Aunque el gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha anunciado como una de las piezas fundamentales de su plan estatal de seguridad la creación de una Unidad de Inteligencia Financiera, esta no sería impulsada mediante una reforma legal ni en un decreto gubernativo, sino que se constituiría con un simple acuerdo de la recién creada Fiscalía General del Estado, con lo que estará subsumida en la estructura que encabeza Carlos Zamarripa Aguirre, que tiene por delante un encargo de nueve años.

A diferencia con su órgano homólogo en la Federación, que colocó a la UIF en la estructura hacendaria, la Unidad de Inteligencia Financiera de Guanajuato estaría a cargo de la Fiscalía. A nivel nacional este organismo depende directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por tratarse de un área técnica que debe revisar los flujos de efectivo para advertir posibles delitos como lavado de dinero.

La propuesta ha puesto sobre aviso a diputados de la oposición que advierten el uso político que se podría hacer de la unidad encargada de investigar los recursos de procedencia ilícita con Carlos Zamarripa como responsable de la misma, sobre todo por la suspensión de la presunción de inocencia, al ser los tenedores de recursos sospechosos quienes deban probar su procedencia antes que el ministerio público prueba su origen ilegal.

Ilustración de PincheEinnar

Con la iniciativa de reforma al Código Penal para la incorporación el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, presentada por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a los diputados locales hace unas semanas, se abre la puerta a la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera. Sin embargo, la iniciativa no comtempla la creación del organismo ni siquiera en los transitorios.

Fue en un documento emitido por la dirección de Procesos Legislativos, ante la insistencia de POPLabMx para conocer cuál sería la fórmula para crear la dependencia que ha sido ampliamente anunciada por Sinhue Rodríguez, donde se reconoce que la modificación al Código Penal presentada por Rodríguez Vallejo facultaría a Carlos Zamarripa, usando previsiones de su ley orgánica, a expedir “acuerdos, lineamientos, circulares, bases y convocatorias, así como manuales de organización y de procedimientos” para el funcionamiento de la Unidad.

Sin que la iniciativa del gobernador o la Ley Orgánica de la Fiscalía General establezca directamente la creación de la UIF, en el documento girado a los diputados locales ya establece que será la Fiscalía la que se haga cargo de ella, y para agregar el nuevo organismo se puede hacer por acuerdo de la Fiscalía General o en el reglamento de la Ley Orgánica que todavía no ha sido expedido.

La UIF federal

Desde mayo del 2004 se publicó el decreto gubernamental firmado por el entonces presidente de la República, Vicente Fox Quesada, para la integración de la Unidad de Inteligencia Financiera a nivel nacional, misma que, de acuerdo con el decreto, estaría adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el artículo 15 del Reglamento de la SHCP se establece que la Unidad es la instancia responsable de recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables; analizar las operaciones financieras y económicas; diseminar reportes de inteligencia para detectar operaciones probablemente vinculadas con delitos para posteriormente presentar las denuncias correspondientes.

Las principales tareas de la Unidad federal consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran ayudar a cometer delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo.

Aunque se ha anunciado la creación de la Unidad en el estado como una medida para cortar el flujo de dinero a la delincuencia organizada, no hay un panorama claro de cómo operaría, pues la propuesta de Diego Sinhue se limitó a reformar el Código Penal para agregar el delito, pero desde su presentación el titular del Ejecutivo estatal ha declarado que es un paso en el combate a la violencia.

En el documento del Congreso local se atribuye directamente a la Fiscalía la responsabilidad de crear la instancia, argumentando las facultades que vienen establecidas en la Ley Orgánica de la Fiscalía en los artículos 10 y 16.

La fracción II del artículo 10 de la recién creada Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado establece las diferentes fiscalías que van a integrar el organismo, pero en el inciso h se agrega que podrían agregarse más instancias se establezcan en la reglamentación correspondiente; es decir, no tendría que pasar por la revisión de los diputados locales cómo quedaría integrada la Unidad de Inteligencia Financiera.

La Fiscalía General del Estado quedó integrada a mediados de febrero, y de acuerdo con los artículos transitorios la institución que dirige Carlos Zamarripa tiene 6 meses para expedir el reglamento.

El uso político

En el primer informe de gobierno que presentó Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, en marzo pasado, anunció la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado; sin embargo, ahora solo trabajó en abrir el camino para que sea la Fiscalía de Carlos Zamarripa la única que defina cómo y cuándo crear la instancia.

Durante su discurso, en el informe, anunció que, como parte de la estrategia por recuperar la paz y la tranquilidad de Guanajuato, se crearía la UIF con la finalidad de cortar los fondos económicos a las bandas criminales.

