservadoras, hombres y mujeres adultas, en su mayoría, con pañuelos azules y fotografías de fetos para manifestar su rechazo a las propuestas de ley promovidas por Movimiento Ciudadano y Morena.

    De ese lado se inscribieron nueve personas oradoras: cinco hombres y cuatro mujeres. Coincidieron en que se debe privilegiar el derecho a la vida desde el momento de la concepción.

    El médico Manuel Rodríguez, de la organización Life Guards, dijo a diputadas y diputados que el sistema de salud se pondría en riesgo de aprobarse las reformas porque "van a generar un paredón, una carnicería, algo que no es digno de ser llamado hospital".

    Ithamar Pérez Mendoza, del Consejo Interreligioso del Estado de Guanajuato, consideró que la legalización del aborto no protege a las mujeres porque pueden ser presionadas para abortar.

    Otro de los hombres que tomó la palabra fue Leonardo Alvarado Zamudio de la Fundación Choose Life, quien aseguró que el aborto deja trastornos psicológicos en las mujeres.

    Uriel Colchado Esqueda, representante del Frente Nacional por la Familia, aseguró que el Congreso de Guanajuato no está obligado a legislar a pesar de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que se ha instruido a otros Congresos locales a hacer modificaciones para que se deje de criminalizar a las mujeres que deciden abortar.

    Por su parte Nancy Beatriz de Santiago López, representante AMESSE A.C. y USEM A.C, sostuvo que si en Guanajuato se legaliza el aborto ya no podrá ser llamada "Cuna de la Independencia Nacional".

    Fotografía especial
    Fotografía especial

    Después de un par de horas de escuchar los argumentos de ambos lados, diputadas del PAN manifestaron coincidir con los grupos pro nacimientos, mientras que Morena y Movimiento Ciudadano defendieron el derecho a decidir frente a los argumentos presentados por los grupos conservadores.

    Al final de la mesa de trabajo se alcanzó a escuchar: ¡aborto sí, aborto no, eso lo decido yo!, lo que generó que desde el otro lado del salón gritaran ¡Guanajuato es pro vida!, mientras mostraban a la mujeres con el paño verde a una bebé de unos meses de nacida.

    Activan protocolos de seguridad por foro feminista

    Previo a la confrontación en la mesa de trabajo de la comisión de Salud, el Palacio Legislativo fue sede de un encuentro de organizaciones feministas para dialogar sobre el aborto.

    La presencia de colectivas feministas en el Congreso de Guanajuato encendió las alarmas. Unas horas antes del foro, el Congreso del Estado desde las cuentas oficiales en redes sociales difundió dos comunicados de prensa con el mismo objetivo, que era deslindarse de la organización del encuentro de las colectivas.

    El primero que publicaron salió con errores de redacción y con un número de teléfono incompleto, minutos después lo corrigieron, pero la intención era decirle a la opinión pública que la Legislatura "no contempla la realización de encuentro alguna organizado por agrupaciones de la sociedad civil", cuando el evento estaba programado con espacios prestados dentro del Palacio Legislativo.

    El foro en el que participaron organizaciones de la sociedad civil reconocidas por su amplia trayectoria en la promoción y defensa del derecho de las mujeres a decidir, se realizó, aunque lo mandaron al ala norte del edificio, una zona que no es accesible al público y muy poco visitada porque está rodeada de oficinas administrativas.

    En el protocolo de seguridad que diseñó el personal del Congreso incluyeron enviar a las feministas por escaleras a rodear el edificio, para evitar que atravesaran al interior del recinto que costó al erario alrededor de mil millones de pesos.

    Así mantuvieron cerradas las puertas de la biblioteca del Congreso. Fotografía especial
    Así mantuvieron cerradas las puertas de la biblioteca del Congreso. Fotografía especial

    En el Congreso consideraron que la presencia de las feministas representaba un "potencial conflicto" por la visita que harían los grupos pro nacimiento.

    Como en pocas ocasiones sucede, se instalaron guardias de seguridad privada en las puertas de acceso para los salones en donde se realizarían las mesas de trabajo.

    Uno de los temores era que se hicieran pintas en el edificio, pero ellas lo lograron. La colectiva Verde Aquelarre se las ingenió y tomando como base fotografías del edificio hicieron las pintas en digital.

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