La decisión final del Ejecutivo de no quedarse con la atribución de instalar la Unidad, sino enviarla a la Fiscalía, generó controversia entre expertos y actores políticos de oposición. Todos coincidieron en que la Unidad puede ser utilizada por Carlos Zamarripa con fines políticos.

El especialista en temas de seguridad, Juan Miguel Alcántara Soria, precisó que, al depender la instancia del área de finanzas de los gobiernos, se garantiza que no se hará uso político de la información contra adversarios, que puede llegar a tener tintes de espionaje.

Incluso, señaló desde el nombre que pretende ponerse incluye un error, pues debería nombrarse en los estados como Unidades de Inteligencia Patrimonial, dejando el titulo de Unidad de Inteligencia Financiera a la Federación, que eventualmente puedan dar a las Fiscalías insumos para investigaciones.

La dirigente estatal de Morena, Alma Alcaraz Hernández, coincidió en que se corre el riesgo de que la información que se maneje en la Unidad sea utilizada con tintes políticos, además de que cuestionó la capacidad de Carlos Zamarripa para tener a su cargo la nueva instancia.

“No existiría la confianza de entregar información porque podría haber abusos de autoridad, dependiendo de la Fiscalía, porque la Fiscalía ha generado desconfianza en su actuar, y qué confianza pudieras tener de entregar una información que tiene que ver con temas financieros cuando sabemos que (Carlos Zamarripa) no ha sido capaz de poner orden en el tema de impunidad”.

Alma Alcaraz también expuso que hace poco más de un mes, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, planteó la necesidad de que las Unidades de los estados sean creadas, pero que dependan directamente de la instancia que él dirige.

En este sentido, consideró que Guanajuato pretende adelantarse a que se obligue desde la Federación que las unidades queden a cargo de la Secretaría de Hacienda.

> “Están adelantando porque no quieran sumarse, le están queriendo dar la vuelta. Se quieren adelantar para el día de mañana no tener una que no dependa de ellos porque traen sus propios intereses y su propio juego en el estado”.

La coordinadora de la fracción del Verde, Vanessa Sánchez Cordero, pidió que se revise el tema del uso con fines políticos de la información, pero que además se analice si la Unidad que pretenden crear no interferirá directamente en las atribuciones que tiene la instancia federal.

La legisladora cuestionó cómo es que se dice una Fiscalía que es autónoma cuando es el Ejecutivo el que sigue decidiendo sobre el organismo que tiene Carlos Zamarripa.

“Sigue la subordinación, no puede ser nada más mediante un acuerdo que se cree la unidad, cuidar y pedir la opinión que las atribuciones este a apegada a derecho, para poderla usar a modo”.

Panistas se contradicen

Mientras el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, justificó la adhesión de la Unidad de Inteligencia Financiera a la Fiscalía General del Estado, la diputada panista Libia García Muñoz Ledo aseguró que se va a crear mediante un decreto gubernamental y quedará a cargo de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

En entrevista, Ayala Torres se limitó a defender que la UIF quede en la Fiscalía de Carlos Zamarripa con el argumento de que la revisión pudiera derivar en delitos que tendría que investigar la ahora Fiscalía General.

LEAT: “En este caso si existe el delito la Fiscalía es la que tiene que intervenir”

POPLab: ¿No sería darle más poder al fiscal?

LEAT: “Aquí no hablamos de poder, sino de responsabilidad de la Fiscalía”, acotó.

En tanto, la diputada local, Libia García Muñoz Ledo, aseguró que la Unidad no quedará en manos de la Fiscalía, sino de la Secretaría de Finanzas.

Dijo desconocer el documento que emitió la dirección de Procesos Legislativos en la que se establece que Zamarripa Aguirre sería el responsable de conformar la instancia.

Libia García apuntó que han tenido acercamientos con el gobernador, quien les ha informado que la Unidad se va a crear por decreto y quedaría en la Secretaría de Finanzas que dirige Héctor Salgado Banda.

La iniciativa de Diego

La iniciativa de reforma al Código Penal que presentó Diego Sinhue Rodríguez a finales de febrero al Congreso, establece que cuando las autoridades responsables presuman que se ha cometido un delito relacionado con recursos de procedencia ilícita, la Unidad tendrá que presentar la denuncia.

El nuevo tipo penal que plantea la iniciativa de reforma habla no solo de sanciones para quienes adquieran, anejen, administren, custodien, usen, posean, inviertan, traspase o transporte recursos, derechos o bienes de procedencia ilícita, sino que habla de sanciones para quienes encubran o alienten las actividades ilícitas. La propuesta es sancionar con 5 a 15 años de prisión y multa que iría de los 50 a 10 días de multa.

Se proponen 3 modalidades para la comisión del delito que se agravarían las penas cuando sea cometido por servidores públicos encargados de funciones de prevención, investigación o persecución del delito.

La propuesta debe ser revisada en la comisión de Justicia del Congreso local.